El embargo de bienes en la ejecución forzosa del procedimiento civil

El embargo es un acto de un órgano jurisdiccional a través del cual los bienes y derechos del deudor se declaran y quedan adscritos a la satisfacción del crédito del acreedor. Tiene una finalidad ejecutiva, precisando de la aprehensión efectiva, jurídica, física o material de los bienes y derechos embargados. El embargo recae sobre bienes y derechos que tengan valor económico, pudiendo ser designados por el acreedor en el momento del embargo, previa investigación correspondiente.

Los bienes muebles con arreglo al apartado 2 del Art. 42 y al Art. 71 ;LH, sobre los que existe anotación preventiva de embargo pueden ser enajenados o gravados, sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se ha hecho la anotación. Lo mismo ocurre con los bienes muebles, el estar depositados no impide que puedan ser enajenados. La única posibilidad de que esto no ocurra es que no se estime posible la tradición simbólica de los bienes depositados, pero una vez admitida la tradición simbólica nada se opone a la enajenación de los bienes inmuebles embargados, aunque el bien que da sujeto a la ejecución, independientemente de quien sea su posterior propietario.

Requisitos del embargo de bienes

Elementos patrimoniales de titularidad del deudor

Los bienes sobre los que recaiga el embargo pertenecen al deudor, ya que son sus elementos patrimoniales los que deben realizarse en la ejecución para entregar al acreedor la suma de dinero por que se despacha.

El apartado 1 del Art. 588 LEC dispone nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste. Los problemas que se plantean en el momento de la determinación de los elementos patrimoniales del deudor son dos: la exclusión de la traba de los bienes ajenos que se encuentren en posesión del deudor y la reintegración al patrimonio del deudor de los elementos que se encuentren en poder de terceros.

Al respecto la Sentencia Civil Nº 276/2012, AP - Granada, Sec. 5, Rec 145/2012, 29-06-2012: “...debía haberse traído al pleito a la Agencia Tributaria, dado que este Organismo ha acordado el embargo de "los créditos y derechos que tenga pendiente de pago a favor del deudor hasta cubrir la suma a embargar -que es la de 3.068 euros-, rechazo que se fundamenta en que no solo no se opuso el demandado a la desestimación de la excepción en dicho momento procesal, sino por cuanto no consta que el citado Organismo haya circunscrito el embargo al concreto crédito objeto del litigio, cuya determinación es necesaria para que sea efectiva la traba, pues como señala el artículo588.1 de la LEC, es nulo el embargo sobre bienes o derechos cuya efectiva existencia no consta...”

Exclusión de bienes de terceros

En el momento en que se vaya a realizar la afectación de los bienes del ejecutado pueden hallarse en su patrimonio elementos pertenecientes a terceras personas y que por ello no deben ser trabados al objeto de hacer efectiva la responsabilidad por la que se sigue la ejecución. En defensa de los intereses de los terceros cuyos bienes resultan embargados, se exige una acreditación fehaciente de todos y cada uno de los bienes en poder del deudor, con independencia de donde se hallen

Determinación del patrimonio y su integración

Se puede dar el caso de que existan bienes o derechos pertenecientes al ejecutado que pertenezcan a tercero, en este caso, cabe naturalmente afectarlos a la ejecución, ya que pueden ser objeto de traba los elementos patrimoniales del deudor con independencia de donde se hallen. El apartado 2 del Art. 593 LEC contempla la posibilidad de que el letrado de la administración de justicia tuviera motivos suficientes para entender que los bienes que se proponen trabar pertenecen a un tercero, de aquella ordenarán mediante providencia que se le haga saber la traba inminente. Si, en el plazo de cinco días, el tercero no comparece o no da razones, el letrado de la administración de justicia dictará decreto en el que se mande trabar los bienes, a no ser que las partes, dentro del mismo plazo concedido al tercero, manifiesten al tribunal su conformidad en que no se realice el embargo. En caso de que el tercero se oponga de manera razonable al embargo, aportando documentos que justifiquen su derecho, el secretario judicial remitirá al tribunal para que resuelva lo que proceda. Nos refiere la Sentencia Civil Nº 271/2003, AP - Navarra, Sec. 1, Rec 194/2003, 13-11-2003,“se evita, o en cierta forma se anticipa, así una posible tercería posterior, que sería posible conforme al art.54A LEC. La norma considera prevalente el interés del tercero posible propietario que el del acreedor que embarga, y por eso obliga al juez a prevenir a aquél de la existencia de ese embargo.”

Los bienes cuyo dominio son susceptibles de inscripción registral, se ordenará en todo caso su embargo, a no ser que el tercero acredite ser titular registral mediante la correspondiente certificación del Registrador, quedando a salvo el derecho de los eventuales titulares no inscritos.

El apartado 3 del Art. 593 LEC contempla el supuesto especial de que cuando el bien a embargar sea la vivienda familiar del tercero y éste presentare al tribunal el documento privado que justifique su adquisición, el letrado de la administración de justicia dará traslado a las partes y, si éstas, en el plazo de cinco días, manifestaren su conformidad en que no se realice el embargo, el letrado de la administración de justicia se abstendrá de acordarlo.

En el embargo de bienes de la sociedad de gananciales, cada cónyuge responde con su patrimonio personal de las deudas propias, pero, si sus bienes privativos son insuficientes para hacerlas efectivas, el acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales.

El letrado de la administración de justicia, en virtud de Art. 590, Art. 591 LEC, puede investigar el patrimonio del ejecutado, y el deber de colaboración de todas las personas y entidades públicas y privadas, son otro tipo de medidas para localizar el patrimonio del ejecutado. Existe la posibilidad de trabar embargo sobre bienes o derechos de los herederos de una persona por deudas de su causante.

El Art. 594 LEC reconoce la eficacia del embargo sobre los bienes que no pertenezcan al ejecutado, en caso de que su verdadero titular no haga valer la tercería de dominio sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o enriquecimiento injusto o de nulidad de la ejecución.

En el patrimonio del ejecutado pueden figurar derechos de crédito que éste no hizo efectivos por falta de reclamación a sus deudores. El ordenamiento jurídico permite al acreedor ejecutante la acción subrogatoria, contenida en el Art. 1111 Código Civil, que tiene como objetivo la realización del crédito del ejecutado, obteniendo así la satisfacción del suyo propio. Se permite también al acreedor el ejercicio de las llamadas acciones directas, que en determinadas casos el derecho concede al ejecutante. También puede instarse por el ejecutante que se reintegren al patrimonio del deudor bienes que ya habían salido de él, cuando el acto de disposición se hubiera efectuado en fraude de acreedores, colocando al deudor en una situación de insolvencia, la conocida acción revocatoria o pauliana.

Determinación de bienes embargables

El Art. 1911 Código Civil parte de la base que el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, lo que implica que el objeto del embargo pueden ser todos los bienes del patrimonio del deudor. Hay que decir que el patrimonio del deudor no se contempla como un todo, no recae el embargo sobre el patrimonio del deudor como conjunto, sino sobre bienes diferenciados e individualmente considerados. A pesar de que el Art. 1911 Código Civil habla de todos sus bienes, lo cierto es que la expresión no puede tomarse literalmente, pues existen bienes excluidos de la ejecución y del embargo por lo tanto.

El Art. 605 LEC dispone la inembargabilidad absoluta de los bienes en función de que hayan sido declarados inalienables; que sean derechos accesorios no alienables con independencia del principal; que carezcan de contenido patrimonial y que sean bienes inembargables declarados así por alguna disposición legal

Bienes inalienables: Son los bienes públicos recogidos en el Art. 132 Constitución Española, disponiendo que los bienes de dominio público y los comunales son inalienables e inembargables. En los bienes privados, las declaraciones de inalienabilidad pueden responder a causas distintas. Existen bienes cuya titularidad se tiene por ser el titular de otro derecho, por lo que es inalienable de modo independiente, esto ocurre en las servidumbres, en los derechos de tanteo y de retracto, los bienes considerados inmuebles por incorporación, el derecho de copropiedad sobre elementos comunes en el régimen de propiedad horizontal o los derechos de prenda o anticresis. Existen también bienes declarados inalienables por la ley, ya que su transmisión acabaría con su razón de ser, es el caso de los derechos de uso y habitación, el derecho de arrendamiento de vivienda y fincas rústicas.

En ocasiones existe una inalienabilidad referida un periodo de tiempo determinado, esta prohibición de disponer puede provenir o bien de un pacto en la transmisión anterior, o bien de una disposición legal expresa. Como es el caso del adquirente del derecho de traspaso.

Si el embargo es una fase de un proceso dirigido a obtener una cantidad de dinero para pagar al acreedor, solo podrán ser susceptibles de embargo aquellos bienes que tienen contenido económico, excluyéndose los patrimoniales, entre los que destacan: los derechos de la persona como tal, los derechos derivados de la relación familiar, los derechos de carácter político, social o corporativo, derechos administrativos o aquellas situaciones de hecho que, teniendo contenido económico, no existen por sí mismas, sino con relación a otra realidad que las engloba, el ejemplo típico para este caso es la clientela de una empresa, que no se embarga, pero si la empresa.

Los supuestos concretos de bienes inembargables se encuentran contemplados en los Art. 605 - Art. 606 - Art. 607 LEC. En los dos últimos se contempla la inembargabilidad sobre ciertas cosas y sobre el salario mínimo interprofesional. Las cosas serían el mobilario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia en lo que no pueda considerarse superfluo. Bienes como alimentos, combustible y otros que a juicio del tribunal resulten imprescindibles para el ejecutado y las personas que dependen de él. Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada. Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas y los bienes y cantidades declaradas inembargables por los Tratados ratificados por España.

Son inembargables hasta un cierto límite el salario, sueldos, pensiones, retribuciones o equivalentes, partiéndose a partir de estos de una embargabilidad parcial progresiva. Las cantidades embargadas, conforme a Art. 697 LEC, podrán ser entregadas directamente a la parte ejecutante, si así lo acuerda el letrado de la administración de justicia encargado de la ejecución. Lo dispuesto en el Art. 607 LEC no será de aplicación cuando se proceda por ejecución de sentencia que condene al pago de alimentos, en todos los casos en que la obligación de satisfacerlos nazca directamente de la ley, incluyendo los pronunciamientos de las sentencias dictadas en procesos de nulidad, separación o divorcio sobre alimentos debidos al cónyuge o a los hijos. En estos casos, así como en los de las medidas cautelares correspondientes, el tribunal fijará la cantidad que puede ser embargada.

El embargo siempre deberá de realizarse respetándole orden de bienes a embargar que se dispone legalmente, aunque hay que estarse a lo pactado entre acreedor y deudor. El tribunal embargará los bienes del ejecutado procurando tener en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad para el ejecutado.

En defecto de pacto, el tribunal, en virtud del apartado 2 del Art. 592 LEC, deberá embargar los bienes siguiendo el orden siguiente:

1.- Dinero o cuentas corrientes de cualquier clase.

2.- Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, y títulos, valores u otros instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado secundario oficial de valores.

3.- Joyas y objetos de arte.

4.- Rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo.

5.- Intereses, rentas y frutos de toda especie.

6.- Bienes muebles o semovientes, acciones, títulos o valores no admitidos a cotización oficial y participaciones sociales.

7.- Bienes inmuebles.

8.- Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas.

9.- Créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo.