Enajenación de inmuebles de la Administración General del Estado

La enajenación de inmuebles estatales se rige por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, supeditando cualquier venta a la previa declaración de innecesariedad del bien para el servicio público. Este régimen jurídico articula procedimientos de subastas, concursos y adjudicación directa, exigiendo siempre la depuración física y jurídica de la finca y la fiscalización de la Abogacía del Estado.