Especialidades de las obligaciones mercantiles

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 18/09/2017

Los contratos mercantiles generan obligaciones mercantiles, cuyas notas característica son:

  • su objetividad e impersonalidad pues el vínculo al cual hace referencia se basaba en un vínculo entre patrimonios, de forma que la obligación se contemplaba haciendo abstracción de la personalidad concreta de las partes que intervienen en ella.
  • su tipicidad y uniformidad.
  • la necesidad de un exacto cumplimiento, más acusada aún que en el caso de las obligaciones de derecho civil; así, las normas mercantiles parecen favorecer la seguridad y la rapidez en el cumplimiento frente, a los preceptos civiles más basados en el favor del deudor.

El Código de Comercio fija una serie de reglas específicas respecto a las obligaciones mercantiles, para tratar estas especialidades será necesario hacer referencia a los contratos con cláusula penal, al plazo de cumplimiento del pago, a la morosidad en el cumplimiento y a la prescripción.

  • Los contratos con cláusula penal 

Establece el Art. 56 que: "En el contrato mercantil en que se fijara pena de indemnización contra el que no lo cumpliere, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato por los medios de derecho, o la pena prescrita; pero utilizando una de estas dos acciones, quedará extinguida la otra, a no mediar pacto en contrario."

Por lo que el acreedor podrá optar por exigir el cumplimiento del contrato, o bien, por la pena.

Complementariamente el Art. 1152 del Código Civil dispone que: "En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado", y el Art. 1153 , por su parte, establece que: "el deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la pena, sino en el caso de que expresamente le hubiese sido reservado este derecho."

Tampoco el acreedor podrá exigir conjuntamente el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena, sin que esta facultad le haya sido claramente otorgada.

  • El plazo de cumplimiento

A este respecto, el artículo Art. 61 dispone que: "No se reconocerán términos de gracia, cortesía u otros, que, bajo cualquier denominación, difieran el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, sino los que las partes hubieren prefijado en el contrato o se apoyaren en una disposición terminante de derecho."

Respecto a las obligaciones que no tuviesen un plazo prefijado por las partes o por el propio Código de Comercio para su cumplimiento, dispone en el artículo Art. 62 que: "serán exigibles a los 10 días después de contraídas, si sólo produjeren acción ordinaria, y al día inmediato, si llevaren aparejada ejecución."

  • Morosidad

El Art. 63, distingue entre los contratos que tuviesen señalado un día para su cumplimiento, para los cuales la morosidad se computará desde el día siguiente de su vencimiento sin necesidad de interpelación y, por otro lado, los contratos que no tengan una fecha fijada, en lo que los efectos de la morosidad comenzarán desde el día en que ella acreedor interpele al deudor judicialmente o le intimare la protesta de daños y perjuicios hecha contra él ante un juez, notario u otro oficial público autorizado para admitirla.

El Código Civil a este respecto dispone en su Art. 1100 que incurrirán en mora los obligados a entregar o a hacer una cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación, no siendo necesario la intimación del acreedor para que la mora exista en los supuestos en que la propia obligación o ley así lo declaren, o cuando el momento en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio fuese motivo determinante para establecer la obligación.

Son de aplicación a los contratos mercantiles el Art. 4 de la Ley 3/2004 de 29 de Dic (Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales) que establece con carácter general un plazo de pago de treinta días naturales en defecto de pacto, el Art. 5 que recoge el devengo automático de un interés por el mero incumplimiento del pago en el plazo establecido, el Art. 7 que fija el tipo de interés aplicable en defecto de pacto, el Art. 8 que recoge el derecho del acreedor a cobrar del deudor una indemnización por los costes de cobro, y por último el Art. 10 que recoge la figura de la cláusula de reserva de dominio, en virtud de la cual,el vendedor podrá conservar la propiedad de los bienes vendidos hasta el pago total del precio.

  • Prescripción

Respecto a la prescripción de las obligaciones mercantiles, el Código de Comercio señala una serie de plazos especiales para determinadas acciones ( Art. 945 a Art. 950  ), remitiéndose a los artículos del Código Civil en el caso de las acciones para las que no sea prevea un plazo propio de prescripción.

Por otro lado, la prescripción de las obligaciones mercantiles como causa de extinción no opera de forma automática, sino como excepción que ha de ser alegada por el deudor. Así, el artículo Art. 944 determina que:

“La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpolación judicial hecha al deudor; por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor." a diferencia del Código Civil, que en su articulo Art. 1973 reconoce que la reclamación extraoficial sí va a interrumpir la prescripción. Sin embargo, se consolida cada vez más como doctrina, la tesis del Tribunal Supremo que considera que la especialidad del Código de Comercio ha de ser inaplicable; debiendo entenderse que existe un régimen jurídico idéntico tanto en el campo civil como en el mercantil, porque de lo contrario se vulneraría el principio de igualdad ante la Ley del artículo Art. 14 de la Constitución Española.

Otras de las especialidades destacables del régimen de la prescripción de las obligaciones mercantiles son:

- El Art. 955 del Código de Comercio , que prevé la suspensión de la prescripción para ciertos casos excepcionales que el Gobierno acuerde.

- El artículo Art. 79 de la Ley 15/2009 de 11 de Nov (Contrato de transporte terrestre de mercancías) ha establecido plazos especiales para la prescripción de una serie de acciones.

-Otra especialidad de las obligaciones mercantiles, que si bien no viene recogida en el Código de Comercio, es la aplicación del“término esencial”, que significa que el cumplimiento de un término pactado se exigirá con mucho mayor rigor que en Derecho Civil, y su inobservancia, más que una simple mora, supondría un verdadero y puro incumplimiento.

Por último, en Derecho Mercantil también tiene una especial preponderancia el principio de solidaridad en el caso de pluralidad de deudores, frente a la no presunción de solidaridad de la norma civil. No se trata de una regla recogida de forma global, pero se puede inducir del conjunto de normas que contemplan el supuesto de pluralidad de deudores, ya que de esta forma se protegería mejor la posición del deudor, favoreciendo la seguridad del tráfico.

Especialidades Contratación mercantil moderna.:La contratación con condiciones generales.

El artículo Art. 1 de la Ley 7/1998 de 13 de Abr (Condiciones generales de la contratación) define como condiciones generales de la contratación, aquellas cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.

Así, las dos notas características de las condiciones generales de la contratación son:

- Una de la partes (predisponente) predispone e impone una cláusula o estipulación contractual a la otra parte (adherente), la cual sólo puede aceptarla o rechazarla, quedando de esta forma limitada su libertad contractual.

Por lo tanto, no va a existir negociación entre las partes.

- Estas cláusulas son incorporadas a una pluralidad de contratos, por lo que se van a repetir uniformemente en una serie indefinida de contratos iguales.

El régimen jurídico al que están sometidas las condiciones generales de la contratación es la ya citada Ley 7/1998 de 13 de Abr (Condiciones generales de la contratación), la cual recoge un régimen de control de las condiciones generales con el fin de evitar abusos por la parte predisponente:

  • Control de incorporación

A tenor del artículo Art. 5 para entender que ha existido una aceptación de la incorporación de las condiciones generales de la contratación será necesario haber informado expresamente sobre su existencia así como haber facilitado un ejemplar de las mismas al adherente. Además, se exige que la redacción de las cláusulas debe haber sido clara, transparente, concreta y sencilla.

Con este control se trata de garantizar que las cláusulas hayan sido aceptadas por el adherente con pleno conocimiento y compresión.

  • Control de interpretación

En el artículo Art. 6 se recoge, por un lado, el principio de prevalencia de las condiciones particulares previstas para ese contrato sobre las condiciones generales, salvo que las generales resultasen más beneficiosas para el adherente que las particulares y, por otro lado, se prevé que en caso de existir dudas sobre la interpretación de una condición general se resolverá a favor del adherente. De esta manera se intenta evitar que la parte que propicio la oscuridad de la cláusula pueda beneficiarse de la misma

  • Control de contenido

Aún existiendo pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas, estas podrán ser declaradas nulas por ser contrarias a la buena fe.

El artículo Art. 8 declara que serán nulas aquellas condiciones generales que contradigan, en perjuicio del adherente, lo dispuesto en la citada norma o en cualquiera otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ella se establezca un efecto distinto para la contravención.

Tanto en el supuesto de declaración de no incorporación de la cláusula como en el nulidad de la misma no implicará la ineficacia total del contrato si éste puede subsistir sin la cláusula impugnada.

En la Ley 7/1998, de 13 de Abril, se van a recoger una serie de acciones que podrán ser ejercitadas para el control de estas cláusulas:

  • Acción individual, en virtud de la misma el adherente podrá acudir a los Tribunales para que declaren la no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o la declaración de nulidad de las mismas ( artículos Art. 9 y Art. 10 )
  • Acciones colectivas, para cuyo ejercicio tienen legitimación activa aquellas instituciones y asociaciones que tienen representación en los intereses afectados ya sea contra un profesional que utilice condiciones generales como contra el que las recomiende públicamente o manifieste su voluntad de utilizarlas.

Estas acciones son la acción de cesación (artículo Art. 12 apartado 2 ) , dirigida a obtener una sentencia que condene al demandado a eliminar de sus condiciones generales las que se reputen nulas, así como a abstenerse de utilizarlas en un futuro, determinando o aclarando, cuando sea necesario, el contenido del contrato que ha de reputarse válido y eficaz, la acción de retractación (artículo Art. 12 apartado 3) destinada a la obtención de una sentencia que declare e imponga al demandado, sea o no predisponente, el deber de retractarse de la recomendación que haya efectuado de utilizar condiciones generales que deban reputarse nulas y de abstenerse de seguir recomendando su utilización y la acción declarativa (artículo Art. 12 apartado 4 ) dirigida a obtener una sentencia que reconozca una cláusula como condición general de la contratación y ordene su inscripción, cuando ésta proceda, en el registro de condiciones generales de la contratación.

El fallo de la sentencia dictada en ejercicio de una acción colectiva, una vez sea firme, deberá publicarse, junto con el texto de la cláusula afectada, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en un periódico de los de mayor difusión de la provincia correspondiente al Juzgado donde se hubiera dictado la sentencia ( artículo Art. 21 ). Además, siempre que prospere una acción colectiva o una acción individual de nulidad o no incorporación relativa a condiciones generales de la contratación se procederá a la inscripción de la sentencia en el del Registro de Condiciones Generales de la Contratación ( artículo Art. 22 ).

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Morosidad
Contratos mercantiles
Condiciones generales de la contratación
Cláusula penal
Cumplimiento del contrato
Cumplimiento de las obligaciones
Derechos del acreedor
Tipicidad
Obligaciones con cláusula penal
Daños y perjuicios
Operación comercial
Días naturales
Tipos de interés
Reserva de dominio
Principio de igualdad
Igualdad ante la ley
Contrato de transporte terrestre de mercancías
Principio de solidaridad
Autor material
Libertad contractual
Buena fe
Acción de cesación
Legitimación activa
Acciones colectivas
Acción declarativa
Retractación
Boletín Oficial del Registro Mercantil
Acción individual