Especialidades del procedimiento por delitos contra la Hacienda Pública

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    Órden: Constitucional Fecha: 19/04/2004 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 117/2004 Num. Recurso: Recurso de amparo 3868-2001

    I. Antecedentes1.Con fecha 6 de julio de 2001 el Procurador de los Tribunales don José Luis Martín Jaureguibeitia, en nombre y representación de don José Luis Solana Fernández, don Juan Carlos García Follente, don Acerino Fernández López, don Esteban Peregrin Sánchez y de la sociedad Electroacústica, S.A. (ELASA), presentó en el Registro General de este Tribunal demanda de amparo contra la Sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de diciembre de 200...

  • Sentencia Constitucional Nº 48/1998, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 4.805/1997, 24-02-1998

    Órden: Constitucional Fecha: 24/02/1998 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 48/1998 Num. Recurso: Recurso de amparo 4.805/1997

    Suspensión de la ejecución del acto que origina el amparo: Sentencia penal: improcedencia. Voto particular.

  • Sentencia Constitucional Nº 47/1998, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 4.705/1997, 24-02-1998

    Órden: Constitucional Fecha: 24/02/1998 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 47/1998 Num. Recurso: Recurso de amparo 4.705/1997

    Suspensión de la ejecución del acto que origina el amparo: Sentencia penal: improcedencia. Voto particular.

  • Sentencia Constitucional Nº 223/2003, TC, Sala Primera, Rec Recurso de amparo 6291-2001, 01-07-2003

    Órden: Constitucional Fecha: 01/07/2003 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 223/2003 Num. Recurso: Recurso de amparo 6291-2001

    I. Antecedentes1.Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 29 de noviembre de 2001, don Carlos Mairata Laviña, Procurador de los Tribunales, en nombre de don Roberto Eugenio Calle Gracey, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de 26 de octubre de 2001, de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección decimoséptima, que resuelve recurso de apelación contra la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 17 de Madrid, en el juicio oral núm. 415/99, seguido por delito contra la Ha...

  • Sentencia Constitucional Nº 221/2008, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 1233-2007, 14-07-2008

    Órden: Constitucional Fecha: 14/07/2008 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 221/2008 Num. Recurso: Recurso de amparo 1233-2007

    I. Antecedentes1.Mediante escrito registrado en este Tribunal el 13 de febrero de 2007, el Procurador de los Tribunales don Jesús Jenaro Tejada, en nombre y representación de don José Antonio Hurtado García, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, de 26 de diciembre de 2006, recaída en el recurso de apelación núm. 122-2006 interpuesto contra la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 26 de Madrid en juicio oral núm. 39...

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  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

    Órden: Penal Fecha última revisión: 28/12/2012

    En el Título XIV del Código penal se regulan los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, que contienen los artículos que van desde el Art. 305 ,CP, Art. 310 bis ,CP. El bien jurídico protegido en estos delitos se desprende del articulado del Código. Dentro de la diversidad de funciones de la Hacienda Pública se encuentra la protección de los ingresos y de los gastos, regulados en el apartado 1 y 2 del Art. 31 ,Constitución Española y sirve de referencia ...

  • Procedimiento de apremio en el ámbito tributario

    Órden: Fiscal Fecha última revisión: 22/01/2012

    El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo. Se iniciará e impulsará de oficio en todos sus trámites. La competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria. El procedimiento administrativo de apremio no será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. Su iniciación o tramitación no se suspenderá por la iniciación de aquéllos, salvo cuando proceda de acuerdo con lo establec...

  • Medidas cautelares en el procedimiento de inspección tributaria

    Órden: Fiscal Fecha última revisión: 06/10/2015

    La Administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares (provisionales) cuando existan indicios de que el cobre de las deudas se vería frustrado o gravemente dificultado, Art. 81 ,LGT (Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre.) La medida cautelar deberá ser notificada al afectado con expresa mención de los motivos que justifican su aplicación. Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar y en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobr...

  • Garantías de la deuda tributaria

    Órden: Fiscal Fecha última revisión: 07/10/2015

    La LGT establece, en su Art. 77 ,Ley General Tributaria, el derecho de prelación para el cobro de los créditos tributarios: Siempre que estos hayan vencido y no se satisfecho. Excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la hipoteca legal tácita. En el proceso concur...

  • Clases de infracciones tributarias

    Órden: Fiscal Fecha última revisión: 13/10/2015

    La LGT dedica el Capítulo III del Título IV (Art. 191-206 ,Ley General Tributaria) a la tipificación y calificación de las infracciones tributarias y a la cuantificación de las correspondientes sanciones, en la que no se distingue explícitamente entre infracciones que causan y que no causan perjuicio económico. NOVEDADES: La Ley 34/2015, de 21 de septiembre modificó la Ley General Tributaria con efectos a partir del 12/10/2015, salvo las modificaciones de los Art. 29,Art. 200 ,LGT las ...

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  • Querella por fraude fiscal

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    NOTA: La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, añade un nuevo Título X bis en el Libro II, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulando un proceso singular para los delitos contra la Hacienda Pública. Se permite continuar el cobro de la deuda tributaria (procedimiento administrativo), pese a la pendencia de un proceso penal, estableciéndose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que la presentación ante el juez de una solicitud de suspensión de la ejecutividad de la liquidación no producir...

  • Oposición a la ejecución provisional de sentencia de condena dineraria

    Fecha última revisión: 25/05/2016

    NOTA: Si la sentencia fuese de condena dineraria (artículo 528.3 LECiv), el ejecutado no podrá oponerse a la ejecución provisional, sino únicamente a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio, cuando entienda que dichas actuaciones causarán una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios. Al formular esta oposición a medidas ejecutivas concretas, el ejecutado habrá de indicar otras med...

  • Solicitud de ejecución de costas procesales

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  • Solicitud de suspensión automática del procedimiento de apremio con aval bancario.

    Fecha última revisión: 31/03/2016

      NOTA: Las garantías necesarias para obtener la suspensión automática de la ejecución son, entre otras, aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.   DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN DE [LUGAR] D. [NOMBRE] con N.I.F. [NIF] con domicilio fiscal en [DOMICILIO] y domicilio a efecto de notificaciones en [DOMICILIO], actuando en nombre propio/ en su representación D [NOMBRE], con N.I.F. [NIF] y domicil...

  • Solicitud de la suspensión automática del procedimiento de apremio con fianza personal y solidaria de dos contribuyentes

    Fecha última revisión: 28/03/2016

    NOTA: La solicitud de suspensión automática con aportación de las garantías a que se refiere el artículo 233.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, suspenderá el procedimiento de recaudación relativo al acto recurrido. (Art. 43 Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo) Don/Doña [NOMBRE] con N.I.F. [NIF] con domicilio fiscal en [DOMICILIO] y domicilio a efecto de notificaciones en [DOMICILIO], actuando en nombre propio/ en su representación D [NOMBRE], con N.I.F. [NIF]...

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    Fecha última revisión: 15/11/2012

  • PLANTEAMIENTOA través de documento privado de 6 de mayo de 1995, dos compradores adquieren de una persona un chalet con vistas al mar. Los compradores, antes de trasladarse a su nueva vivienda deciden realizar una serie de cambios en la misma, de ese modo instalan una nueva cocina y tiran un tabique para dar mayor amplitud al salón. Dos años después, tiene lugar el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de compraventa, con fecha de 7 de julio de 1997. Cuando uno de los compra...

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    Fecha última revisión: 29/01/2013

  • Si el conductor sancionado no abona la multa en el plazo correspondiente, se procederá a su exacción mediante el procedimiento de apremio. Esta deuda devengará unos intereses de demora, pero ¿Cómo serán calculados?Es el Art. 72 ,REAL DECRETO 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación el que se ocupa del cálculo de los intereses de demora durante el periodo ejecutivo.Expresa que las cantidades adeudadas devengarán interés de demora desde el inic...

  • Caso práctico: Posibilidad por parte de la Administración local de emitir varios recibos de IBI en caso de copropiedad pro indiviso y consecuencias del impago por un comunero de su parte correspondiente

    Fecha última revisión: 04/01/2017

  •   PLANTEAMIENTO¿Tiene la Administración Local la posibilidad de emitir varios recibos de abono del IBI, uno para cada uno de los propietarios?¿Qué puede hacerse si uno de los propietarios se niega al abono de su parte correspondiente? ¿Asumiría el otro propietario el abono de los saldos pendientes no pagados por el otro propietario habiendo satisfecho la parte proporcional de la que es titular?¿Cuáles son los criterios que existen para la emisión del recibo de liquidación a unos u ot...

  • Análisis STS Nº 199/2010, rec. 2371/2005, de fecha 05/04/2010, sobre nulidad de acuerdo transaccional homologado judicialmente, y disolución de condominio. Excepción de cosa juzgada.

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  • RESUMENEl Tribunal Supremo estima el recurso y anula la sentencia recurrida, ordenando retrotraer el procedimiento al momento anterior a dictar sentencia en apelación, con el fin de que la Audiencia Provincial dicte nueva sentencia, puesto que la homologación judicial no modifica la naturaleza consensual de la transacción y, aunque las transacciones judiciales pueden hacerse efectivas por la vía de apremio, el artículo 1817 CC no las elimina de la impugnación por vicios del consentimiento....

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    Fecha última revisión: 21/11/2012

  • PLANTEAMIENTO "A" es propietario de una finca con árboles frutales en el lugar de "C". Desde hace unos meses no se dirige a ella todo lo que podría para el cuidado de los árboles y del resto de la finca. Aún así venía notando desde hace apenas un mes que cada vez le quedan menos limones en el limonero, y los que encuentra en el suelo no son todos los que faltan. Hace una semana descubre como su vecino "B" recoge todos los limones que puede para su propiedad. Don"A" le llama la atención p...

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  • Resolución de TEAC, 1158/2013/00/00, 17-12-2015

    Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 17/12/2015

  • Núm. Resolución: 1158/2013/00/00
  • ResumenMedidas cautelares. Adopción de medidas cautelares en casos de delito contra la Hacienda Pública. Requisitos. Incompetencia de los Tribunales económico-administrativos para su revisión. Descripción En la Villa de Madrid, en la fecha arriba señalada, en la reclamación económico-administrativa que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesta por la entidad R... (SPAIN), SL, con NIF B..., c...

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    Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 04/12/2014

  • Núm. Resolución: 8667/2012/00/00
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    Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 11/02/1999

  • Núm. Resolución: 00/4837/1998
  • ResumenIMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Existe incremento no justificado de patrimonio. Ese puede regularizar en vía administrativa hechos sobre los que se ha producido el sobreseimiento en vía penal.Descripción FUNDAMENTOS DE DERECHOPRIMERO.- Se plantean las siguientes cuestiones: 1º Si se produce la existencia de un incremento no justificado de patrimonio. 2º Posibilidad de regularización en vía administrativa de hechos sobre los que se ha producido el sobreseimiento en vía penal. ...

  • Resolución de TEAC, 2067/2014/00/00, 02-07-2015

    Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 02/07/2015

  • Núm. Resolución: 2067/2014/00/00
  • ResumenProcedimiento de inspección. Inicio antes de entrada en vigor Ley 58/2003. Remisión del expediente al Ministerio Fiscal. Notificación al obligado tributario. Prescripción. Descripción                     En la Villa de Madrid, en fecha 2 de julio de 2015, se reúne el Tribunal Económico-Administrativo Central en Sala para fallar la reclamación económico-administrativa, interpuesta por D. A.. B.. L... en representación...

  • Resolución de TEAC, 00/3481/1998, 26-10-2001

    Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 26/10/2001

  • Núm. Resolución: 00/3481/1998
  • ResumenNo procede la suspensión de las actuaciones administrativas prevista en el artículo 77.6 de la LGT, porque la falta de retención e ingreso sólo se tipificó como delito contra la Hacienda Pública con posterioridad a los ejercicios examinados (1991 y 1992).Descripción ANTECEDENTES DE HECHO         PRIMERO: La Oficina Nacional de Inspección, con fecha                1997 formalizó a la sociedad hoy reclamante acta modelo A02, número          ...

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

Según el Art. 614 bis ,LECrim, añadido por la  La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: "Una vez iniciado el proceso penal por delito contra la Hacienda Pública, el juez de lo penal decidirá acerca de las pretensiones referidas a las medidas cautelares adoptadas al amparo del artículo 81 de la Ley General Tributaria"

NOVEDAD: La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria añade un nuevo Título X bis en el Libro II, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que responde a la rúbrica "De las especialidades en los delitos contra la Hacienda Pública", regulando un proceso singular para estas especialidades delictivas.

Con la reforma del Código Penal se permite continuar el cobro de la deuda tributaria (procedimiento administrativo), pese a la pendencia de un proceso penal, estableciéndose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que la presentación ante el juez de una solicitud de suspensión de la ejecutividad de la liquidación no producirá efectos- salvo formalización de garantías. Los órganos de recaudación podrán continuar con el procedimiento de apremio hasta la fecha del auto por el que se acuerde la suspensión. Una vez constituida la garantía, la suspensión surtirá efectos desde que se solicitó, regulando la Ley los efectos concretos del auto de concesión sobre los embargos realizados con anterioridad al mismo.

Asimismo, se modifica la D.A.10 ,LGT, en relación a la exacción de la responsabilidad civil por delitos contra la Hacienda Pública, para adaptarse a las reformas del Código Penal, ampliando competencias de la Administración Tributaria.

 

 

En cuanto a los delitos contra la Hacienda Pública, establece el Art. 621 bis ,LECrim, que si la Administración Tributaria hubiera dictado un acto de liquidación, la existencia de un procedimiento penal no paralizará la actuación administrativa y podrán iniciarse actuaciones para cobrar la liquidación, salvo que el Juez acordara la suspensión de las actuaciones de ejecución conforme a lo dispuesto en el  305.5 ,Código Penal.

Una vez solicitada la suspensión de la ejecución del acto de liquidación, el Juez o Tribunal, previa audiencia al Ministerio Fiscal y a la Administración perjudicada, resolverá por auto en diez días, si accede a la suspensión solicitada, en cuyo caso habrá de fijar el alcance de la garantía que haya de prestarse y el plazo para hacerlo. La garantía prestada deberá cubrir suficientemente el importe resultante de la liquidación administrativa practicada, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la misma. El auto de concesión de la suspensión quedará sin efecto de forma automática y sin necesidad de pronunciamiento judicial ulterior, si transcurrido el plazo señalado en el apartado 2 para la formalización de la garantía, ésta no hubiese tenido lugar.

La suspensión sólo afectará al procedimiento seguido frente al encausado respecto del que se haya acordado y las actuaciones de cobro dirigidas frente al resto de encausados no se paralizarán hasta que la deuda resulte pagada o garantizada en su totalidad por el obligado tributario. Contra los autos que resuelvan la solicitud de suspensión del acto de liquidación cabrá recurso de apelación, en un solo efecto.

El Art. 621 ter ,LECrim, dispone que la suspensión producirá efectos desde que, dictado el auto a que se refiere el artículo anterior, resulte constituida debidamente la garantía correspondiente conforme a lo dispuesto en el Art. 621 bis ,LECrim, en cuyo caso se entenderán retrotraídos sus efectos al momento de su solicitud.En caso de que de las actuaciones desarrolladas por la Administración, resultaran embargados bienes o derechos del encausado con anterioridad a la fecha del auto por el que se acuerde la suspensión, los embargos mantendrán su eficacia durante el plazo concedido a dicho encausado para formalizar la garantía que cubra las cantidades resultantes de la liquidación administrativa.

En todo caso el Ministerio Fiscal o la Administración perjudicada podrán solicitar al Tribunal que se constituyan como garantía a efectos de la suspensión, los embargos ya realizados o derechos reales que puedan constituirse sobre los bienes afectados por los mismos, de considerarse que dichos bienes garantizan de forma más adecuada el cobro que las garantías ofrecidas por el encausado. Particularmente, podrá hacerse tal solicitud cuando la suspensión se hubiese solicitado con dispensa total o parcial de garantías.

La Administración no procederá a la enajenación de los bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que la sentencia condenatoria que confirme la liquidación sea firme. Frente a la anterior regla general, existen unos supuestos en los que la enajenación podrá autorizarse por el Tribunal:

a) Cuando sean perecederos.

b) Si su propietario hiciera abandono de ellos o, debidamente requerido sobre el destino del efecto judicial, no haga manifestación alguna.

c) De ser los gastos de conservación y depósito superiores al valor del objeto en sí.

d) Cuando su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública.

e) Si se depreciaren por el transcurso del tiempo, aun cuando no sufran deterioro.

En cambio, no serán susceptibles de enajenación los efectos que tengan el carácter de piezas de convicción y los que deban quedar a expensas del procedimiento, salvo que encuentren comprendidos en los supuestos a) y c) anteriores.

Una vez acordada la suspensión, con o sin garantía, podrá ser modificada o revocada durante el curso del proceso si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubiera adoptado.

En la ejecución de sentencias por delitos contra la Hacienda Pública, establece el Art. 999 ,LECrim, que la disconformidad del obligado al pago con las modificaciones que con arreglo a lo previsto en la Ley General Tributaria lleve a cabo la Administración Pública se pondrá de manifiesto al Tribunal competente para la ejecución, en el plazo de 30 días desde su notificación, que, previa audiencia de la Administración ejecutante y del Ministerio Fiscal por idéntico plazo, resolverá mediante auto si la modificación practicada es conforme a lo declarado en sentencia o si se ha apartado de la misma, en cuyo caso, indicará con claridad los términos en que haya de modificarse la liquidación.

Contra el auto que resuelva este incidente cabrá recurso de apelación en un solo efecto o, en su caso, el correspondiente de súplica.

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Delitos contra la Hacienda Pública
Investigado o encausado
Procedimiento de apremio
Realización forzosa
Cobro de la deuda tributaria
Responsabilidad civil
Actuación administrativa
Suspensión de la ejecución del acto
Intereses de demora
Obligado tributario
Derechos reales
Sentencia de condena
Dueño
Gastos de reparación y conservación
Pieza de convicción
Ejecución de sentencia