Especialidades del procedimiento por delitos contra la Hacienda Pública

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

Según el Art. 614 bis ,LECrim, añadido por la  La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: "Una vez iniciado el proceso penal por delito contra la Hacienda Pública, el juez de lo penal decidirá acerca de las pretensiones referidas a las medidas cautelares adoptadas al amparo del artículo 81 de la Ley General Tributaria"

NOVEDAD: La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria añade un nuevo Título X bis en el Libro II, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que responde a la rúbrica "De las especialidades en los delitos contra la Hacienda Pública", regulando un proceso singular para estas especialidades delictivas.

Con la reforma del Código Penal se permite continuar el cobro de la deuda tributaria (procedimiento administrativo), pese a la pendencia de un proceso penal, estableciéndose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que la presentación ante el juez de una solicitud de suspensión de la ejecutividad de la liquidación no producirá efectos- salvo formalización de garantías. Los órganos de recaudación podrán continuar con el procedimiento de apremio hasta la fecha del auto por el que se acuerde la suspensión. Una vez constituida la garantía, la suspensión surtirá efectos desde que se solicitó, regulando la Ley los efectos concretos del auto de concesión sobre los embargos realizados con anterioridad al mismo.

Asimismo, se modifica la D.A.10 ,LGT, en relación a la exacción de la responsabilidad civil por delitos contra la Hacienda Pública, para adaptarse a las reformas del Código Penal, ampliando competencias de la Administración Tributaria.

 

 

En cuanto a los delitos contra la Hacienda Pública, establece el Art. 621 bis ,LECrim, que si la Administración Tributaria hubiera dictado un acto de liquidación, la existencia de un procedimiento penal no paralizará la actuación administrativa y podrán iniciarse actuaciones para cobrar la liquidación, salvo que el Juez acordara la suspensión de las actuaciones de ejecución conforme a lo dispuesto en el  305.5 ,Código Penal.

Una vez solicitada la suspensión de la ejecución del acto de liquidación, el Juez o Tribunal, previa audiencia al Ministerio Fiscal y a la Administración perjudicada, resolverá por auto en diez días, si accede a la suspensión solicitada, en cuyo caso habrá de fijar el alcance de la garantía que haya de prestarse y el plazo para hacerlo. La garantía prestada deberá cubrir suficientemente el importe resultante de la liquidación administrativa practicada, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la misma. El auto de concesión de la suspensión quedará sin efecto de forma automática y sin necesidad de pronunciamiento judicial ulterior, si transcurrido el plazo señalado en el apartado 2 para la formalización de la garantía, ésta no hubiese tenido lugar.

La suspensión sólo afectará al procedimiento seguido frente al encausado respecto del que se haya acordado y las actuaciones de cobro dirigidas frente al resto de encausados no se paralizarán hasta que la deuda resulte pagada o garantizada en su totalidad por el obligado tributario. Contra los autos que resuelvan la solicitud de suspensión del acto de liquidación cabrá recurso de apelación, en un solo efecto.

El Art. 621 ter ,LECrim, dispone que la suspensión producirá efectos desde que, dictado el auto a que se refiere el artículo anterior, resulte constituida debidamente la garantía correspondiente conforme a lo dispuesto en el Art. 621 bis ,LECrim, en cuyo caso se entenderán retrotraídos sus efectos al momento de su solicitud.En caso de que de las actuaciones desarrolladas por la Administración, resultaran embargados bienes o derechos del encausado con anterioridad a la fecha del auto por el que se acuerde la suspensión, los embargos mantendrán su eficacia durante el plazo concedido a dicho encausado para formalizar la garantía que cubra las cantidades resultantes de la liquidación administrativa.

En todo caso el Ministerio Fiscal o la Administración perjudicada podrán solicitar al Tribunal que se constituyan como garantía a efectos de la suspensión, los embargos ya realizados o derechos reales que puedan constituirse sobre los bienes afectados por los mismos, de considerarse que dichos bienes garantizan de forma más adecuada el cobro que las garantías ofrecidas por el encausado. Particularmente, podrá hacerse tal solicitud cuando la suspensión se hubiese solicitado con dispensa total o parcial de garantías.

La Administración no procederá a la enajenación de los bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que la sentencia condenatoria que confirme la liquidación sea firme. Frente a la anterior regla general, existen unos supuestos en los que la enajenación podrá autorizarse por el Tribunal:

a) Cuando sean perecederos.

b) Si su propietario hiciera abandono de ellos o, debidamente requerido sobre el destino del efecto judicial, no haga manifestación alguna.

c) De ser los gastos de conservación y depósito superiores al valor del objeto en sí.

d) Cuando su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública.

e) Si se depreciaren por el transcurso del tiempo, aun cuando no sufran deterioro.

En cambio, no serán susceptibles de enajenación los efectos que tengan el carácter de piezas de convicción y los que deban quedar a expensas del procedimiento, salvo que encuentren comprendidos en los supuestos a) y c) anteriores.

Una vez acordada la suspensión, con o sin garantía, podrá ser modificada o revocada durante el curso del proceso si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubiera adoptado.

En la ejecución de sentencias por delitos contra la Hacienda Pública, establece el Art. 999 ,LECrim, que la disconformidad del obligado al pago con las modificaciones que con arreglo a lo previsto en la Ley General Tributaria lleve a cabo la Administración Pública se pondrá de manifiesto al Tribunal competente para la ejecución, en el plazo de 30 días desde su notificación, que, previa audiencia de la Administración ejecutante y del Ministerio Fiscal por idéntico plazo, resolverá mediante auto si la modificación practicada es conforme a lo declarado en sentencia o si se ha apartado de la misma, en cuyo caso, indicará con claridad los términos en que haya de modificarse la liquidación.

Contra el auto que resuelva este incidente cabrá recurso de apelación en un solo efecto o, en su caso, el correspondiente de súplica.

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Delitos contra la Hacienda Pública
Investigado o encausado
Procedimiento de apremio
Realización forzosa
Cobro de la deuda tributaria
Responsabilidad civil
Actuación administrativa
Suspensión de la ejecución del acto
Intereses de demora
Obligado tributario
Derechos reales
Sentencia de condena
Dueño
Gastos de reparación y conservación
Pieza de convicción
Ejecución de sentencia