Especialidades procesales del procedimiento judicial de solución de conflictos colectivos

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    Órgano: Sg De Impuestos Patrimoniales, Tasas Y Precios Públicos Fecha: 06/08/2013

  • Núm. Resolución: V2606-13
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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 21/01/2015

Especialidades del proceso de conflictos colectivos

Este proceso deberá plantearse, según el ámbito, ante el correspondiente juzgado o tribunal, esto es, las Salas de lo Social de los TSJ o de la Audiencia Nacional.

El proceso puede iniciarse mediante demanda dirigida directamente al juzgado o tribunal competente por los sujetos legitimados y previo intento de conciliación. En este sentido los requisitos de la demanda, aparte de los contenidos en el Art. 80 ,LJS, son los siguientes, tal y como dispone el 157.2 ,LJS :

  • La designación general de los trabajadores y empresas afectados por el conflicto y, cuando se formulen pretensiones de condena que aunque referidas a un colectivo genérico, sean susceptibles de determinación individual ulterior sin necesidad de nuevo litigio, habrán de consignarse los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y el cumplimiento de la sentencia respecto de ellas.
  • La designación concreta del demandado o demandados, con expresión del empresario, asociación empresarial, sindicato o representación unitaria a quienes afecten las pretensiones ejercitadas.
  • Una referencia sucinta a los fundamentos jurídicos de la pretensión formulada.
  • Las pretensiones interpretativas, declarativas, de condena o de otra naturaleza concretamente ejercitadas según el objeto del conflicto.

En segundo lugar, el procedimiento puede comenzar mediante comunicación de la autoridad laboral dirigida al juzgado o tribunal que tenga atribuida la competencia para conocer del asunto de que se trate. Cuando los conflictos afectan a más de una CCAA, el órgano competente será la Dirección General De Trabajo. 

Dispone además el Art. 158 ,LJS que “en dicha comunicación se contendrán idénticos requisitos a los exigidos para la demanda en el artículo anterior. El secretario judicial advertirá a la autoridad laboral de los defectos u omisiones que pudiera contener la comunicación, a fin de que se subsanen en el plazo de diez días”.

En relación con la conciliación previa, se trata de un requisito necesario para la incoación del proceso el haber planteado ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones, tal y como dispone el Art. 156 ,LJS. Continua diciendo dicho precepto que lo que se acuerde en conciliación o mediación tendrá, según su naturaleza, la misma eficacia atribuida a los convenios colectivos por el Art. 82 ,Estatuto de los Trabajadores, siempre que las partes que concilien, ostenten la legitimación y adopten el acuerdo conforme a los requisitos exigidos por las citadas normas. En tal caso se enviará copia de la misma a la autoridad laboral. En el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, el acuerdo alcanzado tendrá la eficacia correspondiente a los acuerdos de interés profesional regulados en el Art. 13 ,Ley 20/2007, de 11 de julio.

En caso de lograrse acuerdo en el acto de conciliación extrajudicial, el procedimiento se aborta, estableciendo la ley que dicho acuerdo tiene la misma eficacia que se le atribuye a los convenios colectivos por el Art. 82 ,ET.

Cabe mencionar además que pueden existir en el correspondiente convenio colectivo una específica atribución de funciones a la comisión paritaria del mismo, con el objeto de intentar solucionar los conflictos que surjan en la aplicación del mismo.

Además puede estar previsto en convenio colectivo otros cauces extrajudiciales de resolución de conflictos como la mediación o el arbitraje. En tales casos, tanto los acuerdos logrados, como el laudo arbitral, tienen los mismos efectos que el convenio, siempre que las partes tengan legitimación para negociar en su ámbito un convenio estatutario, conforme a las reglas que se establecen en los Art. 87,Art. 88,Art. 89 ,ET.

En cuanto a su tramitación, dispone el Art. 157 ,LJS que “este proceso tendrá carácter urgente. La preferencia en el despacho de estos asuntos será absoluta sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas”. Dicha urgencia se manifiesta en los plazos, por una parte:

  • Se consideran hábiles los días del mes de agosto (43.4 ,LJS).
  • La celebración del acto del juicio deberá tener lugar, en única convocatoria, dentro de los cinco días siguientes a la admisión a trámite de la demanda (160.1 ,LJS).
  • La sentencia se dictará dentro de los tres días siguientes, notificándose, en su caso, a la autoridad laboral competente (160.2 ,LJS).

Por otra parte, la celeridad de este proceso se exterioriza en la inexistencia de recurso contra las resoluciones que se dicten en su tramitación, salvo contra el auto por el cual el juez o tribunal declare su incompetencia, tal y como se establece en el Art. 161 ,LJS.

Asimismo dispone el Art. 162 ,LJS que si se recibe en el juzgado o tribunal comunicación de las partes de haber quedado solventado el conflicto, se procederá por el secretario judicial sin más al archivo de las actuaciones, cualquiera que sea el estado de su tramitación anterior a la sentencia.

En relación con las particularidades propias de la sentencia cabe mencionar las siguientes:

  • Debe notificarse, en su caso, a la autoridad laboral competente (160.2 ,LJS).
  • Es una sentencia ejecutiva, desde el momento en que se dicte, no obstante el recurso que contra la misma pueda interponerse, y según la naturaleza de la pretensión deducida (303.1 ,LJS). Dicho recurso ha de ser o bien el de suplicación o bien el de casación, tras haber desaparecido el recurso especial para estos procesos establecido en la Ley de Procedimiento Laboral.
  • El 160.3 ,LJS dispone que “de ser estimatoria de una pretensión de condena susceptible de ejecución individual, deberá contener, en su caso, la concreción de los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la condena y especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento dictado. Asimismo deberá contener, en su caso, la declaración de que la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente”.
  • La sentencia firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto o en relación de directa conexidad con aquél, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo, que quedarán en suspenso durante la tramitación del conflicto colectivo. La suspensión se acordará aunque hubiere recaído sentencia de instancia y estuviere pendiente el recurso de suplicación y de casación, vinculando al tribunal correspondiente la sentencia firme recaída en el proceso de conflicto colectivo, incluso aunque en el recurso de casación unificadora no se hubiere invocado aquélla como sentencia contradictoria. (SSTS 20/02/02 (R. 2235/2001); y 05/05/09 (Rud 2019/2008 - TS, Sala de lo Social, de 05/05/2009, Rec. 2019/2008 -), 20/02/02 (R. 2235/2001 -; y 31/01/07 (Rud 5481/2005) -TS, Sala de lo Social, de 31/01/2007, Rec. 5481/2005 -) .
  • El efecto normativo de la sentencia firme de conflicto colectivo no impide, sin embargo, que se dicte sentencia en los procesos individuales pendientes, sino que solamente obliga a que la decisión que se adopte en los mismos “siga y aplique los mandatos establecidos por la sentencia firme anterior”. Se produce de esta manera lo que se denomina “efecto positivo” o “prejudicial” de la cosa juzgada, que suspende el trámite  de los procesos individuales sobre idéntico objeto hasta que adquiera firmeza la sentencia colectiva, pero no el “efecto negativo” o “preclusivo” de la cosa juzgada, el cual impide que los tribunales se pronuncien de nuevo sobre un asunto ya resuelto por una sentencia firme anterior.
  • La sentencia que se dicta en el proceso de conflicto colectivo define el sentido en que se ha de interpretar la norma discutida o el modo en que ésta ha de ser aplicada. (SSTS 24/06/2013 (R. 1031/2012), 05/12/05 (R. 4755/2004 - TS, Sala de lo Social, nº S/S, de 05/12/2005, Rec. 4755/2004 -; 05/10/11 (R. 3637/2010 -TS, Sala de lo Social, de 05/10/2011, Rec. 3637/2010 -); 14/06/12 (R. 4265/2011 - TS, Sala de lo Social, de 14/06/2012, Rec. 4265/2011 -); y 11/07/12 (R. 2176/2011 - TS, Sala de lo Social, de 11/07/2012, Rec. 2176/2011 -)).

La sentencia de conflicto colectivo de condena exigirá, conforme dispone el 160.3 ,LJS , que sea susceptible de ejecución individual, lo que le obligará a concretar en el fallo los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por su condena y especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento dictado, previniéndose, a continuación, que deberá contener, en su caso, la declaración de que la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente, lo cual no era posible con las sentencias meramente declarativas, que en la regulación anterior eran las sentencias colectivas normalizadas.  En efecto, la jurisprudencia distinguía claramente de las sentencias declarativas y de condena, señalando que, a diferencia de lo que ocurre con las sentencias meramente declarativas que pueden tener por objeto "la aplicación e interpretación de una norma general de una norma estatal, convenio colectivo (...) o una decisión o práctica de empresa" desde una perspectiva general que coincide con el interés también general del grupo, la sentencia de condena no se detiene en este elemento interpretativo de carácter general, sino que, al imponer el cumplimiento de la obligación en el caso concreto, parte del cumplimiento de todos los elementos fácticos que constituyen esa obligación y de la inexistencia de los hechos impeditivos o extintivos que pueden excluirla (STS 11-10-2011 ).

Proceso de conflicto colectivo. Cauce procesal adecuado para reclamar por cesión ilegal

La materia de la cesión no es por lo general susceptible de dar lugar a un conflicto colectivo y ello en la medida en que en ella no se trata de establecer propiamente la forma cómo ha de ser aplicada una norma desde la perspectiva de un supuesto fáctico uniforme que cubre a un grupo homogéneo de trabajadores en la misma situación. Las controversias sobre cesión entran normalmente dentro de lo que las Salas de lo Social han considerado como litigios sobre el establecimiento o la valoración de hechos singulares en relación con las condiciones específicas en que en cada caso se realiza la prestación de trabajo y el ejercicio' de los poderes empresariales.

Aunque existe jurisprudencia en sentido contrario (STS 7/12/2005 (R. 73/2004 -  TS, Sala de lo Social, nº S/S, de 07/12/2005, Rec. 73/2004  -) y no es tema pacífico, también el proceso de conflicto colectivo puede ser cauce procesal adecuado para reclamar por cesión ilegal de trabajadores en determinados supuestos en los que la conducta empresarial afecta de forma homogénea a un grupo indiferenciado de trabajadores (SSTS 12/06/2007 (R.. 5234/2004 (TS, Sala de lo Social, de 12/06/2007, Rec. 5234/2004)); pero siempre que concurran determinados requisitos como la existencia de un grupo homogéneo de trabajadores afectados por el conflicto, no constituyendo la configuración del grupo una unidad aislada de los individuos que en última instancia lo integran, a los que como tales trabajadores individuales en definitiva afecta el conflicto colectivo y pueden, en su momento hacer valer el derecho que eventualmente se reconozca y declare en el mismo, ya que la diferencia entre el grupo como tal y los trabajadores individuales, que en última instancia lo componen, es que el grupo está configurado por rasgos y conceptos que a priori y no sujetos a prueba lo configuran, mientras que los trabajadores individuales forman o no parte del grupo en atención a sus circunstancias personales, que en cada caso han de probarse.

 

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