Especialidades procesales del procedimiento judicial de solución de conflictos colectivos

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 29/04/2020

Los arts. 153-162 regulan las especialidades del proceso de conflictos colectivos.

NOVEDAD

- Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril. En el orden jurisdiccional social, tendrán carácter urgente y preferente los procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de los expedientes de regulación temporal de empleo por las causas reguladas en los arts. 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (ERTES fuerza mayor y ERTES ETOP)

Requisito de conciliación previa

En relación con la conciliación previa, se trata de un requisito necesario para la incoación del proceso el haber planteado ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones, tal y como dispone el art. 156 LJS. Continua diciendo dicho precepto que lo que se acuerde en conciliación o mediación tendrá, según su naturaleza, la misma eficacia atribuida a los convenios colectivos por el art. 82 Estatuto de los Trabajadores, siempre que las partes que concilien, ostenten la legitimación y adopten el acuerdo conforme a los requisitos exigidos por las citadas normas. En tal caso se enviará copia de la misma a la autoridad laboral. En el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, el acuerdo alcanzado tendrá la eficacia correspondiente a los acuerdos de interés profesional regulados en el art. 13 Ley 20/2007, de 11 de julio.

En caso de lograrse acuerdo en el acto de conciliación extrajudicial, el procedimiento se aborta, estableciendo la ley que dicho acuerdo tiene la misma eficacia que se le atribuye a los convenios colectivos por el art. 82 ET.

Cabe mencionar además que pueden existir en el correspondiente convenio colectivo una específica atribución de funciones a la comisión paritaria del mismo, con el objeto de intentar solucionar los conflictos que surjan en la aplicación del mismo.

Además puede estar previsto en convenio colectivo otros cauces extrajudiciales de resolución de conflictos como la mediación o el arbitraje. En tales casos, tanto los acuerdos logrados, como el laudo arbitral, tienen los mismos efectos que el convenio, siempre que las partes tengan legitimación para negociar en su ámbito un convenio estatutario, conforme a las reglas que se establecen en los arts. 87-89 ET.

Inicio del proceso de conflictos colectivos

Este proceso deberá plantearse, según el ámbito, ante el correspondiente juzgado o tribunal, esto es, las Salas de lo Social de los TSJ o de la Audiencia Nacional, iniciándose mediante demanda dirigida directamente al juzgado o tribunal competente por los sujetos legitimados y previo intento de conciliación. En este sentido los requisitos de la demanda, aparte de los contenidos en el art. 80 LJS, son los siguientes, tal y como dispone el art. 157.2 LJS:

  • La designación general de los trabajadores y empresas afectados por el conflicto y, cuando se formulen pretensiones de condena que aunque referidas a un colectivo genérico, sean susceptibles de determinación individual ulterior sin necesidad de nuevo litigio, habrán de consignarse los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y el cumplimiento de la sentencia respecto de ellas.
  • La designación concreta del demandado o demandados, con expresión del empresario, asociación empresarial, sindicato o representación unitaria a quienes afecten las pretensiones ejercitadas.
  • Una referencia sucinta a los fundamentos jurídicos de la pretensión formulada.
  • Las pretensiones interpretativas, declarativas, de condena o de otra naturaleza concretamente ejercitadas según el objeto del conflicto.

En segundo lugar, el procedimiento puede comenzar mediante comunicación de la autoridad laboral dirigida al juzgado o tribunal que tenga atribuida la competencia para conocer del asunto de que se trate. Cuando los conflictos afectan a más de una CCAA, el órgano competente será la Dirección General De Trabajo. 

Dispone además el art. 158 LJS, que “en dicha comunicación se contendrán idénticos requisitos a los exigidos para la demanda en el artículo anterior. El secretario judicial advertirá a la autoridad laboral de los defectos u omisiones que pudiera contener la comunicación, a fin de que se subsanen en el plazo de diez días”.

Tramitación

En cuanto a su tramitación, dispone el art. 157 LJS, que “este proceso tendrá carácter urgente". La preferencia en el despacho de estos asuntos será absoluta sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas”. Dicha urgencia se manifiesta en los plazos, por una parte:

  • Se consideran hábiles los días del mes de agosto (art. 43.4 LJS).
  • La celebración del acto del juicio deberá tener lugar, en única convocatoria, dentro de los cinco días siguientes a la admisión a trámite de la demanda (art. 160.1 LJS).
  • La sentencia se dictará dentro de los tres días siguientes, notificándose, en su caso, a la autoridad laboral competente (art. 160.2 LJS).

Por otra parte, la celeridad de este proceso se exterioriza en la inexistencia de recurso contra las resoluciones que se dicten en su tramitación, salvo contra el auto por el cual el juez o tribunal declare su incompetencia, tal y como se establece en el art. 161 LJS.

Asimismo dispone el art. 162 LJS, que si se recibe en el juzgado o tribunal comunicación de las partes de haber quedado solventado el conflicto, se procederá por el secretario judicial sin más al archivo de las actuaciones, cualquiera que sea el estado de su tramitación anterior a la sentencia.

Especificaciones situación covid-19: Prioridad de tramitación de las reclamaciones frente a ERTES

El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, acuerda que, en el orden jurisdiccional social, tendrán carácter urgente a todos los efectos y serán preferentes respecto de todos los que se tramiten en el juzgado, salvo los que tengan por objeto la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas los siguientes procedimientos:

- Procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de suspensión temporal del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ERTE ETOP) o por fuerza mayor temporal (ERTE fuerza mayor)  (arts. 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo); y

Esta preferencia se ejecutará durante el período que transcurra desde el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Particularidades propias de la sentencia

En relación con las particularidades propias de la sentencia cabe mencionar las siguientes:

  • Debe notificarse, en su caso, a la autoridad laboral competente (art. 160.2 LJS).
  • Es una sentencia ejecutiva, desde el momento en que se dicte, no obstante el recurso que contra la misma pueda interponerse, y según la naturaleza de la pretensión deducida (art. 303.1 LJS). Dicho recurso ha de ser o bien el de suplicación o bien el de casación, tras haber desaparecido el recurso especial para estos procesos establecido en la Ley de Procedimiento Laboral.
  • El art. 160.3 LJS, dispone que “de ser estimatoria de una pretensión de condena susceptible de ejecución individual, deberá contener, en su caso, la concreción de los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la condena y especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento dictado. Asimismo deberá contener, en su caso, la declaración de que la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente”.
  • La sentencia firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto o en relación de directa conexidad con aquél, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo, que quedarán en suspenso durante la tramitación del conflicto colectivo. La suspensión se acordará aunque hubiere recaído sentencia de instancia y estuviere pendiente el recurso de suplicación y de casación, vinculando al tribunal correspondiente la sentencia firme recaída en el proceso de conflicto colectivo, incluso aunque en el recurso de casación unificadora no se hubiere invocado aquélla como sentencia contradictoria. STS, Sala de lo Social, de 05/05/2009, Rec. 2019/2008; STS, Sala de lo Social, de 31/01/2007, Rec. 5481/2005.
  • El efecto normativo de la sentencia firme de conflicto colectivo no impide, sin embargo, que se dicte sentencia en los procesos individuales pendientes, sino que solamente obliga a que la decisión que se adopte en los mismos “siga y aplique los mandatos establecidos por la sentencia firme anterior”. Se produce de esta manera lo que se denomina “efecto positivo” o “prejudicial” de la cosa juzgada, que suspende el trámite  de los procesos individuales sobre idéntico objeto hasta que adquiera firmeza la sentencia colectiva, pero no el “efecto negativo” o “preclusivo” de la cosa juzgada, el cual impide que los tribunales se pronuncien de nuevo sobre un asunto ya resuelto por una sentencia firme anterior.
  • La sentencia que se dicta en el proceso de conflicto colectivo define el sentido en que se ha de interpretar la norma discutida o el modo en que ésta ha de ser aplicada.  STS, Sala de lo Social, nº S/S, de 05/12/2005, Rec. 4755/2004; STS, Sala de lo Social, de 05/10/2011, Rec. 3637/2010; STS, Sala de lo Social, de 14/06/2012, Rec. 4265/2011; STS, Sala de lo Social, de 11/07/2012, Rec. 2176/2011.

La sentencia de conflicto colectivo de condena exigirá, conforme dispone el art. 160.3 LJS, que sea susceptible de ejecución individual, lo que le obligará a concretar en el fallo los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por su condena y especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento dictado, previniéndose, a continuación, que deberá contener, en su caso, la declaración de que la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente, lo cual no era posible con las sentencias meramente declarativas, que en la regulación anterior eran las sentencias colectivas normalizadas.  En efecto, la jurisprudencia distinguía claramente de las sentencias declarativas y de condena, señalando que, a diferencia de lo que ocurre con las sentencias meramente declarativas que pueden tener por objeto "la aplicación e interpretación de una norma general de una norma estatal, convenio colectivo (...) o una decisión o práctica de empresa" desde una perspectiva general que coincide con el interés también general del grupo, la sentencia de condena no se detiene en este elemento interpretativo de carácter general, sino que, al imponer el cumplimiento de la obligación en el caso concreto, parte del cumplimiento de todos los elementos fácticos que constituyen esa obligación y de la inexistencia de los hechos impeditivos o extintivos que pueden excluirla (STS 11-10-2011).

 

 

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Suspensión temporal de contratos
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Sentencia de condena

RDLeg. 2/2015 de 23 de Oct (Estatuto de los Trabajadores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

Estatuto del trabajo autónomo (Ley 20/2007 de 11 de Jul) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 166 Fecha de Publicación: 12/07/2007 Fecha de entrada en vigor: 12/10/2007 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 36/2011 de 10 de Oct (Jurisdicción social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 245 Fecha de Publicación: 11/10/2011 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RD-Ley 16/2020 de 28 de Abr (Medidas procesales y organizativas por la COVID-19 en el ámbito de la Admón. de Justicia) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 119 Fecha de Publicación: 29/04/2020 Fecha de entrada en vigor: 30/04/2020 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 463/2020 de 14 de Mar (Declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 66 Fecha de Publicación: 14/03/2020 Fecha de entrada en vigor: 14/03/2020 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia, Relaciones Con Las Cortes Y Memoria Democratica

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