Del expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE desde 03 de Septiembre de 2021
  • Orden: Civil
  • Fecha última revisión: 10/06/2021

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, introduce el nuevo capítulo II bis al título II de la LJV, "Del expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad", abarcando los artículos 42 bis a) a 42 bis c), con entrada en vigor el 03/09/2021.

El expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad

Una de las novedades de la reforma de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria introducida por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, en vigor desde el 3 de septiembre de 2021, es la incorporación de un nuevo capítulo III bis al título II, relativo al expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad para los supuestos en los que, de acuerdo con las normas civiles, sea pertinente la previsión de alguna medida judicial de apoyo de carácter estable y no exista oposición. 

Dicho procedimiento se encuentra recogido en los nuevos artículos 42 bis a), 42 bis b) y 43 bis c) de la Ley 15/2015, de 2 de julio de la Jurisdicción Voluntaria. 

CUESTIONES

1.- ¿Qué debemos entender por medidas de apoyo?

Las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas que lo precisen son, además de las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. (Art. 250 del CC, modificado con efectos de 3 de septiembre de 2021, por el artículo 2.23 de la Ley 8/2021, de 2 de junio).

2.- ¿Quiénes están legitimados para la solicitud de este expediente? 

Podrán promover este expediente el Ministerio Fiscal, la propia persona interesada, su cónyuge no separado de hecho o legalmente, o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, y sus descendientes, ascendientes, o hermanos. Asimismo, a través del artículo 42 bis a), se faculta que cualquier persona que sea conocedor de hechos que puedan ser determinantes de una situación que requiera  la adopción judicial de medidas de apoyo, los ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal. Advirtiéndose a continuación, la obligación de hacer lo mismo a las autoridades o funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de dichos hechos respecto de cualquier persona, siendo competencia del Ministerio Fiscal, en ambos casos, la de iniciar el expediente. 

Ostenta la competencia para conocer de los expedientes seguidos para la provisión de alguna medida judicial de apoyo de carácter estable a una persona con discapacidad el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde resida la persona con discapacidad. Para el caso de que antes de la celebración de la comparecencia se produjera un cambio de la residencia habitual de la persona con discapacidad a que se refiere el expediente, las actuaciones serán remitidas al juzgado correspondiente en el estado que se hallen (apartado 2.º del artículo 42 bis a).

Con respecto a la postulación, la persona con discapacidad podrá actuar en la tramitación del procedimiento con su propia defensa y representación y, para el caso de que no fuera previsible que esta proceda a realizar por sí misma tal designación, junto con la solicitud de iniciación del expediente se pedirá que se le nombre un defensor judicial, el cual, actuará por medio de abogado y procurador. 

Por su parte, cabe advertir que, toda vez que de conformidad con el nuevo artículo 7 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en los procesos que participen personas con discapacidad deben realizarse las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad, el letrado de la Administración de Justicia deberá ocupare de llevarlas a cabo, con el fin de garantizar que la persona con discapacidad comprenda el objeto, la finalidad y los trámites del expediente que le afecta.

Procedimiento

Es el artículo 42 bis b) el precepto de la Ley de Jurisdicción Voluntaria donde se regulan las reglas que habrán de ser tenidas en cuenta en la tramitación de este tipo de expedientes.

1. Requisitos de la solicitud y documentos e informes 

La solicitud del expediente de provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad deberá acompañarse con aquellos documentos que acrediten la necesidad del tal apoyo, así como un dictamen pericial de los profesionales especializados de los ámbitos social y sanitario, que aconsejen las medidas de apoyo que resulten idóneas en cada caso. 

Asimismo, en la solicitud deberán proponerse aquellas pruebas que se consideren necesarias practicar en la comparecencia. 

Por su parte, la ley faculta a la autoridad judicial a que, antes de la comparecencia, pueda recabar informe expedido por la entidad pública que, en el respectivo territorio, tenga encomendada la función de promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad, o de una entidad del tercer sector de acción social debidamente habilitada como colaboradora de la Administración de Justicia a fin de que esta entidad informe sobre las eventuales alternativas de apoyo y sobre las posibilidades de prestarlo sin requerir la adopción de medida alguna por la autoridad judicial. Asimismo, también antes de la comparecencia y cuando, atendiendo las circunstancias del caso se considere necesario, la autoridad judicial podrá ordenar la realización un dictamen pericial. 

Por último, cabe advertir que también deberá recabar, el letrado de la Administración de Justicia, junto con la admisión a trámite de la solicitud, certificación del Registro Civil y, en su caso, de otros Registros públicos que se consideren pertinentes, sobre las medidas de apoyo inscritas. 

2. Comparecencia 

Admitida a trámite la solicitud por el letrado de la Administración de Justicia, éste deberá convocar a la comparecencia a las personas que pasamos a relacionar:

  • Al Ministerio Fiscal.

  • A la persona con discapacidad.

  • En su caso, al cónyuge de la persona con discapacidad no separado de hecho o legalmente o a quien se encuentre en una situación asimilable. 

  • A los descendientes, ascendientes o hermanos de la persona con discapacidad.

CUESTIÓN

¿Podrán proponer práctica de prueba?

Sí. Los interesados podrán proponer aquellas diligencias de prueba que consideren necesario practicar en la comparecencia dentro del plazo de cinco días desde la recepción de la citación. 

En la comparecencia se procederá a celebrar una entrevista en la autoridad judicial y la persona con discapacidad, a quién, a la vista de su situación, la autoridad judicial podrá informar acerca de las alternativas existentes para obtener el apoyo que precisa, bien sea mediante su entorno social o comunitario, o bien a través del otorgamiento de medidas de apoyo de naturaleza voluntaria.

Asimismo, se practicarán aquellas pruebas que hubieren sido propuestas y resulten admitidas y, en todo caso, se oirá a las personas que hayan comparecido y manifiesten su voluntad de ser oídas.

CUESTIONES

1.- ¿Qué son las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria?

La nueva redacción dada al artículo 250 del CC, con ocasión de la publicación de la Ley 8/2021, de 2 de febrero, en vigor desde el 3 de septiembre de 2021, define las medidas de apoyo voluntaria como aquellas que son establecidas por la persona con discapacidad, en las que este designa quién debe prestarle apoyo y con qué alcance.

2.- ¿Qué ocurrirá si la persona con discapacidad, tras la información ofrecida por la autoridad judicial, opta por una medida alternativa de apoyo?

Si tras la información ofrecida por la autoridad judicial, la persona con discapacidad opta por una medida alternativa de apoyo, se pondrá fin al expediente.

Por su parte, habida cuenta que el expediente objeto de estudio se contempla únicamente para aquellos supuestos en los que no sea pertinente la previsión de alguna medida judicial de apoyo de carácter estable y no exista oposición, en caso de encontrarnos con la oposición de la persona con discapacidad a cualquier tipo de apoyo, la oposición del Ministerio Fiscal o la oposición de cualquiera de los interesados en la adopción de las medidas de apoyo solicitadas también se pondrá fin al expediente, sin perjuicio de que la autoridad judicial pueda adoptar provisionalmente las medidas de apoyo de aquella o de su patrimonio que considere convenientes, que únicamente podrán mantenerse por un plazo máximo de treinta días, siempre que con anterioridad no se haya presentado la correspondiente demanda de adopción de medidas de apoyo en juicio contencioso. 

A TENER EN CUENTA. No se considerará oposición la relativa únicamente a la designación como curador de una persona concreta. 

Auto y revisión de las medidas acordadas 

Advierte el nuevo artículo 42 bis c) de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que todas aquellas medidas que se adopten en el auto que ponga fin al expediente deberán ser conformes a lo dispuesto en la legislación aplicable sobre esta cuestión por lo que, a estos efectos, nos remitimos a lo establecido en el nuevo contenido de los artículos 249 y siguientes del Código Civil, al ser estos los preceptos reguladores de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica: 

Las medidas que se adopten en el auto que ponga fin al expediente serán objeto de revisión periódica en el plazo y la forma en que disponga el auto que las hubiera acordado, debiendo seguirse el trámite contemplado en el nuevo artículo 42 bis c) de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

El establecimiento en el auto del plazo y la forma en que deben ser objeto de revisión las medidas adoptadas no obsta que, antes de que transcurra el plazo previsto para su revisión, por cualquiera de las personas legitimadas al efecto y que son las mismas que las que se encuentran legitimadas para la solicitud de iniciación del expediente (Ministerio fiscal, la propia persona interesada, su cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, y sus descendientes, ascendientes, o hermanos), se solicite su revisión.

CUESTIÓN 

¿Qué órgano será competente para el conocimiento de la revisión de las medidas acordadas? 

Siempre que la persona con discapacidad permanezca residiendo en la misma circunscripción que donde residía en el momento en el que fueron dictadas, la competencia para su conocimiento recaerá sobre el mismo juzgado que las dictó. En caso contrario, el juzgado de la nueva residencia habrá de pedir un testimonio completo del expediente al Juzgado que anteriormente conoció del mismo, que lo remitirá en los diez días siguientes a la solicitud [apartado 2.º del artículo 42 bis c)].

Por último, cabe advertir que en la revisión de las medidas, la autoridad judicial recabará un dictamen pericial cuando así lo considere necesario atendiendo a las circunstancias del caso, se entrevistará con la persona con discapacidad y ordenará aquellas otras actuaciones que considere necesarias.

A estos efectos, la autoridad judicial podrá recabar informe de la entidad pública que, en el respectivo territorio, tenga encomendada la función de promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad, o de una entidad del tercer sector de acción social debidamente habilitada como colaboradora de la Administración de Justicia.

Del resultado de dichas actuaciones se dará traslado a la persona con discapacidad, a quien ejerza las funciones de apoyo, al Ministerio Fiscal y a los interesados personados en el expediente previo, a fin de que puedan alegar lo que consideren pertinente en el plazo de diez días, así como aportar la prueba que estimen oportuna.

Si alguno de los mencionados formulara oposición, se pondrá fin al expediente y se podrá instar la revisión de las medidas conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, circunstancia en la que habremos de estar a lo dispuesto en el artículo 756 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al disponer, la nueva redacción contenida en el precitado artículo que, en los supuestos en los que de acuerdo con la legislación civil, sea pertinente el nombramiento de curador y se haya formulado oposición, o cuando en el expediente no haya podido resolverse, la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad se regirán por lo dispuesto en dicho capítulo (capitulo II, del título I, del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Recibidas las alegaciones y practicada la prueba, la autoridad judicial dictará nuevo auto con el contenido que proceda atendiendo a las circunstancias concurrentes.

A TENER EN CUENTA. Los artículos 756 a 763 de la LEC sobre los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, se han visto modificados por la publicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, con efectos desde el 03/09/2021.

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LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 158 Fecha de Publicación: 03/07/2015 Fecha de entrada en vigor: 23/07/2015 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 8/2021 de 2 de Jun (Reforma de legislación civil y procesal -capacidad jurídica de personas con discapacidad-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 132 Fecha de Publicación: 03/06/2021 Fecha de entrada en vigor: 03/09/2021 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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