Expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a la tutela, curatela y guarda de hecho

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Civil
  • Fecha última revisión: 24/11/2020

Los artículos 43 a 52 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria se ocupan del procedimiento de constitución o reconocimiento de la tutela, curatela y guarda de hecho en aquellos supuestos de aplicación objetiva de esta norma, esto es, cuando no exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso.

Como ya hemos indicado anteriormente, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, cuyo ámbito de aplicación son todos aquellos expedientes en los que no exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso (artículo 1), dedica varios de sus artículos a los procedimientos (o previsiones) relacionados con la tutela, la curatela y la guarda de hecho. 

Como normas comunes a todas las instituciones señaladas el artículo 43 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria establece lo siguiente:

 

 

 

 

Tutela y curatela

En lo concerniente a la constitución de tutela y curatela, el articulado, aplicable siempre que no se solicite dicha constitución en un proceso judicial para modificar la capacidad de una persona, desarrolla los siguientes extremos:

 

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE, RESOLUCIÓN Y RECURSOSArtículo 45 Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria
PRESTACIÓN DE FIANZA, Y DE LA ACEPTACIÓN Y POSESIÓN DEL CARGOArtículo 46 Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria
FORMACIÓN DE INVENTARIOArtículo 47 Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria
RETRIBUCIÓN DEL CARGOArtículo 48 Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria
REMOCIÓNArtículo 49 Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria
EXCUSAArtículo 50 Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria
RENDICIÓN DE CUENTASArtículo 51 Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria

 

a) Tramitación del expediente, su resolución y recursos

Por lo que respecta a la tramitación del expediente, su resolución y recursos, el artículo 45 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria establece:

 

 

 

 

CUESTIÓN:

¿Quién puede ser tutor?

De acuerdo con el artículo 241 del Código Civil, podrán ser tutores todas las personas que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles y en quienes no concurra alguna de las causas de inhabilitación establecidas legalmente. Además de las personas físicas, también podrán ser tutores las personas jurídicas siempre que no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de menores e incapacitados de acuerdo con el artículo 242 del Código Civil.

b) Prestación de fianza, aceptación y posesión del cargo

El artículo 46 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, aborda la prestación de fianza, aceptación y posesión del cargo, indica lo que se transcribe a continuación:

  • Una vez firme la resolución por la que se constituya la tutela o curatela, se citará al designado para que comparezca en el plazo de quince días a fin de prestar la fianza establecida para garantizar el caudal del afectado, en su caso, y acepte el cargo o formule excusa.

  • Prestada la fianza, si se hubiera exigido, el Juez la declarará suficiente y acordará en la misma resolución las inscripciones, depósitos, medidas o diligencias que considere conveniente para la eficacia de la fianza y conservación de los bienes del menor o persona con capacidad modificada judicialmente.

  •  Practicadas todas las diligencias acordadas, el designado aceptará en acta otorgada ante el Letrado de la Administración de Justicia la obligación de cumplir los deberes de su cargo conforme a las leyes, y éste acordará dar posesión del cargo, le conferirá las facultades establecidas en la resolución judicial que acordó su nombramiento y le entregará certificación de ésta.

  • Cuando el designado lo fuera para el cargo del tutor o administrador de los bienes, le requerirá para que presente el inventario de los bienes del afectado en el plazo de los sesenta días siguientes. Hasta que se apruebe el inventario de bienes, en su caso, la persona designada quedará a cargo del cuidado del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y la administración de su caudal, según proceda, bajo las garantías que parecieren suficientes al Juez.

  • El Juzgado que haya acordado la tutela o curatela remitirá testimonio al Registro Civil correspondiente tanto de la resolución dictada como del acta de la posesión del cargo, a los efectos oportunos.

c) Formación de inventario

Por lo que respecta a la formación de inventario, el artículo 47 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, indica que el designado al que se hubiera nombrado administrador del caudal presentará, dentro del plazo otorgado, el inventario de bienes, que contendrá la relación de los bienes del afectado, así como las escrituras, documentos y papeles de importancia que se encuentren. A continuación, el Letrado de la Administración de Justicia fijará día y hora para su formación y citará a los interesados, a las personas afectadas si tuvieran suficiente madurez y, en todo caso, al menor si tuviere más de 12 años y al Ministerio Fiscal.

Si se suscitare controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes en el inventario, el Letrado de la Administración de Justicia citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal, suspendiéndose su formación hasta que la misma sea resuelta. La sentencia que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de bienes en el inventario dejará a salvo los derechos de terceros.

Si no hubiera oposición o resuelta ésta, el Letrado de la Administración de Justicia aprobará el inventario, debiendo la persona designada proceder a su administración en los términos establecidos en la resolución judicial.

CUESTIÓN:

¿Qué ocurre con los bienes que no quedan en poder del tutor?

De acuerdo con el artículo 265 del Código Civil, el dinero, alhajas, objetos preciosos y valores mobiliarios o documentos que, a juicio del Letrado de la Administración de Justicia, serán depositados en un establecimiento destinado a este efecto. 

En caso de que tal depósito suponga gastos estos correrán a cargo de los bienes del tutelado.

d) Retribución del cargo

En lo que concierne a la retribución del cargo, y según dispone el artículo 48 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, tanto si se solicita el establecimiento de una retribución y ésta no estuviera fijada en la resolución que hubiera efectuado su nombramiento, como si lo que se pretende es modificar o extinguir dicha retribución, el Juez la acordará siempre y cuando el patrimonio del tutelado o asistido lo permita, fijará su importe y el modo de percibirla, atendiendo al trabajo a realizar y al valor y la rentabilidad de los bienes, después de oír al solicitante, al tutelado o asistido si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, al menor si fuera mayor de 12 años, al Ministerio Fiscal y a cuantas personas considere oportuno.

Tanto el Juez como las partes o el Ministerio Fiscal podrán proponer las diligencias, informes periciales y pruebas que estimen oportunas. El auto que se resuelva la solicitud artículo se ejecutará sin perjuicio del recurso de apelación, que no producirá efectos suspensivos.

e) Remoción

Por lo que respecta a la remoción, el artículo 49 de la Ley 15/2015, de 2 de julio indica que en los casos previstos por el  Código Civil, de oficio, a solicitud del Ministerio Fiscal, del tutelado, del sujeto a curatela o de otra persona interesada, se podrá acordar la remoción del tutor o del curador, previa celebración de comparecencia, en la que se oirá también al tutor o curador, a la persona que le vaya a sustituir en el cargo y al afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, al menor si tuviere más de doce años y al Ministerio Fiscal. Si se suscitare oposición, el expediente se hará contencioso y el Letrado de la Administración de Justicia citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal. 

Durante la tramitación del expediente de remoción, el Juez podrá suspender al tutor o curador en sus funciones y el Letrado de la Administración de Justicia nombrará al tutelado o sujeto a curatela un defensor judicial. El Juez acordará lo procedente, nombrando un nuevo tutor o curador conforme a la legislación civil, debiendo remitir la correspondiente comunicación al Registro Civil.

f) Excusa

El artículo 50 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, como ya se ha dicho, se ocupa de la excusa, y lo hace en los siguientes términos:si concurriera alguna de las causas previstas por el Código Civil para excusarse del ejercicio del cargo tutelar o de la curatela, el tutor o curador deberá alegarla dentro del plazo de quince días a contar desde que tenga conocimiento del nombramiento.

Si el motivo de la excusa le sobreviniere durante su ejercicio, podrá alegarlo en cualquier momento, salvo las personas jurídicas, siempre que hubiera persona de parecidas condiciones para sustituirle; se podrá admitir la excusa del tutor o del curador previa celebración de comparecencia, en la que necesariamente se oirá a la persona que se excuse, a la que le vaya a sustituir en el cargo y al afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, al menor si tuviere más de 12 años y al Ministerio Fiscal; durante la tramitación del expediente, quien haya solicitado la renuncia estará obligado a ejercer la función y, de no hacerlo, se nombrará un defensor que le sustituya, quedando el sustituido responsable de todos los gastos ocasionados por la excusa si ésta fuera rechazada; admitida la excusa se procederá al nombramiento de nuevo tutor o curador, debiendo remitir, en su caso, la correspondiente comunicación al Registro Civil.

g) Rendición de cuentas

De la rendición de cuentas versa el artículo 51 de la Ley 15/2015, de 2 de julio:

  • Anualmente, desde la aceptación del cargo, el tutor o curador deberá presentar dentro de los veinte días siguientes de cumplirse el plazo un informe sobre la situación personal del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y una rendición de cuentas de la administración de sus bienes, si procediera.

  • Presentados los informes, el Letrado de la Administración de Justicia citará a comparecencia ante el Juez al titular del cargo, al tutelado o asistido si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, al menor si tuviere más de 12 años, a aquellos que estuvieran interesados y al Ministerio Fiscal, pudiéndose proponer de oficio o a instancia de parte las diligencias y pruebas que se estimen oportunas.

  • Tras ello, hubiera o no oposición, el Juez resolverá sobre los informes anuales y la rendición de cuentas.

  • Estas disposiciones se aplicarán en los supuestos de rendición final de cuentas por extinción de la tutela o curatela, debiendo ser presentada, en su caso, en el plazo de tres meses desde el cese del cargo, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa. En estos casos también se oirá, si procediera, al nuevo tutor o curador y a los herederos del tutelado o asistido, en su caso.

  • En todo caso, la aprobación judicial de las cuentas presentadas no impedirá el ejercicio de las acciones que recíprocamente puedan asistir al tutor o curador y al tutelado o sujeto a curatela o a sus causahabientes por razón de la tutela o curatela.

 

 

 

 

Guarda de hecho

La guarda de hecho, a la que se refiere el artículo 303 del Código Civil, se puede definir como aquella situación tutelar en la que una persona, sin contar con un nombramiento judicial al efecto, se encarga de la guarda de un menor o de alguien en quien concurren posibles causas de incapacitación.

La previsión del ordenamiento para estos supuestos se encuentra en dicho artículo que dispone que, "sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 228 del Código Civil acerca de la constitución de tutela, cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho podrá requerirle para que informe de la situación de la persona y los bienes del menor, o de la persona que pudiera precisar de una institución de protección y apoyo, y de su actuación en relación con los mismos, pudiendo establecer asimismo las medidas de control y vigilancia que considere oportunas". Además, se añade que "cautelarmente, mientras se mantenga la situación de guarda de hecho y hasta que se constituya la medida de protección adecuada, si procediera, se podrán otorgar judicialmente facultades tutelares a los guardadores".

Por lo que podemos discernir, la guarda de hecho es una medida provisional y transitoria, tal y como señala el Tribunal Supremo en su sentencia 528/2014, de 27 de octubre:

"No cabe duda de que la guarda de hecho se concibe como un mecanismo de protección de los menores, pero también que el ordenamiento jurídico la contempla como provisional y transitoria, articulando previsiones que conducen a una protección estable de aquellos. Así se desprende de la remisión que el artículo 303 del Código Civil hace a los artículos 203 y 228 a la par que prevé medias judiciales de información, control y vigilancia del menor hasta que exista una protección definitiva del mismo".

Por lo demás, procederá la declaración de situación de desamparo de los menores y de las personas con la capacidad modificada judicialmente en situación de guarda de hecho, cuando, además de esta circunstancia, se den los presupuestos objetivos de falta de asistencia contemplados en los Artículos 172 y 239 bis del Código Civil. En los demás casos, el guardador de hecho podrá promover la privación o suspensión de la patria potestad, remoción de la tutela o el nombramiento de tutor.

Conforme se prevé en el artículo 304 del Código Civil, los actos realizados por el guardador de hecho en interés del menor o presunto incapaz, no podrán ser impugnados si redundan en su utilidad.

Por su parte, el artículo 306 del Código Civil contempla que será aplicable al guardador de hecho lo dispuesto en el artículo 220 del Código Civil respecto del tutor, precepto en el se establece lo siguiente: "La persona que en el ejercicio de una función tutelar sufra daños y perjuicios sin culpa por su parte, tendrá derecho a la indemnización de éstos con cargo a los bienes del tutelado, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento".

Finalmente, y en lo que respecta a lo previsto para el supuesto de guarda de hecho, el artículo 52 de la Ley 15/2015, de 2 de julio entiende que, a instancia del Ministerio Fiscal, del sometido a guarda o de cualquiera que tenga un interés legítimo, el Juez que tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho, podrá requerirle para que informe de la situación del sujeto y sus bienes, de la persona con capacidad modificada judicialmente o de la que hubiera de estarlo, y de su actuación en relación con los mismos.

En su caso, el Juez podrá establecer las medidas de control y de vigilancia que estime oportunas, sin perjuicio de promover el expediente para la constitución de la tutela o curatela, debiendo adoptarse tales medidas previa comparecencia, de la persona a quien afecte la guarda de hecho, al guardador y al Ministerio Fiscal.

 

 

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