Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias en la Ley General Tribiutaria

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El Art. 189 ,LGT regula la extinción de la responsabilidad por la comisión de una infracción, señalando dos únicas causas de extinción como son el fallecimiento del sujeto infractor y la prescripción. Pero además de estas dos causas, existen otras circunstancias que también determinan la imposibilidad de llevar a término el necesario procedimiento sancionador para imponer la sanción y por tanto se traducen en la imposibilidad práctica de exigir la responsabilidad por la infracción, que son la falta de inicio del procedimiento sancionador en el plazo de 3 meses y la caducidad del procedimiento.

 

Fallecimiento del sujeto infractor

El fundamento de esta causa de extinción radica en el principio de personalidad de la pena, que se refleja en el 39.1 ,LGT (“en ningún caso se transmitirán las sanciones” a las personas físicas), y el 182.3 ,LGT (“las sanciones tributarias no se transmitirán a los herederos y legatarios de las personas físicas infractoras”). Esta causa se refiere exclusivamente a las personas físicas. En el caso de disolución de personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica la responsabilidad se trasmite a los sucesores de acuerdo con el Art. 40 ,LGT.

Prescripción

Por el transcurso del plazo de prescripción de 4 años desde la comisión de la infracción, sin que se haya producido alguno de los supuestos de interrupción previstos en la Ley. La prescripción se aplica de oficio, sin necesidad de que la invoque el interesado (189.4 ,LGT).

Los supuestos de interrupción del cómputo del plazo de prescripción establecidos en el 189.3 ,LGT son los siguientes:

  • Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del interesado, conducente a la imposición de la sanción tributaria. Las acciones administrativas conducentes a la regularización de la situación tributaria interrumpen el plazo para imponer la sanción tributaria correspondiente.
  • Por la interposición de reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichos procedimientos.

Respecto a las sanciones no pecuniarias, el plazo para imponer sanciones no pecuniarias comienza a computarse desde la comisión de la infracción, pero se interrumpe, además de por los mismos motivos que el plazo para imponer las sanciones pecuniarias, por las acciones conducentes a imponer las sanciones pecuniarias de las que las no pecuniarias traigan causa, debido al carácter accesorio de éstas.

Falta de inicio del procedimiento sancionador en el plazo de 3 meses a que se refiere el 209.2 ,LGT

El 209.2 ,LGT impone un plazo de 3 meses para iniciar, mediante la correspondiente notificación, los procedimientos que se incoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración, o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección, y respecto de la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento. Ese plazo de 3 meses se computa desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución, hasta la notificación de inicio del procedimiento sancionador.

En los supuestos en los que, siendo aplicable ese plazo, el procedimiento no se haya iniciado dentro del mismo, dicho procedimiento ya no podrá iniciarse con la consecuencia de que tampoco podrá determinarse la posible responsabilidad por la infracción.

Caducidad del procedimiento

El procedimiento sancionador se puede tramitar de forma separada o conjunta con un procedimiento de aplicación de los tributos.

a) Cuando, de acuerdo con la regla general, el procedimiento sancionador se tramite de forma separada, dicho procedimiento estará sometido a un plazo de 6 meses que se computará desde la notificación de inicio, hasta la notificación de resolución y el incumplimiento de este plazo sí determinará la caducidad del procedimiento, no siendo posible su reinicio. Por tanto, en estos casos, la simple caducidad llevará aparejada la extinción de responsabilidad por la infracción.

b) Cuando el procedimiento se tramita de forma conjunta (caso de actas con acuerdo y de renuncia al derecho de tramitación separada) el plazo de duración del procedimiento van ligados al correspondiente procedimiento de aplicación de los tributos del que ese sancionador derive (Art. 27,Art. 28 ,Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre (RGRST)).

Y en ese sentido, los efectos del incumplimiento, que, en cada caso se producirán, serán los siguientes:

  • Si deriva de un procedimiento de verificación o de comprobación limitada: se producirá la caducidad del procedimiento sancionador, sin perjuicio de la posibilidad de reinicio, en su caso, del procedimiento sancionador.
  • Si deriva de un procedimiento de inspección: el procedimiento sancionador correspondiente no caducará, pero su continuación dependerá de que pueda continuarse el procedimiento de inspección del que se derive.

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Procedimiento sancionador
Persona física
Comisiones
Extinción de la responsabilidad
Responsabilidad
Sanciones tributarias
Caducidad
Infracciones tributarias
Sanciones pecuniarias
Legatario
Persona jurídica
Sucesor
Personalidad jurídica
Plazo de prescripción
Cómputo de plazo de prescripción
Culpa
Procedimiento de verificación de datos
Procedimiento inspector
Caducidad de procedimiento sancionador