Fases del juicio rápido de delitos

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 04/02/2020

A partir del Art. 796 y ss. de la LECRIM se exponen las fases que atraviesa el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos.

Hablaremos en primer lugar acerca de las diligencias policiales matizando ciertos aspectos de la ley. La Policía Judicial será la encargada de iniciar este proceso y para ello llevará a cabo una serie de diligencias:

  1. Requerir la presencia de personal facultativo, si es necesario; e incluso la asistencia de un médico forense en el caso de que la persona no pueda desplazarse y deba ser asistida.
  2. Informar al acusado de su derecho a comparecer en el Juzgado acompañado de su abogado; o bien, si éste no  dispone de recursos, solicitar la designación de un abogado de oficio con el fin de garantizar una tutela judicial efectiva Art. 24 CE.
  3. Citación del investigado a  comparecer en el Juzgado en el caso de que no haya sido detenido. El Consejo General del Poder Judicial ha establecido diferentes modos de citación (a parte de la citación por escrito la nueva regulación permite el uso de cualquier otro medio, como el teléfono, fax, correo o incluso verbalmente.):
    • Que la policía le cite en su comparecencia en la comisaría, a través de la Agenda Programada de Citaciones (APC), para que se dirija al juzgado de guardia dentro de las 24 horas siguientes o en los días inmediatamente posteriores.
    • Que la policía le indique que debe estar localizable para su citación y comparecencia urgente ante el juzgado de guardia.
    • Que le cite el propio juzgado de guardia, para comparecer  inmediatamente o para su asistencia a la vista del juicio oral ante el juzgado de lo penal dentro de los 15 días siguientes, a través de la Agenda Programada de Señalamientos (APS).
    • Si por algún motivo no puede celebrarse el juicio en la fecha señalada o no puede concluir en un solo acto, se le citará para el día más inmediato posible, dentro de los 15 siguientes.
  4. Citar a los testigos. No será necesaria la citación de miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hubiesen intervenido en el atestado. 
  5. Asimismo, citarán a las entidades a las que se refiere el Art. 117 C.P. (entidades aseguradoras de hechos  derivados del uso y circulación de vehículos a motor).
  6. En el caso de que fuese necesario, si se hubieren recabado muestras, deberán ser enviadas al Instituto de Toxicología, el Instituto de Medicina Legal o el laboratorio.
  7. Practicar las pruebas de alcoholemia y detección de drogas, sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 
  8. Por último la relativa a la tasación de daños. En caso de existiese algún objeto susceptible de tasación y no pueda ser remitido al Juzgado se solicitará un examen pericial.

Una vez superada la fase de diligencias policiales, el turno de actuación le corresponde al juzgado de guardia competente. En este caso, se practicarán las diligencias urgentes mencionadas en el esquema. Se trataría de tomar declaración de los citados y el examen de los informes, documentación y objetos aportados. En este sentido es muy importante recalcar el contenido del artículo 797 bis. Y es que, en los supuestos de competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, tanto las diligencias como la instrucción se remitirán a este órgano. 

A continuación, el Juez pasará a tener una audiencia con las partes y con el Ministerio Fiscal sobre (Fase de audiencia previa):

  • Si son suficientes las diligencias practicadas: En caso de que ambas partes lo consideren así, el Juez dictará auto oral para la celebración de la vista  (Fase de preparación del  juicio oral). Es posible en estos casos se dicte un auto de sobreseimiento, archivo o inhibición, ya sea por la falta de consideración del hecho como infracción penal o por hacerlo en favor de otro partido judicial o jurisdicción. 
  • Si son consideradas como insuficientes o no es posible llevar a cabo durante en el servicio de guardia  las diligencias necesarias, se seguirá el proceso como si se tratase de las diligencias previas de un procedimiento abreviado.

Además, tanto las partes como el Ministerio Fiscal, están legitimados de forma activa para la solicitud de las medidas cautelares que consideren necesarias.

En el momento en que el Juez dicta el auto de apertura del juicio oral puede darse una de las situaciones mas características de los juicios rápidos. Entra en juego la sentencia de conformidad Art. 801 LECrim. Atendiendo a lo recogido en dicho artículo:

"Sin perjuicio de la aplicación en este procedimiento del artículo 787, el acusado podrá prestar su conformidad ante el juzgado de guardia y dictar éste sentencia de conformidad, cuando concurran los siguientes requisitos:

1.º Que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el juez de guardia, aquél hubiera presentado en el acto escrito de acusación.

2.º Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años.

3.º Que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión."

En referencia a este último apartado, se podría establecer una lista de tipos penales que encuadran dentro este requisito:

  1. delito de lesiones (artículo 147 del Código Penal)
  2. violencia domestica y de género (artículo 153 del Código Penal)
  3. amenazas (artículo 163.2 del Código Penal y artículo 171.4 del Código Penal)
  4. coacciones (artículo 172 del Código Penal)
  5. maltrato psíquico o doméstico (artículo 173 del Código Penal)
  6. abuso sexual básico (artículo 181 del Código Penal)
  7. hurto/robo (artículo 234 del Código Penalartículo 240 del  Código Penalartículo 244 del  Código Penal)
  8. exhibicionismo y provocación sexual (artículos 185 y 186 del Código Penal)
  9. estafa (artículo 248 del Código Penal)
  10. defraudaciones (artículo 255 Código Penal y artículo 256 del Código Penal)
  11. daños (artículo 263 del Código Penalartículo 270 del Código Penalartículo 298 Código Penalartículo 368 del Código Penal)
  12. conducción de vehículos a motor o ciclomotores bajo la influencia de drogas o alcohol o con exceso de velocidad (artículo 379 del  Código Penal)
  13. conducción temeraria manifiesta con peligro (artículo 380 del  Código Penal)
  14. conducción suicida sin puesta en peligro (artículo 381.2 del Código Penal)
  15. negativa a someterse a la prueba de detección de drogas o alcohol (artículo 383 del Código Penal)
  16. conducción sin permiso o licencia o con este retirado o anulado (artículo 384 del Código Penal)
  17. conducción originando grave riesgo a la circulación (artículo 385 del  Código Penal)
  18. falsedad hecha por particular (artículo 392 del Código Penal)
  19. quebrantamiento de condena y/o medida cautelar (artículo 468 del Código Penal)
  20. atentado contra funcionario no autoridad (artículos 550 a 551.1 del  Código Penal)
  21. resistencia a autoridad o agente (artículo 556 del Código Penal)
  22. tenencia ilícita de armas(artículo 564 del Código Penal)

Definido el ámbito de aplicación el Juez de Guardia, procede a llevar cabo un control de conformidad de acuerdo a los términos establecidos en esta Ley (Art. 787). Acto seguido, dictará sentencia oral con su correspondiente pena siempre minorada en un tercio, incluso siendo inferior al mínimo legal establecido por el Código Penal. Dictada la sentencia y ninguna de las partes y el Ministerio Fiscal manifiesta su intención de recurrir, el Juez oralmente declarará su firmeza. Para gestionar la suspensión de la pena privativa de libertad se atenderá a lo dispuesto en el artículo 81 del Código Penal. A través de esta variación en la transcripción de los preceptos se le otorgado competencia para actuar en este tipo de casos al Juez de Instrucción de Guardia ( STS 752/2014, de 11 de noviembreSTS 422/2017, de 13 de junio)

Finalizada la instrucción del juicio rápido y se pueda continuar con el proceso, se celebrará el juicio oral, atendiendo a los artículos 786 a 788 de la LECrim. Para el caso de no haberse llegado a una sentencia de conformidad, el procedimiento continuará hasta juicio oral, el cual se producirá ante el Juzgado de lo Penal con la práctica de las pruebas que la acusación y la defensa hayan propuesto para el mismo y la consiguiente sentencia del Juzgado de lo Penal. Destaca nuevamente en este punto la rapidez con la que se producirá la citación a juicio, generalmente en los 15 días siguientes a la comparecencia del acusado ante el Juzgado de Guardia.

El Juicio oral comenzará con la lectura de los escritos de acusación y de defensa. Seguidamente, a instancia de parte, el Juez o Tribunal abrirá un turno de intervenciones para que puedan las partes exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial.  El Juez o Tribunal resolverá en el mismo acto lo procedente sobre las cuestiones planteadas.

En cuanto a la práctica de la prueba, los artículos 784.1 y 785.1 señalan que: "una vez precluido el trámite para presentar su escrito, la defensa sólo podrá proponer la prueba que aporte en el acto del juicio oral para su práctica en el mismo" y que "contra los autos de admisión o inadmisión de pruebas no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que la parte a la que fue denegada pueda reproducir su petición al inicio de las sesiones del juicio oral". De este modo, el hecho de proponer un medio de prueba  al inicio de la sesión del juicio oral no resulta inoportuno. 

Atendiendo a la sentencia STS núm. 219/2010, de 11 de febrero

"En cuanto a la posibilidad de haberlo interesado durante la fase de instrucción tampoco es una razón de inadmisión aceptable y reiteramos al respecto lo que ya dijimos en la Sentencia de 2 de diciembre de 2008: la prueba se propuso donde y cuando se podía proponer es decir en el escrito de defensa y luego en el inicio del Juicio Oral. La tesis de que podría haberse solicitado durante la fase sumarial no es admisible. En efecto, como ya dijo esta Sala en Sentencia de 20 de noviembre de 2000 la preclusión que resulta de la finalización por resolución firme de unas diligencias sumariales atañe a la actividad sumarial misma es decir a la práctica de las diligencias de esa naturaleza, que no pueden confundirse con la actividad probatoria propiamente dicha a desarrollar en el Juicio Oral, y cuya proposición tiene lugar, concluida ya la fase sumarial, en las conclusiones provisionales, dando lugar a un pronunciamiento de admisión, favorable o no, que depende de la relación existente entre el objeto del proceso y las pruebas propuestas por la parte.

Las diligencias de prueba a practicar en el Juicio Oral se propusieron en el tiempo y en la forma que la ley previene para ello, y ninguna norma exige que las pruebas del juicio Oral hayan de tener algún antecedente en las diligencias practicadas en fase de instrucción".

A partir de aquí, se extraen los únicos criterios en los que el Juez ha de fundamentarse para admitir los medios de prueba que se fundamentan en el escrito de defensa:

  • Que su práctica sea posible.
  • Que sea pertinente, que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras resoluciones la de 20 diciembre de 1996, "es aquella que cumple un doble requisito: a) la relación que guarda con el "thema decidendi" y b) su capacidad para formar la convicción del tribunal sobre los hechos que han de servir en su momento de fundamento del fallo."

La sentencia se dictará dentro de los 3 días siguientes a la terminación de la vista. Una vez dictada la sentencia si no existe la intención de recurrir por ninguna de las partes o por la fiscalía, ésta devendrá firme. De lo contrario, cabe impugnación mediante recurso de apelación.  

Atendiendo a los artículos 790-792, LECrim, CCabe recurso de apelación por cualquiera de las partes, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia. Durante este período se hallarán las actuaciones en la Oficina judicial a disposición de las partes, las cuales en el plazo de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia podrán solicitar copia de los soportes en los que se hayan grabado las sesiones, con suspensión del plazo para la interposición del recurso. El cómputo del plazo se reanudará una vez hayan sido entregadas las copias solicitadas. (Artículo 803 de la LECRIM)

La parte que no hubiera apelado en el plazo señalado podrá adherirse a la apelación en el trámite de alegaciones , ejercitando las pretensiones y alegando los motivos que a su derecho convengan. En todo caso, este recurso quedará supeditado a que el apelante mantenga el suyo ( Art. 790.5 ,LECrim)

Las demás partes podrán impugnar la adhesión, en el plazo de dos días, una vez conferido el traslado (Art. 790.6 ,LECrim)

El procedimiento del recurso de apelación de sentencia: 

  1. Plazo de interposición: CINCO días hábiles, contados a partir del día siguiente en el que sea notificada la sentencia. 
  2. En ningún caso no se requiere de la intervención ni de la firma de Abogado o Procurador. Sentencia de la AP de Alicante,  Nº 148/2019, Sección 1ª, Rec. 242/2019  de 08 de marzo de 2019«Respecto a la mención de solicitud de nombramiento de abogado y procurador, su intervención no es preceptiva al tratarse de un delito leve (antigua falta), por lo que no procede, al no ser necesaria su designación de oficio.«
  3. El escrito se presentará ante el órgano que dictó la resolución que se impugne, y en él se expondrán, ordenadamente, las alegaciones sobre el quebrantamiento de las normas procesales, error en la apreciación de pruebas y razones de indefensión en las que se basa la impugnación. En el escrito de formalización del recurso se podrán solicitar las diligencias de prueba que en primera instancia no se pudieron proponer.
  4. Una vez presentado el escrito el juez lo recibirá y decidirá si lo admite o no a trámite. En caso de que lo haga se dará traslado a las demás partes por un plazo de cinco días. Durante este período de tiempo se podrán presentar los escritos de alegaciones de las partes y en los que se fijara el domicilio para notificaciones.
  5. Una vez presentadas las alegaciones y concluído el plazo para hacerlo, el Secretario, dará traslado de cada uno de ellos a las demás partes y elevará a la Audiencia Provincial los autos originales con todos los escritos.
  6. La sentencia de apelación se dictará en los tres días siguientes a la celebración de la vista. En el caso de que sea anulada la sentencia que ha sido apelada, la decisión del Tribunal provocará el retroceso a la situación  a la comisión del delito, sin perjuicio de que conserven validez los actos en los que su contenido sería idéntico. 
  7. Contra la sentencia no cabe recurso, sin perjuicio de lo establecido para la revisión de sentencias firmes articulo 793, LECrim. Además el fallo será notificado a los ofendidos y perjudicados por el delito.

 

Para concluir con el tema que abordamos, es importante tener en cuenta la Guía sobre Juicios Rápidos elaborada por el Consejo General del Poder Judicial, a través de la cual este órgano aborda una serie de preguntas como la siguiente:

¿Qué derechos y obligaciones le asisten a una víctima o persona perjudicada? 

Cuando una persona acuda a denunciar o sea llamada para declarar en la comisaría o en el juzgado, le informarán por escrito de sus derechos y en concreto, de: 

  • Derecho a personarse como parte en el procedimiento y a designar abogado y procurador.
  • Derecho a que le nombren abogado de oficio.
  • Una vez personada, podrá conocer lo actuado y, en su caso, pedir la práctica de diligencias convenientes.
  • Derecho a reclamar una indemnización por los perjuicios ocasionados por el delito.
  • La función del fiscal de defender ante el juzgado la indemnización de los perjuicios.

Las medidas de asistencia a las víctimas:

  • Derecho de ser informada del procedimiento. En todo caso, el juzgado: 
    • Le informará de la fecha señalada para la vista del juicio, aunque no sea necesaria su intervención.
    • Le notificará las resoluciones que den fin al procedimiento: la de sobreseimiento o archivo o la sentencia dictada en el juzgado de lo penal y, en su caso, la dictada por la audiencia provincial en el recurso de apelación.

Además de como víctima o persona perjudicada por el delito, en la mayoría de las ocasiones de puede acordar su citación como testigo del fiscal y/o de la defensa de la persona investigad. En ese caso, tiene la obligación de comparecer cuando sea llamado. Su presencia es necesaria para la comprobación de los hechos, su incomparecencia injustificada o su negativa a declarar puede sancionarse con una multa de 200 a 5000 euros. Si persiste en una segunda ocasión, puede ocurrir que: si persiste en su incomparecencia sea perseguido por un delito de obstrucción a la justicia ; y si se sigue negando a declarar, puede incurrir en los delitos de obstrucción a la justicia y de desobediencia grave a la autoridad.

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