Fiscalidad de honorarios de abogados y procuradores

Introducción a la fiscalidad de los honorarios de los abogados y procuradores

Los procedimientos judiciales son costosos para cualquiera de las partes, incluso puede que el resultado de un procedimiento sea beneficioso para nuestros intereses, en términos de justicia, pero no en términos económicos.

Así, los costes en estos procedimientos son de dos tipos:

• Costes directos del proceso. Aquí incluimos los costes dinerarios del mismo que se reflejan en los honorarios de abogados, procuradores y peritos.
• Costes indirectos del proceso. Estos costes hacen referencia al tiempo y dinero empleado en la asistencia al proceso —personación, desplazamientos, etcétera—, así como los costes personales que supone —tensión y estrés por el desarrollo del proceso—.

En este bloque pretendemos centrarnos en los costes directos asociados al proceso y, en particular, en su vertiente impositiva indirecta, es decir, en el sometimiento de los honorarios de abogados, procuradores y peritos al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Además del análisis de la sujeción y exención de dichos honorarios en el impuesto, vamos a analizar la condena en costas. Las costas son una cuantía, determinada en sede judicial, que la parte perdedora del proceso puede ser obligada a abonar cuando se aprecien determinadas circunstancias que así lo determinen.

Es importante realizar un análisis de la condena en costas porque su finalidad es la de resarcir a la parte vencedora de los costes del proceso. Debemos recordar la nueva regulación del artículo 243.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que fue modificado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, quedando redactado como sigue:

«2. No se incluirán en la tasación los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito.

Tampoco serán incluidos en la tasación de costas los derechos de los procuradores devengados por la realización de los actos procesales de comunicación, cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, así como de las demás actuaciones meramente facultativas que hubieran podido ser practicadas, en otro caso, por las Oficinas judiciales.

El Letrado de la Administración de Justicia reducirá el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, cuando los reclamados excedan del límite a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 y no se hubiese declarado la temeridad del litigante condenado en costas.

En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula. No se computará el importe de dicho impuesto a los efectos del apartado 3 del artículo 394».

Además, realizaremos un análisis de la obligación, vías y tributación para la constitución de provisiones de fondos en los procesos judiciales; analizando, de manera específica, las responsabilidades en las que pueden incurrir los abogados y procuradores por la distracción de dichos fondos.