Fiscalización por el Tribunal de Cuentas de los convenios administrativos

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En cuanto a la fiscalización de los convenios administrativos el Art. 53 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre dispone que se remitirán electrónicamente al Tribunal de Cuentas (u órgano autonómico que corresponda) los convenios administrativos cuyos compromisos asumidos superen los 600.000 euros, así como las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, alteración de los importes de los compromisos económicos asumidos y la extinción de los convenios indicados. 

Culminando la nueva regulación que de los convenios administrativos hace la Ley 40/2015, de 1 de octubre (recuérdese que tomando en consideración, según se señala en el Preámbulo de la misma, el Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de noviembre, que recomendaba sistematizar su marco legal y tipología, establecer los requisitos para su validez, e imponer la obligación de remitirlos al propio Tribunal) el Art. 53 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, rotulado "Remisión de convenios al Tribunal de Cuentas" dispone lo siguiente acerca de su fiscalización:

  • Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda.
  • Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda, las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, alteración de los importes de los compromisos económicos asumidos y la extinción de los convenios indicados.
  • Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades del Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes órganos de fiscalización externos de las Comunidades Autónomas, para reclamar cuantos datos, documentos y antecedentes estime pertinentes con relación a los contratos de cualquier naturaleza y cuantía.

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