Fraude por existencia de falso autónomo: A quién beneficia, magnitud y cómo enfrentarse a él

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 22/03/2019

¿A quién beneficia el fraude?

La escena podría ser tan simple como la siguiente: el interesado, angustiado por encontrar un trabajo, solicita empleo de un empresario; se le ofrece la alternativa de seguir desempleado o darse de alta en el RETA como trabajador por cuenta propia, pero pasando a servir bajo la dependencia del empleador; si accede a esta sugerencia pasa a prestar servicios por cuenta ajena, pero sin causar alta en el Régimen General de la SS.

El resultado es por demás beneficioso para el empresario que facilita empleo: se libera de cotizar al Régimen General de la SS, con el consiguiente recorte en los gastos de personal, y queda totalmente liberado de cualquier responsabilidad patrimonial por la rescisión del supuesto contrato de autónomos, bastando simplemente la denuncia del supuesto contrato civil para terminar con cualquier tipo de relación.

Sin embargo, la suerte del trabajador no es la misma. Las ventajas que representa el fraude para el otro contratante se traducen en claras desventajas para el trabajador y, además de soportar la totalidad del costo de la cotización a la SS, la cobertura que ofrece el Régimen General de la SS para hacer frente a las contingencias es sensiblemente inferior a la previstas en el RETA. 

Pero los efectos del fraude no solamente perjudican al trabajador mediante una clara precarización de las relaciones laborales al quedar desprovistos de protección social, implicando igualmente competencia desleal para las empresas que cumplen con sus obligaciones legales, y un fraude a la Seguridad Social, al eludir la cotización correspondiente.

Magnitud estimada del fraude.

El sector del trabajo autónomo es un factor de relevante importancia en la economía española; las pequeñas y medianas empresa representan más del 90% de los agentes que ofrecen empleo. Según los datos facilitados por la estadística, en lo que puedan tener de fiables, se supone que son cerca de tres millones de trabajadores autónomos los que operan en nuestro mercado, y que dan trabajo a unos cien mil trabajadores, representando el 19% de la población ocupada. El número de los falsos autónomos se sitúa en torno a los 160.000.

Como era de esperar, los Gobiernos no han pasado por alto este grave problema, conscientes del influjo que ejerce sobre el empleo. Progresivamente se ha ido potenciando este tipo de actividad y se ha excitado el celo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para que ejerza una vigilancia sobre estos colectivos que están, cuando menos, al borde de la ilegalidad. En el título V de la Ley 20/2017 se enumeran hasta nueve políticas de fomento del trabajo autónomo.

La Inspección de Trabajo ha detectado más de 5000 falsos autónomos. Los sectores en los que se manifiesta el fraude son la construcción, aunque últimamente va disminuyendo, la sanidad, las industrias cárnicas y las empresas de multiservicios.

En esa línea de favorecer el trabajo autónomo o el autoempleo, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo se ha situado en favor de una Agencia Europea para la economía colaborativa y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

El movimiento asociacionista de los trabajadores autónomos se ha potenciado últimamente a través de asociaciones como ATA, UPTA, UATAE y CEAT. El artículo 3.1 de la LOLS establece que los TA que no tengan trabajadores a su servicio podrán afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas con arreglo a lo dispuesto en la propia Ley, pero no fundar sindicatos que tengan precisamente por objeto la tutela de sus intereses singulares, sin perjuicio de su capacidad para constituir asociaciones al amparo de la legislación específica.  

No deja de causar extrañeza esta regla de la LOLS que impide a los TA fundar sindicatos para la tutela de sus derechos e intereses singulares, porque entraña riesgos admitir a los sindicatos de trabajadores como únicos interlocutores de los TA, aunque carezcan de trabajadores a su servicio; al fin y al cabo, son trabajadores.     

¿Cómo enfrentarse al fraude?

La existencia de los denominados falsos autónomos no es exclusiva de un determinado sector de actividad, la presencia que tiene en las nuevas formas de organización social, así como en los nuevos negocios creados a través de plataformas digitales es significativa. A pesar de difuminar ciertas notas de la relación laboral ello no impide su calificación como tal.

Si el favorecido con el fraude es el empresario “cliente”, el trabajador como parte perjudicada puede promover los medios necesarios para poner fin a la situación, y puede hacerlo de los distintos medios que el ordenamiento pone a su disposición, como puede ser la presentación de una denuncia ante la Inspección de Trabajo y SS, con lo que se abrirá el correspondiente expediente sancionador, o también presentando la correspondiente demanda ante los órganos de la jurisdicción social, que puede ser materia de una demanda principal con tal pretensión, o bien denunciando el fraude en un procedimiento por despido, con el fin de que el Juez declare cuál es la verdadera naturaleza de la relación existente entre las partes, porque es de toda evidencia que la empresa lo que busca es el despido libre.

Además, existe un Plan estratégico previsto para ser aplicado en el período 2018-2020, encaminado a combatir las situaciones de los falsos TA.

Últimas medidas para garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social (Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020, RD 997/2018, de 3 de agosto y RD-ley 28/2018, de 28 de diciembre)

Entre las nuevas medidas impulsadas para la lucha contra los falsos autónomos destacan:

a) El Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, se centra especialmente en la persecución de aquellas empresas que utilicen de manera fraudulenta la figura del falso autónomo, o del TRADE, así como las "falsas cooperativas", para ello se ha establecido:

- Campañas de inspección con perspectiva de género en esta materia, priorizando las actuaciones en los sectores más afectados por el fenómeno de los falsos autónomos. 

- Intensificar las relaciones y la coordinación con la Tesorería General de la Seguridad Social y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, así como con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para tener información que permita la identificación de las empresas que cuentan con falsos autónomos.

- Mejora de los medios técnicos usados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para que sus inspectores puedan identificar a los sujetos intervinientes en la plataformas digitales y comercio electrónico más fácil y rápidamente

b) Con efectos de 5 de agosto de 2018, será preceptivo -hasta la fecha eran potestativos- Informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para resolver las solicitudes de baja que se formulen tras haberse practicado altas de oficio, respecto a los mismos trabajadores a instancia de la propia Inspección. Asimismo, las bajas y variaciones de datos formuladas por las empresas o trabajadores no producirán efectos -ni, por lo tanto extinguirán la obligación de cotizar- cuando afecten a los periodos de tiempo comprendidos en las actas de la ITSS, que motivaron la tramitación del alta y variación de datos de oficio, por parte de la TGSS, respecto a los mismos trabajadores.

Con la modificación normativa realizada en el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, las empresas no podrán utilizar el sistema RED de la Seguridad Social para dar de baja a los trabajadores que anteriormente habían sido inscritos de oficio como trabajadores por cuenta ajena por indicación de la Inspección de Trabajo (Art. 31.3 y 35.7 Real Decreto 84/1996, de 26 de enero).

c) Con efectos del 1 de enero de 2019, se ha procedido a la modificación de los arts. 22.16 y 40.1.e).1 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social, incluyen como infracción grave «16. Comunicar la baja en un régimen de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena pese a que continúen la misma actividad laboral o mantengan idéntica prestación de servicios, sirviéndose de un alta indebida en un régimen de trabajadores por cuenta propia.». A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados

Esta infracción se sancionará con multa: en su grado mínimo, de 3.126 a 6.250 euros; en su grado medio, de 6.251 a 8.000 euros y, en su grado máximo, de 8.001 a 10.000 euros.

Ver: Opciones para denunciar la situación de prestación de servicios como falsoautónomo

 

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