Impugnación

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 25/05/2020

3.1. Impugnación de la resolución: recurso de alzada.

El art. 23 RGPSL, regula el recurso ordinario o de alzada contra las resoluciones que terminan el procedimiento sancionador.

Se podrá interponer recurso ordinario en el plazo de un mes ante el órgano superior competente por razón de la materia (1), cuya resolución agotará la vía administrativa, fundado en motivos de nulidad o anulidad (2)

Del mismo modo, contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad citados. (3)

Las resoluciones dictadas por los Directores generales competentes por razón de la cuantía que no pongan fin a la vía administrativa y las dictadas por el Secretario de Estado de la Seguridad Social, podrán ser objeto de recurso ordinario ante el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Las resoluciones del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y del Consejo de Ministros agotan la vía administrativa.

En el ámbito de competencia de las Comunidades Autónomas corresponderá a éstas la determinación de los órganos competentes para la resolución del recurso ordinario.

El recurso ordinario se regirá por lo establecido por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en lo no regulado por el analizado art. 23 RGPSL

Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso ordinario sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado y quedará expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

3.2. Generalidades del recurso de alzada

Los arts 121-122 Ley 39/2015, de 1 de octubre, se ocupan del recurso de alzada y lo hacen en los siguientes términos:

  • Las resoluciones y actos a que se refiere el apdo. 1 del art. 112 Ley 39/2015, de 1 de octubrecuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.
  • El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. 
  • Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.
  • El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior. 
  • El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
  • Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
  • El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el tercer párrafo del art. 24.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre.
  • Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículoart. 125.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Jurisprudencia

Sentencia del TS, de fecha 24 de octubre de 2019, nº 1446/2019,  núm. 1446/2019, rec. 187/2018 

“Se fundamenta el acuerdo recurrido que el acuerdo fue notificado al interno el día 26 de octubre y que, desde el centro penitenciario de Navalcarnero, presentó su alzada el día 2 de diciembre siguiente y, por ello, dice, fuera claramente del plazo establecido (...).TERCERO.-Procede en consecuencia estimar el recurso y, al no formular el recurrente otras pretensiones que las de su queja a que se inadmita por extemporáneo un recurso que no le fue notificado en forma, procede retrotraer las actuaciones en vía administrativa para que la Comisión Permanente del CGPJ se pronuncie correctamente sobre el fondo del recurso de alzada presentado por el interno, única forma de lograr que el recurrente pueda formular las pretensiones que entienda oportunas contra la nueva resolución.”

Sentencia del TSJ de Extremadura, de fecha de 23 de julio de 2019, núm. 273/2019,  rec. 612/2018 

“Frente a la resolución expresa del titular de la Dirección General de Agricultura y Ganadería que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la misma Dirección General o ante el titular de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en los plazos y términos recogidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime oportuno(...)”.

Sentencia del TSJ de Comunidad Valenciana, de fecha 6 de marzo de 2019, núm. 137/2019, rec. 30/2017 

“CUARTO.- Frente a la conclusión anterior opone la demandante en su escrito de conclusiones, tal como ha sido antes reseñado, que la administración autonómica debió advertirle al notificarle el acuerdo de 16 de diciembre de 2016 de que la no interposición del recurso de alzada contra el mismo conllevaría como consecuencia la ulterior inadmisión del recurso contencioso-administrativo.Esa argumentación ha de ser rechazada. En el pie de recurso de la notificación de aquel acuerdo autonómico se indicaba a la interesada que 'Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Secretario Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3 del Decreto 8/2016, de 5 de febrero, del Consell , por el que se aprueba el Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat, en relación con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas '. La notificación se ajustó, por consiguiente, a las exigencias del art. 40.2 de la Ley 39/2015 -'Toda notificación... deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente'-.”  

Sentencia del TSJ de Castilla la-Mancha, de fecha 4 de marzo de 2019, núm. 49/2019, rec. 310/2017 

“Finalmente, estima la Sala que ha de ser igualmente desestimada la causa de inadmisibilidad opuesta al amparo del artículo 69.c) de la LJCA , en relación con su artículo 25, y el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , referente a la falta de agotamiento de la vía administrativa previa, y ello por las razones que se expusieron con ocasión del análisis de la primera causa de inadmisibilidad tratada en las líneas que preceden”.

Sentencia del TSJ de Extremadura, de fecha 16 de mayo de 2019, núm. 165/2019, rec. 600/2018 

“Frente a la resolución expresa del titular de la Dirección General de Agricultura y Ganadería que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la misma Dirección General o ante el titular de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en los plazos y términos recogidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime oportuno.”

Sentencia del TSJ de Pais Vasco, de fecha 5 de febrero de 2019, núm. 66/2019, rec. 530/2018 

“Pues bien, planteada la cuestión en los anteriores términos, ha de advertirse que la resolución de 11 de enero de 2017 de la Jefa de la Oficina de Extranjeros, expresa que no pone fin a la vía administrativa, por lo que puede interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación de la presente resolución, ante el Subdelegado del Gobierno en Bizkaia y a tal efecto el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridas en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó y el artículo 122 del citado texto legal , que el plazo concedido para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso.
(...)En el supuesto contemplado, la resolución denegatoria que no pone fin a la vía administrativa fue notificada el 17-1-2017, en la dirección indicada por el recurrente en su solicitud (folio 25 E/A) y el recurso de alzada fue formulado extemporáneamente el 31-3-2017 (folio 27 E/A), por lo que ningún reproche jurídico merece la resolución impugnada y procede desestimar el recurso, al haber devenido la resolución originaria firme y consentida dado que el recurso de alzada se ha interpuesto fuera del plazo establecido legalmente, no procediendo entrar a conocer del fondo del asunto planteado".

Sentencia del TSJ de Madrid, de fecha 20 de noviembre de 2018, núm. 887/2018, rec. 1141/2017 

“El plazo máximo de resolución será de veinte días desde la presentación electrónica de la solicitud en el órgano competente para su tramitación. Si no se resuelve en dicho plazo, la autorización se entenderá estimada por silencio administrativo. Las resoluciones serán motivadas y podrán ser objeto de recurso de alzada, de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas “.

Sentencia del TSJ de Andalucía, de fecha 13 de septiembre de 2018, núm.774/2018, rec. 344/2017 

“Pues bién, como expone esta última resolución la misma no agotaba la vía administrativa, toda vez que frente a ella cabía interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde su notificación de acuerdo con lo prevenido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.Esto es, la desestimación inicial de la petición formulada por la actora, ya presunta (que es la impugnada judicialmente) ya expresa (la de junio de 2017, en este caso parcial), no agotaba la vía administrativa, toda vez que contra esa desestimación cabía formular recurso administrativo de alzada; de manera que es una vez deducido éste, y de ser su decisión contraria a los intereses de la interesada, es cuando ésta podría accionar frente a la misma en sede judicial mediante la interposición del recurso contencioso-administrativo, pues de acuerdo con el artículo 25.1 LJCA éste sólo resulta admisible frente a los actos que pongan fin a la vía administrativa.No lo hizo así, y ello debe abocar indefectiblemente a declarar la inadmisibilidad del recurso; sin que resulte por lo demás procedente pronunciamiento alguno en torno a la alegada impertinencia de las obligaciones económicas reclamadas por la TGSS, pues ésta tiene por presupuesto el alta indebida de la actora en el RETA con fecha de efectos de 30 de abril de 2009, cuestión ésta respecto de la que -reiteramos- no se ha agotado la vía administrativa tras el pronunciamiento desestimatorio de la TGSS sobre el particular.”

Sentencia de la AN, de fecha 11 de mayo de 2018, rec. 287/2015 

“PRIMERO.- La recurrente indicada interpuso el dia 23 de junio de 2016 ante esta Sala de lo contencioso-administrativo recurso contencioso-administrativo contra la Resolución dictada por el Ministerio de Fomento el dia 17 de abril de 2015 por la que se resuelve estimar el recurso de alzada impropio interpuesto por el Presidente del Ente Público Puertos del Estado contra el acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) de fecha 17 de diciembre de 2014, por el que se aprobó convocar un concurso para la adjudicación del contrato de gestión y explotación de la Plataforma de Comercio Electrónico de la APB (expediente RSC 3272014)”.

Sentencia de la AN, de fecha 4 de noviembre de 2019, rec. 250/2018 

“La AEAT tiene personalidad jurídica plena, como bien dice la actora, pero para el cumplimiento de sus objetivos se organiza en Delegaciones y Dependencias para la aplicación efectiva del sistema tributario. Y esa organización tiene su correspondiente delegación de facultades, de ahí que, en el caso que nos ocupa, quien puede interponer el recurso de alzada sea, conforme al art. 241 LGT , los Directores Generales del Ministerio de Economía y Hacienda y los Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en las materias de su competencia, así como los órganos equivalentes o asimilados de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía en materia de su competencia.Debe tenerse en cuenta que la personación en un proceso o en un procedimiento debe entenderse en sentido estricto, y el acto de comparecer formalmente en un juicio o en un procedimiento administrativo no puede eludirse con esas alegaciones generales de que la Administración es una persona jurídica única, porque desde la perspectiva que nos ocupa se necesita la personación de quien está legitimado que es el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria que no estaba personado ante el TEAR. Lo que nos conduce a comprender que esa falta de personación ante el TEAR permite que el recurso de alzada se desdoble en dos fases, una primera de interposición del recurso o de anuncio de interposición del recurso y otra de alegaciones(...)Del expediente administrativo surge que el 4 marzo 2015 se notifica el fallo del TEAR al Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y en fecha 20 marzo 2015 se remite el escrito de interposición del recurso de alzada ante el TEAC, por lo que no ha transcurrido el plazo de 1 mes previsto en el art. 241 LGT .”

 

 

(1) De acuerdo con la atribución de competencias sancionadoras del art. 4 RGPSL.

(2) Arts. 47 y 48 LPACAP.

(3) Art. 112.1 LPACAP.

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Fondo del asunto
Procedimiento sancionador
Actos de trámite
Indefensión o perjuicio irreparable
Interés legitimo
Competencia de las Comunidades Autónomas
Agotamiento de la vía administrativa
Causa de inadmisión
Responsable directo
Efectos del silencio administrativo
Centro penitenciario
Obras públicas
Órganos territoriales
Vía administrativa previa
Tesorería General de la Seguridad Social
Plazo máximo de resolución
Silencio administrativo
Tramitación telemática
Régimen especial de trabajadores autónomos
Inspección tributaria
Entes públicos
Consejo de administración
Puertos
Comercio electrónico
Personalidad jurídica
Estatutos de autonomía
Persona jurídica
Escrito de interposición
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