Impugnación de los acuerdos logrados en el período de consultas de un Expediente de Regulación de Empleo

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El Art. 15 ,Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, divide las acciones ante la jurisdicción social para la impugnación de los acuerdos logrados en período de consultas y conflictos surgidos de la aplicación de los mismos en: a) impugnación ante la jurisdicción social de los acuerdos y decisiones en materia de despidos colectivos; b) incumplimiento empresarial del pago de las indemnizaciones debidas por el despido o disconformidad respecto de su cuantía; c) incumplimiento de las obligación del plan de recolocación externa o de las medidas sociales de acompañamiento asumidas por el empresario

Ausencia de control por parte de la autoridad laboral

Las distintas reformas laborales ejecutadas han modificado varios extremos en el procedimiento de despido colectivo. Uno de los cambios más relevantes fue la ELIMINACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA AUTORIDAD LABORAL NECESARIA EN EL RÉGIMEN ANTERIOR PARA LLEVAR A CABO UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE).

Dado que este procedimiento en la regulación de empleo ya no existe en nuestro ordenamiento jurídico, el empresario que decida ejecutar un despido colectivo podrá hacerlo sin necesidad de autorización de la autoridad laboral, si bien deberá cumplir los requisitos previstos en el Art. 51 ,Estatuto de los Trabajadores (entre ellos entregar a la autoridad laboral una copia del escrito de inicio del periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores).

La función de la autoridad laboral se limita a velar por la efectividad del periodo de consultas pudiendo remitir advertencias y recomendaciones a las partes, pero sin facultad alguna de paralizar o suspender el procedimiento de despido colectivo. Si se llegara a un acuerdo, deberá comunicarse a la autoridad laboral. Y si, aun sin acuerdo, el empresario decide llevar a cabo el despido colectivo, informará de su decisión y de las condiciones del despido colectivo a la autoridad laboral.

Esa autoridad laboral podrá impugnar los acuerdos adoptados durante el periodo de consultas si estimase que concurrió fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, y podrá constatar la existencia de fuerza mayor como causa motivadora del despido colectivo.

Al margen de ello, la autoridad laboral no ejerce ningún tipo de control sobre las causas alegada para hacer efectivo el despido colectivo. Dicho control será llevado a cabo por jueces y tribunales de justicia.

Acciones ante la jurisdicción para la impugnación de los acuerdos logrados en período de consultas y conflictos surgidos de la aplicación de los mismos

El Art. 15 ,Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el nuevo REGLAMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO COLECTIVO Y DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y REDUCCIÓN DE JORNADA, divide las acciones ante la jurisdicción social en tres posibles supuestos:

IMPUGNACIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN SOCIAL DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES EN MATERIA DE DESPIDOS COLECTIVOS (LEY 36/2011, DE 10 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL).

El Art. 11 ,Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto y el posterior Art. 11 ,Ley 1/2014, de 28 de febrero, ha modificado la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, con efectos de 04/08/2013, en relación con la modalidad procesal del despido colectivo por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor, para que la impugnación colectiva asuma un mayor espacio. Se aclaran las causas de nulidad del despido colectivo para dotarlo de mayor seguridad jurídica y se permite que las sentencias que declaren nulo un despido colectivo sean directamente ejecutables, sin necesidad de acudir a procedimientos individuales.

La decisión empresarial podrá impugnarse por los representantes legales de los trabajadores (1) siguiendo el "Proceso de despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor"

1. La demanda podrá fundarse en los siguientes motivos (2):

  • a) Que no concurre la causa legal indicada en la comunicación escrita.
  • b) Que no se ha realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en el apdo. 2, Art. 51 ,Estatuto de los Trabajadores o no se ha respetado el procedimiento establecido en el apdo. 7, Art. 51 ,ET.
  • c) Que la decisión extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.
  • d) Que la decisión extintiva se ha efectuado vulnerando derechos fundamentales y libertades públicas.

2. Cuando la decisión extintiva no se haya impugnado por los representantes legales de los trabajadores o por la Autoridad Laboral (letra b Art. 148 ,LJS) de esta Ley, una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte días para el ejercicio de la acción por los representantes de los trabajadores, el empresario, en el plazo de veinte días desde la finalización del plazo anterior, podrá interponer demanda con la finalidad de que se declare ajustada a derecho su decisión extintiva. Estarán legitimados pasivamente los representantes legales de los trabajadores, y la sentencia que se dicte tendrá naturaleza declarativa y producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales en los términos del apartado 5 del artículo 160 de la LJSy. 

La presentación de la demanda por el empresario suspenderá el plazo de caducidad de la acción individual del despido (apdo. 3, Art. 124 ,LJS)

3. En caso de que el período de consultas regulado en el Art. 51 ,Estatuto de los Trabajadores hubiera finalizado con acuerdo, también deberá demandarse a los firmantes del mismo.

4. Para presentar la demanda no será necesario agotar ninguna de las formas de evitación del proceso (conciliación, mediación previa o reclamación previa).

5. La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de veinte días desde la fecha del acuerdo alcanzado en el período de consultas o de la notificación a los representantes de los trabajadores de la decisión empresarial de despido colectivo. (apdo. 6, Art. 124 ,LJS)

6. Si una vez iniciado el proceso por los representantes de los trabajadores se plantease demanda de oficio (letra b Art. 148 ,LJS), se suspenderá ésta hasta la resolución de aquél. En este supuesto, la autoridad laboral estará legitimada para ser parte en el proceso incoado por los representantes de los trabajadores o por el empresario. La sentencia, una vez firme, tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el proceso de oficio pendiente de resolución.

8. Este proceso tendrá carácter urgente. La preferencia en el despacho de estos asuntos será absoluta sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas. Contra las resoluciones de tramitación que se dicten no cabrá recurso, salvo el de declaración inicial de incompetencia.

7. Admitida a trámite la demanda, el secretario judicial dará traslado de la misma al empresario demandado y le requerirá para que en el plazo de cinco días presente, preferiblemente en soporte informático, la documentación y las actas del período de consultas y la comunicación a la autoridad laboral del resultado del mismo (3).

8. En la misma resolución de admisión a trámite, el secretario judicial señalará el día y la hora en que haya de tener lugar la celebración del acto del juicio, que deberá tener lugar en única convocatoria dentro de los quince días siguientes a la admisión a trámite de la demanda. En la citación se acordará de oficio el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días de antelación al acto de juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de la práctica de la prueba.

9. La sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes a la celebración del juicio y será recurrible en casación ordinaria.

Se declarará ajustada a derecho la decisión extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido lo previsto en los Art. 51 ,Estatuto de los Trabajadores, acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida.

La sentencia declarará no ajustada a Derecho la decisión extintiva cuando el empresario no haya acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación extintiva.

La sentencia declarará nula la decisión extintiva únicamente cuando el empresario no haya realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en el apdo. 2, Art. 51 ,Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el apdo. 7, Art. 51 ,ET u obtenido la autorización judicial del juez del concurso en los supuestos en que esté legalmente prevista, así como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas. En este supuesto la sentencia declarará el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del Art. 123 ,LJS.

10. Una vez firme la sentencia, se notificará a quienes hubieran sido parte y a los trabajadores que pudieran resultar afectados por el despido colectivo que hubiesen puesto en conocimiento del órgano judicial un domicilio a efectos de notificaciones. La sentencia firme se notificará para su conocimiento a la autoridad laboral, la entidad gestora de la prestación por desempleo y la Administración de la Seguridad Social cuando no hubieran sido parte en el proceso.

Impugnación individual de la extinción del contrato de trabajo en el marco de un despido colectivo

El trabajador individualmente afectado por el despido podrá impugnar el mismo a través del procedimiento previsto para la extinción del contrato por causas objetivas (Art. 120-123 ,LJS), con las siguientes especialidades:

  • a) Cuando el despido colectivo no haya sido impugnado a través del procedimiento regulado en los apartados anteriores para el despido colectivo, serán de aplicación al proceso individual de despido las siguientes reglas específicas:
  1. El plazo para la impugnación individual dará comienzo una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte días para el ejercicio de la acción por los representantes de los trabajadores.
  2. Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, éstos también deberán ser demandados.
  3. El despido será nulo por los siguientes motivos (apdo. 2, Art. 122 ,LJS):
  • 3.a) Cuando resulte discriminatorio o contraria a los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.
  • 3.b) Cuando se haya efectuado en fraude de ley eludiendo las normas establecidas por los despidos colectivos (último párrafo del apdo. 1, Art. 51 ,Estatuto de los Trabajadores).
  • 3.c) La de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apdo. 1, Art. 45 ,Estatuto de los Trabajadores, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho período.
  • 3.d) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra c), y la de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del Art. 37 ,Estatuto de los Trabajadores, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el 46.3 ,ET; y la de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.
  • 3.e) La de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo
  • 3.f) Cuando el empresario no haya realizado el periodo de consultas o entregado la documentación prevista en el apdo. 2, Art. 51 ,Estatuto de los Trabajadores
  • 3.g) Cuando el empresario no haya respetado el procedimiento establecido en el apdo. 7, Art. 51 ,ET
  • 3.h) Cuando no se hubiese obtenido la autorización judicial del juez del concurso, en los supuestos en que esté legalmente prevista.
  • También será nula la extinción del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectará a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.
  • b) Cuando el despido colectivo haya sido impugnadoa través del procedimiento regulado en los apartados anteriores para el despido colectivo, serán de aplicación las siguientes reglas:
  1. El plazo de caducidad para la impugnación individual comenzará a computar desde la firmeza de la sentencia dictada en el proceso colectivo, o, en su caso, desde la conciliación judicial.
  2. La sentencia firme o el acuerdo de conciliación judicial tendrán eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales, por lo que el objeto de dichos procesos quedará limitado a aquellas cuestiones de carácter individual que no hayan sido objeto de la demanda formulada a través del proceso regulado en los apartados anteriores.
  3. Será nula la extinción del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectará a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.

INCUMPLIMIENTO EMPRESARIAL DEL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES DEBIDAS POR EL DESPIDO O DISCONFORMIDAD RESPECTO DE SU CUANTÍA

En caso de incumplimiento empresarial del pago de las indemnizaciones debidas por el despido o si existiese disconformidad respecto de su cuantía, el trabajador podrá, de acuerdo con lo dispuesto en el aprt. g) del apdo. 4, Art. 4 ,Estatuto de los Trabajadores, demandar ante el Juzgado de lo Social competente el pago de la misma o, en su caso, el abono de las diferencias que a su juicio pudieran existir.

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIÓN DEL PLAN DE RECOLOCACIÓN EXTERNA O DE LAS MEDIDAS SOCIALES DE ACOMPAÑAMIENTO ASUMIDAS POR EL EMPRESARIO

El aprt. 10 del Art. 51 ,ET, establece la obligación para la empresa que lleve a cabo un despido colectivo de más de cincuenta trabajadores a ofrecer a los trabajadores afectados un plan de recolocación externa a través de empresas de recolocación autorizadas. Dicho plan, diseñado para un periodo mínimo de seis meses, deberá incluir medidas de formación y orientación profesional, atención personalizada al trabajador afectado y búsqueda activa de empleo. En todo caso, lo anterior no será de aplicación en las empresas que se hubieran sometido a un procedimiento concursal. El coste de la elaboración e implantación de dicho plan no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores (4).

El incumplimiento de la obligación establecida sobre el plan de recolocación externa, así como de las medidas sociales de acompañamiento asumidas por el empresario, podrá dar lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el apdo. 2 g) del Art. 4 ,Estatuto de los Trabajadores, a la reclamación de su cumplimiento por parte de los trabajadores ante la jurisdicción social, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que procedan.

(1) Cuando la impugnación sea formulada por los representantes sindicales, éstos deberán tener implantación suficiente en el ámbito del despido colectivo.

(2) En ningún caso podrán ser objeto de este proceso las pretensiones relativas a la inaplicación de las reglas de prioridad de permanencia previstas legal o convencionalmente o establecidas en el acuerdo adoptado en el período de consultas. Tales pretensiones se plantearán a través del procedimiento individual.

(3) En ese mismo requerimiento, el secretario judicial ordenará al empresario que, en el plazo de cinco días, notifique a los trabajadores que pudieran resultar afectados por el despido colectivo la existencia del proceso planteado por los representantes de los trabajadores, para que en el plazo de quince días comuniquen al órgano judicial un domicilio a efectos de notificación de la sentencia.
En caso de negativa injustificada del empresario a remitir estos documentos o a informar a los trabajadores que pudieran resultar afectados, el secretario judicial reiterará por la vía urgente su inmediata remisión en el plazo de tres días, con apercibimiento de que de no cumplirse en plazo este segundo requerimiento se impondrán las medidas a las que se refiere el apartado 5 del Art. 75 ,LJS, y se podrán tener por ciertos a los efectos del juicio posterior los hechos que pretende acreditar la parte demandante.
Al admitirse la demanda, el secretario judicial acordará recabar de la Autoridad Laboral copia del expediente administrativo relativo al despido colectivo.

(4) Se tipifica como falta muy grave el incumplimiento por el empresario de la obligación establecida en el aprt. 10 del Art. 51 ,ET (el ofrecimiento empresarial de un plan de recolocación externa al que se acaba de hacer referencia) o de las medidas sociales de acompañamiento asumidas por el empresario en el marco de los procedimientos de despido colectivo.

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Despido colectivo
Autoridad laboral
Período de consultas
Finalización del período de consultas
Expediente de regulación de empleo
Representación de los trabajadores
Plazo de caducidad
Fuerza mayor
Dolo
Coacciones
Fraude
Abuso de derecho
Indemnización debida
Incumplimiento empresarial
Reforma laboral
Iniciación del período de consultas
Despido nulo
Extinción del contrato
Acogimiento
Reducción de jornada laboral
Lactancia natural
Acción individual
Juez del concurso
Caducidad de la acción
Autorización judicial
Proceso de despidos colectivos
Tutela
Acta del período de consultas
Maternidad a efectos laborales
Sentencia firme
Paternidad
Prueba documental
Suspensión del contrato de trabajo
Práctica de la prueba
Maternidad
Fraude de ley
Extinción del contrato de trabajo
Prestación por desempleo
Riesgo durante la lactancia
Riesgo durante el embarazo