Proceso especial laboral de impugnación de laudos en materia electoral previstos en el artículo 76 del Estatuto de los Trabajadores

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Las impugnaciones en materia electoral se tramitarán conforme al procedimiento arbitral regulado en el Art. 76 ,Estatuto de los Trabajadores (con excepción de las denegaciones de inscripción, cuyas reclamaciones podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social); una vez que el árbitro dictará laudo, escrito y razonado, resolviendo, éste podrá impugnarse ante el orden jurisdiccional social a través de la modalidad procesal regulada en los Art. 127-132 ,LJS.

Impugnación de laudos

Los litigios electorales se resuelven, tal y como se ha dicho, a través del arbitraje, que tiene por objeto resolver las impugnaciones relativas al proceso electoral en su conjunto.

La imposición de este arbitraje obligatorio ha suscitado bastantes dudas en cuanto a su constitucionalidad, que solamente se salva mediante el establecimiento de una amplia vía de impugnación judicial del laudo, incluyendo la posibilidad de revisar en ella la aplicación del derecho realizada por los árbitros, a diferencia de lo que ocurre con el arbitraje propio.

Dicha finalidad revisora se cumple a través de lo preceptuado en los Art. 127 ,LJS a Art. 132 ,LJS.

A este respecto, dispone el apdos. 2, Art. 127 ,LJS que “se someterán a dicho arbitraje todas las impugnaciones relativas al proceso electoral desde la promoción de las elecciones, incluida la validez de la comunicación a la oficina pública del propósito de celebrar las mismas, así como todas las actuaciones electorales previas y posteriores a la constitución de la Mesa Electoral y las decisiones de ésta, y la atribución de los resultados, hasta la entrada de las actas en la oficina pública dependiente de la autoridad administrativa o laboral”.

Según establece el Art. 76 ,ET “todos los que tengan interés legítimo, incluida la empresa cuando en ella concurra dicho interés, podrán impugnar la elección, las decisiones que adopte la Mesa, así como cualquier otra actuación de la misma a lo largo del proceso electoral, fundándose para ello en la existencia de vicios graves que pudieran afectar a las garantías del proceso electoral y que alteren su resultado, en la falta de capacidad o legitimidad de los candidatos elegidos, en la discordancia entre el acta y el desarrollo del proceso electoral y en la falta de correlación entre el número de trabajadores que figuran en el acta de elecciones y el número de representantes elegidos”.

Y de acuerdo con ello, el Art. 128 ,LJS advierte que la demanda solamente podrá fundarse en alguna de las siguientes causas:

  • a. Indebida apreciación o no apreciación de cualquiera de las causas contempladas en el apartado 2 del Art. 76 ,Estatuto de los Trabajadores, siempre que la misma haya sido alegada por el promotor en el curso del arbitraje.
  • b. Haber resuelto el laudo aspectos no sometidos al arbitraje o que, de haberlo sido, no puedan ser objeto del mismo. En estos casos la anulación afectará sólo a los aspectos no sometidos a decisión o no susceptibles de arbitraje, siempre que los mismos tengan sustantividad propia y no aparezcan indisolublemente unidos a la cuestión principal.
  • c. Promover el arbitraje fuera de los plazos estipulados en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
  • d. No haber concedido el árbitro a las partes la oportunidad de ser oídas o de presentar pruebas.

El órgano judicial ante el que debe plantearse la demanda será el Juzgado de lo social competente territorialmente, aunque la ley guarde silencio en relación con este particular.

En cuanto a la legitimación activa para plantear la demanda, la tendrán las mismas personas que están legitimadas para instar el previo procedimiento arbitral, esto es, aquellos que tengan un interés legítimo, entre los que el 76.2 ,ET incluye a la empresa cuando en ella concurra dicho interés (apdo. 3, Art. 127 ,LJS).

Legitimados pasivamente están las personas y sindicatos que fueron parte en el procedimiento arbitral así como cualesquiera otros afectados por el laudo objeto de impugnación.

No obstante, tal y como dispone el apdo. 2, Art. 129 ,LJS, “en ningún caso tendrán la consideración de demandados los comités de empresa, los delegados de personal, o la mesa electoral”.

En estos procedimientos pueden además comparecer como parte, cuando tengan un interés legitimo, os sindicatos, el empresario y los componentes de candidaturas no presentadas por sindicatos (Art. 131 ,LJS) a las correspondientes elecciones, esto es, los miembros de las denominadas candidaturas independientes o de “no afiliados”, que pueden concurrir a dichas elecciones en virtud de lo establecido en el apdo. 3, Art. 69 ,ET.

Cuando examinada la demanda, el secretario judicial estima que puede no haber sido dirigida contra todos los afectados, citará a las partes para que comparezcan ante el órgano judicial, dentro del día siguiente, a una audiencia preliminar en la que éste, oyendo a las partes sobre la posible situación de litisconsorcio pasivo necesario, resolverá sobre la misma en el acto (Art. 130 ,LJS).

Otras especialidades

  • El plazo para plantear la demanda es de tres días contados desde que el demandante o demandantes tuvieran conocimiento del laudo que impugnan (apdo. 2, Art. 127 ,LJS).
  • No se exige conciliación o mediación  previas (apdo. 1, Art. 64 ,LJS)
  • La acción que se ejercita no se puede acumular a ninguna otra, tal y como establece el apdo. 1, Art. 26 ,LJS.
  • Cuando admita la demanda, el Secretario Judicial debe ordenar que se solicite de la oficina pública correspondiente el envío, en el plazo de un día, del texto del laudo arbitral, así como copia del expediente administrativo referente al proceso electoral.
  • Se trata de un proceso urgente, según el Art. 132 ,LJS y el acto del juicio habrá de celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda.
  • La sustanciación del proceso no suspende la tramitación del proceso electoral, salvo que el juez lo acuerde de forma motivada, a petición de las partes y en la forma establecida en el Art. 180 ,LJS para las medidas cautelares en los procesos de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.
  • La sentencia, contra la que no cabe recurso, debe dictarse dentro de los tres días siguientes a la celebracion del acto del juicio, debiendo notificarse a las partes y a la oficina pública que recibió la notificación del laudo arbitral.

 

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Arbitraje
Interés legitimo
Proceso en materia electoral
Constitucionalidad
Sindicatos
Falta de capacidad
Legitimación activa
Comité de empresa
Delegado de personal
Litisconsorcio pasivo necesario
Laudo arbitral
Admisión de la demanda
Tutela