Las indemnizaciones por ocupación temporal y otros daños en la expropiación forzosa

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 11/01/2022

La regulación de las indemnizaciones por ocupación temporal y otros daños se encuentra en los artículos 120-121 de la LEF, aunque buena parte de la misma debe remitirse a todo lo relacionado con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y, en consecuencia, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre y la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

La ocupación temporal y su indemnización

La ocupación temporal es una expropiación que tiene una duración determinada, tras la cual los bienes o derechos han de ser devueltos a sus propietarios en el estado en que estaban antes de la ocupación, dando derecho a una indemnización. 

Las indemnizaciones por ocupación temporal y otros daños se regulan en el título IV de la Ley de Expropiación Forzosa en dos capítulos distintos: 

  • Capítulo I, dedicado a la indemnización por ocupaciones temporales (artículos 108 a 119 de la LEF, y artículos 125 a 132 del REF).
  • Capítulo II, dedicado a la indemnización por otros daños (artículos 120 a 123 de la LEF).

La LEF regula en su art. 108 aquellos supuestos en los que es posible que se lleve a cabo una ocupación temporal, disponiendo que la Administración, así como las personas o entidades que se hubieran subrogado en sus derechos, podrán ocupar temporalmente los terrenos propiedad del particular en los casos siguientes:  

«1. Con objeto de llevar a cabo estudios o practicar operaciones facultativas de corta duración, para recoger datos para la formación del proyecto o para el replanteo de una obra.

2. Para establecer estaciones y caminos provisionales, talleres, almacenes, depósitos de materiales y cualesquiera otros más que requieran las obras previamente declaradas de utilidad pública, así por lo que se refiere a su construcción como a su reparación o conservación ordinarias.

3. Para la extracción de materiales de toda clase necesarios para la ejecución de dichas obras, que se hallen diseminados por la propiedad, o hayan de ser objeto de una explotación formalmente organizada.

4. Cuando por causa de interés social, y dándose los requisitos señalados en el artículo setenta y dos, la Administración estime conveniente, no haciéndolo por sí el propietario, la realización por su cuenta de los trabajos necesarios para que la propiedad cumpla con las exigencias sociales de que se trate».

El Tribunal Supremo analiza en la sentencia, rec. 6448/2011, de 20 de octubre de 2014, ECLI:ES:TS:2014:4404 las ocupaciones temporales insistiendo en que, al igual que en las expropiaciones definitivas, debe intentarse lesionar lo menos posible el derecho de propiedad de los particulares, considerando que una ocupación temporal es menos gravosa que una expropiación definitiva:

«(...) en toda expropiación forzosa los terrenos que pretende ocupar han de ser los estrictamente necesarios para el emplazamiento de los trabajos, instalaciones y servicios y las previsibles ampliaciones, según dispone el art. 15 de la LEF, con el mínimo sacrificio posible de la propiedad privada valorando si existe o no otra medida menos lesiva para la consecución de tal fin con igual eficacia y dentro de las posibilidades que ofrece la LEF utilizando el menos gravoso para el propietario, sin que quepa duda que la ocupación temporal de los bienes es, en principio, una medida menos gravosa que la privación definitiva de la titularidad de los terrenos». También analiza la sentencia el hecho de que la Administración no puede elegir discrecionalmente entre hacer una expropiación definitiva o una ocupación temporal, sino que debe ceñirse a los supuestos que establece la ley: «La segunda precisión es que la Administración no puede utilizar de forma discrecional la potestad expropiatoria o la ocupación temporal sino que debe aplicar una u otra potestad en función de cada uno de los supuestos de hecho que la Ley establece y en función de las actuaciones que se persiguen —previsiones que para la ocupación temporal están contenidas en los art. 108.1, 110, 111, 116 y 118 de la LEF—, o si por la naturaleza de las obras proyectadas o por las limitaciones que se impongan debe acudir a la expropiación forzosa de los terrenos. Sin olvidar que la ocupación temporal solo es posible para actuaciones que permitan reponer el terreno a su estado anterior, tanto material como jurídicamente (art. 115 de la LEF)».

La LEF recoge una excepción a la posibilidad de ocupación temporal en su artículo 109, disponiendo que las viviendas quedan exceptuadas de la ocupación temporal e imposición de servidumbres. En los casos en que su franqueamiento pueda ser de necesidad para los fines aludidos en el artículo anterior, deberá obtenerse el permiso expreso de su morador.

Con relación a las tasaciones en las ocupaciones temporales, el art. 115 de la LEF recoge que se referirán siempre a la apreciación de los rendimientos que el propietario hubiere dejado de percibir por las rentas vencidas durante la ocupación, agregando, además, los perjuicios causados en la finca, o los gastos que suponga restituirla a su primitivo estado. Nunca deberá alcanzar la tasación de una ocupación el valor de la finca, y la Administración, en los casos en que le parezca excesiva, podrá pedir la valoración de la expropiación pura y simple por los procedimientos que esta ley determina, y optar por ella siempre que su importe no exceda de una mitad de la de los daños y perjuicios causados.

Es decir, para realizar la valoración hay que atender a:

  • Las ganancias que el propietario deje de percibir durante la ocupación temporal.
  • Los perjuicios causados en la finca o los gastos de reponerla a su estado original.

Jurisprudencialmente, se ha establecido un criterio de valoración de las ocupaciones temporales que consiste en aplicar un porcentaje del 10%, es decir, se multiplicaría el n.º de metros por el valor del suelo, y se le aplicaría el citado porcentaje del 10%. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo, rec. 9942/2004, de 19 de febrero de 2008, ECLI:ES:TS:2008:640 recoge lo siguiente:

«Por otra parte, y por lo que respecta al porcentaje a aplicar respecto de la cantidad en la que se ha valorado el suelo a efectos de determinar la indemnización por la ocupación temporal, que la parte actora cifra en un 50% frente al 10% del Jurado, es de resaltar que se trata de un porcentaje que se determina en función de lo que el titular de la finca ha dejado de obtener o ganar por la ocupación temporal, con independencia de los daños y perjuicios que pudiesen serle también indemnizados al amparo del art. 115LEF y en ese sentido la STS, Sala 3ª, Sec. 6ª, de 26 de abril de 1993, determinó como razonable el porcentaje aplicado por el Jurado del 10% sin perjuicio de que por la parte actora se pudiese acreditar, para destruir la presunción de veracidad de los Acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, otro porcentaje diferente, lo cual en el presente recurso no ha sucedido, ya que lo único que hace el Perito de Sala, a instancias de la parte actora y como aclaración a su informe, es determinar que los perjuicios de retirar la tierra que ha quedado en la superficie de la finca como consecuencia de las obras serán de un 33,37% y esos perjuicios, que es otro concepto diferente y también comprendido en el art. 115LEF, tal como se ha señalado más arriba no fueron reclamados en la demanda, con lo que no se pueden reclamar ahora por vía de conclusiones como hace la parte actora y en concepto de indemnización por la ocupación temporal. De ahí que no habiéndose acreditado por la prueba pericial que lo dejado de ganar sea superior a un 10% del valor de la superficie ocupada, y entendiéndose por la Sala como razonable dicho porcentaje por los benéficos dejados de obtener por la ocupación temporal, deba estarse a la valoración efectuada por el Jurado».

Este mismo criterio sigue, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía n.º 2282/2017, de 20 de noviembre, ECLI:ES:TSJAND:2017:15352, al establecer que «es comúnmente aceptado que la metodología para calcular el valor de la indemnización por ocupación temporal pasa por fijar un 10% del valor del suelo ocupado, multiplicado por el número de años que ha durado la ocupación. De ahí que la Sala entienda que debe calcularse así siempre que no sobrepase el valor solicitado por el propietario en su hoja de aprecio».

CUESTIÓN

¿Cuál es el dies a quo para reclamar una indemnización por los daños que produzca una ocupación temporal?

La STS, rec. 1344/2002, de 20 de junio de 2006, ECLI:ES:TS:2006:3696 casa la sentencia recurrida y, distinguiendo entre daños permanentes y daños continuados, concluye que el dies a quo para reclamar comienza cuando cesan los efectos, y lo hace mediante el siguiente análisis:

«A tal efecto, como se indica en la sentencia de 11 de mayo de 2004, la jurisprudencia ha distinguido entre daños permanentes y daños continuados, entre otras, las siguientes sentencias de 12 de mayo de 1997, 26 de marzo de 1999, 29 de junio del 2002 y 10 de octubre del 2002, según la cual, por daños permanentes debe entenderse aquellos en los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo, mientras que los continuados "son aquellos que, porque se producen día a día, de manera prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad, es necesario dejar pasar un período de tiempo más o menos largo para poder evaluar económicamente las consecuencias del hecho o del acto causante del mismo. Y por eso, para este tipo de daños, "el plazo para reclamar no empezará a contarse sino desde el día en que cesan los efectos", o como señala la sentencia de 20 de febrero de 2001, en estos casos, para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial el "dies a quo" será aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto (sentencias, entre otras, de 8 de julio de 1993, 28 de abril de 1997, 14 de febrero de 1994, 26 de mayo de 1994 y 5 de octubre de 2000)". En este caso, el perjuicio invocado se atribuye a la ocupación temporal de una finca con ocasión de la construcción de una autovía, concepto que en sí mismo supone una permanencia en el tiempo que no resulta indiferente para la existencia del perjuicio, pues el mismo viene constituido por la ocupación y por lo tanto subsiste mientras la ocupación permanece en cualquiera de sus formas, que en este caso fueron la utilización como estacionamiento de maquinaria, vertido de tierras y escombros y habilitación de caminos o desvíos, de manera que no puede establecerse como dies a quo la fecha de 5 de junio de 1997 en la que Construcciones Vera denunció ante la Dirección General de Carreteras la ocupación de la finca, pues se reconoce que la misma continuaba ocupada, al menos por los vertidos, al momento de la reclamación de 6 de abril de 1999, en la que incluso se indica, como señala la sentencia de instancia, que la situación no había cambiado desde aquella fecha anterior, lo que supone la persistencia de la ocupación. Si a ello se añade el criterio jurisprudencial favorable al perjudicado en el cómputo del plazo de prescripción, necesariamente ha de concluirse que la Sala de instancia incurrió en la infracción que se denuncia en este motivo de casación al apreciar la prescripción de la acción, por lo que el motivo debe ser estimado».

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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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