El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos

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Por inderogabilidad singular se puede entender aquel principio contrario a que las disposiciones administrativas de carácter particular puedan establecer excepciones o derogar la aplicación de normas singulares en casos generales (Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ).

La inderogabilidad singular (del reglamento) es, según el Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ, aquel "principio contrario a que las disposiciones administrativas de carácter particular puedan establecer excepciones o derogar la aplicación de normas singulares en casos generales". La regla, se sigue señalando, "se aplica incluso en los casos en que la disposición singular es de rango igual o superior a la general".

Su formulación positiva se encuentra a día de hoy en el Art. 37 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre que dispone lo siguiente:

  • Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

  • Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el Art. 47 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El tribunal Supremo configura este principio como un principio inexcusable dentro del ejercicio de la potestad reglamentaria. Así se pronuncia, por ejemplo, la TS, Sala de lo Contencioso, de 15/07/2010, Rec. 26/2008:

Desde el punto de vista formal el ejercicio de la potestad reglamentaria ha de sujetarse al procedimiento de elaboración legalmente establecido (arts. 24 y 25Ley 50/1997 ), con respeto al principio de jerarquía normativa y de inderogabilidad singular de los reglamentos, así como la publicidad necesaria para su efectividad (art. 9.3CE ), según establece el art. 52 de la Ley 30/1992 . Las delimitaciones sustantivas y formales de la potestad reglamentaria determinan el ámbito del control judicial de su ejercicio, atribuido por el art. 106 de la Constitución, en relación con el art. 26 de la Ley 50/1997 y el art. 1 de la Ley 29/1998 a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo que se plasma en el juicio de legalidad de la disposición general en atención a las referidas previsiones de la Constitución y el resto del ordenamiento, que incluye los principios generales del Derecho (interdicción de la arbitrariedad, proporcionalidad,...), y que conforman las referidas exigencias sustantivas y formales a las que ha de sujetarse, cumplidas las cuales, queda a salvo y ha respetarse la determinación del contenido y sentido de la norma, que corresponde al titular de la potestad reglamentaria que se ejercita y que no puede sustituirse por las valoraciones subjetivas de la parte o del propio Tribunal que controla la legalidad de la actuación, como resulta expresamente del artículo 71.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, que aun en el supuesto de anulación de un precepto de una disposición general no permite determinar la forma en que ha de quedar redactado el mismo”.

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Potestad reglamentaria
Jurisdicción contencioso-administrativa