Regulación de los informes según la Ley 39/32015, de 1 de octubre

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 19/01/2017

Los informes del procedimiento administrativo se encuentran regulados en la Sección 3ª del Capítulo IV del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

 

 

La regulación que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, realiza de los informes, se centra en las siguientes cuestiones:

Petición

A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita (Art. 79 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).


Emisión

El apartado 1 del Art. 80 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre señala al respecto que “salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes”.
Si la norma expresa la necesidad de informes y estos no se emiten, la falta de los mismos determina la nulidad del procedimiento, tal y como se señala en numerosa jurisprudencia, sobre todo si se trata de dictámenes preceptivos del Consejo de Estado (vid. entre otras muchas la sentencia TS 6489/2001).
Desde el punto de vista de su eficacia jurídica, los informes pueden ser vinculantes o no vinculantes. Así, respecto de los informes vinculantes, la Administración está obligada a resolver del modo en que le indica el órgano consultivo; mientras que los informes no vinculantes no obligan a resolver de determinada manera, pero sí al menos se habrá de justificar en lo que se aparte la Administración del informe o dictamen consultivo emitido.
Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el Art. 26 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del Art. 22 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial

En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto en el Art. 91 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud, del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses.

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