Infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discrimina...nas con discapacidad
Temas
Infracciones y sanciones...scapacidad
Ver Indice
»

Última revisión

Infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad

Tiempo de lectura: 9 min

Relacionados:

Estado: VIGENTE

Orden: laboral

Fecha última revisión: 11/11/2022

Tiempo de lectura: 9 min


Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más personas trabajadoras se vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad (art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre).

¿Cómo se califican las infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad?

Los poderes públicos adoptarán medidas de acción positiva en beneficio de aquellas personas con discapacidad susceptibles de ser objeto de un mayor grado de discriminación, incluida la discriminación múltiple, o de un menor grado de igualdad de oportunidades, como son las mujeres, los niños y niñas, quienes precisan de mayor apoyo para el ejercicio de su autonomía o para la toma libre de decisiones y las que padecen una más acusada exclusión social, así como las personas con discapacidad que viven habitualmente en el medio rural.

El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece la obligación de empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores a reservar, al menos, el 2 por 100 de los puestos para personas trabajadoras con discapacidad (art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre).

Fuera de la LISOS, el RD regulador instaura una serie de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, considerando infracciones administrativas las acciones y omisiones que ocasionen vulneraciones del derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal en los ámbitos a los que se refiere el art. 5 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva.

Las infracciones en esta materia se clasificarán en leves, graves o muy graves existiendo normas específicas de aplicación por la Administración General del Estado y sujetas a legislación autonómica.

a) Infracciones leves

Son infracciones leves (arts. 81 y 95 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre):

  • Las conductas que incurran en cualquier incumplimiento que afecte a obligaciones meramente formales de lo establecido normativamente.
  • El incumplimiento de los deberes y obligaciones dispuestos en la sección 1.ª del capítulo V del Título I, y en el Título II de la norma de referencia, así como en sus normas de desarrollo, siempre que no tenga el carácter de infracción grave o muy grave.
  • El incumplimiento de las disposiciones que impongan la obligación de adoptar normas internas en las empresas, centros de trabajo u oficinas públicas, orientadas a promover y estimular la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las personas con discapacidadsiempre que no constituyan infracciones graves o muy graves.
  • Obstaculizar la acción de los servicios de inspección.

b) Infracciones graves

Son infracciones graves (arts. 81 y 95 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre):

  • Los actos discriminatorios u omisiones que supongan directa o indirectamente un trato menos favorable a la persona con discapacidad en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga o comparable.
  • El incumplimiento de las exigencias de accesibilidad, así como la negativa a adoptar las medidas de ajuste razonable, a que se refiere del art. 66 del el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre y en sus normas de desarrollo.
  • El incumplimiento de un requerimiento administrativo específico que formulen los órganos competentes para el ejercicio de las competencias necesarias para dar cumplimiento a las previsiones legales.
  • Cualquier forma de presión ejercida sobre la persona con discapacidad o sobre otras personas físicas o jurídicas, que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal.
  • Los actos discriminatorios u omisiones que supongan directa o indirectamente un trato menos favorable a la persona con discapacidad en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga o comparable.
  • La imposición abusiva de cualquier forma de renuncia total o parcial a los derechos de las personas por motivo de o por razón de su discapacidad, basada en una posición de ventaja.
  • El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las autoridades.
  • La obstrucción o negativa a facilitar la información solicitada por las autoridades competentes o sus agentes, que sea legalmente exigible, en orden al cumplimiento de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución.
  • El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas sobre accesibilidad de los entornos, instrumentos, equipos y tecnologías, medios de transporte, medios de comunicación y de los productos y servicios a disposición del público, así como los apoyos y medios asistenciales específicos para cada persona, que obstaculice o limite su acceso o utilización regulares por las personas con discapacidad.
  • La negativa por parte de las personas obligadas a adoptar un ajuste razonable.
  • El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las previsiones efectuadas en la disposición adicional tercera, en lo referente a la elaboración de los planes especiales de actuación para la implantación de las exigencias de accesibilidad y la no discriminación en el ámbito de que se trate.
  • La coacción, amenaza, represalia ejercida sobre la persona con discapacidad o sobre otras personas físicas o jurídicas, que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal, reclamación, denuncia o participen en procedimientos ya iniciados para exigir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, así como la tentativa de ejercitar tales actos.
  • Tendrá también la consideración de infracción grave la comisión, en el plazo de tres meses y por tres veces, de la misma infracción leve.

c) Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves (arts. 81 y 95 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre):

  • Toda conducta de acoso relacionada con la discapacidad en los términos del artículo 66 y en sus normas de desarrollo.
  • El incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos que formulen los órganos competentes para el ejercicio de las competencias necesarias para dar cumplimiento a las previsiones de esta ley, y en sus normas de desarrollo.
  • Cualquier forma de presión ejercida sobre las autoridades en el ejercicio de las potestades administrativas que se ejerzan para la ejecución de las medidas previstas en esta ley, y en sus normas de desarrollo.
  • Las vejaciones que padezcan las personas en sus derechos fundamentales por motivo de o por razón de su discapacidad.
  • Las acciones que deliberadamente generen un grave perjuicio económico o profesional para las personas con discapacidad.
  • Conculcar deliberadamente la dignidad de las personas con discapacidad imponiendo condiciones o cargas humillantes para el acceso a los bienes, productos y servicios a disposición del público.
  • Generar deliberadamente situaciones de riesgo o grave daño para la integridad física o psíquica o la salud de las personas con discapacidad.
  • Las conductas calificadas como graves cuando sus autores hayan actuado movidos, además, por odio o desprecio racial o étnico, de género, orientación sexual, edad, discapacidad severa o no posibilidad de representarse a sí mismo.
  • El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas legales sobre accesibilidad en la planificación, diseño y urbanización de los entornos, productos y servicios a disposición del público que impida el libre acceso y utilización regulares por las personas con discapacidad.
  • El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas legales sobre accesibilidad que impida o dificulte gravemente el ejercicio de derechos fundamentales y el disfrute de libertades públicas por parte de las personas con discapacidad.
  • Tendrá también la consideración de infracción muy grave, la comisión de tres infracciones graves en el plazo de un año; así como las que reciban expresamente dicha calificación en las disposiciones normativas especiales aplicables en cada caso.

En paralelo, la LISOS, sanciona conductas empresariales contrarias a los derechos de los trabajadores discapacitados en el orden social:

  • El incumplimiento en materia de integración laboral de personas con discapacidad de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, o de la aplicación de sus medidas alternativas de carácter excepcional (art. 15.3 de la LISOS: infracción grave en materia de empleo).
  • Las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación (art. 8.12 de la LISOS: infracción muy grave en materia de relaciones laborales individuales y colectivas).
  • Las decisiones adoptadas en aplicación de la Ley sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, que contengan o supongan cualquier tipo de discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de discapacidad [art. 10.bis.2.d) de la LISOS].
  • Solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección o establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por motivos de sexo, origen, incluido el racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad, religión o convicciones, opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social y lengua dentro del Estado (art. 16.2 de la LISOS).
  •  El acoso por razón de discapacidad (art. 8.13 bis de la LISOS).

CUESTIÓN

Existiendo tipificaciones sancionables distintas, por parte de la LISOS y el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, incluso a nivel de la Comunidades Autónomas, ¿a qué orden sancionador pertenece el incumplimiento social del empresario en estos casos?

Atendiendo a razones de especialidad o especificidad laboral debemos seguir la LISOS. En este mismo sentido se pronuncia la D.A. 7.ª del Real Decreto Legislativo 1/2013, cuando afirma: «Las infracciones y sanciones en el orden social en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad seguirán rigiéndose por el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto». Aplicando las tipificaciones del RD Leg. 1/2013 en supuestos en los que existan conductas no fijadas por el Texto Refundido de Infracciones y Sanciones del Orden Social, como por ej. el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y la negativa a adoptar medidas de ajuste razonable para adaptar el entorno laboral al trabajador discapacitado [arts. 81.3.b), 95.2.a), 95.3.e), 95.3.f), 95.3.g), 95.4.f) y 95.4.g) del Real Decreto Legislativo 1/2013].

LIBROS Y CURSOS RELACIONADOS

Reforma civil y procesal de apoyo a personas con discapacidad. Paso a paso
Disponible

Reforma civil y procesal de apoyo a personas con discapacidad. Paso a paso

Dpto. Documentación Iberley

15.30€

14.54€

+ Información

La justicia en la sociedad 4.0: nuevos retos para el siglo XXI
Disponible

La justicia en la sociedad 4.0: nuevos retos para el siglo XXI

V.V.A.A

55.25€

52.49€

+ Información

Un año después de la Ley 8/2021: conclusiones de derecho sustantivo y procesal
Disponible

Un año después de la Ley 8/2021: conclusiones de derecho sustantivo y procesal

Natividad Roldán Melchor

12.75€

12.11€

+ Información

Código Civil - Código comentado 2022 (DESCATALOGADO)
Disponible

Código Civil - Código comentado 2022 (DESCATALOGADO)

V.V.A.A

80.70€

24.21€

+ Información