Infracciones y sanciones en el procedimiento sancionador de extranjería

Existen tres tipos de sanciones que pueden ser impuestas a un extranjero:

1. Multas

2. Decomiso

3. Expulsión

Las sanciones aparecen reguladas en el artículo 55 de la LOEX y la expulsión del territorio se regula en el artículo 57 de la LOEX.

La imposición de estas sanciones corresponderá al Subdelegado del Gobierno o al Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. En caso de que la Comunidad Autónoma tenga atribuidas competencias en materia de autorización inicial de trabajo de extranjeros, se le concederá la potestad para la imposición de las sanciones, que la podrá imponer la Autoridad que la Comunidad Autónoma determine.

El procedimiento sancionador se iniciará por acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento sancionador por infracciones del orden social, siempre que estemos ante casos de infracción leve del artículo 52.c), d) o e), de infracciones graves del artículo 53.1.b) y 53.2.a), y muy grave del artículo 54.1.d) y f).

Aspectos más relevantes en las infracciones y sanciones en el procedimiento sancionador de extranjería

• Existen tres tipos de infracciones en el procedimiento sancionador, que se clasifican en leves, graves y muy graves
• Las sanciones que se impongan dependerán del tipo de infracción cometida, pero, en general, podrán ser multa, de distintas cuantías o expulsión del territorio, para aquellos casos que se contemplan como más graves.
• Las sanciones serán impuestas por el Subdelegado del Gobierno de la provincia o por el Delegado del Gobierno en aquellas comunidades autónomas que sean uniprovinciales.
• La expulsión se puede aplicar para ciertas infracciones graves, para todas las infracciones muy graves y para los casos en que se produzca una condena dentro o fuera de España por una conducta dolosa, que constituya en España un delito castigado con pena privativa de libertad superior a un año, pero nunca se podrá sancionar a la vez con multa y expulsión, pues son opciones alternativas.
• Existen distintas maneras de actuar a la hora de ejecutar la expulsión, en función del procedimiento que se haya seguido para su investigación; si se ha tramitado el expediente por el procedimiento preferente, la expulsión será inmediata; sin embargo, si se ha tramitado por el procedimiento ordinario, se concederá un plazo para el abandono voluntario de entre 7 y 30 días, con carácter general.

Jurisprudencia sobre infracciones y sanciones en el procedimiento sancionador de extranjería

Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 1932/2004 de 19 de Julio de 2007

Cuando la causa de expulsión sea la permanencia ilegal en el territorio español sin que existan otras causas negativas (indocumentación, desarraigo…), se deberá imponer la multa como norma general, pues considera el Tribunal desproporcionada la imposición de la expulsión.

Sentencia Administrativo N.º 153/2019, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 4666/2017 de 08 de Febrero de 2019

El Tribunal Supremo realiza una interpretación de la sanción de expulsión del territorio, cuando sea por lo casos tipificados como graves en el art. 53.1 ap. a), en relación con la Directiva 2008/115/CE. En este caso, el Tribunal considera que, la sanción de expulsión se impondrá cuando se cometan infracciones graves, pero no podrá imponerse cuando concurra alguna de las excepciones prevista en la Directiva antes citada. Por lo tanto, no se podrá imponer la expulsión cuando:

• Un nacional de un tercer país se encuentre en situación irregular en el territorio de un Estado miembro y sea titular de un permiso de residencia válido expedido por otro Estado miembro, pero se le exigirá que se dirija al territorio de dicho Estado miembro. 
• Un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio, si otro Estado miembro se hace cargo de él.
• Un Estado miembro conceda a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo. En este caso no se dictará ninguna decisión de retorno; y de haberse ya dictado, se revocará la decisión de retorno o se suspenderá durante el periodo de validez del permiso de residencia.
• Un nacional de un tercer país que se halle en situación irregular en el territorio de un Estado miembro y tenga pendiente un procedimiento pendiente de renovación del permiso de residencia, el Estado miembro podrá abstenerse de dictar una decisión de expulsión hasta que finalice el procedimiento pendiente.

Pero el Tribunal Supremo también considera que estas excepciones, no se utilizarán como criterios de proporcionalidad para aplicar en sustitución de la expulsión, la sanción de multa.

Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, nº893/2018, de 31 de Mayo de 2018, Rec.1321/2017 (Establece doctrina sobre la expulsión de personas condenadas por delitos superiores a un año de pena privativa de libertad)

Esta sentencia establece doctrina jurisprudencial con respecto al artículo 57.2 de la LOEX relativo a la expulsión de extranjeros que cometan un delito castigado en España con pena privativa de libertad superior a 1 año.

Había discrepancias en relación con la pena superior a 1 año que se debía tener en cuenta para aplicar la expulsión, si debía ser la pena tipo regulada en el Código Penal o la pena en concreto que imponía el Tribunal juzgador. El Tribunal Supremo considera que debe ser la pena tipo recogida en el Código Penal la que se tenga en cuenta a la hora de acodar la expulsión, puesto que del precepto no se deduce ninguna referencia a la pena concreta efectivamente impuesta y además es una infracción objetiva, la valoración subjetiva de las circunstancias modificativas de la responsabilidad corresponden al tribunal penal y no a la Administración. La decisión de la expulsión se debe tomar sin tener en cuenta si se consumó el hecho o si quedó en tentativa, ya que la aplicación de la expulsión quedaría al arbitrio de que la acusación solicite mayor o menor pena. Por lo tanto, ha de tomarse la pena tipo, porque el precepto de la LOEX no dispone que se expulsa a la persona condenada a una pena superior a un año, sino a la persona que cometa un delito doloso sancionado con la pena superior a un año.

Por último, el Tribunal considera que la pena prevista en el Código Penal tiene que ser superior a un año en todo su espectro. Es decir, que tanto la pena superior, como, sobretodo, la pena inferior, deben ser ambas superiores a un año para que den lugar a la imposición de la sanción de expulsión; por ejemplo, para el delito de quebrantamiento de los deberes de custodia se prevé una pena de 6 meses a 2 años de prisión, con lo cual, en este caso no se podría imponer la expulsión, ya que el extremo inferior no es superior a 1 año.

Sentencia Administrativo Nº440/2012, Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lleida, Sección 1 (Rec.348/2010) de 7 de noviembre de 2012.

En esta sentencia nos encontramos con una impugnación a una sentencia que acordaba la expulsión de territorio español de un extranjero, con la prohibición de entrada en territorio nacional extensible a los países del Espacio Schengen, por un periodo de 5 años. Esta sanción de expulsión se debe a la comisión por parte del extranjero de una infracción tipificada en el artículo 53.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que consiste en encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada mas de tres meses la mencionada autorización, siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente. La base en la que gira el caso es la caducidad de la sanción, esto es debido a que no se le notifico debidamente la resolución del procedimiento sancionador ni al interesado ni a su letrado, únicamente se publica en el Boletín Oficial de la Provincia. El tribunal considera que se infringen las reglas de notificación, ya que la publicación en los boletines oficiales se considera un remedio casi simbólico que no puede suplir la practica de notificaciones por medios que si permiten la constancia de su recepción por el interesado o su representante para poder ejercer una defensa efectiva de sus derechos, lo que lleva al tribuna a estimar la demanda.