Iniciación de oficio del procedimiento administrativo según la Ley 39/2015, de 1 de octubre

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La iniciación de oficio del procedimiento administrativo se regula en los Art. 58-65 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, integrantes de la  Sección 2ª ("Iniciación del procedimiento de oficio por la administración") del Capítulo II del Título IV de la norma. La iniciación de oficio podrá darse:

  • Por propia iniciativa
  • Como consecuencia de orden superior
  • A petición razonada de otros órganos
  • Por denuncia

Por lo demás, la norma recoge ciertas especialidades, en cuanto a la iniciación de oficio, en los procedimientos de naturaleza sancionadora y en los de responsabilidad patrimonial. 

Según dispone el Art. 58 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre,  los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente:

  • Por propia iniciativa: se entiende por tal, en virtud de lo dispuesto en el Art. 59 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.

  • Como consecuencia de orden superior, considerada como aquella emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.  En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresará, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron (Art. 60 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

  •  A petición razonada de otros órganos, esto es, la propuesta formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación. (En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación, así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron; en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo) [Art. 61 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre].

  • Por denuncia, entendida por el Art. 62 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre como el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. Sobre este particular cabe considerar lo siguiente: 

    • Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.

    • Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.

    • Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

    • Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga.

    • En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia.

    • La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

Sobre los procedimientos de naturaleza sancionadora, la ley recoge las siguientes precisiones o especialidades (Art. 63,Art. 64 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre):

  • Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo.

  • En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.

  • No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.

  • El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. Asimismo, la incoación se comunicará al denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean.

  • El acuerdo de iniciación deberá contener al menos:

    • Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.

    • Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

    • Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.

    • Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el  Art. 85 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.

    • Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el Art. 56 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.

    • Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

  • Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados.

El Art. 65 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre aborda las especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, estableciendo lo siguiente: 

  • Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el  Art. 67 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.

  • El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.

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Responsabilidad
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Responsabilidad patrimonial
Comisiones
Procedimiento de oficio
Pago de la multa
Falta de competencia
Relación de causalidad
Patrimonio de las Administraciones Públicas
Recusación
Identificación personal
Procedimiento sancionador
Pliego de cargos