La instrucción del sumario

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 28/07/2020

La instrucción viene regulada en la LECrim desde el artículo 299 a 325. Se expone en este capítulo VI de la Ley que el sumario son todas aquellas actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes. 

NOVEDADES:

Modificado el artículo 324 de la LECRIM por la Ley 2/2020, de 27 de julio, con entrada en vigor el 29 de julio de 2020.

El plazo máximo de instrucción de la causas penales pasa de los 6 meses a los 12 meses de duración.

 

El art. 299 Lecrim recuerda que durante esta etapa del proceso, lo que se trata de hacer es delimitar objetiva y subjetivamente de forma paulatina, la imagen del proceso en función de los resultados de las diligencias (STS 860/2014, de 17 de diciembre).

El valor probatorio de las diligencias sumariales

El Tribunal Constitucional ha declarado que las pruebas practicadas en el acto del juicio oral solo son válidas a efectos de desmontar  la presunción de inocencia, pero admiten determinadas excepciones . En particular, se condiciona la validez como prueba de cargo al cumplimiento de los siguientes aspectos:

  1. Materiales: que haya una causa legítima que impida reproducir la declaración en el juicio oral.
  2. Subjetivos:  intervención del Juez de Instrucción.
  3. Objetivos: que se garantice la posibilidad de contradicción.
  4. Formales: la introducción del contenido de la declaración sumarial a través de la lectura del acta en que se documenta.

Para que una prueba de cargo sea válida, ha de estar practicada en juicio oral respetando los principios de oralidad, inmediación y contradicción;  las diligencias, mientras, practicadas en la fase de instrucción son solamente medios de investigación que permiten preparar la decisión sobre la apertura del juicio oral e identificar y asegurar los medios de prueba. Esta regla general admite, sin embargo, excepciones, que han de ser interpretadas restrictivamente, pues no puede negarse todo valor probatorio, y en todo caso, a las diligencias sumariales (STS 270/2016, de 5 de abril; STS 158/2016, de 29 de febrero; STS 367/2014, de 13 de mayo).

El artículo 301 hace mención a una serie de rasgos característicos de la fase de instrucción que se tratan de plasmar en la norma: 

  • Derecho a un proceso público: viene reconocido en los siguientes preceptos: art. 24.2 de la Constitución, en el art. 11 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, en el art. 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En este caso es un derecho únicamente que se concede en la fase de juicio oral, esto es, "al juicio oral en el que se producen o reproducen las pruebas de cargo y descargo y se formulan las alegaciones y peticiones definitivas de la acusación y la defensa, pues únicamente referida a ese acto procesal tiene sentido la publicidad del proceso en su verdadero significado de participación y control de la justicia por la comunidad" La finalidad principal es dotar al ciudadano de confianza en los Tribunales y dotar a la Administración de Justicia de transparencia (STEDH 8 de diciembre de 1983, caso Axen). 
  • Publicidad procesal: se trata de una garantía constitucional que en ningún caso debe confundirse con la publicación del proceso como ocurre  en la STS 1394/2009, 25 de enero donde:  «... no falta razón al recurrente cuando reacciona frente a un tratamiento mediático en el que la culpabilidad se da ya por declarada, sobre todo, a partir de una información construida mediante filtraciones debidamente dosificadas, que vulneran el secreto formal de las actuaciones. La garantía que ofrece el principio de publicidad deja paso así a un equívoco principio de publicación, en el que todo se difunde, desde el momento mismo del inicio de las investigaciones, sin que el acusado pueda defender su inocencia. (...) No podemos olvidar, además, que en el proceso penal convergen intereses de muy diverso signo. Y no faltan casos en los que ese tratamiento informativo despliega una repercusión negativa que llega a ser igualmente intensa y alcanza a otros bienes jurídicos, recrudeciendo el daño inicialmente ocasionado por el delito».

  En relación a este último tema la Sala Segunda la STS 587/2014, de 18 de julio hace un análisis sobre la incidencia de una publicidad desmedida y descontrolada en          el marco del art. 24 CE y el 6 del CEDH

  • Carácter secreto del sumario: el artículo 301 obliga a que la información no sea accesible a terceros con el fin de garantizar la fase instructora (STS 809/2017, de 11 de diciembre). Por otra parte el artículo 302 extiende ese secreto de sumario a todas las partes exceptuando al MF y la investigación de delitos.

Como ya hemos dicho el artículo 302 propone lo siguiente: 

"Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento.

No obstante, si el delito fuere público, podrá el Juez de Instrucción, a propuesta del Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes personadas o de oficio, declararlo, mediante auto, total o parcialmente secreto para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes cuando resulte necesario para:

a) evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona; o

b) prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso.

El secreto del sumario deberá alzarse necesariamente con al menos diez días de antelación a la conclusión del sumario".

Se dispone en este artículo que, las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento, a menos que se acuerde el secreto. Desde un primer momento el denunciado está identificado y es a partir de ahí cuando hay que comunicarle la existencia del procedimiento y las razones de incoación, no se le podrá impedir intervenir en las diligencias.

El secreto que mencionábamos debe alzarse antes de que se terminen las investigaciones, con una antelación mínima de 10 días. Así, se garantiza que las partes tienen conocimiento de ello y podrán actuar desde su propia perspectiva (STS 875/2016, de 21 de noviembre). El auto que contiene el secreto debe estar motivado. Existen ocasiones en los que la propia motivación del auto es a su vez secreta por lo que cabe la notificación parcial a las partes en aquellos aspectos que no perjudiquen a la investigación. Así la falta de motivación no deriva en la nulidad del acto, sino que provoca la imposibilidad de valorar las diligencias efectuadas como prueba (STS 678/2014, de 23 de octubre).

Aquí surge un problema y es que esa dilación del desconocimiento temporal sobre la causa puede provocar una violación del derecho de defensa del sujeto pasivo. La razón reside en que el conocimiento del sumario es un requisito imprescindible para ejercer dicho derecho (STC 176/1988) "en disposición de preparar su defensa de manera adecuada". 

La competencia en este caso para la formación del sumario la tienen los Jueces de Instrucción por los delitos que se cometan dentro de su partido o demarcación respectiva (art. 303 y 306  Lecrim). Será el Ministerio Fiscal o el Tribunal competente quienes se encarguen de inspeccionar las formación del sumario.

En cuanto a la intervención del Fiscal como inspector de cualquier causa,  estará siempre personado y tendrá acceso a la instrucción con arreglo al artículo 306. Es importante tener en cuenta que si durante todo el proceso de investigación éste no ha incoado ninguna diligencia, esto no le impide que pueda recurrir las que sí se han hecho. La garantía de las decisiones reside en el juez que las dicta y no en la notificación del Fiscal (STS 826/2012, de 30 de octubre; STS 970/2010, de 8 de noviembre). Finalmente mencionar que  la falta de constancia en las actuaciones de un acto formal de notificación al Fiscal de los Autos que autorizaron y prorrogaron las intervenciones no constituyen un defecto constitucionalmente relevante en el control de la intervención, en la medida en que no impiden el control inicial de su desarrollo y cese y no consagra, por tanto, un "secreto constitucionalmente inaceptable" (STS 938/2013, de 10 de diciembre). Inmediatamente que los Jueces de instrucción o de Paz, en su caso, tuvieren noticia de la perpetración de un delito, el Letrado de la Administración  lo pondrá en conocimiento del Fiscal de la respectiva Audiencia, y dará, además, parte al Presidente de ésta de la formación del sumario, en relación sucinta, suficientemente expresiva del hecho, de sus circunstancias y de su autor, dentro de los dos días siguientes al en que hubieren principiado a instruirle (art. 308).

Existe una situación especial en el caso de que la persona contra la que se imputan cargos tuviese la condición de aforado. El artículo se refiere al momento de dirigir el procedimiento contra los aforados, cuando se trate de acordar un acto de inculpación o una medida cautelar siempre siguiendo las disposiciones del artículo 303. 2º y 5º de esta Ley (ATS de 7 abril de 2009; ATS de 15 de febrero de 2003; ATS de 1 de julio de 2014).

Según el artículo 311 el juez instructor practicará las diligencias que le propusiera el MF o cualquiera de las partes, las diligencias pedidas y denegadas podrán ser nuevamente propuestas en el juicio oral (art. 314). Referente a esto la sala Segunda del Tribunal Supremo (STS 28/2018, de 18 de enero; STS 848/2017, de 22 de diciembre; STS 797/2017, de 11 de diciembre) recuerda la importancia que tiene la adquisición del derecho a la prueba. Dicha prueba ha de ser siempre pertinente (relacionada con el objeto del juicio), relevante (tenga la potencial capacidad de modificar de alguna forma el sentido de la decisión de la sentencia) (STS 1591/2001, de 10 de diciembre 28079120012001104749 y STS 976/2002, de 24 de mayo 28079120012002103903), ha de ser necesaria (útil para los intereses de defensa de quien la propone)(STS 1289/1999, de 5 de marzo 28079120011999101924); y ha de ser posible. Estos aspectos han de ser acreditados siempre. 

Para decidir si una querella se admite o no a trámite, se atenderá al artículo 312 de la LECRIM (ATS de 3 de noviembre de 2017; ATS de 28 de septiembre de 2017). Su contenido tendrá que ir acorde a lo supuesto en los arts. 312 y 313, se desestimará si los hechos no fundamentan la comisión de un delito (ATS de 27 de abril de 2017).

Por su parte el artículo 315 nos habla de que el criterio de selección que se emplea para filtrar el contenido del sumario. Así diferencia entre las diligencias practicadas a instancia de parte y aquellas que se instan de oficio «... solamente constarán en el sumario aquellas cuyo resultado fuere conducente al objeto del mismo». Se reflejan así en sentencias como STS 14/2018, de 16 de enero.

La intervención de un tercero responsable civil (Art. 320 LECrim), solamente se limitará a buscar la práctica de las diligencias que conduzcan al mejor éxito de acción. En el caso de este tipo de sujeto, tendrán la facultad de subrogarse en la podrá subrogarse y ejercer la acción civil. Surge normalmente este tipo de situaciones con las entidades aseguradoras  (STS 627/2016, de 13 de julio). 

Plazos de duración de la instrucción

El artículo 324 de la LECRIM ha sido modificado con efectos desde el 29 de julio de 2020 por la publicación en el BOE del 28 de julio de la Ley 2/2020, de 27 de julio. De esta forma el plazo máximo de instrucción pasa de los 6 meses a los 12 meses de duración.

Este artículo desde dicha fecha pasa a tener el siguiente contenido:

«1. La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa.

Si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.

Las prórrogas se adoptarán mediante auto donde se expondrán razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación. En su caso, la denegación de la prórroga también se acordará mediante resolución motivada.

2. Las diligencias de investigación acordadas con anterioridad al transcurso del plazo o de sus prórrogas serán válidas, aunque se reciban tras la expiración del mismo.

3. Si, antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas, el instructor no hubiere dictado la resolución a la que hace referencia el apartado 1, o bien esta fuera revocada por vía de recurso, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de dicha fecha.

4. El juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad. Transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, el instructor dictará auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda.»

Para los procesos que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta ley, esta modificación del art. 324 de la LECRIM será de aplicación a los mismos. A tal efecto, el día de entrada en vigor (29/07/2020) será considerado como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción establecidos en aquél.

Por último, y para concluir con el capítulo de la Instrucción, el Juez, de oficio o a instancia de parte, siempre y cuando existan razones de seguridad o de orden público, podrá acordar que la comparecencia se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar (Art. 325 LECrim). 

Para hacer una especificación mucho más precisa de del uso de la videoconferencia no podemos remitir al art. 229-3º de la LOPJ, que dice que se empleará siempre que: 

a) Se permita la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, es decir que exista una verdadera conversación.
b) Que sea posible la interacción visual auditiva y verbal de los intervinientes situados en puntos geográficamente distantes, y
c) Que se salvaguarde en todo caso la posibilidad de la contradicción y la salvaguarda del derecho de defensa (STS 200/2017, de 27 de marzo)

El avance de las nuevas tecnologías ha provocado que el sistema de videoconferencia se haya estado empleando como un sistema de práctica procesal con gran relevancia probatoria. Sin embargo nuestro ordenamiento anda escaso de regulación con lo que a juicios virtuales respecta. Así lo manifiesta la Instrucción núm. 3/2002 de 1 marzo:  " la preocupación del Ministerio Fiscal ante la posibilidad de que, sin las debidas cautelas, todos y cada uno de los sucesivos actos procesales que integran el juicio oral adaptaran su esquema de desarrollo a un modelo virtual, ha llevado a expresar un criterio contrario a esa alternativa, mientras no se encuentre dotada de la necesaria cobertura legal. Ahora bien, ello no debe interpretarse como una negativa generalizada al uso de los medios técnicos, singularmente la videoconferencia, en el ámbito de la Administración de Justicia. Resultaría así un (...) un desconocimiento de la realidad de nuestro ordenamiento jurídico, que contempla la posibilidad de su utilización, tanto de forma genérica como sectorialmente ".  

La Unión Europea se ha encargado de cubrir esa incertidumbre jurídica con instrumentos como: la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal (regula las condiciones para la utilización de videoconferencia); encontramos también Información 2014/C 182/02 del Plan de Acción plurianual 2014- 2018, relativo a la Justicia en red europea (incluye el objetivo de empleo de la videoconferencia, telecomunicaciones u otros medios de comunicación a distancia); la Directiva 2013/48/UE de 22 Octubre, relativa al derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en procedimientos relativos a la orden de detención europea, y derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad; la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (fórmula técnica para hacer oír a la víctima residente en el extranjero).

Sentencia como la STS 200/2017, de 27 de marzo o STS 161/2015, de 17 de marzo hacen mención a que la videollamada cumple con los principios que informan el desarrollo de los actos de prueba (oralidad, inmediación y contradicción).

La videollamada también se extiende a las declaraciones testificales, sobretodo para aquellos que se encuentren en el extranjero (STS 31/2018, de 22 de enero).

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