Interposición del recurso administrativo y causas de inadmisión

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 10/03/2020

Si el Art. 115 ,ley 39/2015, de 1 de octubre se refiere a los contenidos que habrá de expresar la interposición del recurso administrativo, el Art. 116 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupa de establecer las causas de inadmisión del mismo.

Acerca de la interposición de los recursos administrativos, el Art. 115 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone lo siguiente:

  • La interposición del recurso deberá expresar:

    • El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.

    • El acto que se recurre y la razón de su impugnación.

    • Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

    • Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.

    • Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.

  • El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

  • Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.

Por su parte, el Art. 116 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre señala que serán causas de inadmisión del recurso administrativo:

  • Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el apdo.1 del Art. 14 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre.

  • Carecer de legitimación el recurrente.

  • Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

  • Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

  • Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

Jurisprudencia destacada sobre la interposición y las causas de inadmisión de los recursos administrativos

Sentencia del TSJ de Cantabria, de fecha 21 de febrero de 2019, núm. 51/2019, rec. 190/2018 

“La parte apelante sostiene que el escrito que dirigió al Ayuntamiento (...) el 19/05/2017 es un recurso de reposición.La sentencia apelada sostiene, por el contrario, aceptando la tesis del Ayuntamiento, que dicho escrito no es un recurso de reposición, pues 'se limita a solicitar información sin instar (la) anulación de la resolución que dice recurrió'. La materia analizada se integra en el ámbito normativo de los arts. 112.1 y 115.1.b y 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas (LPACAP), de contenido idéntico a los arts. 107.1 y 110.1.b y 2 de la LRJPAC y al art. 114.1.b y 2 de la LPA de 1958.Las citadas normas establecen que la naturaleza jurídica de un recurso administrativo viene dada por la impugnación, petición de nulidad, anulación o revocación, de un acto administrativo (resolución o acto de trámite cualificado).Este ámbito normativo se complementa con el art. 115.2 de la LPACAP, vía aplicación del principio antiformalista, en la precisión de que lo determinante para determinar la existencia y tipo de recurso no es la denominación que le atribuya el recurrente sino la naturaleza que se evidencie de su contenido. (...) Es doctrina consolidada de esta Sala del Tribunal Supremo que debe considerarse como recurso de reposición cualquier pretensión, formulada por parte legitimada para ello, que tienda a obtener la revocación del acto administrativo que se estima que es contrario a Derecho, para lo que basta que se pida su reforma y que se dirija al mismo órgano que dictó aquél, cuya jurisprudencia es conforme a la más elemental regla semiológica sobre el valor de los signos, que viene dado por el significado y no por el significante'”.

Sentencia del TSJ de Madrid, de fecha 4 de julio de 2019, núm. 369/2019, rec. 674/2018 

“El recurrente reprocha a la actuación administrativa tres cuestiones, de un lado, sostiene que cumple escrupulosamente todos y cada uno de los requisitos que exige la convocatoria, así como igualmente reprocha a los actos recurridos la carencia de motivación, y, finalmente, sostiene que no ha formulado ningún recurso, sino meras quejas.Empecemos por esta última cuestión. El documento que obra al folio 89 del expediente está suscrito por el recurrente, y se encabeza con el título ' recurso potestativo de reposición '. No acaba de entender muy bien la Sección el motivo de este alegato. En cualquier caso, el art. 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , establece, en garantía del administrado, que ' El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter '. No nos cabe duda que lo que el recurrente pretendía era formular un recurso, pues discrepaba de la no concesión de la beca, y tal discrepancia no se trataba de una mera queja pero, en cualquier caso, no acabamos de entender el hecho que, si en efecto no pretendía recurrir, como ahora afirma, cuál es la razón para que se agote la instancia y se acuda a un recurso contencioso-administrativo ante este Tribunal”.

Sentencia del TSJ de Galicia, de fecha 21 de mayo de 2019, núm. 278/2019, rec. 4363/2018

“Por otra parte, y desde el punto de vista formal, el contenido y literalidad del escrito presentado por(...) no tiene la virtualidad de un recurso de alzada ni de ningún recurso administrativo o medio de impugnación de la resolución denegatoria de la subvención. En ningún momento se utiliza esa nomenclatura, no se pide la revocación de dicha resolución, y este debe ser el pedimento básico de cualquier recurso administrativo, en el que se ha de indicar el acto que se recurre y la razón de la impugnación ( artículo 115.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ) . Si como reconoce el apelante, la procedencia de la subvención no era la cuestión planteada en ese escrito, resulta claro que no puede tener el valor de recurso administrativo, ni por tanto la respuesta al mismo puede asimilarse a la resolución de un recurso de alzada”.

Sentencia del TSJ de Canarias, de fecha 20 de abril de 2018, núm. 113/2018, rec. 171/2017 

“Entrando en el fondo, lo primero que ha de destacarse es que el art. 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , al regular el recurso de reposición determina: '2. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.' ( art. 110.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ); dicho precepto implica que exista un error o ausencia de calificación del recurso (de reposición), no un supuesto como el presente en el que el escrito presentado por la entidad mercantil recurrente el 6 de agosto de 2013 si califica lo solicitado expresamente como una devolución de ingresos indebidos por duplicidad de pago en relación con la liquidación y una solicitud de nulidad o anulación de la sanción impuesta. La AEAT inadmitió el escrito por estimar que era un recurso de reposición extemporáneo (presentado 4 años después) y, cuando se desestimó el recurso de reposición que se interpuso y se presentó la reclamación económico- administrativa, reclamó, con fecha 28 de febrero de 2014, el abono de la reducción del 30% practicada al no haberse interpuesto reclamación económico-administrativa en su día frente a la liquidación, por un importe de 2.067,69 €”.

Sentencia del TSJ de La Rioja, de fecha 14 de febrero de 2019, núm. 58/2019 rec. 299/2018 

“Como señalan los recurrentes en el apartado de hechos de la demanda, en la resolución de 1 de marzo de 2017 de la Presidencia del Servicio Riojano de Salud, por la que se convoca el procedimiento de reconocimiento de los grados I, II, III y IV en el sistema de carrera y desarrollo profesional del personal al servicio de las instituciones sanitarias del Servicio Riojano de Salud, se establece: Quinta.- Aportación de documentación para el reconocimiento de grado. Una vez enviada la solicitud a través de la página web, los solicitantes, dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para remitir a la Dirección de Recursos Humanos los documentos acreditativos de aquellos datos que no aparezcan en la aplicación. Los mismos podrán presentarse según lo establecido en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Aquellas personas que hubiesen presentado solicitud de carrera profesional mientras estuvo vigente la Resolución de 30 de julio de 2009 por la que se regula el procedimiento de reconocimiento del grado I, II y III correspondiente al periodo ordinario, de la carrera profesional para el personal Licenciado/a y Diplomado/a podrán solicitar un único grado a lo largo del año 2017 y no será necesario que presenten aquellos documentos correspondientes a dicho grado que obren en poder de la Administración”.

Sentencia del TSJ de Andalucía, de fecha 25 de octubre de 2018, núm. 1894/2018, rec. 484/2015 

“Es más, cuando el legislador ha querido dar entrada a dicha regulación supletoria lo ha hecho expresamente como sucede con la actual redacción del art.51.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el cual dispone dispone que ' 3. El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso.' Por todo lo anterior la Sala descarta la aplicación supletoria de la norma general de procedimiento administrativo común contenida en el art.38.4 de la LRJAPAC, en relación a la especial atinente al lugar de presentación del escrito de interposición del recurso especial en material de contratación prevenida en el art.44.3 del TRLCSP de 2011”.

Sentencia del TSJ de Madrid, de fecha 28 de junio de 2019, núm. 630/2019, rec. 1990/2018 

“En efecto, no está previsto en nuestra legislación la posibilidad de impugnar en vía administrativa un Acuerdo de las características de aquél a que viene referida la presente apelación, razón por la que, tal y como resolvió la Administración apelada en la Resolución de 28 de Febrero de 2018, que fue confirmada en la Instancia, el recurso administrativo que la hoy apelante interpuso era inadmisible por mor de lo dispuesto en el artículo 116 c) de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , a cuyo tenor es causa de inadmisión de un recurso de dicha naturaleza el interponerse contra una actuación no susceptible de recurso”.

Sentencia del TSJ de Madrid, de fecha 13 de septiembre de 2018, núm. 526/2018, rec. 1015/2017

“PRIMERO.- La representación procesal de la Autoridad Portuaria de Vigo interpone el presente recurso contencioso administrativo contra resolución de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por el que se inadmite a trámite el recurso de reposición interpuesto contra resolución de 19 de junio de 2017 por la que se acuerda no incoar expediente disciplinario a los funcionarios implicados en el proceso de autorización de las instalaciones de Vigo Fresh Port SA, como Punto de Entrada Designado ( P.E.D.) y Recinto Aduanero Habilitado ( R.A.H.), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116.b) de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con base a que la Autoridad Portuaria de Vigo no está legitimada para instar la incoación de un procedimiento disciplinario a los funcionarios de Sanidad Exterior del Departamento, por ser éste un espacio ajeno a la esfera jurídica de la recurrente, ya que la legitimación que ostenta el recurrente solo es admisible en los términos en que fue formulada inicialmente en vía de solicitud, esto es, respecto a la solicitud de apertura de un expediente informativo dirigido a que , por parte del Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad, se lleve a cabo una actividad de investigación y comprobación a fin de constatar si se ha producido por parte de dichos funcionarios alguna conducta irregular, añadiendo que del informe elaborado con ocasión de la información reservada se considera que la actuación de los funcionarios implicados ha sido la adecuada , prestando en todo momento la colaboración requerida , sin que su actuación esté incursa en alguna de las faltas tipificadas en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, o de las previstas en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Civiles del Estado aprobado por RD 33/1986, de 10 de enero. (...) El recurrente en su recurso de reposición solicitaba de la Administración demandada la incoación de un procedimiento disciplinario a los funcionarios de sanidad exterior de Departamento, afirmando dicha Administración que la Autoridad Portuaria de Vigo carece de legitimación para ejercitar dicha pretensión por ser éste un aspecto ajeno a la esfera jurídica de la recurrente, inadmitiendo, en consecuencia, a trámite el recurso de reposición formulado, con base en el artículo 116.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre”.

Sentencia del TSJ de La Rioja, de fecha 12 de abril de 2018, núm. 127/2018, rec. 141/2017 

“II- La desestimación presunta de la solicitud inicial es susceptible de ser recurrida en vía administrativa. III- El recurso se encuentra suficientemente motivado, por lo que no concurre la causa de inadmisión prevista en el artículo 116.e) de la LPAC -AP. IV- La potestad de convocar el concurso público de licencias audiovisuales televisivas disponibles posee naturaleza reglada que ha vulnerado la resolución de inadmisión, al no convocar el concurso, pues los apartados 2 y 5 del artículo 27 de la Ley General de Comunicación Audiovisual generan una obligación de convocar el concurso para la adjudicación de las licencias vacantes. V- Los administrados ostentan legitimación para promover la convocatoria del concurso y la Administración debe convocar el concurso cuando se dan los requisitos para ello. VI- No es cierto que la convocatoria del concurso dependa exclusivamente del margen de discrecionalidad que la Administración tenga para entender cuándo es oportuna la misma; la decisión de efectuar una convocatoria puede derivar perfectamente de la resolución estimatoria de la solicitud de un particular. VII- No hay prohibición expresa en la legislación aplicable que impida, a un administrado, presentar una solicitud que culmine con la convocatoria del concurso público de licencias audiovisuales. VIII- El interés público que precisa la convocatoria es coincidente con el interés particular del recurrente, consistente en la necesidad de convocar el concurso público. IX- La inadmisión y consecuente ausencia de convocatoria quebranta el derecho a que todas las personas puedan disfrutar de una pluralidad de medios que reflejen el pluralismo de la sociedad. X- La inadmisión y consecuente ausencia de convocatoria bloquea la entrada de nuevos competidores en el mercado de forma legal. XI- Indebida aplicación de la DT Décima de la Ley General de Comunicación Audiovisual . XII- Inexistencia de impedimentos para proceder a la convocatoria del concurso público. XIII- Vulneración de la jurisprudencia aplicable a las convocatorias de licencias audiovisuales”.

Sentencia del TSJ de Madrid, de fecha 18 de marzo de 2019, núm. 116/2019, rec. 116/2018 

“Finalmente, el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , establece que 'Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros”.

Sentencia de la AN, de fecha 18 de septiembre de 2019, rec. 527/2018 

“Además, estamos ante un procedimiento de los iniciados a instancia de interesado en el que la falta de subsanación en plazo determina, ex art. 71-1 de la LRJ-PAC 30/1992 que se le 'tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 '. (En igual sentido el art. 68 de la LPAC 39/2015)”.

Sentencia del TSJ de Madrid, de fecha 15 de marzo de 2019, núm. 170/2019, rec. 255/2018 

“En este punto se ha de aclarar que la expresada normativa no exige que la Administración tenga necesariamente que practicar entrevista a la solicitante o requerirle de alguna documentación. Ni tampoco trámite de audiencia. La misma es clara respecto a los requisitos que han de cumplir la solicitante, que presentará la documentación exigida que estimen pertinentes en defensa de sus derechos. Por su parte, la delegación diplomática analizará si con la aportada es suficiente para resolver y si es necesaria o no la entrevista, que, se reitera, no tiene un carácter obligatorio. En principio, tal se desprende de la motivación del acto, éste concluye que con la documentación presentada no quedan acreditados los requisitos legalmente exigidos para obtener el presente visado en los términos de la motivación reseñada. La necesidad de requerimiento de documentación que menciona el actual artículo 68 de la ley 39/2015, de 1 de octubre , se remite a la exigida por la ley específica de que se trate, que en este caso es la expuesta; y en principio, tal se deduce del índice del expediente, los interesados presentaron la que entendieron era la exigida por la normativa aplicable y suficiente. Otra cuestión es que, como ha resuelto la Administración, la valoración de la documentación determina el no cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener un visado como el presente por lo reseñado en la resolución, por lo que a continuación se ha de examinar y valorar si esa conclusión se ajusta o no a derecho."

 

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Causa de inadmisión
Funcionarios públicos
Identificación personal
Recursos administrativos
Actos de trámite
Parte legitimada
Actuación administrativa
Escrito de interposición
Recurso potestativo de reposición
Concurso público
Reintegro de prestación indebida
Devolución de ingresos indebidos
Días hábiles
Contratos administrativos
Representación procesal
Expediente disciplinario
Información reservada
Estatuto Básico del Empleado Público
Funcionarios civiles del Estado
Actividades de investigación
Desestimación presunta
Interés publico
Interés particular
Asiento registral

Ley 9/2017 de 8 de Nov (Contratos del Sector Público) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 272 Fecha de Publicación: 09/11/2017 Fecha de entrada en vigor: 09/03/2018 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 5/2015 de 30 de Oct (TR. de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 261 Fecha de Publicación: 31/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 01/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Hacienda Y Administraciones Publicas

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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