La interposición del recurso contencioso-administrativo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 02/02/2021

Los artículos 45-48 LJCA se ocupan de regular las normas sobre la interposición del recurso contencioso-administrativo. 

Interposición del recurso contencioso-administrativo y reclamación del expediente

El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando la propia ley disponga otra cosa. (art. 45.1 LJCA)

El escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo deberá acompañarse de una serie de documentos (art. 45.2 LJCA):

a) Documento que acredite la representación del compareciente, salvo que figurase unido a las actuaciones de otro recurso en curso ante el mismo Juzgado o Tribunal, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para su unión a los autos.

b) Documento que acredite la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título.

c) La copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurran, o indicación del expediente en que haya recaído el acto o el periódico oficial en que la disposición se haya publicado. Si el objeto del recurso fuera la inactividad de la Administración o una vía de hecho, se mencionará el órgano o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso, el expediente en que tuvieran origen, o cualesquiera otros datos que sirvan para identificar suficientemente el objeto del recurso.

d) El documento que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento relativo a la representación. 

El Letrado de la Administración de Justicia, una vez que se haya presentado el escrito de interposición del recurso, examinará de oficio la validez de la comparecencia. Si considera que es válida, el recurso será admitido a trámite. Sin embargo, si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos establecidos en el apartado 2º del art. 45 LJCA, o los que se presentan son incompletos y el Letrado de la Administración de Justicia considera que no concurren los requisitos exigidos por la LJCA para la validez de la comparecencia, requerirá la subsanación de estos, otorgando al recurrente un plazo de 10 días. 

Si no se subsanan los defectos en el plazo señalado, el Juez o Tribunal declarará el archivo de las actuaciones (art. 45.3 LJCA).

JURISPRUDENCIA

1. Escrito de interposición

Sentencia del Tribunal Supremo, Rec. 3380/2012, de 3 de marzo de 2015. ECLI: ES:TS:2015:1186

"Conforme a criterio jurisprudencial pacífico y consolidado y dado el carácter revisor de este orden jurisdiccional, en este escrito inicial es donde queda acotado el acto que se impugna y frente al que exclusivamente podrá articularse en la demanda las pretensiones de parte, sin que sea posible desviar tales pretensiones hacia actos distintos de los que fueron indicados en el escrito de interposición, salvo los supuestos de acumulación efectuada con los requisitos regulados en los artículos 34 y 38 de la precitada Ley".

2. Requisitos para la continuación del procedimiento: subsanación de defectos

Sentencia del Tribunal Supremo 635/2020, de 2 de junio. ECLI: ES:TS:2020:1702

Establece que el poder para pleitos en favor del procurador es subsanable aún después de finalizado el plazo para ello. En este sentido, se han admitido a trámite numerosos recursos de casación por considerar que este asunto emana interés casacional para la formación de jurisprudencia. Sin embargo, la mencionada sentencia, contiene un voto particular de relevante interés, fundamentado en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como del Tribunal Europeo. Se pueden extraer las siguientes conclusiones:  

"Siguiendo la línea con lo sostenido por el Ministerio Fiscal, distinguiendo entre "insuficiencia en la representación y una absoluta falta de representación procesal" defecto subsanable el primero e insubsanable el segundo, el TC en su auto de 276/2001, de 29 de octubre, inadmite el recurso de amparo afirmando: "En cuanto a la subsanación, (...) es doctrina constitucional que la técnica procesal de la subsanación" (en el caso presente, arts. 45.3 o 138 LJCA) sólo resulta de aplicación respecto de requisitos que "no se configuren como presupuestos procesales de indeclinable cumplimiento en tiempo y forma ( STC 69/1997 de 8 de abril, por todas)".

3.c- En la STC 18/1996 de 12 de febrero, el TC declaró que "no existe vulneración del art. 24.1 CE cuando la situación a que se achaca tal vulneración sea debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de las partes o de los profesionales que les representen o defiendan".

(...) la STC 79/2001, de 26 de marzo, F.6 citada en sentencia de esta Sala de 14 de diciembre de 2006, rec. 8527/2004, establece que la posibilidad de subsanación de la omisión del poder del procurador puede darse "cuando, atendida la ratio de su exigencia procesal, ésta pueda aún ser reparada sin menoscabo de la regularidad del procedimiento y sin daño de la posición de la parte adversa, y siempre que, en definitiva, no se aprecie una posición negligente o contumaz en el recurrente".

(...)

5.- Este magistrado ponente entiende que en el presente caso la omisión del poder del procurador era un defecto insubsanable por dos razones:
La primera, porque la Procuradora conocía y citaba en el escrito de interposición el art. 45.2 LJCA y se limitó a decir "la representación del recurrente, según acreditaré, mediante otorgamiento del correspondiente poder apud acta". Y la segunda, porque su subsanación, respetando "la regularidad del procedimiento y sin daño de la posición de la parte adversa", ( STC 79/2001 antes citada), no era ya posible por haber agotado el plazo para la interposición del recurso en la fecha en que se hizo.

6.- Conforme al art. 47 del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), "toda demanda interpuesta en virtud del artículo 34 del Convenio [...] deberá contener todas las informaciones solicitadas [...]" y entre ellas: si el demandante actúa a través de un representante, deberá acreditarse dicha representación. 

Si no cumple la demanda todas las exigencias, se rechaza la misma, rechazo que no es definitivo, pues se puede presentar una nueva demanda o acompañar el documento omitido, si no ha expirado el plazo de seis meses fijado en el art. 35.1 del Convenio.

En la decisión Malysh e Ivanin C. Ucrania (nº 40.139/14 y 44.418/14), el TEDH rechazó el 9 de septiembre de 2014 dos demandas, pues no se habían cumplimentado todos los requisitos en el plazo de seis meses, y no restaba tiempo para rectificar la/s omisión/es padecida/s. (No son abundantes estas decisiones, pues la inadmisibilidad por el incumplimiento del Reglamento se comunica por carta de un jurista).

7.- Si el TEDH no admite subsanación o aportación de los documentos exigidos fuera del transcurso del plazo para la presentación de la demanda, ello quiere decir que, conforme al art. 10.2 CE, la interpretación del plazo para recurrir debe considerarse como algo imperativo, y que si no se cumple, dentro de los dos meses para recurrir en vía contenciosa, el requisito de acreditar la representación del procurador, dicha omisión, salvo circunstancia justificadora expuesta en tiempo, no podrá rectificarse. Por tanto, en el supuesto de aplicación del art. 45.3 LJCA, la subsanación o la aportación del poder solamente es posible si aún resta tiempo en el plazo de los dos meses para recurrir. Y nunca si el recurso se interpuso al finalizar el plazo.

(...) En respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo planteada, se dice: La omisión del poder de representación del Procurador al interponerse recurso contencioso-administrativo, ( arts. 24 LEC y 45.2.a LJCA), es un defecto no subsanable, y que solamente puede ser rectificado, mediante aportación del poder notarial o apoderamiento apud acta, dentro del plazo de dos meses establecidos en el art. 46.1 LJCA, en el supuesto de existir aún tiempo para ello. Esta respuesta se fundamenta en la doctrina del TC y jurisprudencia del TEDH antes citadas.

Fundamento de Derecho Cuarto.- Conforme a la respuesta a la cuestión de interés casacional antes expuesta, y examinados los autos del TSJ de Galicia de 6 de marzo y de 2 de abril (tras el recurso de reposición) de 2019, procede desestimar el presente recurso, y confirmar la/s resolución/es impugnadas por ser la/s mismas conforme a derecho".

De lo anterior, por tanto, podemos concluir que se ha 'flexibilizado' la postulación procesal, pues lo establecido en el artículo 45 LJCA no da lugar a dudas y la subsanación del defecto a posteriori o incluso, fuera de plazo, supone una inobservancia de los requisitos exigidos en dicho artículo que parece no preocupar a la jurisprudencia. 

3. Representación de personas jurídicas

Sentencia del Tribunal Supremo, N.º 909/2018, de 1 de junio de 2018. ECLI: ES:TS:2018:1940

"(...) la STS, Sección 5ª, de 19 de mayo de 2015 (rec.446/2013) se dijo que: «[...] para tener por cumplido el requisito procesal del artículo
45.2.d) tantas veces mencionados no basta con aportar el poder para pleitos, incluso cuando haya sido otorgado por el administrador único de la sociedad, sino que habrá que justificar asimismo cuál es el órgano competente para adoptar la decisión de litigar,bien el administrador (como será lo habitual) bien la Junta General (posibilidad que no por poco habitual ha de desdeñarse sin más). (...) 
no es exigible que la autorización para litigar debe adoptarse con anterioridad a la interposición del recurso contencioso-administrativo". 

4. Acreditación de la legitimación del actor

Sentencia del Tribunal Supremo, Rec. 2601/2012, de 31 de marzo de 2015. ECLI: ES:TS:2015:1329

"(?) es cierto que como un presupuesto esencial del proceso, la legitimación debe quedar acreditada desde el inicio del mismo; que no es, en el proceso ordinario de nuestra Ley Jurisdiccional, la demanda, como se afirma en los motivos del recurso que se examinan, sino en el escrito de interposición, como se exige en el artículo 45.2º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que en su párrafo b) impone la necesidad de aportar con dicho escrito ?el documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título?, que era el caso de autos".

El apartado 4.º del artículo 45 LJCA, hace referencia al recurso de lesividad, que es aquel basado en una declaración de lesividad. Este se iniciará mediante formulación de demanda, atendiendo a lo establecido en el artículo 56.1 de la LJCA: 

Artículo 56.1 LJCA

1. En los escritos de demanda y de contestación se consignarán con la debida separación los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración.

En el recurso, se fijará con precisión la persona o personas demandadas y su sede o domicilio si constara. La demanda deberá acompañarse en todo caso, de la declaración de lesividad, el expediente administrativo y, si procede, los documentos mencionados en el apartado 2.º del artículo 45 LJCA

Finalmente, el artículo 45 LJCA en su apartado 5º, regula aquellos recursos que se dirigen contra una disposición general, acto, inactividad o vía de hecho en los que no existen terceros interesados. Estos podrán iniciarse también mediante demanda, la cual concretará la disposición, acto o conducta impugnados, razonando su disconformidad a Derecho. 

La demanda irá acompañada de los documentos que procedan ya mencionados en el apartado 2.º del artículo 45 LJCA.

Plazos para la interposición del recurso contencioso-administrativo atendiendo a su objeto

Los plazos para la interposición del recurso contencioso administrativo dependerán de su objeto, si es vía de hecho, si es un litigio entre administraciones, etc. El artículo 46 LJCA establece estos plazos y también el relativo al recurso de lesividad. 

a) Plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo

El plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo, dependerá del objeto de este (art. 46.1-46.4 y 46.6 LJCA). 

  • Si el recurso contencioso-administrativo se plantea frente a la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto expreso que ponga fin a la vía administrativa, el plazo será de dos meses. 
  • Si la notificación o publicación del acto que pone fin a la vía administrativa no fuera expresa, el plazo será de seis meses, y se contará a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 

  • En los supuestos previstos en el artículo 29, los dos meses se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos señalados en dicho artículo. Estos supuestos son: 

Artículo 29 

1. Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.

2. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78.

  • Si el recurso se planteara contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponerlo será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30 LJCA, en el que se establece la posibilidad de formular requerimiento previo a la Administración actuante, intimando su cesación. Si en el plazo de los diez días siguientes al requerimiento, este no fuere atendido, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo. En el caso de no formular requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho. 

  • Si el recurso se plantea contra una resolución de recurso potestativo de reposición, el plazo para interponerlo se contará desde el día siguiente a la notificación expresa o desde el día en que deba entenderse presuntamente desestimado por ausencia de resolución expresa (silencio negativo).

  • El plazo para interponer recurso contencioso administrativo por los litigios entre Administraciones, será de dos meses, SALVO que la Ley establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento regulado en el artículo 44 LJCA, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado. 

b) Plazo para la interposición del recurso de lesividad

El recurso de lesividad tendrá un plazo de presentación de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad objeto del recurso.

A TENER EN CUENTA. A pesar de los plazos establecidos en la LJCA en relación a la interposición del recurso contencioso administrativo, el Pleno del Tribunal Constitucional ha dictaminado mediante Sentencia N.º 52/2014, de 10 de abril, ECLI: ES:TC:2014:52, lo siguiente:

"(...) la Administración sigue estando obligada a resolver expresamente, sin vinculación al sentido negativo del silencio [arts. 42.1 y 43.3 b) LPC], el inciso segundo del art. 46.1 LJCA ha dejado de ser aplicable a dicho supuesto. En otras palabras, se puede entender que, a la luz de la reforma de 1999 de la Ley 30/1992, la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones por silencio no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el art. 46.1 LJCA.

Así entendido, es manifiesto que el inciso legal cuestionado no impide u obstaculiza en forma alguna el acceso a la jurisdicción de los solicitantes o los terceros interesados afectados por una desestimación por silencio. Por todo ello, procede declarar que el inciso legal cuestionado no vulnera el art. 24.1 CE.

Conclusión en parte coincidente con la que mantiene el Tribunal Supremo (SSTS 269/2004, de 23 de enero; 2024/2006, de 21 de marzo; 4384/2007, de 30 de mayo; 1600/2009, de 31 de marzo, y 1978/2013, de 17 de abril) en la interpretación de este precepto tras la reforma de la Ley 30/1992 operada por la referida Ley 4/1999, cuando se trata de supuestos en los que, como el que ha dado lugar al planteamiento de la presente cuestión, se reacciona frente a la desestimación por silencio".

Por lo tanto, se concluye que no existe plazo para interponer recurso contencioso-administrativo frente a actos o disposiciones que carecen de resolución expresa, por lo que, la LJCA contiene un precepto inaplicable de acuerdo a la jurisprudencia y en virtud de la protección del artículo 24 C.E., relativo al derecho a la tutela judicial efectiva como máxima de nuestro ordenamiento por encontrarse regulado en la sección 1.ª, Capítulo II, del Título I de la C.E., relativo a los derechos fundamentales y libertades públicas, que cuentan con una protección jurisdiccional especial (art. 53.2 C.E.). 

CUESTIÓN

Unos particulares recurren la resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento X que les deniega una licencia de obras. Más tarde, dado que este recurso no obtuvo respuesta de ningún tipo en varios meses, deciden interponer recurso contencioso-administrativo por la desestimación mediante silencio administrativo.

El abogado del Ayuntamiento X (en representación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento X), pide la inadmisión del recurso por considerar que los particulares lo han interpuesto fuera de plazo, ya que entiende que se excede lo previsto en el artículo 46 LJCA, al haber transcurrido más de seis meses desde la desestimación por silencio. 

¿Es correcta la pretensión del letrado del Ayuntamiento X?

Más allá de lo establecido en el art. 46 LJCA, la jurisprudencia ha venido admitiendo la inobservancia al precepto del mencionado artículo, relativo al silencio administrativo, ya que se considera un obstáculo al derecho a la tutela judicial efectivaen base, entre otras: Sentencia del Tribunal Constitucional, N.º 14/2006, de 16 de enero, ECLI:ES:TC:2006:14 o Sentencia del Tribunal Constitucional, N.º 52/2014, de 10 de abril, ECLI: ES:TC:2014:52.

Por tanto, el plazo de 6 meses no se aplica y el recurso contencioso-administrativo contra actos o resoluciones 'presuntos' por silencio administrativo, podrán plantearse en cualquier momento, ya que la Administración está obligada a resolver. 

Por todo ello, la pretensión del letrado del Ayuntamiento X no será admitida a trámite. 

Publicación de la interposición del recurso 

El artículo 47 LJCA establece que una vez que el Letrado de la Administración de Justicia ha comprobado la validez de la comparecencia (art. 45.3 LJCA), en el siguiente día hábil, acordará cuando lo solicite el recurrente: 

- que se anuncie la interposición del recurso, y 

- remitirá de oficio al órgano competente para su publicación en el periódico oficial que proceda, atendiendo al ámbito territorial de competencia del órgano cuya actividad administrativa está siendo recurrida. También podrá acordar de oficio la publicación el Letrado si lo estima conveniente. 

Sin embargo, si el recurso se hubiera iniciado mediante demanda en los supuestos previstos por el artículo 45.5 LJCA, interpuesta contra una disposición general, se procederá a la publicación del anuncio y se concederán quince días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados. Una vez que ha transcurrido este plazo, el Letrado procederá a dar traslado de la demanda y de los documentos que la acompañen para que sea contestada primero por la Administración y luego por los demás demandados que se hubieran personado (art. 47.2 LJCA).

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Escrito de interposición
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Omisión
Letrados de la administración
Interés casacional
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Daños y perjuicios
Actos expresos
Inactividad de la Administración
Recurso de lesividad
Declaración de lesividad
Persona jurídica
Archivo de actuaciones
Falta de representación
Representación procesal
Defecto subsanable
Recurso de amparo
Defecto insubsanable
Derechos humanos
Poder de representación
Apoderamiento apud acta
Postulación de las partes
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Proceso ordinario
Jurisdicción contencioso-administrativa
Actos presuntos
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Actos firmes
Recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.
Derecho a la tutela judicial efectiva
Actuación administrativa
Silencio administrativo negativo
Recurso potestativo de reposición
Plazo de caducidad
Derechos fundamentales
Licencia de obras
Recurso contencioso-administrativo contra actos
Interés legitimo

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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