El justiprecio

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 31/12/2021

El justo precio expropiatorio o justiprecio consiste en la indemnización que el beneficiario de la expropiación debe pagar al expropiado. Desde un punto de vista analítico pueden considerarse las siguientes cuestiones:

  • Elementos del justiprecio
  • La determinación del justiprecio.
  • El pago del justiprecio y toma de posesión.
  • Responsabilidades por demora: intereses y retasación.
Qué es el justiprecio y dónde se regula

El justiprecio o justo precio, es un concepto jurídico indeterminado que aparece definido en el diccionario del español jurídico de la RAE como la «indemnización que el beneficiario de la expropiación tiene que pagar al expropiado», es decir, la cantidad que tiene que ser abonada al expropiado para resarcir la pérdida que ha sufrido su patrimonio.

CUESTIÓN 

¿Qué se entiende por concepto jurídico indeterminado?

Se consideran conceptos jurídicos indeterminados aquellos elementos indeterminados contenidos en la normativa y que se refieren a conceptos abstractos.

Para poder entender el contexto en el que entra en juego la figura del justiprecio, es necesario partir del concepto de expropiación forzosa, que supone, tal y como recoge el diccionario del español jurídico de la RAE, la «privación de propiedad privada o de derechos o intereses legítimos por razones de utilidad pública o interés social, y previa correspondiente indemnización».

La Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa se refiere a la expropiación forzosa como cualquier forma de privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueran las personas o entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio, siendo la causa la utilidad pública o el interés social.

En el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (Decreto de 26 de abril de 1957) se habla de «Toda la intervención administrativa que implique privación singular de la propiedad, derechos o intereses patrimoniales legítimos, a que se refiere el artículo primero de la Ley, es una expropiación forzosa a todos los efectos, y específicamente, a los de exigencia de habilitación legal, de sometimiento a procedimiento formal y de garantía jurisdiccional frente a la misma».

Podemos concluir que cuando se produce la expropiación forzosa, por la que la Administración priva al expropiado de una propiedad privada, o de derechos o intereses legítimos, siempre que dicha privación traiga su causa en una utilidad pública o interés social, deberá compensar al expropiado perjudicado por la pérdida que ha sufrido en sus bienes o derechos y, para ello, deberá determinarse el justiprecio, que consiste en una compensación económica o en especie. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que, entre el valor del bien o derecho expropiado, y la cuantía de la indemnización debe existir un equilibrio, que se obtendrá a través de las distintas modalidades de valoración que establezca el legislador, dependiendo de la naturaleza de los bienes y derechos expropiados.

En esta línea, el artículo 33.3 de la Constitución Española establece que «Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».

El Tribunal Constitucional en su sentencia n.º 166/1986, de 19 de diciembre, ECLI:ES:TC:1986:166, recoge las tres garantías de la propiedad privada frente al poder expropiatorio de los poderes públicos:

«1) un fin de utilidad pública o interés social, o causa expropiandi; 2) el derecho del expropiado a la correspondiente indemnización, y 3) la realización de la expropiación de conformidad con lo dispuesto en las Leyes». Dice también que «dicha indemnización debe corresponder con el valor económico del bien o derecho expropiado, siendo por ello preciso que entre éste y la cuantía de la indemnización exista un proporcional equilibrio para cuya obtención el legislador puede fijar distintas modalidades de valoración», añadiendo que «la garantía constitucional de la "correspondiente indemnización" concede el derecho a percibir la contraprestación económica que corresponda al valor real de los bienes y derechos expropiados, cualquiera que sea éste, pues lo que garantiza la Constitución es el razonable equilibrio entre el daño expropiatorio y su reparación».

Esta sentencia también se pronuncia sobre la naturaleza del justiprecio, analizando las diferentes posturas al respecto. Mientras que un sector considera al justiprecio como un requisito previo para la transferencia de la propiedad, otro considera que se trata del derecho a ser resarcido del expropiado una vez consumada la expropiación. En la práctica esto supone una diferencia importante, ya que incide directamente en el momento del pago, ya que en un caso el pago debe realizarse antes de la ocupación, y en el otro a posteriori. La citada sentencia del Tribunal Constitucional se pronuncia sobre este tema y dispone lo siguiente:

«El art. 33.3 de la Constitución no exige el previo pago de la indemnización y esto, unido a la garantía de que la expropiación se realice "de conformidad con lo dispuesto por las Leyes", hace que dicho artículo consienta tanto las expropiaciones en que la Ley impone el previo pago de la indemnización como las que no lo exigen, no siendo, por tanto, inconstitucional la Ley que relega el pago de la indemnización a la última fase del procedimiento expropiatorio».

Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo, rec. 5099/2000, de 1 de febrero de 2005, ECLI:ES:TS:2005:518 se refiere a la fijación de un precio justo a los bienes expropiados como pilar básico y fundamental sobre el que descansa la expropiación forzosa, cuya finalidad es «(...) dejar indemne la situación patrimonial del expropiado, mediante una equilibrada compensación en dinero que cubra satisfactoriamente el sacrificio económico realizado por aquel». 

También la sentencia del Tribunal Supremo, rec. 354/1992, de 6 de abril de 1994, ECLI:ES:TS:1994:17176 se pronuncia sobre el justiprecio en el sentido de definirlo como:

«(...) el precio real del bien expropiado, que como tiene reiteradamente señalado el Tribunal Supremo -Sentencias de 8 de noviembre de 1977 y 20 de enero de 1978 entre muchas otras-, no es otro que el que supone proporcionar, a quienes se ven privados por causa de utilidad pública de un bien o derecho, la compensación económica adecuada, sin que tal compensación pueda representar ni un enriquecimiento injusto ni una mengua injustificada del patrimonio del expropiado».

CUESTIÓN

¿Qué es el enriquecimiento injusto?

El enriquecimiento injusto es un principio general del derecho que prohíbe el enriquecimiento a costa del empobrecimiento ajeno cuando no exista justa causa para ello.

Marco normativo del justiprecio

La regulación más significativa del justiprecio se encuentra principalmente en: 

El Tribunal Constitucional, en sentencia n.º 166/1986, de 19 de diciembre, ECLI:ES:TC:1986:166, dispone que las expropiaciones establecidas en la ley no son inconstitucionales, siempre y cuando respeten las garantías fijadas en el artículo 33.3 de la CE, y lo hace en los siguientes términos:

«(...) nuestra Constitución, la cual no establece reserva de la materia de expropiación a favor de la Administración y, por tanto, no puede abrigarse duda, desde el punto de vista formal, que las expropiaciones ope legis son, en cuanto Leyes singulares, constitucionalmente legítimas, si bien requieren, por ser expropiatorias, que respeten las garantías del art. 33.3 de la Constitución».

A TENER EN CUENTA. Existe normativa autonómica sobre la materia, si bien, en los puntos siguientes nos centraremos únicamente en la normativa estatal.

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Justiprecio
Indemnización por expropiación forzosa
Expropiación forzosa
Utilidad pública
Interés social
Concepto jurídico indeterminado
Propiedad privada
Beneficiario de la expropiación
Interés legitimo
Cuantía de la indemnización
Pago de la indemnización
Compensación económica
Permuta
Ocupaciones temporales
Censo
Intervención administrativa
Valor de los bienes
Causa expropiandi
Enriquecimiento injusto
Poderes públicos
Valor real
Contraprestación económica
Daños y perjuicios
Procedimiento expropiatorio
Ope legis

RDLeg. 7/2015 de 30 de Oct (TR. de la ley de suelo y rehabilitación urbana) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 261 Fecha de Publicación: 31/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 31/10/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Fomento

Real Decreto 1492/2011 de 24 de Oct (Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 270 Fecha de Publicación: 09/11/2011 Fecha de entrada en vigor: 10/11/2011 Órgano Emisor: Ministerio De Fomento

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