Legitimación de las partes en el proceso laboral. Diferenciación de los supuestos de legitimación «ad processum » y legitimación «ad causam».

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 01/06/2016

Los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social, en los términos establecidos en el Art. 17 ,LJS

 

Están legitimados para ejercitar las acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social:  (1)

  • Los titulares de un derecho subjetivo o interés legítimo.
  • Sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios.
  • Organizaciones de trabajadores autónomos, para la defensa de los acuerdos de interés profesional por ellas firmados.
  • Ministerio Fiscal,  para intervenir en todos aquellos supuestos previstos en la LJS.

Legitimación «ad processum » y legitimación «ad causam».

Ambos conceptos han sido elaborados, matizados y convenientemente deslindados por la Jurisprudencia del Alto Tribunal en función de la evolución legislativa sobre la materia. Así, la legitimación « ad processum » se refiere a la genérica capacidad procesal y la legitimación activa, « ad causam », es la cualidad del sujeto consistente en hallarse en la posición de derecho material que fundamenta la pretensión que ejercita (STS, Sala de lo Civil, 23/03/2001). Mientras la falta de legitimación « ad processum » equivale a la falta de capacidad procesal, la falta de legitimación « ad causam » equivale a la falta de acción (STS 4/05/1997).

La STS 26/01/2004 expone que el artículo 17.1 de la entonces vigente Ley de Procedimiento Laboral (« los titulares de un derecho subjetivo o un interés legitimo podrán ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social, en los términos establecidos en las Leyes », (de idéntica redacción al actual apdo. 1, Art. 17 ,LJS) viene redactado en términos tan amplios que prácticamente se limita a acoger, aplicándolo en concreto al proceso social, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que, con carácter general, consagra el apdo. 1, Art. 24 ,Constitución Española. El legislador no condiciona ni pone coto alguno a este derecho, limitándose únicamente a remitirse a lo establecido en « las Leyes » respecto de los términos en los que aquél pueda ser ejercitado; pero no sólo legitima para accionar a quienes sean titulares de un concreto derecho subjetivo, sino, además, a quienes tengan un interés legítimo en acudir a la Jurisdicción.

 

(1) Para ser parte en un proceso hay que tener interés legítimo; interés que existe siempre que de prosperar la acción iniciada el partícipe pueda obtener un beneficio o la desaparición de un perjuicio – Sentencias Tribunal Constitucional, nº 101/1996, de 11/06/1996, Rec. Recurso de amparo 1.849/1994, Tribunal Constitucional, nº 24/2001, de 29/01/2001, Rec. Recurso de amparo 4703/98, Tribunal Constitucional, nº 84/2001, de 26/03/2001, Rec. Recurso de amparo 324/1999 y Tribunal Constitucional, nº 215/2001, de 29/10/2001, Rec. Recurso de amparo 1990/1999 –.

 

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Interés legitimo
Derecho subjetivo
Capacidad procesal
Legitimación de las partes
Falta de legitimación
Asociaciones empresariales
Trabajador autónomo
Acuerdo de interés profesional
Legitimación activa
Falta de capacidad
Recurso de amparo
Derecho a la tutela judicial efectiva
Derechos fundamentales

Ley 36/2011 de 10 de Oct (Jurisdicción social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 245 Fecha de Publicación: 11/10/2011 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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