Límites para el ejercicio del poder punitivo del Estado y del Derecho Penal

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Dentro de las denominadas limitaciones al poder punitivo del Estado tenemos que hacer referencia al hecho de que en ocasiones, dichos límites se basan en el fundamento político (es exigencia del Estado social de Derecho) frente a otras ocasiones en las que el fundamento utilizado para marcar los mismos es funcional (se basa en la necesidad del derecho penal para proteger los bienes jurídicos más preciados). Por tanto, diremos que todos los principios que pretenden limitar el ius puniendi derivan de ambos fundamentos.

 

Los principios limitadores del ius puniendi serían los siguientes:

- Principio de legalidad.

- Principio de intervención mínima.

- Principio de culpabilidad.

- Principio de exclusiva protección de los bienes jurídicos.

- Principio de efectividad, eficacia o idoneidad.

- Principio de proporcionalidad.

- Principios de humanidad o humanización y de resocialización.

Comenzando con lo que sería el principio de legalidad, diremos que el mismo se refiere a que únicamente la ley aprobada por el Parlamento (en ningún caso por lo que sería el poder ejecutivo o judicial, y además hablamos aquí del legislador nacional, en ningún caso autonómicos) es la que puede definir las conductas delictivas y establecer las sanciones de las mismas. Por tanto, el significado principal de este principio es el de entender que la ley es la fuente formal, inmediata y directa del Derecho Penal.

La doctrina mayoritaria entiende que las leyes penales tienen que tener el carácter de orgánicas, según lo que se recoge en el Art. 81 ,Constitución Española.

Es importante respecto al Derecho penal saber que este principio defiende la garantía formal que obliga que se cumpla con la exigencia de lex praevia, scripta et stricta y además, también se exige respecto al mismo que sólo por medio de una sentencia firme se pueda apreciar la responsabilidad penal.

Decir, que este principio surge de la ideología de la Ilustración donde se promulga la división de poderes y va a entenderse como una garantía de libertad, certeza y seguridad jurídica del ciudadano.

En relación con el principio de legalidad, hay que hacer referencia a sus cuatro garantías:

- Garantía criminal o también denominada nullum crimen sine lege: determina que no se va a poder castigar como infracción penal un comportamiento que no esté con anterioridad establecido en la ley (1.1 ,Código Penal).

- Garantía penal o también denominada nulla poena sine lege: hace referencia a que no se puede imponer una pena o una medida de seguridad, si la misma no estuviera recogida previamente en la ley (2.1 ,Código Penal).

- Garantía jurisdiccional o también denominada nemo damnetur nisi per legale iudicium: hace referencia a que son los Tribunales de Justicia preestablecidos los únicos que pueden imponer sanciones a aquellos que realicen un comportamiento considerado como delito en la ley (117.3 ,Constitución Española).

- Garantía de ejecución: determina que la forma de cumplir las penas y las medidas de seguridad tiene que seguir lo que la ley recoge (25.2 ,Constitución Española).

Siguiendo con el principio de intervención mínima (principio de subsidiariedad), hay que hacer referencia a que el mismo se refiere a que el Derecho penal tiene que ser la ultima ratio, es decir, que el derecho penal tiene que ser el último recurso al que se debería de acudir, por tanto, si existen otros medios menos lesivos, se utilizarán estos en primer lugar. Su aplicación en aquellos casos en los que existan medios lesivos se considerará injustificable.

Aquí, debemos de hacer referencia también al denominado como carácter fragmentario del derecho penal, que determina que el mismo no tiene la obligación de proteger todos los bienes jurídicos y por tanto, que no tiene la obligación tampoco de penar todas las conductas que dañen dichos bienes, sino que tiene que proteger las lesiones más graves que se lleven a cabo frente a los bienes jurídicos más relevantes.

Por otro lado, es importante destacar el principio de culpabilidad, que hace referencia a que por un lado, no hay pena sin culpabilidad y por otro, que la pena no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad. Hay que hacer referencia a que siguiendo este principio la culpabilidad tiene que ser entendida en sentido jurídico únicamente, no considerando en ningún caso, la concepción moral que predomina en la sociedad.

Este principio parte de la idea de que existe lo que se conoce como libre albedrío, es decir, tiene su origen en la idea de que el ser humano es dueño de sus propios actos, actos que no están determinados por el entorno en el que dicho ser humano se encuentre.

De la culpabilidad surgen otros principios  como son el de personalidad, el de responsabilidad por el hecho y el principio de dolo o culpa.

El principio de la personalidad (o también denominado como principio de responsabilidad personal), hace referencia a que no puede existir responsabilidad conjunta por un hecho cometido por una persona, y tampoco puede darse responsabilidad por hecho ajeno en el ámbito del derecho penal.

El principio de responsabilidad por el hecho que afirma que nadie puede ser castigado por su conducta de vida o forma de ser.

El principio de dolo o culpa (también denominado como principio de responsabilidad subjetiva) considera que para que alguien pueda ser sancionado por la realización de una conducta delictiva, el hecho delictivo que la persona haya realizado tiene que ser doloso (querido) o culposo (imprudente).

El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, determina que solamente va a ser posible que se tipifiquen como delitos, aquellos comportamientos (tanto acción como omisión) que lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicos más preciados, es decir, los considerados como auténticos valores.

El principio de efectividad, eficacia o idoneidad, hace referencia a que el derecho penal únicamente va a poder intervenir cuando sea eficaz y adecuado para la prevención del delito y por tanto, para la protección de los valores considerados como más preciados para la sociedad, por tanto, si no se considera mínimamente eficaz, no está justificada la utilización del mismo.

El principio de proporcionalidad, que considera que no se pueden imponer sanciones que superen lo considerado como necesario para que se lleve a cabo la labor preventiva que pretende la no comisión de delitos. Además, hace referencia también al hecho de que la sanción impuesta tiene que estar en concordancia con el delito cometido, es decir, tiene que haber una pena equilibrada con el hecho delictivo realizado. Si un hecho es poco grave nunca se va a poder castigar del mismo modo que un hecho considerado como más grave.

El principio de humanidad o humanización y de resocialización, que exige el uso de las sanciones penales que sean más compatibles con el derecho de los ciudadanos a participar en la vida social y por tanto, que promulgan la reeducación y la reinserción social.

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