Listado de órganos económico-administrativos en las CCAA

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Fiscal
  • Fecha última revisión: 19/11/2020

Las siguientes CCAA cuentan con órganos económico-administrativos.

Andalucía

En la conformación de los órganos económico-administrativos de esta Comunidad Autónoma podemos distinguir diferentes momentos temporales:

  • En primer lugar, y mediante el Decreto 175/1987, de 14 de julio, de creación y estructuración de los órganos competentes para conocer de las reclamaciones económico-administrativas que se produzcan en el ámbito de la gestión económica, financiera y tributaria de la Junta de Andalucía, se establecieron como órganos competentes para conocer de las reclamaciones económico-administrativas en el ámbito de la gestión, inspección y recaudación de los tributos, exacciones parafiscales y en general, de todos los ingresos de Derecho Público de la Junta de Andalucía, con exclusión expresa de los tributos cedidos por el Estado y los recargos que se establezcan sobre los mismos, a la persona titular de la Consejería de Hacienda, a la Junta Superior de Hacienda y a las Juntas Provinciales de Hacienda. En cuanto el procedimiento a seguir este Decreto 175/1987 señala hasta que no se apruebe un Reglamento de Procedimiento para las reclamaciones económico administrativas regirá la normativa estatal.
  • En el año 2010, asumió mediante la Ley 18/2010, de 16 de julio, por la que se aprueba el régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra los actos dictados en el ejercicio de la aplicación de los tributos cedidos en única instancia, haciendo uso de la previsión ya mencionada anteriormente del artículo 59.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, si bien supeditó la asunción de estas competencias al efectivo traspaso de los servicios y funciones que tenga el Estado adscritos a dicha competencia. De tal forma que, mientras no se produzca dicho traspaso, la competencia seguirá siendo ejercida por los órganos del Estado que la tienen encomendada en la actualidad.
  • Precisamente para poder culminar el traspaso de competencias la comunidad autónoma andaluza dicta el Decreto 60/2020, de 29 de abril, por el que se regula la organización, el funcionamiento y el régimen jurídico del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía, con entrada en vigor el 6 de agosto de 2020, por el que trata de adaptar la estructura y organización de los órganos económico-administrativos, al incremento del volumen de trabajo que supondrá la asunción definitiva de las competencias revisoras de tributos estatales, que asumirá el "Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía".

Aragón

En el año 1985 y con base en lo dispuesto en artículo 20 de la LOFCA se crea el Tribunal Económico Administrativo de la Administración Autónoma de Aragón mediante la Ley 5/1985, de 20 de noviembre, reguladora del Tribunal Económico-Administrativo de la Administración Autónoma de Aragón, que será el encargado de conocer y resolver las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra actos dictados por sus órganos y Organismos Autónomos, en relación a tributos propios de la Comunidad Autónoma, con exclusión expresa tanto de los tributos cedidos por el Estado, como de los recargos que sobre ellos pudiera establecer la Comunidad.

Ya en el año 1998 se dicta una ley en la que se establece una normativa propia de la Comunidad Autónoma en materia de revisión administrativa, ya que hasta ahora como señala la exposición de motivos de la Ley 1/1998, de 16 de febrero, de Revisión administrativa en materia de Tributos propios y otros Recursos de Derecho público de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Ley 5/1985 "realmente no incorporaba una normativa propia en la materia objeto de la presente Ley y se limita a remitirse a la legislación general en la materia".

Como en el resto de CC.AA, con la Ley 24/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión la Comunidad Autónoma de Aragón asume competencias para revisar los actos dictados por los órganos de la Comunidad autónoma en relación con los tributos cedidos, que se excluía expresamente en la Ley 5/1985, si bien de momento no se ha hecho efectiva esta asunción de competencias.

Principado de Asturias

De conformidad con el artículo 30 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias "Los actos de gestión, liquidación y recaudación de tributos propios del Principado de Asturias y de otros ingresos de derecho público del mismo, así como los de reconocimiento o liquidación de obligaciones y cuestiones relacionadas con las operaciones de pago realizadas con cargo a la Tesorería General del Principado de Asturias, son susceptibles de reclamación económico-administrativa ante el titular de la consejería competente en materia económica y presupuestaria", actualmente la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias.

También en Asturias, con la Ley 19/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, esta comunidad asume las competencias en materia de revisión de tributos cedidos, si bien aún no se ha procedido al traspaso efectivo de las competencias.

Islas Baleares

La Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, establece en su artículo 62.3 que "los actos dictados por la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia tributaria son susceptibles de recurso potestativo de reposición y de reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior de Hacienda de las Illes Balears, conforme a la normativa reguladora de este órgano", añadiendo el apartado 2 del mismo precepto que la revisión de los actos en vía administrativa en materia tributaria debe ajustarse a la Ley General Tributaria y a sus disposiciones de desarrollo. En el mismo sentido se expresa el artículo 28 del texto refundido de la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio, en cuanto a los recursos procedentes contra los actos y las resoluciones en materia económico-administrativa dictados por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma o de las entidades de derecho público que dependen de ésta.

En el año 2006, se dicta el Decreto 49/2006, de 2 de junio, por el que se regula la estructura de los órganos competentes para el conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se produzcan en el ámbito de la gestión económica, financiera y tributaria de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con el objeto de adaptar la normativa autonómica a las modificaciones introducidas en la LGT y el Reglamento de revisión en vía administrativa; y que a afectos de revisión de los tributos propios y cedidos señala lo siguiente: "Las reclamaciones económico-administrativas, tanto si se suscitan cuestiones de hecho como de derecho, se atribuirán al conocimiento y resolución de la Junta Superior de Hacienda de las Illes Balears, cuando se planteen con relación a las siguientes materias: Los actos de aplicación de los tributos y la imposición de sanciones tributarias dictados por cualquier órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o de sus entidades de derecho público dependientes, excepto cuando se refieran a tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o a los recargos que ésta pueda establecer sobre estos tributos".

Ya con la Ley 28/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, se supera esta excepción que no permitía a los órganos económico administrativos la revisión de los actos referidos a tributos cedidos, si bien la asunción efectiva de estas competencias quedando condicionada a la materialización de los traspasos de los servicios y funciones adscritos a la misma.

Finalmente, mediante el Decreto 20/ 2012, de 16 de marzo, por el que se regula la estructura de los órganos competentes para el conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se produzcan en el ámbito de la gestión económica, financiera y tributaria de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en relación con la asunción de competencias revisoras en materia de impuestos cedidos la Comunidad Autónoma Balear opta por asumir la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en única instancia -frente a la otra posibilidad consistente en que el órgano económico-administrativo autonómico conociera en primera instancia de la revisión de los tributos estatales que se cede, de manera similar a la función que cumplen los tribunales económico-administrativos regionales y locales del Estado respecto del Tribunal Económico-Administrativo Central-, siendo de aplicación tanto el procedimiento general en única instancia, como el procedimiento abreviado, ambos regulados en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. Asimismo, se asume la competencia para el conocimiento del recurso extraordinario de revisión contra los actos firmes relativos a tributos estatales.

Canarias

En el marco competencial de la Comunidad Autónoma de Canarias, la regulación específica de las reclamaciones económico-administrativas se encuentra esencialmente recogida en los artículos 29 a 38 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, que conforman el Título III del citado cuerpo legal. En concreto, el artículo 30 constituye como órganos competentes para el conocimiento y resolución de las cuestiones relativas a las reclamaciones económico-administrativas a la Junta Central Económico-Administrativa de Canarias y a las Juntas Territoriales Económico-Administrativas de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. En la D.T. 1ª. de la ley queda en suspenso la facultad revisora de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias que señala "entrará en vigor una vez que por la Ley Orgánica de las Cortes Generales se transfieran o deleguen a la Comunidad Autónoma de Canarias el conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas en materia de la aplicación y de la imposición de sanciones de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias".

La entrada en vigor de la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, dio nueva redacción al artículo 30 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, suprimiendo la Junta Central Económico-Administrativa de Canarias y las Juntas Territoriales Económico-Administrativas de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, y constituyendo a la Junta Económico-Administrativa de Canarias como único órgano competente para resolver sobre:

"La aplicación de los tributos y la imposición de sanciones tributarias que realicen la Administración Tributaria Canaria y demás órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tanto respecto de los tributos propios como de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias".

Con la Ley 26/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, se da un nuevo paso en lo que se refiere a la revisión por parte de los órganos económico-administrativos de la Comunidad Autónoma de los impuestos cedidos, ya que en esta ley ya se reconocen estas competencias, si bien como ocurre en el resto de comunidades autónomas quedó pendiente el traspaso efectivo de competencias.

En el año 2015, en desarrollo de lo previsto en la Ley 9/2006, se aprueba el Decreto 342/2015, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Junta Económico-Administrativa de Canarias, que viene a completar la regulación normativa de la ley de 2006, atendiendo la exigencia de desarrollo reglamentario contenida a lo largo de su articulado, en ella se recoge todo lo relativo a la composición, organización y funcionamiento de la Junta Económico-Administrativa de Canarias. Con este reglamento la comunidad autónoma canaria sigue preparándose para el momento en que finalmente se haga efectivo el traspaso de competencias en materia de revisión de impuestos cedidos, adaptando la estructura y funcionamiento de sus órganos económico-administrativos.

Finalmente en el año 2018 se dicta la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que recoge ya en su articulado la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, ya reconocida en otras leyes, para la revisión de las REAs tanto en relación a sus tributos propios como en relación a los impuestos cedidos; al tiempo que sigue plasmando que en materia de revisión de impuestos cedidos se está a la espera de que se produzca una transferencia efectiva de las competencias, así su artículo 186 señala que:

"En caso de tributos cedidos, la Comunidad Autónoma de Canarias asumirá por delegación del Estado la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su caso, de los mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas administraciones, todo ello de acuerdo con lo especificado en la ley que fije el alcance y condiciones de la cesión".

Cantabria

El artículo 51 del Estatuto de Autonomía para Cantabria establece que el conocimiento de las reclamaciones relativas a la gestión, recaudación, liquidación e inspección de
sus propios tributos corresponderá a la Comunidad Autónoma de Cantabria. Señala además, que:

"En el caso de los impuestos cuyos rendimientos se hubiesen cedido, el Gobierno asumirá, por delegación del Estado, la gestión, recaudación, liquidación, inspección y revisión, en su caso, de los mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas Administraciones, todo ello de acuerdo con lo especificado en la Ley que fije el alcance y condiciones de la cesión".

Igualmente, el artículo tercero. 3) de la Ley 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas de la Diputación Regional de Cantabria, según la redacción dada por el artículo 7 de la Ley de Cantabria 7/2000, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, establece que el conocimiento y resolución de las reclamaciones económico administrativas corresponderá a los siguientes órganos: al Consejero de Economía y Hacienda y a la Junta Económico Administrativa.

En desarrollo de las previsiones de esta ley 7/2000, se dicta el Decreto 143/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización y régimen jurídico
de las reclamaciones económico-administrativas que se susciten en el ámbito de la gestión económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Ya en el año 2010, se dicta como para el resto de las CC.AA. la ley 20/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, se viene a dar contenido a la previsión del artículo 51 del Estatuto de Autonomía cántabro, y se cede la competencia en materia revisora en materia de impuestos cedidos a la Comunidad Autónoma, si bien como en el resto de CC.AA. todavía no se ha producido la cesión efectiva de estas competencias.

Castilla La Mancha

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en su artículo 52.1, establece que el conocimiento de las reclamaciones relativas a la gestión, recaudación, liquidación e inspección de sus propios tributos corresponde a la Junta de Comunidades, que dispondrá de plenas atribuciones para la ejecución y organización de dichas tareas.

La Disposición Adicional Primera de la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha crea el Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, señala "será el órgano colegiado competente de la Administración Regional para conocer y resolver sobre los recursos y reclamaciones de naturaleza económico-administrativa".

Esta denominación como "Tribunal Económico-Administrativo" no convenció al legislador castellano-manchego que aprovechando la necesidad de legislar acerca de la composición, competencias y funcionamiento de este órgano revisor, a través del Decreto 112/1998, de 24 de noviembre, por el que se establece la composición, competencias y funcionamiento de la Comisión Superior de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (modificado por el Decreto 135/2002, de 1 de octubre de 2002) se adopta la denominación de Comisión Superior de Hacienda de Castilla-La Mancha, evitando así confusiones que pudieran afectar a la seguridad jurídica de los ciudadanos, de manera que quede claro que es esta Comisión la encargada de resolver las REAs interpuestas contra tributos propios.

En cuanto a los tributos cedidos las facultades revisoras se atribuyen a la Comisión Superior de Hacienda de Castilla-La Mancha a través de la Ley 25/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, si bien todavía se está a expensas de hacer efectiva la cesión de competencias.

Castilla y León

De acuerdo con el artículo 86 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León corresponden a la Comunidad Autónoma: "Las competencias normativas y las competencias de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos cuyo rendimiento esté cedido a la Comunidad de Castilla y León, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión de dichos tributos".

En desarrollo de esta previsión estatutaria se dicta la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, que en su Capitulo III de su Título III crea un órgano especifico, la Comisión de Reclamaciones Económico-Administrativas, para conocer de este tipo de recursos administrativos. Las normas de  funcionamiento de esta Comisión se recogen en el Decreto 95/1987, de 24 de abril, por el que se concretan las Normas de Funcionamiento de la Comisión de Reclamaciones Económico-Administrativas.

Por su parte la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Publico de la Comunidad de Castilla y León, señala que podrán revisarse vía REA: 

  • Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos propios de la Comunidad.
  • Los actos de imposición de sanciones tributarias en virtud de infracciones que afecten a los tributos propios de la Comunidad.
  • Los actos dictados en el procedimiento de apremio respecto de cualquier ingreso de derecho público a excepción de los que correspondan a tributos cedidos por el Estado.

No es hasta la promulgación de la Ley 30/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, cuando la Comunidad Autónoma asume competencias revisoras en materia de tributos cedidos, si bien como ocurre para el resto de Comunidades Autónomas todavía no se ha hecho efectiva esa cesión, de modo que las REAS relativas a los tributos cedidos las seguirá resolviendo el TEAR de Castilla y León.

Cataluña

El artículo 205 del Estatuto de Autonomía de Cataluña señala que: "La Generalitat debe asumir, por medio de sus propios órganos económico-administrativos, la revisión por la vía administrativa de las reclamaciones que los contribuyentes puedan interponer contra los actos de gestión tributaria dictados por la Agencia Tributaria de Cataluña".

La Generalidad de Cataluña creó y estructuró sus propios órganos para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas mediante el Decreto 223/1983, de 9 de junio. El sistema organizativo adoptado entonces se basó en un reparto tripartito de las funciones, en el cual eran órganos competentes, además del consejero o consejera de Economía y Finanzas, la Junta Superior de Finanzas y las correspondientes Juntas Territoriales de Finanzas.
Posteriormente, mediante los decretos 43/1985, de 7 de febrero; 76/1987, de 20 de febrero; 329/1989, de 9 de junio; 116/1993, de 23 de marzo, y, finalmente, mediante el Decreto 182/1996, de 4 de junio, se han ido modificando algunos aspectos de la composición de estos órganos colegiados.

Ya en el año 2003, el aumento de las REAs, hace necesario configurar una nueva organización de los órganos económico-administrativos; así mediante el Decreto 73/2003, de 18 de marzo, de regulación de la Junta de Finanzas de la Generalidad de Cataluña,  se opta por un sistema de distribución de las competencias entre el consejero o consejera de Economía y Finanzas y un solo órgano colegiado, con competencia ahora sobre todo el territorio, la Junta de Finanzas, que conocerán de las REAs interpuestas contra los actos derivados de: "La gestión, la inspección y la recaudación de los tributos y, en general, de todos los ingresos de derecho público de la Administración de la Generalidad de Cataluña y de sus entidades autónomas, con exclusión expresa de los tributos cedidos por el Estado a la Generalidad de Cataluña y de los recargos que se establezcan sobre los tributos de aquel".

Esta exclusión expresa de revisión de los tributos cedidos decae con la Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, por la que se cede la competencia revisora sobre los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma, si bien de momento no se ha producido el traspaso efectivo de la misma.

Extremadura

De acuerdo con el artículo 83 del Estatuto de Autonomía de Extremadura: "En la Junta de Extremadura se constituirá un órgano para conocer de las reclamaciones económico-administrativas que se deduzcan frente a cualesquiera actos de la Administración regional dictados en aplicación de los tributos que gestione y frente a otros actos de contenido económico que determine la Ley".

En cumplimiento de esta previsión, la disposición adicional primera del Decreto Legislativo 1/1992, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, crea la Junta Económico-Administrativa de Extremadura, atribuyéndole a ella y al Consejero de Economía de Hacienda el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados por la Administración Autonómica en el ámbito de sus competencias, cuando se trate de tributos propios de ésta.

Posteriormente en la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos, en su Disposición Adicional Primera, establece que conocerá y resolverá en única instancia las reclamaciones económico-administrativas y los recursos extraordinarios de revisión que no sean de la competencia del Consejero de Economía, Industria y Comercio.

Actualmente, la Ley 1/2015, de 10 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece, en su artículo 34, que la Junta Económico-Administrativa de Extremadura, la "encargada de conocer y resolver las reclamaciones económico-administrativas y el recurso extraordinario de revisión que se interpongan contra los actos de aplicación de los tributos propios, de imposición de sanciones tributarias derivadas de aquéllos y de recaudación de los demás ingresos de derecho público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos".

Por último en lo que ser refiere a la competencia para resolver sobre REAs relativas a impuestos cedidas, la Ley 27/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, reconoció esta competencia a la Comunidad Autónoma extremeña, si bien como ocurre en el resto de CC.AA. "La asunción efectiva por la Comunidad Autónoma de Extremadura de la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas establecida en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 2 de esta ley, se producirá con los traspasos de los servicios y funciones adscritos a dicha competencia, siendo ejercida por los órganos que la tengan encomendada en la actualidad, en tanto no se produzca dicha asunción efectiva" (D.T. 2ª. de la Ley 27/2010).

Galicia

A diferencia de lo que ocurre en otras Comunidades Autónomas, el Estatuto de Autonomía de Galicia no prevé expresamente la posibilidad de asumir competencias en materia de revisión económico-administrativa, pero sí lo hacen otras disposiciones. Así y con base en el mencionado artículo vigésimo de la LOFCA, mediante la Disposición adicional primera, Ley 13/1991, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG núm. 241, de 13 de diciembre de 1991): "Se crea el Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad Autónoma de Galicia, como único órgano colegiado competente en el ámbito de la Comunidad Autónoma para la resolución de los recursos y reclamaciones de naturaleza económico-administrativa, tanto si en ellos se plantean cuestiones de hecho como de derecho y que se deduzcan sobre las siguientes materias: a) La gestión, inspección y recaudación de los tributos propios de la Hacienda de la Comunidad y, en general, de todos los ingresos de derecho público que correspondan a la misma."

Unos años más tarde se dicta la norma por la que se regula la organización, competencias, composición de este Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad Autónoma de Galicia, el Decreto 34/1997, de 20 de febrero, por el que se regula la organización, las competencias, la composición y el funcionamiento de la Junta Superior de Hacienda (DOG nº 44, de 5 de marzo de 1997), en la que se excluye expresamente las competencias en materia de REAs respecto a los tributos cedidos.

Posteriormente la Disposición adicional primera de la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG núm. 240, de 11 de diciembre de 2003), cambió la denominación del órgano de revisión económico-administrativo pasando a denominarse Junta Superior de Hacienda.

Ya en el año 2010, tal y como ocurrió en el resto de las Comunidades Autónomas se dicta la Ley 17/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión; por la que la Comunidad Autónoma de Galicia asume las competencias de revisión económico administrativa en materia de tributos cedidos, si bien, como prevé la D.T. 2ª de este ley, hasta que no se traspasen los servicios y funciones adscritos a esta competencia está cesión no será efectiva.

La Rioja

El artículo 50 del Estatuto de Autonomía de la Rioja, señala que "La Comunidad Autónoma podrá crear su propio Tribunal Económico-Administrativo, mediante Ley que regulará su composición, régimen y funcionamiento" que conocerá de de las distintas reclamaciones interpuestas "cuando se trate de tributos propios de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a su propio Tribunal Económico-Administrativo."

Habrá que esperar al año 2005 para que la Rioja se dote efectivamente de este tribunal a través de lo dispuesto en la Disposición Adicional 10ª de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Boletín Oficial de La Rioja de 07-06-2005): "Las reclamaciones económico-administrativas contra actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos propios de la Comunidad Autónoma y de otros ingresos de Derecho público de la misma, así como los de reconocimiento o liquidación de obligaciones y cuestiones relacionadas con operaciones de pago con cargo a la Tesorería de la Comunidad Autónoma se presentarán ante el Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de acuerdo con su legislación específica".

Todo lo relativo a la composición y funciones, se recogen en la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja. 

Por último, con la Ley 21/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, se atribuyen las competencias de revisión económico-administrativa de los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma de la Rioja, si bien hasta el momento esta cesión no se ha hecho efectiva.

Comunidad de Madrid

El artículo 56 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, ya recoge la previsión del artículo 20 de la LOFCA al señalar que "la gestión, recaudación, liquidación e inspección de sus propios tributos, así como el conocimiento de las reclamaciones relativas a los mismos, corresponderán a la Comunidad de Madrid".

En desarrollo de la previsión de la LOFCA y del propio estatuto de autonomía, el artículo 54 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, atribuye al la competencia para conocer de las reclamaciones económico-administrativas en relación a sus tributos propios a la "Junta Superior de Hacienda", en esta Ley se regula, además, la composición de este órgano.

En el año 1999 se aprueba el Decreto 286/1999, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Reclamaciones Económico-Administrativas que se susciten en el ámbito de la gestión económico-financiera de la Comunidad de Madrid (BOCM 5 de octubre de 1999), en este Reglamento se concreta todo lo relativo a la competencia, composición y funcionamiento del la Junta, así como el procedimiento económico-administrativo.

En cuanto a la asunción de competencias en materia de tributos cedidos, la Ley 29/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión reconoce, igual que lo hace respecto a todas las Comunidades Autónomas, esta competencia que como ya hemos reiterado todavía no se ha hecho efectiva.

Región de Murcia

El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Murcia recoge la previsión del artículo 20 de la LOFCA, y atribuye en su artículo 44 "el conocimiento de las reclamaciones interpuestas contra los actos dictados en materia tributaria, corresponderá: a) Cuando se trate de tributos propios de la Comunidad Autónoma, a sus propios órganos económico-administrativos".

El artículo 3.2 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, atribuye la competencia para conocer en única instancia de "Las reclamaciones que se interpongan contra los actos dictados por la Administración Regional en lo referente a ingresos de derecho público, con excepción de los tributos cedidos y de los recargos establecidos sobre tributos del Estado, [que] tendrán naturaleza económico-administrativa, y su conocimiento y resolución  [... ] al Consejero de Economía y Hacienda".

Posteriormente, a través de la Orden de 17 de julio de 2015 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se delegan competencias del titular del departamento en los titulares de los Órganos Directivos de la Consejería (BORM, 20 julio de 2015), se delega esta competencia en el titular de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda.

En el año 2010, mediante la Ley 22/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, se ceden las competencias a la Comunidad Autónoma de Murcia para revisar en vía económico-administrativa los actos relativos a los tributos cedidos, si bien las competencias todavía no han sido efectivamente cedidas. 

Comunidad Valenciana

El artículo 69 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana recoge la atribución de competencias en materia de revisión económico-administrativa de los tributos propios hecha por el artículo 20 de la LOFCA, disponiendo que: "Los órganos económico-administrativos propios conocerán de las reclamaciones interpuestas contra los actos dictados por la administración tributaria autonómica cuando se trate de tributos propios".

La Disposición Adicional 7ª de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, atribuye la competencia para conocer de las reclamaciones económico administrativas interpuestas en relación con tributos propios a la "persona titular de la consellería competente en materia de hacienda".

Recientemente, en el año 2017 se decide atribuir esta competencia a un órgano especializado, así a través de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, en concreto de su Disposición Final 3ª se atribuye el conocimiento de las REAs al Jurat Economicoadministratiu: "En el ámbito de la aplicación de los tributos o de los recargos establecidos sobre ellos, y de la imposición de sanciones tributarias, en relación con los tributos propios de la Generalitat se podrá interponer reclamación económico-administrativa, en única instancia, cuya resolución corresponderá al Jurat Economicoadministratiu".

La normativa relativa a la organización y funcionamiento del Jurat Economicoadministratiu, se desarrolla en el Decreto 60/2019, de 12 de abril, del Consell, de organización y funcionamiento del Jurat Economicoadministratiu,

Respecto a las competencias para conocer de las REAs contra actos tributarios relativos a tributos cedidos, la Ley 23/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, cede a esta comunidad autónoma las competencias en esta materia, si bien el proceso de traspaso efectivo de competencias todavía no se ha realizado.

Ceuta y Melilla 

Tanto la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomia de Melilla, como Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomia de Ceuta, señalan en sus artículo 38 que "La gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de sus propios tributos corresponderán (...) en la forma en que se establezca en la legislación sobre régimen financiero de las Entidades locales"; cuestión esta a la que dedicaremos el apartado siguiente. Adelantamos no obstante que con carácter general contra los actos de aplicación de los tributos propios de estas ciudades autónomas solo cabe interponer recurso de reposición ya que al no tratarse de municipios de gran población no existe la previsión de interponer REA, como veremos. Respecto a los tributos de gestión compartida rige la misma norma, si bien con la excepción de determinados actos de gestión catastral y censal contra los que sí cabe REA en este caso frente a los órganos económico-administrativos de la Administración General del Estado, por tanto, Tribunal Económico Administrativo Local de Ceuta y Tribunal Económico Administrativo Local de Melilla.

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Traspaso
Estatutos de autonomía
Sanciones tributarias
Colegiado
Revisión de los actos administrativos
Recurso potestativo de reposición
Revisión en vía administrativa
Actos firmes
Inspección tributaria
Precios públicos
Seguridad jurídica
Realización forzosa
Procedimiento de apremio
Recursos administrativos
Organismos públicos
Administración local
Gestión catastral

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 22/2009 de 18 de Dic (Sistema de financiación autonómica) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 305 Fecha de Publicación: 19/12/2009 Fecha de entrada en vigor: 20/12/2009 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 20/2010 de 16 de Jul (Cesión de tributos del Estado a Cantabria y fijación del alcance y condiciones) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 173 Fecha de Publicación: 17/07/2010 Fecha de entrada en vigor: 18/07/2010 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 29/2010 de 16 de Jul (Cesión de tributos a la C.A. de Madrid y fijación alcance y condiciones de la cesion) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 173 Fecha de Publicación: 17/07/2010 Fecha de entrada en vigor: 18/07/2010 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 19/2010 de 16 de Jul (Régimen de cesión de tributos del Estado a la C.A. Asturias y fijación de alcance y condiciones de la cesión) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 173 Fecha de Publicación: 17/07/2010 Fecha de entrada en vigor: 18/07/2010 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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