Medidas cautelares en el procedimiento sancionador de extranjería

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 29/01/2021

Las medidas cautelares se pueden definir como las disposiciones que se toman como prevención para asegurar la eficacia final de un fallo o para la preservación del bien litigioso. En cuanto a los procedimientos en materia de extranjería, las principales medidas cautelares se encuentran reguladas en los artículos 61 de la Ley de Extranjería, 244 y 251 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

Tipos de medidas cautelares

Las medidas cautelares se pueden definir como las disposiciones que se toman como prevención para asegurar la eficacia final de un fallo o para la preservación del bien litigioso. 

Las medidas que se pueden adoptar en un procedimiento sancionador en el que se pueda proponer la expulsión son:

  1. Presentación periódica ante las autoridades competentes.
  2. Residencia obligatoria en determinado lugar.
  3. Retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, previa entrega al interesado del resguardo acreditativo de tal medida.
  4. Detención cautelar, por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un período máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento. En cualquier otro supuesto de detención, la puesta a disposición judicial se producirá en un plazo no superior a 72 horas.
  5. Internamiento preventivo, previa autorización judicial en los centros de internamiento.
  6. Cualquier otra medida cautelar que el juez estime adecuada y suficiente.

Especialidades en la adopción de medidas cautelares

De conformidad con los artículos 55 y 61 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, el instructor podrá adoptar en cualquier momento mediante acuerdo motivado las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.

En caso de que el procedimiento tramitado fuera de carácter ordinario no podrá adoptarse la medida cautelar de internamiento.

De igual forma que en los casos recogidos en el artículo 221 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, el instructor podrá mantener la aprehensión de los bienes, efectos o instrumentos que hayan servido para la comisión de la infracción prevista en el artículo 54.1.b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

Cuando se siga expediente sancionador por alguna de las infracciones previstas en el artículo 54.2.b) y c) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y los transportistas infrinjan la obligación de tomar a cargo al extranjero transportado ilegalmente, la autoridad gubernativa podrá acordar alguna de las siguientes medidas:

  1. Suspensión temporal de sus actividades, que no podrá exceder de un periodo de seis meses.
  2. Prestación de fianza o avales, en atención al número de afectados y el perjuicio ocasionado.
  3. Inmovilización del medio de transporte utilizado hasta el cumplimiento de la referida obligación.

Se establece en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid n.º 1583/2007, de 18 de diciembre de 2007, ECLI:ES:TSJM:2007:19388 que en el caso de que ya se hubiera ejecutado la expulsión del territorio del extranjero no concurrirán las razones de urgencia para adoptar una medida provionalísima, máxime cuando el momento en que se resolvió su petición el extranjero no se encontraba en el centro de internamiento: "las alegaciones que recoge la parte apelante en relación con el posible arraigo familiar y laboral del extranjero afectado solo pueden ser examinadas cuando se impugne la decisión administrativa que ordena la expulsión de D. Luis Alberto así como la prohibición de entrada en territorio nacional durante un periodo de 10 años, resolución administrativa que no constituye el objeto de los presentes autos".

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Procedimiento sancionador
Internamiento
Pasaporte
Autorización judicial
Expediente sancionador
Transportista
Aval
Expulsión del territorio
Arraigo familiar
Incluídos en este concepto

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