Modos de iniciar el proceso penal: denuncia y querella

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El proceso penal puede iniciarse a través de tres medios distintos: la denuncia, la querella o de oficio por el juez instructor.

Sin embargo, el proceso no sólo comienza de estos tres modos, sino que también se le da inicio desde el momento en que el juez toma conocimiento de la “notitia criminis”. La “notitia criminis” es el nombre bajo el cual se han venido a clasificar los diferentes medios a través de los cuales puede iniciarse el procedimiento penal. Por consiguiente, ya sea a través de denuncia o de querella o por medio de atestado policial o de oficio, la jurisdicción toma conocimiento de la comisión de un delito.

En lo que a la forma se refiere, la ley, por regla general, no exige que el inicio del proceso se lleve a cabo de un modo determinado. No obstante, en el supuesto de que concurran determinadas circunstancias, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece una serie formalidades:

  • Delitos privados: En lo que respecta a los delitos de injurias y calumnias, se requiere que la iniciación del proceso se produzca a través de querella.
  • Delitos semipúblicos: Aquí será necesaria la denuncia previa por parte del perjudicado.

La denuncia se encuentra regulada en el Título I, del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Art. 259-269 ,LECrim). Se puede definir como un acto de comunicación a las autoridades públicas de unos hechos determinados con el fin de obtener una consecuencia jurídica. A efectos meramente penales, la denuncia tiene por objeto comunicar a la autoridad judicial, Ministerio Fiscal o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, unos hechos que pueden ser constitutivos de delito o falta.

Sabemos que tanto la autoridad judicial, como el Ministerio Fiscal o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ante el conocimiento de unos hechos determinados que puedan ser calificados de delito o falta tipificada el Código Penal, tienen la obligación de actuar en aras a su esclarecimiento y castigo. Sin embargo, teniendo en cuenta que cualquier ciudadano está facultado para presentar una denuncia, cabe preguntarse si se trata de un derecho o, por el contrario, de un deber.

La respuesta correcta es que se trata de un deber toda vez que, en el caso de que una persona tenga conocimiento de unos hechos que pudieran ser constitutivos de delito o falta y no los comunique a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, podrá ser sancionada. No obstante, como consecuencia de la existencia en el Código Penal de delitos semiprivados, el hecho de presentar una denuncia también ha de configurarse como un derecho que el perjudicado o agraviado puede ejercer o no en el supuesto de que la conducta fuera punible.

En lo que a la querella respecta, su regulación se encuentra en el Título II, del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Art. 270-281 ,LECrim). En este sentido, cabe señalar que la acción penal es pública y por tanto, puede ser ejercitada por todos los ciudadanos, hayan sido o no ofendidos por el comportamiento presuntamente constitutivo de delito o falta, y así se desprende de diversos preceptos legales: Art. 125 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 19.1 ,Ley Orgánica del Poder Judicial y Art. 101,Art. 270 ,LECrim.

De lo anteriormente expuesto, se deduce que los ciudadanos pueden personarse como acusadores con el objeto de perseguir conductas que pudieran ser constitutivas de delito o falta. Dicho esto, puede definirse la querella como una declaración de voluntad en virtud de la cual, una persona manifiesta de una forma determinada ante un órgano jurisdiccional, su deseo de formar parte de un proceso penal como acusación, con el fin de perseguir unos hechos presuntamente constitutivos de delito o falta.

No obstante, el carácter potestativo de la querella permite su desistimiento en cualquier momento, sin que ello pueda afectar a la persecución del delito. Sin embargo, el querellante, en el supuesto de abandonar la querella, sí dejará de ser parte en el proceso a través del cual se enjuiciarán los hechos presuntamente constitutivos de delito o falta.

Finalmente, tal y como se adelantaba al inicio de este texto, el proceso penal puede iniciarse de oficio por el juez de instrucción que corresponda.

Por lo tanto, cabe la posibilidad de que el juez instructor tome conocimiento por sí mismo y no a través de terceros, tal y como ocurre en el supuesto de la denuncia o de la querella, de unos hechos determinados que pueden ser constitutivos de delito o falta tipificada en el Código Penal.

No obstante, el juez instructor únicamente podrá perseguir de oficio, aquellos delitos que sean calificados de públicos, toda vez que la ley no le otorga la facultad de ejercitar la acción popular (102.3 ,LECrim). Sin embargo, el juez de instrucción deberá de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, los hechos para que, en su caso, sea éste el que lleve a cabo la acusación.

 

 

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Persecución de los delitos
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