Motivación e individualización de la pena

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 09/12/2021

Según el artículo 72 del Código Penal, los jueces o tribunales, en la aplicación de la pena, con arreglo a las normas establecidas en el capítulo II, título III del libro I de la norma de referencia, razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta.

 

Concepto y clases de penas

Según el Diccionario del Español Jurídico, la pena tiene varias acepciones:

«Consecuencia que el legislador asocia en la ley penal a la comisión de una infracción penal».

«Privación o restricción de bienes o derechos impuesta por un órgano jurisdiccional a un sujeto culpable como consecuencia de la comisión de una infracción penal».

«Clase de consecuencia jurídica o sanción que junto con el precepto o presupuesto conforma la norma penal».

Las penas se encuentran previstas en el título III de libro I del Código Penal, estableciendo su artículo 32 que las penas que se pueden imponer de conformidad con el Código Penal, bien sea de manera principal o accesoria, son las siguientes:

a. Las penas privativas de libertad:

  • La prisión.
  • La prisión permanente revisable.
  • La localización permanente.
  • La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.

A TENER EN CUENTA. El cumplimiento de las penas privativas de libertad y los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustarán a lo establecido en las leyes y en el Código Penal (artículo 35 del Código Penal).

b. Las penas privativas de derechos (artículo 39 del Código Penal):

  • La inhabilitación absoluta.
  • Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, u otras actividades, sean o no retribuidas, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho.
  • La suspensión de empleo o cargo público.
  • La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
  • La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
  • La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos.
  • La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o el tribunal.
  • La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal.
  • Los trabajos en beneficio de la comunidad.
  • La privación de la patria potestad. 

c. La multa consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria (por el sistema de días-multa, salvo cuando la ley disponga otra cosa) (artículo 50.1 y 2 del Código Penal).

CUESTIÓN

En función de su naturaleza y duración, ¿cómo se clasificarán las penas?

De acuerdo con su naturaleza y duración, las penas serán:

  • Graves.
  • Menos graves.
  • Leves. 

 Así, serán penas graves:

  • La prisión permanente revisable.
  • La prisión superior a cinco años.
  • La inhabilitación absoluta.
  • Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.
  • La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.
  • La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años.
  • La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años.
  • La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años.
  • La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.
  • La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.
  • La privación de la patria potestad (artículo 33. 2 del Código Penal).

Por otro lado, serán penas menos graves:

  • La prisión de tres meses hasta cinco años.
  • Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.
  • La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.
  • La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años.
  • La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.
  • Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de un año y un día a cinco años.
  • La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.
  • La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.
  • La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.
  • La multa de más de tres meses.
  • La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 7 del artículo de referencia.
  • Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año (artículo 33.3 del Código Penal).

Además, serán penas leves:

  • La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.
  • La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.
  • Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año.
  • La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses.
  • La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
  • La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
  • La multa de hasta tres meses.
  • La localización permanente de un día a tres meses.
  • Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días (artículo 33.4 del Código Penal).

Por último, no se reputarán penas:

  • La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal.
  • Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados.
  • Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas (artículo 34 del Código Penal).

Estudio jurisprudencial sobre la motivación e individualización de la pena

El deber de motivación de la pena

A tenor de lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, los jueces o tribunales, en la aplicación de la pena, con arreglo a las normas establecidas en el capítulo II, título III del libro I de la norma de referencia, razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta.

Tal y como dispone el apartado tercero del artículo 120 de nuestra Carta Magna, las sentencias serán siempre motivadas; en este sentido, el Tribunal Constitucional dispone en su sentencia, núm. 21/2008, de 31 de enero, ECLI:ES:TC:2008:21 que el deber de motivación comprende la obligación de fundamentar los hechos, la calificación jurídica y la pena específica. Véase también la STS, núm. 719/2017, de 31 de octubre, ECLI:ES:TS:2017:4213.

Asimismo, en relación con el deber de motivación de las resoluciones judiciales el mismo tribunal especifica que la referida norma constitucional deriva de las «exigencias de organización del Poder Judicial, como lo demuestra la colocación sistemática del art. 120.3, y expresa la relación de vinculación del juez con la ley y con el sistema de fuentes del Derecho dimanante de la Constitución. Mas expresa también un derecho del justiciable y el interés legítimo de la comunidad jurídica en general de conocer las razones de la decisión que se adopta y, por tanto, el enlace de esa decisión con la ley y el sistema general de fuentes, en cuanto aplicación de ellas que es» (STC, núm. 13/1987, de 5 de febrero, ECLI:ES:TC:1987:13).

Sin embargo, dicho deber de motivación no exige «una especial estructura en el desarrollo de los razonamientos, y que una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser tal motivación, así como que una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, ni de satisfacer la indicada exigencia constitucional» (STC, núm. 174/1987, de 3 de noviembre, ECLI:ES:TC:1987:174).

Casos de falta de motivación de la individualización de la pena

Según reiterada jurisprudencia ante la ausencia de motivación de la individualización de la pena caben 3 posibles soluciones:

1.ª La devolución de la sentencia a la juzgadora de instancia.

«Devolver la sentencia al órgano jurisdiccional de instancia para que dicte otra razonando lo que en la primera quedó irrazonado; (...) La primera opción, que implica la nulidad parcial de la sentencia, tiene como limitación lo dispuesto en el art. 240.2 párrafo 2 LOPJ en la redacción dada por la LO. 19/2003 de 23.12 ('en ningún caso podrá el juez o tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal')».

2.ª La subsanación del defecto de motivación. 

«Subsanar el defecto en el supuesto de que el órgano jurisdiccional de apelación le facilite la sentencia de instancia los elementos necesarios para motivar la individualización de la pena, bien en la misma extensión fijada por el de instancia, bien en otra que el de apelación considere adecuada. (...) La segunda opción, es posible, cuando los elementos contenidos en la propia sentencia permitan al juzgador de apelación (o casación) hacer las valoraciones necesarias para la fijación concreta de la pena en cumplimiento de las reglas de los distintos apartados del art. 66 CP y demás aplicables a la penalidad del hecho delictivo enjuiciado».

3.ª Imposición de la pena determinada legalmente en su extensión mínima.

«Imponer la pena establecida por la ley en su mínima extensión. (...) En cuanto a la tercera, procede únicamente y de forma excepcional cuando se haya intentado infructuosamente la subsanación en la omisión o ésta ya no sea posible y, además, de la sentencia no resulten elementos que permitan al juzgador ad quem la individualización de la pena» (STS, núm. 930/2016, de 14 de diciembre, ECLI:ES:TS:2016:5465).

Revisión en casación de la individualización de la pena por la juzgadora de instancia

La sala de lo penal del Tribunal Supremo dispone que la individualización de la pena efectuada por el tribunal de instancia «(...) es revisable en casación no sólo en cuanto a la determinación de los grados a la que se refiere especialmente el artículo 66 del C. Penal, sino también en cuanto afecta al empleo de criterios admisibles jurídico-constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda» (STS, núm. 719/2017, de 31 de octubre, ECLI:ES:TS:2017:4213). 

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Privación del derecho a conducir vehículos
Privación del derecho a la tenencia y porte de armas
Privación derecho residir o acudir a determinados lugares
Prohibición de aproximación a la víctima
Prohibición de comunicación con la víctima
Inhabilitación especial
Suspensión de cargo público
Individualización de la pena
Motocicletas
Trabajos en beneficio de la comunidad
Prisión permanente revisable
Inhabilitación absoluta
Aplicación de la pena
Privación de la patria potestad
Localización permanente
Responsabilidad personal subsidiaria
Beneficios penitenciarios
Penas privativas de derechos
Tutela
Patria potestad
Cargos públicos
Curatela
Derecho de sufragio pasivo
Sanciones pecuniarias
Días-multa
Prisión superior a 5 años
Multa proporcional
Multa de más de 3 meses
Falta de motivación
Multa de hasta 3 meses
Prisión preventiva
Fuentes del derecho
Interés legitimo
Falta de jurisdicción
Competencia objetiva
Violencia o intimidación
Nulidad de actuaciones
Hecho delictivo
Omisión
Determinación de la pena
Incluídos en este concepto

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