Las normas penales en blanco

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El principio de legalidad penal determina que las leyes penales son las que tienen que recoger los comportamientos que se pueden considerar como delitos y las sanciones que se pueden imponer a los mismos y afirma que la ley tiene que recoger con exactitud los mismos.

Sin embargo, en la práctica la precisión de las leyes respecto a los delitos y sus sanciones no siempre es perfecta y es en este momento, donde adquieren relevancia las denominadas como normas penales en blanco.

 

 

Las normas penales en blanco van a poder darse en los tres casos siguientes:

- El caso en que la descripción de la conducta que puede ser considerada como delito se realiza en una disposición contenida dentro de la misma ley penal (pero en otro precepto distinto al de la sanción de la misma), caso que en realidad se da cuando hablamos de leyes penales en blanco impropias.

- El caso en el que el comportamiento considerado como delito se recoge en una ley diferente pero que también emana de la misma instancia legislativa.

- El caso de que el comportamiento que se considera como delito se recoja en una norma diferente, norma que puede tener rango superior o rango inferior a la ley penal.

Los problemas respecto a las normas penales en blanco surgen de los dos últimos casos, por ser el primero realmente un caso de leyes penales en blanco consideradas como impropia y es más, respecto a la problemática de las mismas, algunos autores consideran incluso que el problema se reduce simplemente a aquellos casos en los que el comportamiento humano considerado como delictivo esté recogido en una norma de rango inferior a la ley penal y sólo en este caso (respecto a esto lo que sí hay que decir es que son los casos en los que se plantean mayores problemas, pero no son los únicos).

El problema de que la conducta delictiva se recoja en una norma de rango inferior al legal tiene como primer problema el relacionado con la necesidad de conocimiento de la antijuridicidad por los individuos a los que dicha norma va destinada, puesto que los mismos pueden conocer que una determinada conducta tenga como consecuencia jurídica una determinada sanción, pero de recogerse dicha conducta en una norma inferior a la legal, no tienen por qué tener conocimiento de que dicha conducta constituye realmente un delito (es el caso de que la conducta considerada delito se contenga en una norma administrativa).

Otro de los problemas, quizá considerado como el más importante es el que trata de la seguridad jurídica que se entronca con lo que sería el principio de legalidad penal.

Y esto es así, porque si se permite a la Administración crear esas normas, realmente se va en contra del principio de legalidad que consideraba al legislador como el único que podía considerar que comportamientos eran delitos y las sanciones que podían imponerse a los mismos. Además, si se deja a merced de la Administración la creación o modificación de tipos penales, se va en contra de la seguridad jurídica, que aboga por seguir los procedimientos legislativos ordinarios a la hora de considerar determinadas conductas como delictivas.

No se iría en contra del principio de legalidad penal en cambio, si la ley se remite para fijar un determinado comportamiento considerado como delito a una norma de rango inferior al legal como sería el caso, por ejemplo, de la Constitución. Sin embargo, hay que destacar que para cumplir  perfectamente con dicho principio de legalidad, es necesario que aunque este recoja una conducta que puede ser delictiva, realmente el delito y las sanciones que se pueden imponer al mismo, se recojan en una ley penal.

Si existen estos problemas respecto a la norma penal en blanco, hay que explicar entonces el por qué de la utilización de dichas normas.

La misión de las mismas se encuentra principalmente en el hecho de que constituye una técnica legislativa que es necesaria para expandir el derecho penal a otros ámbitos de regulación distintos a los ordinarios que empiezan a surgir (caso del medio ambiente, derecho urbanístico…) actuando como un mecanismo de integración respecto a estos nuevos ámbitos.

Pese a las numerosas críticas doctrinales existentes respecto a las normas penales en blanco, hay que hacer referencia a lo dicho por el Tribunal Constitucional que considera que es posible por medio de las mismas garantizar los distintos principios constitucionales, siempre y cuando:

- Exista una remisión a la normativa extrapenal expresa.

- Se produzca una remisión necesaria que esté justificada porque dicha remisión pretende proteger un bien jurídico considerado como preciado en nuestra sociedad.

- La normativa extrapenal suponga un complemento imprescindible de los tipos penales.

- La ley penal sea la que recoja el tipo penal, aunque luego exista una remisión a la normativa extrapenal que la complete.

 

 

 

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