Objeto y clases de recursos administrativos

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 02/03/2021

Los artículos 112 y 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, relacionados con el objeto y clases de los recursos administrativos.

Los principios generales

Pueden resumirse y sistematizarse del siguiente modo:

  • Actos de trámite

1. Contra los actos de trámite no cabe recurso alguno.

2. La oposición a los mismos podrá alegarse para su consideración en la resolución final del procedimiento.

3. Excepcionalmente, cabe recurso de alzada y potestativo de reposición contra los actos de trámite siempre que: a) decidan directa o indirectamente el fondo del asunto; b) determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento; o c) produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

4. En estos casos excepcionales, el recurso podrá fundarse en los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la LPAC.

JURISPRUDENCIA

STS (Sala 3.ª, sección 6) de 15 de octubre de 2020 (rec. 309/2019) ( ECLI:ES:TS:2020:3214 ): «La jurisprudencia de esta Sala distingue los actos de trámite simples, de los actos de trámite cualificados. Los primeros son actos o proveídos interlocutorios o de mero impulso de un procedimiento, que no pueden ser objeto de una impugnación autónoma e independiente del acto definitivo o final, que actúa como una especie de acto resumen, frente al que se deben dirigir todas las impugnaciones. Sí son impugnables, no obstante, los actos de trámite cualificados (art. 25.1 LJCA), entendiendo por tales los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos [vid., por todas, sentencia de 14 de marzo de 2011 (RC 3323/2010)]».

Las notificaciones defectuosas no pueden entenderse como actos de trámite impugnables a través de los recursos, pues el defecto de notificación afectaría, de existir, a la eficacia del acto, pero no a su validez ni a su naturaleza jurídica, que seguiría siendo la de un acto de trámite no susceptible de impugnación autónoma. STS (Sala 3.ª, sección 3.ª) de 22 de julio de 2002. Recurso 6017/1996 (ECLI:ES:TS:2002:5591).

No produce indefensión ni perjuicios irreparables el retraso en la defensa que se produce al no permitir la impugnación autónoma de un acto de trámite, remitiendo dicha defensa al momento en que se dicte la resolución definitiva. STS (Sala 3.ª, sección 5.ª) de 7 de octubre de 2011 ( ECLI:ES:TS:2011:6434 ): «Ni la indefensión, ni el perjuicio irreparable, se producen desde el momento en que los titulares de derechos e intereses legítimos lesionados con la Declaración de Impacto Ambiental van a tener oportunidad de defenderlos cuando se dicte el acto aprobatorio del proyecto de obras, produciéndose la reparación de los daños sufridos en el caso de que su pretensión anulatoria prosperase. No hay indefensión ni irreparabilidad de perjuicios, aunque se retrase la defensa y reparación al momento de ese acto posterior». Lo mismo puede leerse en las SSTS (Sala 3.ª) de 13 de noviembre de 2002 (ECLI:ES:TS:2002:7516), 11 de diciembre de 2002 (ECLI:ES:TS:2002:8331), 13 de octubre de 2003 ( ECLI:ES:TS:2003:6239 ), 21 de enero de 2004 ( ECLI:ES:TS:2004:222 ) y 29 de mayo de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:3512).

Son actos administrativos de trámite impugnables de forma autónoma todos aquellos que produzcan efectos jurídicos y materiales, que no sean una mera propuesta neutra, sino un acto administrativo que habilita y obliga o ponen una condición necesaria y suficiente para crear, modificar o extinguir una determinada situación jurídica. SSTS (Sala 3.ª, sección 5.ª) de 11 de mayo de 2009 ( ECLI:ES:TS:2009:2737 ), 7 de mayo de 2010 ( ECLI:ES:TS:2010:2337 ), 23 de mayo de 2016 ( ECLI:ES:TS:2016:2364 ), 4 de junio de 2020 ( ECLI:ES:TS:2020:1706 ).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo nos ofrece ejemplos ilustrativos: La aprobación inicial de los Planes de Urbanismo, que tiene la consideración de acto de trámite pero que deviene impugnable al ser susceptible de perjudicar a quienes pueden ver suspendidas sus licencias para las áreas cuyo régimen urbanístico se modifique. Lo mismo sucede con el acto de iniciación de los procedimientos de expulsión de extranjeros si propone el internamiento, por ser entonces una condición imprescindible, aunque no suficiente, para que el Juez de Instrucción pueda adoptar la medida cautelar de internamiento del expedientado. STS de 28 de octubre de 2005 ( ECLI:ES:TS:2005:6611 ): «El acto administrativo recurrido inicia un procedimiento sancionador, y, en ese aspecto, es sin duda un acto de trámite. Pero hace algo más, a saber, pone una condición imprescindible para que el Juez de Instrucción adopte la medida cautelar de internamiento. En efecto, se decide en el acto recurrido “proponer, en atención a las circunstancias personales del interesado, al Juez de Instrucción que disponga su ingreso en centro de internamiento, en tanto se sustancie el expediente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por la Ley Orgánica 8/2000”. No cabe duda de que esta determinación (que no es condición suficiente para el posterior e hipotético internamiento, pero que es condición necesaria, pues sin ella no puede darse), afecta a la situación personal del interesado y no es, por lo tanto, un mero acto que inicia el procedimiento o lo impulsa, sino una decisión actual de la que depende aquélla».

Lo mismo se repite, entre otras muchas, en las SSTS de 12 de mayo de 2006 ( ECLI:ES:TS:2006:2708 ), 6 de octubre de 2006 ( ECLI:ES:TS:2006:5926 ), 14 de diciembre de 2006 ( ECLI:ES:TS:2006:7888 ), 18 de enero de 2007 ( ECLI:ES:TS:2007:155 ), 31 de octubre de 2007 ( ECLI:ES:TS:2007:6986 ), 7 de noviembre de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:5916) y 16 de abril de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:2098).

También es impugnable, pese a ser un acto de trámite, la orden de suspensión de las obras realizadas sin licencia. STS (Sala 3.ª, sección 5.ª) de 2 de marzo de 2009 (rec. 10462/2004) (ECLI:ES:TS:2009:1023): «Esta Sala ha declarado que la previsión contenida en el artículo 184 del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976 sobre suspensión de las obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en las mismas, si bien es una medida cautelar de carácter urgente que puede considerarse acto de trámite, es perfectamente impugnable por el afectado si este estima que no concurre el exigible presupuesto habilitante, bien porque se encuentre en posesión de licencia u orden de ejecución, ya porque no exista exceso constructivo, o bien porque la obra se encuentre ya concluida, siendo al particular reiterada la jurisprudencia de esta Sala. En este sentido se expresa la sentencia de 6 de febrero de 1996 (casación 757/92) en la que se citan, además, las de 19 de febrero, 21 de abril, 13 de noviembre y 9 de diciembre de 1992 y 25 de marzo de 1994, entre otras».

Son impugnables las resoluciones de trámite que afectan provisionalmente a los intereses y derechos de la parte recurrente sin necesidad de esperar a que sea dictado el acto definitivo. STS (Sala 3.ª, sección 4.ª) de 30 de octubre de 2007 (rec. 3526/2002) ( ECLI:ES:TS:2007:7064 ): «la Sala, aunque mantiene la tesis general de que se ha de impugnar el acto de aprobación final [de los planes o actuaciones urbanísticas], también reiteradamente ha admitido la impugnación de los actos anteriores cuando se produce alguna declaración o actuación que afecta a la propiedad y derechos de los interesados y ese es el supuesto de autos, en el que la delimitación provisional acordada, cual se ha expuesto, afecta, desde ya, al régimen de propiedad de los terrenos de los que es titular la parte recurrente».

Las bases de los concursos son actos impugnables de forma autónoma. Es más, si no se impugnan, se convierten en consentidas y firmes, impidiendo así que los recursos que se formulen contra las adjudicaciones puedan fundamentarse en la ilegalidad de aquéllas. En definitiva, para evitar las consecuencias derivadas de la aplicación de unas bases que han de regir un procedimiento de concurrencia se debe empezar por impugnarlas y no esperar pasivamente a ver el resultado final. STSJ de Castilla y León (sede en Burgos) de 14 de febrero de 2000 (recurso 504/1988) (ECLI:ES:TSJCL:2000:631): «si se quiere que prospere un eventual recurso interpuesto contra la adjudicación definitiva del contrato en base a causas comprendidas en la convocatoria, este devendría inadmisible porque el mero hecho de participar en la misma conlleva la aceptación de estas, por lo que de admitir esta tesis estaríamos ocasionando la indefensión del recurrente , criterio este que tras ser mantenido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha pasado a ser normativo al establecer la nueva Ley jurisdiccional expresamente que los órganos jurisdiccionales conocerán de los actos de preparación de los contratos administrativos».

No es impugnable el acuerdo de iniciar un expediente de información previa. STS (Sala 3.ª, sección 6) de 15 de octubre de 2020 (rec. 309/2019) ( ECLI:ES:TS:2020:3214 )

  • Sustitución de los recursos de alzada y reposición por impugnación ante órganos independientes

Los recursos de alzada y reposición no son la única forma legal de agotar la vía administrativa.

La LPAC faculta al legislador ordinario para que los sustituya, en determinados ámbitos sectoriales (por ejemplo, contratos) por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas. Estos órganos no estarán sometidas a instrucciones jerárquicas y resolverán con respeto a los principios, garantías y plazos que la propia LPAC reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

  • Disposiciones de carácter general

Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.

  • Reclamaciones económico-administrativas

Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica.

Los distintos recursos administrativos

1. Recurso de alzada

  • Objeto

Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1 de la LPAC, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.

Artículo 112. Objeto y clases

Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.

La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.

  • Plazos

El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo de la LPAC.

Contra la resolución de un recurso de alzada no cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la LPAC.

2. Recurso potestativo de reposición

  • Objeto

Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

  • Plazos

El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.

Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

3. Recurso extraordinario de revisión

  • Objeto y plazos

Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa a) del apartado anterior, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 106 y 109.2 de la LPAC ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.

  • Resolución

El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.

El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

Singular referencia a la reclamación económico-administrativa

Las materias en las que podrá reclamarse por esta vía son las siguientes (art. 226 y disp. ad. 11.ª, numeral 1, de la Ley 58/2003, General Tributaria):

  • La aplicación de los tributos y la imposición de sanciones tributarias que realicen la Administración General del Estado y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma.
  • La aplicación de los tributos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas o de los recargos establecidos por éstas sobre tributos del Estado y la imposición de sanciones que se deriven de unos y otros.
  • Cualquier otra que se establezca por precepto legal expreso.

Los actos susceptibles de reclamación económico-administrativa, en relación con las materias a las que nos referimos con anterioridad (art. 227.1 de la LGT):

  • Los que provisional o definitivamente reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación o un deber.
  • Los de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto o pongan término al procedimiento.

En materia de aplicación de los tributos, son reclamables (art. 227.2 y 3 de la LGT):

  • Las liquidaciones provisionales o definitivas.
  • Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de rectificación de una autoliquidación o de una comunicación de datos.
  • Las comprobaciones de valor de rentas, productos, bienes, derechos y gastos, así como los actos de fijación de valores, rendimientos y bases, cuando la normativa tributaria lo establezca.
  • Los actos que denieguen o reconozcan exenciones, beneficios o incentivos fiscales.
  • Los actos que aprueben o denieguen planes especiales de amortización.
  • Los actos que determinen el régimen tributario aplicable a un obligado tributario, en cuanto sean determinantes de futuras obligaciones, incluso formales, a su cargo.
  • Los actos dictados en el procedimiento de recaudación.
  • Los actos respecto a los que la normativa tributaria así lo establezca.
  • Los actos que impongan sanciones.

Serán reclamables, igualmente, previo cumplimiento de los requisitos y en la forma que se determine reglamentariamente, las siguientes actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria (art. 227.4 de la LGT):

  • Las relativas a las obligaciones de repercutir y soportar la repercusión prevista legalmente.
  • Las relativas a las obligaciones de practicar y soportar retenciones o ingresos a cuenta.
  • Las relativas a la obligación de expedir, entregar y rectificar facturas que incumbe a los empresarios y profesionales.
  • Las derivadas de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente.

No se admitirán reclamaciones económico-administrativas respecto de los siguientes actos (art. 227.5 y disp. ad. 11.ª, numeral 2, de la LGT):

  • Los que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judicial, civil o laboral o pongan fin a dicha vía.
  • Los dictados en procedimientos en los que esté reservada al ministro de Hacienda o al secretario de Estado de Hacienda la resolución que ultime la vía administrativa.
  • Los dictados en virtud de una ley que los excluya de reclamación económico-administrativa.

Estará legitimado para interponer las reclamaciones económico-administrativas (art. 232.1 y disp. ad. 11.ª, numeral 3, de la LGT):

  • Los obligados tributarios y los sujetos infractores.
  • Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por el acto o la actuación tributaria.
  • El Interventor General de la Administración del Estado o sus delegados, en las materias a que se extienda la función fiscalizadora que le confieran las disposiciones vigentes.

No estarán legitimados para interponer reclamación económico-administrativa (art. 232.2 y disp. ad. 11.ª, numeral 4, de la LGT):

  • Los funcionarios y empleados públicos salvo en los casos en que inmediata y directamente se vulnere un derecho que en particular les esté reconocido o resulten afectados sus intereses legítimos.
  • Los particulares cuando obren por delegación de la Administración o como agentes o mandatarios en ella.
  • Los denunciantes.
  • Los que asuman obligaciones en virtud de pacto o contrato.
  • Los organismos u órganos que hayan dictado el acto impugnado, así como cualquier otra entidad por el mero hecho de ser destinataria de los fondos gestionados mediante dicho acto.

El conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas corresponderá con exclusividad a los órganos económico-administrativos, que actuarán con independencia funcional en el ejercicio de sus competencias.

En el ámbito de competencias del Estado, son órganos económico-administrativos (art. 228 de la LGT):

  • El Tribunal Económico-Administrativo Central.
  • Los tribunales económico-administrativos regionales.
  • Los tribunales económico-administrativos locales.
  • También tendrá la consideración de órgano económico-administrativo la Sala Especial para la Unificación de Doctrina.

La competencia de los tribunales económico-administrativos será irrenunciable e improrrogable y no podrá ser alterada por la voluntad de los interesados.

Suspensión:

  • La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, en los términos que se establezcan reglamentariamente. Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.3 de la LGT (art. 233.1 de la LGT).
  • Las garantías necesarias para obtener la suspensión automática a la que se refiere el apartado anterior serán exclusivamente las siguientes (art. 233.2 de la LGT):
    • Depósito de dinero o valores públicos.
    • Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
    • Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria.

Resolución:

  • Los tribunales no podrán abstenerse de resolver ninguna reclamación sometida a su conocimiento sin que pueda alegarse duda racional o deficiencia en los preceptos legales (art. 239.1 de la LGT).
  • Las resoluciones dictadas deberán contener los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basen y decidirán todas las cuestiones que se susciten en el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados (art. 239.2 de la LGT).
  • La resolución podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la inadmisibilidad. La resolución estimatoria podrá anular total o parcialmente el acto impugnado por razones de derecho sustantivo o por defectos formales. Cuando la resolución aprecie defectos formales que hayan disminuido las posibilidades de defensa del reclamante, se producirá la anulación del acto en la parte afectada y se ordenará la retroacción de las actuaciones al momento en que se produjo el defecto formal. Con excepción del supuesto al que se refiere el párrafo anterior, los actos de ejecución, incluida la práctica de liquidaciones que resulten de los pronunciamientos de los tribunales, no formarán parte del procedimiento en el que tuviese su origen el acto objeto de impugnación. Salvo en los casos de retroacción, los actos resultantes de la ejecución de la resolución deberán ser notificados en el plazo de un mes desde que dicha resolución tenga entrada en el registro del órgano competente para su ejecución. No se exigirán intereses de demora desde que la Administración incumpla el plazo de un mes (art. 239.3 de la LGT).

Se declarará la inadmisibilidad en los siguientes supuestos (art. 239.4 de la LGT):

  • Cuando se impugnen actos o resoluciones no susceptibles de reclamación o recurso en vía económico-administrativa.
  • Cuando la reclamación se haya presentado fuera de plazo.
  • Cuando falte la identificación del acto o actuación contra el que se reclama.
  • Cuando la petición contenida en el escrito de interposición no guarde relación con el acto o actuación recurrido.
  • Cuando concurran defectos de legitimación o de representación.
  • Cuando exista un acto firme y consentido que sea el fundamento exclusivo del acto objeto de la reclamación, cuando se recurra contra actos que reproduzcan otros anteriores definitivos y firmes o contra actos que sean confirmatorios de otros consentidos, así como cuando exista cosa juzgada.
  • Para declarar la inadmisibilidad el tribunal podrá actuar de forma unipersonal.

Plazo de resolución:

  • La duración del procedimiento en cualquiera de sus instancias será de un año contado desde la interposición de la reclamación. Transcurrido ese plazo el interesado podrá entender desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente. El tribunal deberá resolver expresamente en todo caso. Los plazos para la interposición de los correspondientes recursos comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la notificación de la resolución expresa (art. 240.1 de la LGT).
  • Transcurrido un año desde la iniciación de la instancia correspondiente sin haberse notificado resolución expresa y siempre que se haya acordado la suspensión del acto reclamado, dejará de devengarse el interés de demora en los términos previstos en el artículo 26.2 de la LGT (art. 240.2 de la LGT).

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Actos de trámite
Internamiento
Interés legitimo
Indefensión
Fondo del asunto
Recursos administrativos
Indefensión o perjuicio irreparable
Actos definitivos
Declaración de impacto ambiental
Eficacia de los actos administrativos
Proyecto de obras
Procedimiento sancionador
Daños y perjuicios
Órdenes de suspensión
Suelo y ordenación urbana
Acción urbanística
Colegiado
Acto impugnable
Agotamiento de la vía administrativa
Contratos administrativos
Arbitraje
Responsable directo
Efectos del silencio administrativo
Obligado tributario
Sanciones tributarias
Actos firmes
Desestimación presunta
Violencia
Maquinación fraudulenta
Intereses de demora
Cohecho
Prevaricación
Actos presuntos
Hecho delictivo
Error de hecho
Liquidación provisional del impuesto
Comunicación de datos
Vía administrativa previa
Seguro de caución
Beneficios fiscales

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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