Obligaciones y deberes de la Administración Tributaria y derechos y garantías de los obligados tributarios

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Fiscal
  • Fecha última revisión: 17/03/2020

Sobre la Administración Tributaria pesan una serie de obligaciones y deberes de carácter formal que se recogen en el artículo 30 de la LGT, que tienen su correlación en una serie de derechos del contribuyente que, entre otros, se recogen el artículo 34 de la LGT.

- Obligaciones de carácter material o pecuniario:

  • Devolución derivada de las normas del tributo.
  • Devolución de ingresos indebidos.
  • Reembolso de costes de garantía en caso de estimación del recurso contra acto administrativo suspendido en su ejecución mediante la presentación de aval.
  • Abono de intereses de demora.

- Deberes procedimentales en los procedimientos de aplicación de tributos (por ejemplo, obligación de dictar resolución expresa. (artículo 103 de la LGT).

Obligaciones y deberes de la Administración Tributaria

Obligaciones formales

La Ley General Tributaria prevé una serie de obligaciones de carácter formal que recogen en los artículos 30 a 33 de la LGT:

  • Obligación de realizar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo (artículo 31 de la LGT
  • Obligación de realizar la devolución de ingresos indebidos.
  • Obligación de reembolso de los costes de garantías.
  • Obligación de satisfacer los intereses de demora.

De acuerdo con el principio general establecido en artículo 1895 del Código Civil, que establece la obligación de devolución de lo indebidamente cobrado, la Administración tributaria tiene la obligación material de devolver los ingresos indebidamente ingresados. Ello puede deberse a que el sujeto realizó un ingreso sin causa o porque proceda la devolución como consecuencia de la mecánica aplicativa del tributo.

Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo (artículo 31 de la LGT) las correspondientes a cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo, a efectos prácticos se refiere fundamentalmente a la devolución del exceso de retenciones con relación a cuota resultante de la liquidación, y las devoluciones del IVA, cuando el soportado es mayor que el devengado.

Estas devoluciones no dan lugar al pago de intereses de demora salvo que la administración exceda el plazo de 6 meses previsto en la LGT para hacerla efectiva; y ello porque el ingreso se realizó conforme a la norma de modo que la administración no disfruto de él indebidamente. El interés se devengará desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución y se abonará sin necesidad de que el obligado lo solicite. Tampoco es necesario que reclame expresamente el importe a devolver en la medida en que la propia presentación de una autoliquidación con resultado negativo lleva implícito el inicio del procedimiento de devolución.

Por su parte las devoluciones derivadas de los ingresos que indebidamente se hubieran realizado con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o el pago de sanciones (duplicidad en el pago, ingreso superior al que resulta de la liquidación, o ingreso de deudas o sanciones prescritas - ver artículo 221 de la LGT), sí darán lugar al pago de intereses de demorahasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución, ya que en este caso la administración sí ha disfrutado durante un periodo de tiempo de un importe que no le correspondía de modo que surge la obligación de resarcir al obligado por ese tiempo que dejó de disfrutar de ese dinero.

Finalmente el artículo 33 de la LGT regula el reembolso de los costes de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. Abonará también el interés legal vigente a lo largo del período en el que se devengue (desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago) sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. 

El procedimiento para la devolución en fase de gestión se regula en los arts. 123.1 a) y artículo 124 a artículo 127 de la LGT, así como la obtención de devoluciones indebidas es tipificada como infracción tributaria de resultado regulada art. 193 de la LGT

Obligaciones procedimentales

Como adelantábamos, la Administración Tributaria también tiene una serie de obligaciones de carácter procedimental en el marco de la aplicación de los tributos. Entre ellas destacan.

  • Obligación de resolver y notificar las resoluciones de manera expresa (artículo 103 de la LGT).
  • El deber de motivar los actos de liquidación (artículos 102.2.c) y 103 de la LGT).
  • Deber de dar audiencia al contribuyente (artículo 34 de la LGT).

Es una obligación de la Administración Tributaria el resolver, y notificar la resolución de manera expresa todas las cuestiones que se le planteen los procedimientos de los tributos; salvo en aquellos supuestos en los que no se produce un pronunciamiento sobre el fondo del asunto (procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación por el obligado tributario y en los que se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados). Esta obligación reviste especial importancia en la medida en que el obligado tributario puede plantear a la administración tributaria todos aquellos extremos que entienda puedan afectar a sus derechos económicos, de ello derivará, a priori, una liquidación más justa en la medida en que el órgano que resuelva deberá recogerlos y pronunciarse sobre ellos en su liquidación.

Es un deber de la Administración Tributaria motivar los actos de liquidación, los de comprobación de valores, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos.

La motivación de los actos administrativos, recogida con carácter general en el art. 35 LPAC, y específicamente en el ámbito tributario en el artículo 103.2, está estrechamente relacionada con la prohibición de indefensión establecida en el artículo 24 CE. El deber de motivación alcanza a actos tributarios en sentido estricto o a decisiones de procedimiento. En cuanto a lo primero, resulta necesario que la Administración razone debidamente la concurrencia de los elementos esenciales que integran el hecho imponible, su atribución al sujeto pasivo y las demás circunstancias con trascendencia tributaria que conduzcan a la regularización o liquidación. Pero además de ello, la Administración debe motivar determinados actos de carácter procesal, como el que decide sobre la ejecución o suspensión de los actos de aplicación de los tributos.

Es un deber de la AEAT el dar audiencia al contribuyente antes de redactar una propuesta de resolución, así como otorgarle un periodo para que pueda formular las  alegaciones que considere oportunas.

 

Derechos y Garantías de los Obligados Tributarios

Como hemos adelantado en la introducción al tema, algunos de los derechos que se recogen como tales en el artículo 34 de la LGT tiene su correlativas obligaciones de la Administración Tributaria a las que nos hemos referido en el apartado anterior. De acuerdo con la LGT se consideran derechos de los obligados tributarios, entre otros:

  • Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
  • Derecho a obtener devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés de demora. Ver consulta al TEAC TEAC 00/388/2007, de 22/09/2009 y TEAC 00/1432/2007, de 09/06/2009.
  • Derecho a ser reembolsado del coste de los avales y otras garantías aportados sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
  • Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.
  • Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
  • Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria.
  • Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente.
  • Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por los obligados tributarios y que se encuentren en poder de la Administración actuante. Para gozar de este derecho es necesario que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó.
  • Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria. Estos sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros.
  • Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria.
  • Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre esto no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
  • Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
  • Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en esta ley. Ver consulta al TEAC nº TEAC 00/2738/2007, de 10/02/2009.
  • Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
  • Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta ley. Ver consulta al TEAC TEAC 00/1580/2009, de 07/10/2009.
  • Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.
  • Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria.
  • Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.
  • Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.
  • Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los términos previstos en esta ley.

El órgano que vela por la efectividad de los derechos y obligaciones tributarias será el Consejo para la Defensa del Contribuyente el encargado de velar por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios. El mencionado Consejo atenderá las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuará las sugerencias y propuestas pertinentes. 

El catálogo de derechos y garantías recogido en la normativa tributaria se ha visto reforzado en el ámbito de la administración electrónica por los derechos reconocidos a los ciudadanos en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

 

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Obligado tributario
Intereses de demora
Devolución de ingresos indebidos
Ingresos indebidos
Obligaciones tributarias
Suspensión de actos administrativos
Obligación de hacer
Reintegro de prestación indebida
Reembolso
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Procedimiento de devolución
Reembolso costes de garantías
Fraccionamientos de pago
Intereses legales
Infracciones tributarias
Caducidad
Fondo del asunto
Procedimiento de comprobación de valores
Beneficios fiscales
Suspensión de la ejecución
Indefensión
Motivación de los actos administrativos
Aval
Procedimientos Tributarios
Bienes inmuebles
Administración electrónica

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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