La orden europea de detención y entrega en relación con el Derecho Penal Internacional

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

El Art. 1 ,Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (del Consejo, de 13 de junio de 2002), contiene una definición de orden de detención y entrega europea, según la cual, la misma es una resolución judicial dictada por un Estado miembro con la que se trata de lograr la detención y entrega por otro Estado miembro, de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad. Este instrumento, también conocido como euroorden, es más ágil que el clásico procedimiento de extradición, por lo que sirve para crear un espacio de justicia, seguridad y libertad. Esta Decisión se transpone en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea dedica cuatro capítulos a la orden europea de detención y entrega

La eouroorden se regula en el Título II de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea y le dedica cuatro capítulos a la orden europea de detención y entrega.

 

 

En relación a las fuentes de la orden europea de detención y entrega, estas se encontraban en las normas recogidas en los diversos Convenios de la Unión Europea, que han sido sustituidas desde enero de 2004 por lo dispuesto por la Decisión marco, sin perjuicio, de su aplicación entre los Estados miembros y terceros Estados.

La orden europea de detención y entrega es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad o medida de internamiento en centro de menores. Del Art. 37 ,Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, se desprende que la finalidad que tiene la euroorden. El Art. 39 ,Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea dispone que la autoridad judicial española dictará una orden europea de detención y entrega para el cumplimiento de la pena por el reclamado cuando no sea posible la sustitución ni la suspensión de la pena privativa de libertad a que haya sido condenado.

Los hechos que dan lugar a la entrega se enumeran en el Art. 47 ,Ley 23/2014, de 20 de noviembre, conforme el cual:

Cuando la orden europea de detención y entrega hubiera sido emitida por un delito que pertenezca a una de las categorías de delitos enumeradas en el apartado 1 del Art. 20 ,Ley 23/2014, de 20 de noviembre y dicho delito estuviera castigado en el Estado de emisión con una pena o una medida de seguridad privativa de libertad o con una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor cuya duración máxima sea, al menos, de tres años, se acordará la entrega de la persona reclamada sin control de la doble tipificación de los hechos. En los restantes supuestos, siempre que estén castigados en el Estado de emisión con una pena o medida de seguridad privativa de libertad o con una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor cuya duración máxima sea, al menos, de doce meses o, cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad, la entrega podrá supeditarse al requisito de que los hechos que justifiquen la emisión de la orden europea de detención y entrega sean constitutivos de un delito conforme a la legislación española, con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo.  Los Art. 48,Art. 49 ,Ley 23/2014, de 20 de noviembre regulan los supuestos en que se deniega la ejecución de una orden europea de detención y entrega.

En cuanto a la situación personal de la persona reclamada, en el curso de la audiencia o de la vista a que se refiere el Art. 51 ,Ley 23/2014, de 20 de noviembre, el Juez Central de Instrucción, oído en todo caso el Ministerio Fiscal, decretará la prisión provisional o la libertad provisional, adoptando medidas cautelares que resulten necesarias, de conformidad con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En cualquier momento del procedimiento y en atención a las circunstancias del caso, el Juez, oído el Ministerio Fiscal, podrá acordar que cese la situación de prisión provisional, pero en tal caso deberá adoptar alguna o algunas de las medidas cautelares referidas en el apartado 1 del Art. 53 ,Ley 23/2014, de 20 de noviembre . Los plazos para la ejecución de la euroorden se regulan en el Art. 53 ,Ley 23/2014, de 20 de noviembre.

La entrega de la persona se podrá suspender excepcionalmente por motivos humanitarios graves Art. 58 ,Ley 23/2014, de 20 de noviembre. En caso de que hubiere de ser suspendida la entrega de la persona reclamada por tener algún proceso penal pendiente en España y estuviese privado de libertad, deberá garantizarse que la autoridad judicial española que conoce del procedimiento de la orden europea de detención y entrega recibe la información sobre la futura puesta en libertad del reclamado para que adopte inmediatamente la decisión que corresponda sobre su situación personal a efectos de su entrega a la autoridad de ejecución.

Si la persona reclamada estuviera cumpliendo condena, el centro penitenciario deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial española que conozca del procedimiento de la orden europea de detención y entrega la fecha efectiva de cumplimiento con, al menos, quince días de antelación, para que éste pueda adoptar la decisión que corresponda sobre su situación personal. En el caso de que la persona reclamada se encuentre en prisión provisional en una causa abierta en España, el Tribunal que conozca de ese procedimiento deberá poner inmediatamente al reclamado a disposición de la autoridad judicial española que conozca del procedimiento de orden europea de detención y entrega, comunicando con antelación suficiente su decisión de acordar la libertad en su procedimiento, para que se adopte en el plazo de setenta y dos horas la decisión sobre su situación personal para garantizar la ejecución de la entrega. 

Cuando una persona haya sido entregada a España en virtud de una orden europea de detención y entrega, si es solicitada posteriormente su extradición por un Estado que no sea miembro de la Unión Europea, no podrá otorgarse dicha extradición sin el consentimiento de la autoridad judicial de ejecución que acordó la entrega, a cuyo efecto el Juez Central de Instrucción cursará la pertinente solicitud.

Si las autoridades judiciales españolas hubieran acordado la entrega de una persona a otro Estado miembro de la Unión Europea, en virtud de una orden europea de detención y entrega, y les fuera solicitado su consentimiento por las autoridades judiciales de emisión con el fin de proceder a su extradición a un tercer Estado no miembro de la Unión Europea, dicho consentimiento se prestará de conformidad con los convenios bilaterales o multilaterales en los que España sea parte, teniendo la petición de autorización la consideración de demanda de extradición a estos efectos.

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