Pago delegado de la prestación de incapacidad temporal

Las empresas, individualmente consideradas y en relación con su propio personal, podrán colaborar en la gestión de la Seguridad Social exclusivamente en alguna o algunas de las formas siguientes (art. 102 LGSS):

• a) Asumiendo directamente el pago, a su cargo, de las prestaciones por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional y las prestaciones de asistencia sanitaria y recuperación profesional, incluido el subsidio consiguiente que corresponda durante la indicada situación.
• b) Pagando a sus trabajadores, a cargo de la entidad gestora o mutua obligada, las prestaciones económicas por incapacidad temporal, así como las demás que puedan determinarse reglamentariamente.

2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá establecer con carácter obligatorio, para todas las empresas o para algunas de determinadas características, la colaboración en el pago de prestaciones a que se refiere el apartado b) anterior.

La colaboración obligatoria consiste en el pago por la empresa a sus trabajadores, a cargo de la entidad gestora o colaboradora, de las prestaciones económicas, compensándose su importe en la liquidación de las cotizaciones sociales que aquella debe ingresar. La empresa deberá comunicar a la entidad gestora, a través de los medios electrónicos establecidos, los datos obligación de la misma requeridos en el parte médico de baja, en los términos que se establezcan reglamentariamente. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá suspender o dejar sin efecto la colaboración obligatoria cuando la empresa incumpla las obligaciones establecidas.

3. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social determinará las condiciones por las que ha de regirse la colaboración prevista en los números anteriores del presente artículo.

4. La modalidad de colaboración de las empresas en la gestión de la Seguridad Social podrá ser autorizada a agrupaciones de empresas, constituidas a este único efecto, siempre que reúnan las condiciones que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social  

El apdo. 4, art. 22 de la LISOS, considera infracción grave en materia de Seguridad Social «Incumplir las obligaciones económicas derivadas de su colaboración obligatoria en la gestión de la Seguridad Social», por lo que correspondería una multa de entre 626 y 6.250 euros (apdo. 1 b), art. 40, LISOS).

El empresario estará obligado a conservar durante cinco años la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones en materia de pago delegado de prestaciones, incurriendo, en caso contrario, en infracción leve según el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

En cuanto al trabajador, en caso de reiteración en la falta de pago del subsidio por incapacidad temporal, podría solicitar la rescisión de su contrato de trabajo al amparo del apdo. b) Art. 50,ET (falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado).

JURISPRUDENCIA

STS, Rec 2661/2001, 26 de junio de 2002, STS, Rec. 2659/2001, de 3 de julio de 2002 y STS, Rec 223/2002, 30 de septiembre de 2002

Se plantea el problema de una empresa que incumple con su obligación de pago delegado del subsidio por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, descontando no obstante las cantidades que hubiera debido pagar de las cuotas correspondientes al mismo período, debidas a la Mutua con las que se había concertado la gestión de los riesgos profesionales, cuestionándose los distintos niveles de responsabilidad que le corresponden a la empresa, como obligada e incumplidora del pago delegado de la prestación, a la Mutua, como gestora voluntaria de las contingencias profesionales en la empresa, y al I.N.S.S., como entidad gestora, responsable automática del pago de prestaciones y sucesora del Fondo de Garantía de accidentes de trabajo.

STS, Rec 1075/2010 de 08 de Marzo de 2011, Ecli: ES:TS:2011:1630

Responsabilidad en el pago de la IT derivada de enfermedad común en los supuestos de infracotización. En unificación de doctrina, se considera la empresa (y no el INSS) responsable del pago de la prestación por incapacidad temporal derivada de enfermedad común, cuando en el mes anterior al inicio de dicha situación había cotizado en cuantía inferior a la legalmente establecida, ingresando con posterioridad la diferencia entre lo cotizado y lo debido de cotizar. Así, el Alto Tribunal responsabiliza directamente al empresario que ha incumplido sus obligaciones de Seguridad Social, entre ellas las de cotización, sin perjuicio del anticipo por parte de la Entidad Gestora.

STSJ Madrid, Nº 349/2006, de 03 de Mayo de 2006

La cuestión que se plantea es si la posterior determinación de una contingencia distinta del proceso de incapacidad temporal a la que aparece reflejada en los partes de baja y alta puede dar lugar a responsabilidad de quien se limitó a satisfacer la consiguiente prestación económica por sustitución de la Entidad Gestora. En tal sentido, argumenta el recurso que: "(...) Evidentemente, entre las funciones que ostenta mi representada y entre sus obligaciones respecto de los trabajadores que para ella prestan servicios, no se encuentra la de determinar las causas que originan las bajas médicas de los trabajadores (...)".

"(...) la empresa se limitó a observar de manera escrupulosa lo que la normativa en materia de colaboración en la gestión del subsidio económico por incapacidad temporal del Régimen General del Sistema le impone la Orden de constante cita, sin que quepa soslayar que la baja médica del trabajador en 13 de diciembre de 1.999 fue calificada por quien era competente para ello como derivada de accidente no laboral, de lo que se sigue que los avatares ocurridos mucho después de su alta médica en cuanto a la definitiva determinación de la contingencia de la que trajo causa el proceso de incapacidad temporal en que el mismo permaneció hasta el día 28 de abril de 2.000 no puedan comportar suerte alguna de responsabilidad para quien, concurrentes entonces los presupuestos constitutivos del abono en pago delegado del subsidio, con la consiguiente deducción de los boletines de cotización a la Seguridad Social, no hizo sino atender debidamente el mandato contenido en aquella norma, siendo por completo ajena a lo sucedido con posterioridad".

STSJ Pais Vasco, Rec 1693/2005 de 15 de Noviembre de 2005

"En relación al incumplimiento del pago delegado del subsidio por incapacidad temporal por parte de las empresas, las STS de 30-09-2002 ( RJ 2002 10910 ), 26 de junio (RJ 2002 8937) y 3 de julio (RJ 2002 9198) de 2002 , establecen que:

1.- La función de pago delegado impuesta a las empresas como colaboración obligatoria con el Sistema de la Seguridad Social, regulada reglamentariamente por la OM de 25 de noviembre de 1966 , puede identificarse como un mandato por ministerio de la Ley, cuyo cumplimiento confiere al mandatario el derecho al resarcimiento de los gastos originados, en beneficio del mandante, como se previene en el art. 1728 del Código Civil , cuyo párrafo segundo dispone que si el mandatario hubiera anticipado las cantidades necesarias para la ejecución de lo mandado, el mandante debe reembolsarlas, y esta es la finalidad atendida con la facultad conferida a la empresa por el art. 20 de la OM de 25 de noviembre de 1966 , con el conocido descuento o deducción de los ingresos por cotización que fueran obligados para la Empresa que hizo el pago delegado.

2.- En los casos en que haya existido una indebida deducción de cotizaciones en las liquidaciones de la empresa que no procedió al pago del subsidio al trabajador, la responsabilidad en el pago de la prestación si ha existido incumplimiento del pago delegado corresponde a la entidad aseguradora sin perjuicio del derecho a repetir contra quien ha retenido indebidamente el importe de la prestación, en virtud de la sustitución de la obligación empresarial de cobertura sin que quepa aplicar las previsiones del Art. 126.2 L.G.S.S . y declarar la responsabilidad de la empresa que tenía legalmente cubierto dicho riesgo (STS de 6 de marzo de 1997, sin perjuicio claro está de que ese acto indebido pueda dar lugar, como materia incluible en la gestión recaudatoria, a que la Mutua reclame ante la Tesorería General de la Seguridad Social la deuda por el importe de las deducciones practicadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre , y a que la empresa pueda haber incurrido en la correspondiente infracción administrativa".