El pago de la deuda tributaria en período ejecutivo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Fiscal
  • Fecha última revisión: 26/03/2020

El período ejecutivo se inicia automáticamente una vez finalice el plazo establecido para el pago del tributo en período voluntario. Este inicio produce importantes efectos jurídicos (artículo 161.4 de la LGT):

  • Exigencia del interés de demora (artícul 26 de la LGT).
  • Exigencia de los recargos del período ejecutivo – ejecutivo, de apremio reducido y apremio ordinario, según el momento en que se satisfaga la deuda– (artículo 28 de la LGT);
  • Exigencia de las costas del procedimiento de apremio.
  • Pero el más relevante es que permite a la Administración tributaria iniciar el procedimiento de apremio (arts. 163 a 173 de la LGT).

Iniciación

El periodo ejecutivo se inicia (artículo 161.1.a) de la LGT):

  • En el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso.
  • En el caso de deudas derivadas de una autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, el día siguiente de la finalización del plazo voluntario o, si éste ya hubiera finalizado, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.

Por lo que se refiere al procedimiento de apremio, si bien el inicio del periodo ejecutivo es presupuesto del mismo, aquél no se iniciará en tanto no se dicte la necesaria providencia de apremio. En este sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en su de 30 de abril de 20124, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 2987/2011, "resulta absolutamente clara la diferenciación entre el inicio del periodo ejecutivo y el inicio del procedimiento de apremio. Dicho periodo ejecutivo, según resulta de lo dispuesto en el artículo 161.1.a) de la LGT, en el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria, se inicia al día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso voluntario. Por lo que se refiere al procedimiento de apremio, si bien el inicio del periodo ejecutivo es presupuesto del mismo, aquél no se iniciará en tanto no se dicte la necesaria providencia de apremio. De lo expuesto resulta, sin lugar a dudas, para la recurrente que el procedimiento de apremio únicamente puede iniciarse cuando la deuda, en la fecha de emitirse la providencia de apremio, no haya sido abonada aún al Tesoro Público. Por el contrario, no puede iniciarse el procedimiento de apremio y, por tanto, emitirse la providencia de apremio, cuando, como sucede en el caso de autos, la deuda está ingresada con anterioridad a la misma”.

El procedimiento de apremio se inicia, por tanto, con la notificación de la providencia de apremio en la que se liquidan los recargos del período ejecutivo y se concede un plazo de pago durante el cual, si se paga el importe total de la deuda y del recargo de apremio reducido del 10 % finaliza el procedimiento y no se liquidan intereses de demora.

Una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los plazos siguientes: 

  • Si la notificación de la providencia de realiza entre los días uno y 15 de cada mes, habrá de plazo desde la fecha de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
  • Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, habrá de plazo desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 


Existen, no obstante, determinados supuestos en los que, a pesar de la expiración de aquel plazo, no comienza el período ejecutivo:

  • Cuando se presente una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario.
  • Por la interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción, que impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago. Ahora bien, este efecto se produce también en el caso de que se hubiera acordado la suspensión de la ejecución del acto conforme al artículo 233 de la LGT, en los demás casos en los que procede la suspensión automática o cuando se haya estimado la petición del recurrente por el Tribunal. El inicio del período ejecutivo quedará suspendido hasta la resolución judicial firme cuando se haya acordado la suspensión como medida cautelar por el Juez o Tribunal de lo contencioso-administrativo. Incluso, el período ejecutivo se encuentra suspendido durante el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo cuando se haya comunicado a la Administración que se ha solicitado la suspensión judicial del acto. Si esta fuere desestimada, entonces comenzaría la vía ejecutiva desde ese momento, sin retroacción al momento de la resolución administrativa que pone fin a la vía administrativa. Entenderlo de otro modo podría menoscabar el derecho a la tutela judicial efectiva, en el sentido de que no es posible el inicio del período ejecutivo mientras esté pendiente de resolución la petición de suspensión del acto en vía contencioso-administrativa.
  • En otros supuestos se suspende el procedimiento de recaudación, una vez ya iniciado el período ejecutivo:
    • Por la interposición de recursos, si así se acuerda.
    • Por el planteamiento de tercerías;
    • Por la demostración de un error material.

El obligado al pago podrá saldar una parte de la deuda (si no le fuera posible el total) una vez iniciado el periodo ejecutivo. El procedimiento continuará por la parte restante. 

 

Tramitación

Si transcurrido los plazos señalados en el apartado anterior no se ha pagado la deuda, la Administración tributaria está facultada para ejecutar las garantías que hubiera aportado el contribuyente y, en su defecto, realizar actuaciones de embargo y ejecución de los bienes del deudor para el cobro de las deudas. La ejecución forzosa de los bienes y derechos embargados se realiza mediante subasta pública, adjudicación directa o concurso. Durante el período ejecutivo se devengan intereses de demora que serán exigidos y recaudados en el curso del procedimiento de apremio, así como las costas en las que incurra la Administración tributaria como consecuencia de tener que acudir a este procedimiento de cobro.

La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo no impide que la Administración pueda continuar el procedimiento de apremio, pero se suspende la enajenación de los bienes embargados (artículo 65.5 de la LGT).

La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria o la reserva del derecho a promoverla determina la suspensión de la ejecución de la liquidación (artículo 135.1 de la LGT).


Terminación

El procedimiento termina por una de estas tres causas:

  • Por el pago de la cantidad debida.
  • Por acuerdo en el que se declara el crédito total o parcialmente incobrable, una vez declarados fallidos todos los obligados al pago.
  • Por acuerdo de quedar extinguida la deuda por cualquier otra causa. En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago.

 

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