Perspectiva del Tribunal Constitucional sobre la videovigilancia en el trabajo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 24/10/2022

Se procede a analizar la jurisprudencia del TC sobre las cámaras de videovigilancia dentro del trabajo.

Perspectiva del Tribunal Constitucional sobre la videovigilancia en el ámbito laboral

El órgano jurisdiccional ha intentado ponderar el posible derecho por el que el empresario podría instalar y utilizar medios de captación y grabación de imágenes frente al respeto del derecho a la intimidad personal de las personas trabajadores siguiendo las exigencias del principio de proporcionalidad, para lo que ha abordado el citado derecho a la intimidad de los trabajadores, la imagen como dato personal o el deber de información, entre otros aspectos. Destacamos los siguientes fallos:

- STC n.º 119/2022, de 29 de septiembre de 2022, ECLI:ES:TC:2022:119El Tribunal Constitucional acepta como medio de prueba la grabación de imágenes por cámaras de vídeovigilancia sin el aviso previo al empleado y declara que han sido vulnerados los derechos fundamentales de la empresa a la utilización de los medios de prueba pertinentes y a un proceso con todas las garantías, en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva.

«Como se deduce de nuestra doctrina y de los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para valorar si la colocación y utilización de un sistema de videovigilancia en una empresa con fines de control laboral puede afectar al derecho a la intimidad de los trabajadores se hace necesario realizar un juicio de ponderación, conforme al triple canon que, partiendo de la existencia de un fin legítimo, valore la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

El establecimiento de sistemas de control responde a una finalidad legítima en el marco de las relaciones laborales. Se trata de verificar el cumplimiento de los deberes inherentes a toda relación contractual. Así lo admite expresamente el art. 20.3 LET que, no obstante, establece como límite infranqueable la “consideración debida a [la] dignidad” del trabajador, lo que se complementa con el art. 20 bis ET, que reconoce a los trabajadores el “derecho a la intimidad […] frente al uso de dispositivos de videovigilancia”. Por lo tanto, la mera constatación de un fin legítimo no excluye la debida ponderación sobre una eventual afectación de ese derecho.

En las concretas circunstancias del caso, puede afirmarse que la instalación del sistema de videovigilancia y la consiguiente utilización de las imágenes captadas resultaba una medida justificada, idónea, necesaria y proporcionada.

(i) La medida estaba justificada, porque concurrían sospechas indiciarias suficientes de una conducta irregular del trabajador —ya descrita— que debía ser verificada.

(ii) La medida puede considerarse como idónea para la finalidad pretendida, que no era otra que la constatación de la eventual ilicitud de la conducta, lo que fue confirmado precisamente mediante el visionado de las imágenes.

(iii) La medida era necesaria, ya que no parece que pudiera adoptarse ninguna otra menos invasiva e igualmente eficaz para acreditar la infracción laboral. Cualquier otra medida habría advertido al trabajador, haciendo entonces inútil la actuación de la empresa.

(iv) Finalmente, la medida puede considerarse como proporcionada. En este punto hay que ponderar diversos elementos de juicio. Así, en primer lugar, las cámaras no estaban instaladas en lugares de descanso, ocio o de carácter reservado, en los que existiera una expectativa razonable de privacidad, sino que estaban instaladas en zonas de trabajo abiertas a la atención al público. En segundo lugar, las cámaras no estaban instaladas de forma subrepticia, sino que estaban ubicadas en lugares visibles, tanto para los trabajadores del establecimiento como para el público en general. En tercer lugar, las cámaras no fueron utilizadas con carácter generalizado o indefinido, o para realizar una investigación de carácter prospectivo, sino para verificar la posible existencia de una conducta irregular detectada el día anterior. Por lo tanto, el grado de intromisión en la esfera de la intimidad del trabajador (art. 18.1 CE), en términos de espacio y tiempo, no puede considerarse como desequilibrado frente a los derechos e intereses de la empresa en la detección y sanción de las conductas atentatorias contra la buena fe contractual, en el marco del ejercicio de los derechos a la propiedad privada y a la libertad de empresa, reconocidos en los arts. 33 y 38 CE, respectivamente.

Por todo ello, puede descartarse que se haya producido una lesión del derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18.1 CE».

STC n.º 66/2022, de 2 de junio, ECLI:ES:TC:2022:66. Poniendo de relieve la necesidad de que las resoluciones judiciales preserven el equilibrio entre las obligaciones dimanantes del contrato para el trabajador y el ámbito de su libertad constitucional.

«(...) el derecho a la intimidad personal garantizado por el art. 18.1 CE, estrechamente vinculado con el respeto a la dignidad de la persona (art. 10.1 CE), implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana. Además, el art. 18.1 CE confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros, sean estos poderes públicos o simples particulares (STC 85/2003, de 8 de mayo, FJ 21), el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así conocido, y de ello se deduce que el derecho fundamental a la intimidad personal otorga cuando menos una facultad negativa o de exclusión, que impone a terceros el deber de abstención de intromisiones salvo que estén fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional y que sea proporcionada, o que exista un consentimiento eficaz que lo autorice, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno (STC 206/2007, de 24 de septiembre, FJ 5, por todas) (STC 17/2013, de 31 de enero, FJ 14, en el mismo sentido STC 190/2013, de 18 de noviembre, FJ 2)».

- STC n.º 39/2016, de 3 de marzo de 2016 (dando un giro a la STC 29/2013). Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y a la protección de datos: despido basado en las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia instalada sin comunicación previa a la trabajadora. Votos particulares.

Proclama que no se ha violado el derecho de protección de datos porque, dada la existencia de relación laboral entre las partes, no era preciso el consentimiento individual de los trabajadores, ni el colectivo, para la adopción de una medida de control de la actividad laboral y que la obligación de informar previamente del dispositivo instalado quedaba cumplida con la colocación del correspondiente distintivo avisando de su existencia, razón por la cual acaba concluyendo que el proceder de la empresa supera el juicio de proporcionalidad. La doctrina de esta sentencia fue aplicada por la Sala IV del Tribunal Supremo en STS de 7 de julio de 2016, en la que el Tribunal declarando la validez de una prueba videográfica que motivó el despido disciplinario de una trabajadora, que había sido grabada hurtando productos de la empresa, por cuanto existían carteles que anunciaban la existencia de cámaras de videovigilancia y la trabajadora conocía en qué lugar se encontraban.

La dispensa del consentimiento se refiere a los datos necesarios para el cumplimiento de la relación laboral; ahora bien, aunque no sea necesario el consentimiento, el deber de información sigue existiendo y permite al afectado ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (FJ 3).

La empresa cumplió con el deber de información, toda vez que colocó el correspondiente distintivo en el escaparate de la tienda, sin que sea necesario especificar la finalidad exacta que se le ha asignado al control por videovigilancia (FJ 4).

Repasa Doctrina sobre los requisitos que deben satisfacer las medidas restrictivas de derechos fundamentales (SSTC 66/1995 y 37/1998) (FJ 5).

Señala que «(...) el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionan a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles pude este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos».

- STC n.º 29/2013, de 11 de febrero de 2013. Vulneración del derecho a la protección de datos de carácter personal: Utilización de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en el recinto universitario para una finalidad, la supervisión laboral, de la que no se informó al trabajador

Se otorga el amparo. Considera la Sentencia que la utilización de las grabaciones con fines de supervisión laboral sin haber informado al trabajador de dicho tratamiento, vulneró el derecho a la protección de datos de carácter personal del recurrente.

A pesar de la existencia de distintivos que anunciaban la instalación de cámaras y captación de imágenes en el recinto universitario y de la notificación de la creación del fichero a la Agencia Española de Protección de Datos, era necesaria la información previa y expresa, precisa, clara e inequívoca a los trabajadores de la finalidad de control de la actividad laboral a la que esa captación podía ser dirigida. Debió informarse sobre las características y el alcance del tratamiento de datos que iba a ser realizado, explicitando que podía utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato de trabajo. Añade la Sentencia que no existe indicio de que la finalidad del tratamiento de los datos fuera el control de la prestación laboral, pues las cámaras de videovigilancia instaladas respondían a una medida de seguridad y estaban ubicadas en los vestíbulos y zonas de paso público y no en las dependencias donde se desarrollaba la prestación laboral.

Las cámaras de videovigilancia instaladas en el recinto universitario reprodujeron la imagen del recurrente, que constituye un dato de carácter personal, utilizando la Universidad las grabaciones para el control de la jornada de trabajo de los trabajadores, siendo ésta la responsable del tratamiento de los datos, todo ello sin haberle informado sobre esa utilidad de supervisión laboral asociada a las capturas de su imagen, lo que vulnera el art. 18.4 CE (FJ 8).

Las facultades empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales no pudiendo el interés privado del empresario justificar que el tratamiento de datos sea empleado en contra del trabajador sin una información previa sobre el control laboral puesto en práctica, pues no hay en el ámbito laboral una razón que tolere la limitación del derecho de información que integra la cobertura ordinaria del derecho fundamental del art. 18.4 CE. (SSTC 98/2000, 308/2000).

Para que el tratamiento de datos resulte en principio lícito, no será suficiente estar amparado por la Ley, ex arts. 6.2 LOPD y 20 ET, o que pueda resultar eventualmente proporcionado al fin perseguido, ya que el control empresarial de los trabajadores a través de sistemas de tratamiento de datos que aseguren la máxima eficacia en el propósito de vigilancia, aunque pueda producirse, deberá asegurar la debida información previa (FJ 7).

Las imágenes grabadas en un soporte físico constituyen un dato de carácter personal que queda integrado en la cobertura del art. 18.4 CE, ya que el derecho fundamental amplía la garantía constitucional a todos aquellos datos que identifiquen o permitan la identificación de la persona y que puedan servir para la confección de su perfil o para cualquier otra utilidad que, en determinadas circunstancias, constituya una amenaza para el individuo (FJ 5).

Se otorgó el amparo al trabajador, por cuando si bien la instalación de las cámaras de video vigilancia contaban con las autorizaciones administrativas pertinentes e incluso entre las diecinueve autorizaciones con que contaba la Universidad empleadora "para hacer uso de los soportes informáticos o ficheros grabados por sus videocámaras", figuraba una dirigida "al control de acceso de las personas de la comunidad universitaria", sin embargo se enfatizó por el auto tribunal de garantías que 'era necesaria, además la información previa y expresa, precisa, clara e inequívoca a los trabajadores de la finalidad de control de la actividad laboral a la que esa captación podía ser dirigida. Una información que debía concretar las características y el alcance del tratamiento de datos que iba a realizarse, esto es, en qué casos las grabaciones podían ser examinadas, durante cuánto tiempo y con qué propósitos, explicitando muy particularmente que podían utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato de trabajo.

- STC n.º 292/2000, de 30 de noviembre de 2000. Vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales. Nulidad parcial de varios preceptos de la Ley Orgánica.

El Tribunal Constitucional viene a aclarar que pese a existir la invocación de los párrafos primero y cuarto del artículo 18 CE, la demanda se circunscribe exclusivamente a considerar si resultó vulnerado el derecho del recurrente a la protección de datos de carácter personal. Por consiguiente, no considera necesario detenerse en el derecho a la intimidad personal y, en consecuencia entiende que no resulta de aplicación la doctrina de las SSTC 186/2000 y 98/2000, en las que por otra parte, no fue objeto de alegación el derecho del art. 18.4 CE.

Para el TC:

  • La comunicación de datos personales entre Administraciones públicas, sin previo consentimiento informado del interesado, no puede ser autorizada por una norma reglamentaria, pues defrauda la reserva de ley del art. 53.1 CE. Por lo que el art. 21.1 LOPD es parcialmente inconstitucional (FFJJ 13, 14).
  • El derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales (FJ 6).
  • La falta de precisión de la Ley en los presupuestos materiales de la limitación de un derecho fundamental es susceptible de generar una indeterminación sobre los casos a los que se aplica tal restricción. Y al producirse este resultado, más allá de toda interpretación razonable, la Ley ya no cumple su función de garantía del propio derecho fundamental que restringe, pues deja que en su lugar opere simplemente la voluntad de quien ha de aplicarla, menoscabando así tanto la eficacia del derecho fundamental como la seguridad jurídica (FJ 15).
  • El Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981, y la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, a tenor del art. 10.2 CE, constituyen valiosos criterios hermenéuticos del sentido y alcance del específico derecho fundamental que, a partir del contenido del derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) y del mandato del art. 18.4 CE, ha reconocido nuestra Constitución en orden a la protección de datos personales (FFJJ 3, 8).

- STC n.º 98/2000, de 18 de abril de 2000.  Vulneración del derecho a la intimidad personal: instalación de aparatos de captación y grabación del sonido en el centro de trabajo que no es indispensable para la seguridad y buen funcionamiento de la empresa.

En relación a un supuesto de vigilancia conocida e informada, se cuestionaba si la instalación por la empresa «Casino de la Toja» de un sistema de captación y grabación de sonido en determinadas zonas del centro de trabajo (en concreto la caja y ruleta francesa), había vulnerado el derecho a la intimidad personal del trabajador (art. 18.1 CE).

La empresa, aun existiendo un sistema de grabación de imágenes, decidió instalar un sistema de grabación de sonido para mayor seguridad. Sin embargo, no se justificó que este nuevo sistema se instalase como consecuencia de la detección de una quiebra en los sistemas de seguridad ya existentes.

De la misma manera no resultó acreditado que el nuevo sistema, que permitiría la audición continuada e indiscriminada de todo tipo de conversaciones, resultase indispensable para la seguridad y buen funcionamiento del casino.

En aplicación del principio de proporcionalidad, el TC aprecia que el sistema no superaba el criterio de la necesidad, teniendo en cuenta que la empresa ya disponía de otras medidas de seguridad por videovigilancia. Por tanto, se otorga amparo a la persona trabajadora, en base a que la medida resultaba desproporcionada dado que permitía captar comentarios privados, tanto de los clientes como de los trabajadores del casino, ajenos por completo al interés empresarial y por tanto irrelevantes desde una perspectiva de control del cumplimiento laboral.

- STC n.º 186/2000, de 10 de julio de 2000. Instalación por la empresa de un circuito cerrado de televisión para controlar determinados puestos de trabajo que se encuentra justificada y es proporcionada.

Referida a un caso de grabación secreta de la actividad laboral tras descuadres contables, el TC entiende que no ha existido una vulneración del derecho a la intimidad personal del trabajador porque el empleo de las imágenes no había sobrepasado el juicio de proporcionalidad.

La medida de instalación de un circuito cerrado de televisión, que controlaba la zona donde el demandante de amparo desempeñaba su actividad laboral, era una medida justificada, idónea, necesaria y equilibrada, por lo que debe descartarse que se haya producido lesión alguna del derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18.1 CE. El hecho de que la instalación del circuito cerrado de televisión no fuera previamente puesta en conocimiento del Comité de empresa, y de los trabajadores afectados, carece de trascendencia desde la perspectiva constitucional (FJ 7).

A pesar de lo anterior, en su FJ 6 la sentencia matiza que la mera utilidad o conveniencia para la empresa no legitima la instalación de aparatos de grabación: «(...) el empresario no queda apoderado para llevar a cabo, so pretexto de las facultades de vigilancia y control que le confiere el art. 20.3 LET, intromisiones ilegítimas en la intimidad de sus empleados en los centros de trabajo».

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Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

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