Potestad de recuperación de oficio de las Entidades Locales

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 03/05/2017

La potestad de recuperación de oficio de una Corporación Local es la potestad que tienen para recuperar por sí mismas (esto es, sin recurrir a los tribunales de la justicia) un bien del que han sido "desposeídas". Tal prerrogativa se encuentra recogida en la letra A) del Art. 82 de la Ley 7/1985 de 2 de Abr (Reguladora de las Bases del Régimen Local) y en el Art. 70 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de Jun (Reglamento de bienes de las entidades locales).

La letra A del Art. 82 de la Ley 7/1985 de 2 de Abr (Reguladora de las Bases del Régimen Local), cuyo contenido concuerda con lo señalado en el Art. 55 de la Ley 33/2003 de 3 de Nov (Patrimonio de las AAPP) (precepto de carácter básico) establece que las Entidades Locales gozan, respecto de sus bienes, de la prorrogativa de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento cuando se trate de los de dominio publico, y en el plazo de un año, los patrimoniales.

En idéntico sentido se expresa el Art. 70 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de Jun (Reglamento de bienes de las entidades locales) cuando establece lo siguiente:

  • Las Corporaciones locales podrán recobrar por si la tenencia de sus bienes de dominio público en cualquier tiempo.

  • Cuando se tratare de bienes patrimoniales, el plazo para recobrarlos será de un año, a contar del día siguiente de la fecha en que se hubiera producido la usurpación, y transcurrido ese tiempo procederá la acción correspondiente ante los Tribunales ordinarios.

  • No se admiten interdictos contra las actuaciones de los Agentes de la autoridad en esta materia.

Por lo que respecta al procedimiento para la recuperación de la posesión, el apartado 1 del Art. 71indica que podrá iniciarse a través de las formas previstas en el Art. 46, esto es, de oficio o por instancia de los particulares .

La recuperación en vía administrativa requerirá acuerdo previo de la Corporación, al que se acompañarán los documentos acreditativos de la posesión, salvo que se tratare de repeler usurpaciones recientes, y el uso de este privilegio habilita a las mismas para que utilicen todos los medios compulsorios legalmente admitidos, sin perjuicio de que si los hechos usurpatorios tienen apariencia de delito se pongan en conocimiento de la autoridad judicial (apartados 2 y 3 del Art. 71).

Por último, cabe recordar, como oportunamente indica el apartado 4 del Art. 71, que en lo que concierna a los montes públicos patrimoniales se estará a lo dispuesto en la legislación especial.

Las condiciones que ha ido perfilando la jurisprudencia para el ejercicio de esta potestad, pueden resumirse en las siguientes (Vid. por ejemplo, la Sentencia ADMINISTRATIVO TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 5886/1995, 14-05-2002):

  • Debe identificarse el bien que se pretende recuperar y justificar que ha venido siendo poseído, de hecho, por la Administración municipal en circunstancias tales que resulte acreditado su uso. 

  • Que exista una perturbación  o una posesión ilegítima por parte de terceras personas.

  • Debe tramitarse un expediente contradictorio en el que constarán los documentos acreditativos de la posesión y dar trámite de audiencia al interesado según la normas del procedimiento adminsitrativo común.

Cuestión más controvertida es la competencia para acordar la recuperación, pues si una reiterada jurisprudencia establecía que la misma correspondía al Pleno, la STS de 2 de abril del 2008 supone un cambio en la misma al indicar que el órgano competente es el Alcalde, ya que el artículo Art. 71dice “acuerdo de la Corporación”, y no del Pleno, debiendo acudirse en consecuencia a la letra s) del apartado 1 del Art. 21 del Ley 7/1985 de 2 de Abr (Reguladora de las Bases del Régimen Local), que atribuye áquel la competencia residual sobre aquellas materias que la legislación no atribuya a otros órganos municipales.

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