Las potestades administrativas en general

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    Órden: Administrativo Fecha: 27/07/2004 Tribunal: Tsj Asturias Ponente: Chaves Garcia, Jose Ramon Num. Sentencia: 914/2004 Num. Recurso: 2155/2001

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    Órden: Administrativo Fecha: 19/03/2013 Tribunal: Tsj Canarias Ponente: Garcia Otero, Cesar Jose Num. Sentencia: 61/2013 Num. Recurso: 158/2012

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Puestos a realizar una definición sintética de la potestad administrativa, se puede decir que se trata de la "facultad de actuación reconocida por el ordenamiento jurídico a los órganos de las Administraciones Públicas" (Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ) y que ésta se caracteriza por ser general y abstracta, por nacer de la Ley, por operar en interés general o público y ser irrenunciable.

La potestad administrativa se entiende como la atribución de determinada competencia-facultad a un órgano administrativo o, más propiamente, tal y como señala el Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ, "la facultad de actuación reconocida por el ordenamiento jurídico a los órganos de las Administraciones Públicas". Dicha atribución se regula por la Ley  (por tanto, la misma se sujeta al principio de legalidad) y se confiere con la finalidad de operar en aras del interés general.
Como suele hacer la doctrina, cabe diferenciar la potestad administrativa del derecho subjetivo, en la medida en que, aunque ambos pertenecen a la misma especie, se distinguen en que la potestad administrativa es un poder jurídico general y abstracto que, como consecuencia de su ejercicio, hace que surjan determinadas relaciones jurídicas; por lo contrario, el derecho subjetivo, es concreto, nace de una relación jurídica concreta y recae sobre un objeto determinado. Por otro lado, la potestad es creada por la Ley e irrenunciable, mientras que el derecho subjetivo sí es renunciable.

Dentro del presente tema pueden abordarse los siguientes asuntos:

 

 

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Potestades administrativas
Derecho subjetivo
Principio de legalidad
Relación jurídica
Discrecionalidad de la administración

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