Prescripción de infracciones y sanciones derivadas de procedimiento sancionador en extranjería

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 29/01/2021

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.

En cambio, las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.

Plazos de prescripción de las infracciones

Los plazos de prescripción de las infracciones son diferentes, según se trate de infracciones leves, graves o muy graves.

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.

La prescripción se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, y en cambio, el plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al expedientado.

Plazos de prescripción de las sanciones

En cuanto a las sanciones que acarrean las infracciones anteriormente señaladas, su plazo de prescripción estará relacionado también con el tipo de sanción. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.

El plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la sanción. Si la sanción impuesta fuera la de expulsión del territorio nacional la prescripción no empezará a contar hasta que haya transcurrido el período de prohibición de entrada fijado en la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 245 del RLOEX, no pudiendo exceder de los cinco años, a no ser que el extranjero suponga una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública o para la salud pública, casos en los que podrá imponerse un periodo de prohibición de entrada de 10 años. Para que el periodo de prohibición de entrada supere los 5 años será necesario informe previo de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Plazo máximo para resolver: determinación de la prescripción y de la caducidad

La prescripción, tanto de la infracción como de la sanción, se aplicará de oficio por los órganos competentes en las diversas fases de tramitación del expediente.

Tanto la prescripción como la caducidad exigirán resolución en la que se mencione tal circunstancia como causa de terminación del procedimiento, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables, según lo establecido en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por otra parte, en referencia a su procedimiento, el plazo máximo en que debe dictarse y notificarse la resolución que resuelva el procedimiento será de 6 meses desde que se acordó su iniciación, sin perjuicio de lo dispuesto para el procedimiento simplificado. Si transcurre ese plazo sin que se produzca la resolución, se producirá la caducidad del procedimiento, procediendo a su archivo. Este plazo tiene su excepción cuando el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a los interesados o en aquellos supuestos en que se hubiese acordado su suspensión.

RESOLUCIÓN RELEVANTE

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León n.º 164/2018, de 20 de febrero de 2018, ECLI:ES:TSJCL:2018:660

Se resuelve recurso de apelación interpuesto contra una sentencia que ordena la expulsión del territorio nacional de un extranjero. El recurrente alega la caducidad del procedimiento administrativo en el que se dictó el acto impugnado. El tribunal considera que el plazo de caducidad aplicable es el de los seis meses previsto en el artículo 225 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, plazo que según los datos apuntados no había transcurrido, lo que hace que deba rechazarse la caducidad alegada. Esto según el artículo 255 del citado Real Decreto 557/2011 que regula la caducidad del procedimiento refiriéndose tanto al ordinario como al preferente (que es el que se da en este caso). El hecho de que la jurisprudencia tenga declarado que la expulsión ordenada al amparo del artículo 57.2 de la LOEX (infracción que se comete en este caso) no tiene carácter sancionador, sino que es una medida que se acuerda legítimamente en el marco de la política de extranjería española. De esta circunstancia no cabe deducir que el procedimiento de expulsión al que se refiere el artículo 242 del RLOEX tiene una regulación distinta según cual sea el supuesto que determine su incoación, por lo que no tiene sentido no sea aplicable a los supuestos del artículo 57.2 de la LOEX el plazo de seis meses establecido con carácter general.

Destacamos en este apartado la sentencia del Tribunal Supremo n.º 1334/2019, de 9 de octubre de 2019, ECLI:ES:TS:2019:3321 , que fija el criterio interpretativo a seguir respecto al plazo de caducidad de los procedimientos sancionadores en extranjería.

El recurso de casación resuelto por el Alto Tribunal, fue interpuesto contra la resolución administrativa dictada en procedimiento sancionador, que imponía la sanción de expulsión por aplicación del artículo 57.2 de la LOEX, en relación con el artículo 15.c y 15.5 del RLOEX.

La Sala de lo Contencioso del Supremo establece, con base en el artículo 225 del RLOEX, el siguiente criterio interpretativo:

"(...) el plazo máximo para resolver los procedimientos sancionadores es de 6 meses, computados desde la fecha en que se notificó el acuerdo de incoación, trascurrido los cuales, se produce la caducidad del procedimiento, salvo los casos en que se haya paralizado por causa imputable al afectado o se hubiera acordado −y notificado− su suspensión, plazo que queda reducido a dos meses en los supuestos de procedimiento simplificado (art. 238 del mismo Reglamento)".

 

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Caducidad de procedimiento administrativo
Procedimiento de expulsión

Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Ene (Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 10 Fecha de Publicación: 12/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 01/02/2000 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 557/2011 de 20 de Abr (Reglamento de la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 103 Fecha de Publicación: 30/04/2011 Fecha de entrada en vigor: 30/06/2011 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia

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