Prescripción de infracciones y sanciones derivadas de procedimiento sancionador en extranjería
- Estado: Redacción actual VIGENTE
- Orden: Administrativo
- Fecha última revisión: 29/08/2019
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
En cambio, las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.
Si hablamos de cuándo prescriben las infracciones veremos un plazo diferente según se trate de infracciones leves, graves o muy graves.
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
La prescripción se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, y en cambio, el plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al expedientado.
En cuanto a las sanciones que acarrean las infracciones anteriormente nombradas, su plazo de prescripción estará relacionado también con el tipo de sanción. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.
El plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la sanción. Si la sanción impuesta fuera la de expulsión del territorio nacional la prescripción no empezará a contar hasta que haya transcurrido el período de prohibición de entrada fijado en la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 245 del RLOEX, no pudiendo exceder de los cinco años, a no ser que el extranjero suponga una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública o para la salud pública, casos en los que podrá imponerse un periodo de prohibición de entrada de 10 años. Para que el periodo de prohibición de entrada supere los 5 años será necesario informe previo de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
La prescripción, tanto de la infracción como de la sanción, se aplicará de oficio por los órganos competentes en las diversas fases de tramitación del expediente.
Tanto la prescripción como la caducidad exigirán resolución en la que se mencione tal circunstancia como causa de terminación del procedimiento, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables, según lo establecido en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por otra parte, en referencia a su procedimiento, el plazo máximo en que debe dictarse y notificarse la resolución que resuelva el procedimiento será de 6 meses desde que se acordó su iniciación, sin perjuicio de lo dispuesto para el procedimiento simplificado. Si transcurre ese plazo sin que se produzca la resolución, se producirá la caducidad del procedimiento, procediendo a su archivo. Este plazo tiene su excepción cuando el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a los interesados o en aquellos supuestos en que se hubiese acordado su suspensión.
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