Prestación por Incapacidad permanente parcial (IPP) del trabajador

Para la existencia de incapacidad permanente parcial, conforme a lo dispuesto en el artículo 194.3 y D.T 26 ªde la Ley General de la Seguridad Social, cuando las limitaciones orgánicas y funcionales, sin llegar a determinar una imposibilidad para la realización de todas o las esenciales tareas de la profesión habitual (pues de serlo serían tributarias de la incapacidad permanente total), ocasionan al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para su profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. Esto es, procede el grado de incapacidad permanente parcial cuando la limitación afecta solo a tareas accesorias o secundarias de la profesión habitual, si esa imposibilidad o restricción a su desempeño ocasiona una merma del rendimiento normalmente esperable; o cuando el desempeño del trabajo algo más de esfuerzo, penosidad o peligrosidad, que el que el trabajador venía asumiendo antes de padecer las lesiones o limitaciones orgánicas y funcionales. STSJ Canarias Nº 119/2019, de 12 de Febrero de 2019, Ecli: ES:TSJICAN:2019:371

JURISPRUDENCIA

STS Nº 227/2020, de 11 de Marzo de 2020, Ecli: ES:TS:2020:1119

Se discute si en el momento de la calificación de una incapacidad permanente debe tenerse en cuenta la actividad que realizaba el interesado antes o después del accidente. El Tribunal Supremo, en base a doctrina previa, contesta que la profesión habitual debe referirse a la desarrollada antes del accidente. Siguiendo doctrina previa (SSTS de 25 de marzo de 2009, Rec. 3402/2007, y 26 de abril de 2017, Rec. 3050/2015), el TS reitera que la profesión habitual determinante de una situación de incapacidad permanente no es esencialmente coincidente con la labor específica que se realice en un determinado puesto de trabajo sino aquella que el trabajador está cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle, lo que significa que no solo hay que tener en cuenta a la hora calificar una incapacidad permanente cuáles eran las funciones o trabajos concretos que el trabajador afectado pudiera estar desarrollando antes o las que pueda estar realizando después del accidente sino todas las que integran objetivamente su profesión, las cuales vienen delimitadas en ocasiones por las de su propia categoría profesional o en otras las de su grupo profesional, según los casos y el alcance que en cada caso tenga el «ius variandi» empresarial de conformidad con la normativa laboral aplicable.

STSJ Castilla-La Mancha Nº 1956/2009, 11 de Diciembre de 2009, Ecli: ES:TSJCLM:2009:4888

"Previsión legal [Ley 24/1997, de 15 de julio en relación al concepto Incapacidad Permanente Parcial para la profesión habitual] de la que se infiere la necesaria concurrencia en el afectado de cuatro requisitos para poder hacerse acreedor a la prestación de incapacidad permanente parcial, cuales son:

a) La existencia de lesiones de carácter permanente o definitivo.

b) La incidencia de tales lesiones en la consecución de las tareas que integran o conforman su profesión habitual.

c) Que tal repercusión de las dolencias en el trabajo cotidiano no implique la imposibilidad de realizar las funciones que lo integran, suponiendo tan solo la existencia de una reducción en el rendimiento normal para su consecución.

d) Que la minoración en el rendimiento supere un concreto porcentaje, el cual se cifra en el 33%".

Beneficiarios / Requisitos

Serán beneficiarios de esta prestación, las personas incluidas en el Régimen General declaradas en situación de I.P. parcial, cualquiera que sea la contingencia que la origine, siempre que reúnan los siguientes requisitos art. 194.1 a) LGSS):

1.- Tener menos de la edad de jubilación leglamente establecida en la fecha del hecho causante (art. 205 y D.T. 26ª LGSS), en la fecha del hecho causante o en otro caso, no reunir los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación contributiva del Sistema, si la incapacidad deriva de contingencias comunes.

2.- Estar afiliadas y en alta o en situación asimilada al alta.

Cuando la incapacidad se derive de accidente de trabajo o enfermedad profesional, los trabajadores se considerarán de pleno derecho afiliados y en alta, aunque el empresario haya incumplido sus obligaciones.

Se considera situación de alta especial la huelga legal o cierre patronal.

En el caso de los representantes de comercio, artistas y profesionales taurinos, se exige, además, estar al corriente del pago de cuotas en la fecha en que sobrevenga la contingencia. Si no están al corriente, siempre que las cuotas debidas no afecten al período de carencia, se advertirá de la necesidad de que se ponga al corriente, quedando condicionado el pago de la prestación al cumplimiento de dicha obligación.

3.- Tener cubierto un período previo de cotización, si la incapacidad deriva de enfermedad común:

De 1.800 días de cotización comprendidos en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que derive la incapacidad permanente.

4.- En el caso de los trabajadores con contratos a tiempo parcial, para acreditar el período de cotización exigido, se aplicarán las reglas establecidas en el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto.

5.- No se exige período previo de cotización, si la incapacidad deriva de accidente, sea o no laboral, o de enfermedad profesional.

6.- Se encuentren inhabiliatadas para realizar las fundamentales tareas de su profesión habitual. STSJ Cataluña, de 11 de noviembre de 1999

Hecho causante / Efectos económicos

Hecho causante

• Si la incapacidad permanente surge tras haberse extinguido la incapacidad temporal de la que deriva, bien por agotamiento del plazo, bien por alta médica con propuesta de incapacidad permanente, el hecho causante se entiende producido en la fecha de la extinción de la incapacidad temporal.
• Si la incapacidad permanente no está precedida de incapacidad temporal o ésta no se ha extinguido, el hecho causante se entiende producido en la fecha de emisión del dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).

Efectos económicos

La prestación se hace efectiva a partir de la resolución.

JURISPRUDENCIA

STS Nº 156/2020, de 19 de Febrero de 2020, ECLI:ES:TS:2020:844

Equiparación de la incapacidad permanente total a la declaración de discapacidad del 33%. Se debate si, a partir de la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, los perceptores de pensiones de Seguridad Social por encontrarse en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez ostentan automáticamente a todos los efectos tal condición de personas con minusvalía o personas con discapacidad, con los derechos y ventajas de distinta naturaleza que ello comporta.

Se estima el recurso de casación, en aplicación doctrina de la Sala en SS 29-11-2018, recud. 239/2018, 3382/2016 y 1826/2017, que declaró ineficaz, por incurrir en ultra vires, el art. 4.2 del RD-Legislativo 1/2013, en cuanto dispone que es aplicable a todos los efectos la equiparación de los pensionistas de incapacidad permanente total y absoluta con el grado de discapacidad del 33%, al sustituir la frase "a los efectos de esta ley" por la de "a todos los efectos".

Cuantía

Una indemnización a tanto alzado de 24 mensualidades de la bases reguladora utilizada el cálculo del subsidio de incapacidad temporal del que se deriva la incapacidad permanente.

De no existir incapacidad temporal previa, la base reguladora será la que hubiera correspondido por incapacidad temporal, de haber tenido derecho a dicha prestación.

JURISPRUDENCIA

STSJ Asturias Nº 2071/2018, de 27 de Septiembre de 2018, Ecli: ES:TSJAS:2018:2893

"Por consiguiente para obtener la indemnización de 24 mensualidades de la IPP (repetimos, cuando de retribución mensual se trata) bastará, en la práctica, con multiplicar por 24 la mensualidad equivalente a la base de cotización del mes anterior al inicio de la IT, ya que esa operación arroja indefectiblemente el mismo resultado que si acude a las mas compleja -pero que es la formalmente querida por el art. 13 para obtener la base diaria de la IT- de dividir por 30 dicha base mensual de cotización, y luego volver a multiplicarla de nuevo siempre por 30 (cualquiera que sea el número de días que tenga el mes de referencia, porque pese a ello el importe del salario mensual a percibir no varía y por ello no cabe utilizar un multiplicador variable en función de los días reales del mes) para obtener la mensualidad y ésta a su vez multiplicarla por 24".

Abono

Se abona en un pago único.

Se garantizan cuantías mínimas en los casos de incapacidad permanente parcial, causada al amparo del Reglamento de Accidentes de Trabajo (aprobado por Decreto de 22-6-56), al cumplir los beneficiarios 65 años de edad.

A TENER EN CUENTA 

La prestación está sujeta a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y sometida, en su caso, al sistema general de retenciones a cuenta del impuesto (Resolución Vinculante de DGT, V0759-16, 25-02-2016).

JURISPRUDENCIA

STS Nº 478/2017, de 06 de Junio de 2017, Ecli: ES:TS:2017:2463

La cuestión que se plantea en casación para la unificación de doctrina consiste en determinar qué Mutua aseguradora de accidentes de trabajo resulta responsable del abono de una prestación de incapacidad permanente parcial en caso de pluriempleo que resulta asegurado con dos entidades distintas, cuando el accidente proyecta las limitaciones funcionales sobre uno de esos trabajos y el empleado continua desarrollando la otra actividad con normalidad sin que le afecten tales limitaciones de manera significativa.

Compatibilidades

Es compatible con el desarrollo de cualquier actividad laboral, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y con el mantenimiento del trabajo que se viniera desarrollando.

Situaciones asimiladas a la de alta

En el caso de incapacidad permanente parcial, el período mínimo de cotización exigible será de mil ochocientos días, que han de estar comprendidos en los diez años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente (art. 195.2 LGSS). STS, Rec 3120/2012 de 18 de septiembre de 2013

El Gobierno, mediante real decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podrá modificar el período de cotización que para la indicada prestación se exige en este apartado.