Prevención de Riesgos Laborales: Actuación de la empresa, derecho a la protección frente a los riesgos laborales, servicios de prevención, consulta y participación de los trabajadores

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 29/07/2016

La política en materia de prevención de riesgos laborales, podría definirse como el conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.

 

NOVEDADESReal Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. (En vigor desde el 30/07/2016).

Tiene por objeto, en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establecer las disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados o que puedan derivarse de la exposición a campos electromagnéticos durante su trabajo. Se refiere al riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores debido a los efectos biofísicos directos conocidos y a los efectos indirectos causados por los campos electromagnéticos.

Por el contrario, no aborda los posibles efectos a largo plazo ni los riesgos derivados del contacto con conductores en tensión. 

El Art. 40 ,CE, apartado 2, encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

Prevención de Riesgos LaboralesEste mandato constitucional conlleva la nePrevención de Riesgos Laboralescesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo cuya máxima expresión fue la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. En la misma se configura el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas acciones preventivas, en coherencia con las decisiones de la Unión Europea con el objetivo de armonizar esas condiciones en los diferentes países europeos.

Consecuencia de la presencia de España en la Unión Europea es la creación de un acervo jurídico europeo sobre protección de la salud de los trabajadores en el trabajo. De las Directivas que lo configuran, la más significativa es, sin duda, la 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria.

La presente Ley transpone al Derecho español la citada Directiva, al tiempo que incorpora al que será nuestro cuerpo básico en esta materia disposiciones de otras Directivas cuya materia exige o aconseja la transposición en una norma de rango legal, como son las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal. Junto a todas estas referencias normativas debemos mencionar, del mismo modo, el Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo.

La citada Ley de Prevención de Riesgos Laborales articula su funcionamiento en base a los principios de eficacia, coordinación y participación, ordenando tanto la actuación de las diversas Administraciones públicas con competencias en materia preventiva, como la necesaria participación en dicha actuación de empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones representativas.

Actuación en la empresa

La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la empresa que sobrepasa los deberes y obligaciones empresariales; ya que también debe incidir sobre la corrección de situaciones de riesgo ya manifestadas. Los elementos básicos del enfoque en la prevención de riesgos laborales son:

  1. La planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial.
  2. La evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo.
  3. La actualización periódica de los riesgos inherentes al trabajo a medida que se alteren las circunstancias.
  4. La ordenación de un conjunto coherente y global de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados.
  5. El control de la efectividad de las medidas citadas.
  6. La información y la formación de los trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características de las personas que en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que realizan.

Para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña falta de vigilancia periódica de estado de salud de los trabajadores es una obligación empresarial y si de su incumplimiento se derivase una incapacidad permantente supondría un  recargo de prestaciones por contingencias profesionales (STSJ de Cataluña de 30 de enero de 2.006).

Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.

El capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales regula el conjunto de derechos y obligaciones derivados o correlativos del derecho básico de los trabajadores a su protección, así como, de manera más específica, las actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia o en caso de riesgo grave e inminente, las garantías y derechos relacionados con la vigilancia de la salud de los trabajadores, con especial atención a la protección de la confidencialidad y el respeto a la intimidad en el tratamiento de estas actuaciones, y las medidas particulares a adoptar en relación con categorías específicas de trabajadores, tales como los jóvenes, las trabajadoras embarazadas o que han dado a luz recientemente y los trabajadores sujetos a relaciones laborales de carácter temporal.

Entre las obligaciones empresariales que establece la LPRL, además de las que implícitamente lleva consigo la garantía de los derechos reconocidos al trabajador, cabe resaltar el deber de coordinación que se impone a los empresarios que desarrollen sus actividades en un mismo centro de trabajo, así como el de aquellos que contraten o subcontraten con otros la realización en sus propios centros de trabajo de obras o servicios correspondientes a su actividad de vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención.

La inobservancia por la empresa contratista tanto de las medidas particulares en materia de seguridad e higiene en el trabajo como de las medidas generales, el empresario que subcontrata con ella, ha de cumplir con su deber de vigilancia del cumplimiento de la normativa dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. (Ver sentencia nº TSJ Pais Vasco, de 09/04/2002)

Servicios de prevención

La citada LPRL utiliza como instrumento fundamental de la acción preventiva en la empresa la obligación de estructurar dicha acción a través de la actuación de uno o varios trabajadores de la empresa específicamente designados para ello, de la constitución de un servicio de prevención o del recurso a un servicio de prevención ajeno a la empresa. De esta manera, la Ley combina la necesidad de una actuación ordenada y formalizada de las actividades de prevención con el reconocimiento de la diversidad de situaciones a las que la Ley se dirige en cuanto a la magnitud, complejidad e intensidad de los riesgos inherentes a las mismas, otorgando un conjunto suficiente de posibilidades, incluida la eventual participación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, para organizar de manera racional y flexible el desarrollo de la acción preventiva, garantizando en todo caso tanto la suficiencia del modelo de organización elegido, como la independencia y protección de los trabajadores que, organizados o no en un servicio de prevención, tengan atribuidas dichas funciones.

Consulta y participación de los trabajadores

Partiendo del sistema de representación colectiva vigente en nuestro país, la LPRL atribuye a los denominados Delegados de Prevención (elegidos por y entre los representantes del personal en el ámbito de los respectivos órganos de representación) el ejercicio de las funciones especializadas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, otorgándoles para ello las competencias, facultades y garantías necesarias.

Junto a ello, el Comité de Seguridad y Salud, se configura como el órgano de encuentro entre dichos representantes y el empresario para el desarrollo de una participación equilibrada en materia de prevención de riesgos.

Todo ello sin perjuicio de la capacidad, indudable, de la negociación colectiva para articular de manera diferente los instrumentos de participación de los trabajadores, incluso desde el establecimiento de ámbitos de actuación distintos a los propios del centro de trabajo, recogiendo con ello diferentes experiencias positivas de regulación convencional cuya vigencia, plenamente compatible con los objetivos de la Ley, se salvaguarda a través de la disposición transitoria de ésta.

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