El principio acusatorio en el derecho de defensa en el proceso penal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 14/08/2019

"Derecho de toda persona a conocer la acusación formulada contra ella".

El artículo 24.2 de la Constitución protege el derecho de toda persona a conocer la acusación formulada contra ella. Este derecho comprende un contenido normativo complejo, cuya primera perspectiva es la exigencia constitucional de que el acusado conozca previamente la acusación formulada contra él para poder defenderse de ella en la contradicción (STC 12/1981, recurso de amparo 96/1980, de 10 de abril de 1981). El escrito de conclusiones definitivas debe ser el instrumento procesal que contenga “los hechos relevantes y esenciales para efectuar una calificación pública e integrar un determinado delito”, entendiendo delito como “el hecho punible a los efectos de la necesidad constitucional d conocer la acusación para ejercer el derecho de defensa” (STC 87/2001, recursos de amparo 448/1997 y 449/1997, de 2 de abril de 2001). En definitiva, la acusación debe ser formulada de forma expresa y en términos que no sean vagos o indeterminados, tal y como se precisa en la sentencia del Tribunal Supremo Nº 560/2017, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 371/2017 de 13 de julio de 2017:

  1. Sin haberlo solicitado la acusación no puede introducirse un elemento contra reo de cualquier clase.
  2. El derecho a ser informado de la acusación exige el conocimiento completo de la misma.
  3. El inculpado tiene derecho a conocer temporánea y oportunamente el alcance y contenido de la acusación para no quedar sumido en una completa indefensión.
  4. El Tribunal no podrá alterar el objeto del proceso de forma que se configure un delito distinto o una circunstancia penológica diferente de la planteada inicialmente y que fue objeto del debate procesal, sobre el que no haya oportunidad de informarse y manifestarse el acusado.

Este principio se encuentra íntimamente relacionado con el derecho constitucional de estar informado de la acusación y, por extensión, también con el derecho fundamental a la defensa, incluso a la independencia judicial. La regla de oro se encuentra, de una parte, en la identidad fáctica, y de otra, en la homogeneidad de la calificación jurídica.  De esta forma, el aforismo nemo iudex sine actore (no hay juicio sin autor) no agota las exigencias del principio acusatorio, ya que deberá ir acompañado de la regla ne eat iudex ultra petitum partium (la sentencia ha de atenerse a las pretensiones de las partes).

La concepción expansiva del principio acusatorio exige identidad entre los hechos imputados y los que fundamentan la calificación jurídica, además de homogeneidad en la calificación respecto de la realizada por la acusación. La acusación deberá redactar con respecto a los hechos probados una calificación que sea completa y específica, sin llegar a ser exhaustiva.

El principio acusatorio no se vulnera, siempre que concurran los siguientes requisitos:

  • Que el tribunal respete el apartado fáctico de la calificación acusatoria, que debe ser completo, con inclusión de todos los elementos que integran el tipo delictivo sancionado y las circunstancias que repercutan en la responsabilidad del acusado, y específico, en el sentido de que permita conocer con precisión cuáles son las acciones que se consideran delictivas, pero estándole radicalmente vedado valorar hechos con relevancia jurídico-penal no incluidos en el acta de acusación.
  • Que entre el tipo penal objeto de acusación y el calificado por el Tribunal exista una relación de homogeneidad en relación con el bien jurídico protegido en uno y otro, de forma que en todos los elementos del delito sancionado por el Tribunal no exista un componente concreto del que el condenado no haya podido defenderse.

El Tribunal, además de prescindir de los elementos fácticos que no considere suficientemente probados, puede añadir otros circunstanciales que permitan una mejor comprensión del caso, según la valoración de la prueba practicada y la calificación jurídica. El tribunal solo está obligado a pronunciarse sobre los hechos relevantes a efectos de la calificación penal, sin embargo, es necesario precisar lo siguiente:

  1. El objeto de contradicción en el debate del juicio oral es lo que se refleja en los respectivos escritos de acusación y de defensa, esto es, los elementos fácticos y jurídicos que enmarcan el objeto del proceso penal.
  2. Este marco no es inflexible, sino que, por un lado, puede traspasarse con la introducción de elementos episódicos, periféricos o de mero detalle, siempre que no afecten al derecho de defensa, y por otro, se ensancha o se acorta en el momento en que las partes elevan a definitivas sus conclusiones provisionales, dándose oportunidad de nuevos elementos probatorios posteriores que desvirtúen los introducidos en dicha fase procesal, para salvaguardar el derecho de defensa.
  3. Las modificaciones que se introduzcan no pueden modificar esencial o sustancialmente los elementos fácticos del relato histórico que las acusaciones sometan a la consideración del Tribunal, si no se ha producido una petición condenatoria al menos alternativa por parte de las mismas.
  4. La modificación sustancial debe valorarse de acuerdo con las particularidades del caso enjuiciado.

Siempre y cuando el juez no introduzca en la calificación de los hechos un elemento nuevo al que la parte no hubiera podido referirse para contradecirlo, aunque sean valorados y calificados de modo distinto a como lo hicieron las partes, no existirá infracción constitucional. Se podrá condenar por delito distinto siempre que sea homogéneo con el imputado, es decir, de la misma naturaleza y especie, a pesar de que suponga una modalidad distinta dentro del tipo penal y sea de igual o menor gravedad que la imputada. Lo decisivo para la lesión del artículo 24.2 de la Constitución es, en definitiva, “la efectiva constancia de que hubo elementos esenciales de la calificación final que de hecho no fueron ni pudieron ser plena y frontalmente debatidos”, tal y como indica el Tribunal Constitucional en la sentencia 225/1997, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 4.213/1994 de 15 de diciembre de 1997. Los delitos serán homogéneos cuando “constituyan modalidades distintas pero cercanas dentro de la tipicidad penal, de tal suerte que estando contenidos todos los elementos del segundo tipo en el tipo delictivo objeto de la acusación, no haya en la condena ningún elemento nuevo del que el acusado no haya podido defenderse”.

La jurisprudencia no utiliza para la determinación del concepto de homogeneidad delictiva criterios formales, ni sistemáticos, ni sujetos al campo de la dogmática técnico-penal, sino que utiliza el criterio de la proscripción de la indefensión. Este criterio consiste en otorgar relevancia a que el hecho que configure los tipos sea sustancialmente el mismo y que el acusado haya tenido ocasión de defenderse de todos los elementos, fácticos y normativos, que integran el tipo delictivo objeto de condena.

Una de las sentencias que llevan a cabo un análisis más profundo acerca del derecho de defensa es la Nº 79/2012, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 20716/2009 de 09 de febrero de 2012, en la que se condena al juez Garzón a una pena de multa de 14 meses con cuota diaria de 6 euros y 11 años de inhabilitación especial, como autor responsable de un delito de prevaricación judicial en concurso aparente de normas con un delito contra la intimidad del artículo 536, párrafo primero, del Código penal, por vulnerar precisamente el derecho a la defensa.

El fundamento jurídico séptimo de esta sentencia aborda el tema del derecho a la defensa de la siguiente manera:

  1. Constituye un principio fundamental del derecho de la Unión Europea,
  2. como derecho reconocido a cualquier imputado resulta esencial, nuclear, en la configuración del proceso,
  3. junto a los principios de contradicción e igualdad de armas, legitima la jurisdicción,
  4. junto al resto de derechos reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, asegura el derecho a un proceso con todas las garantías,
  5. resulta un elemento esencial la confidencialidad de las relaciones entre el imputado y su letrado defensor, que naturalmente habrán de estar presididas por la confianza,
  6. la injerencia existe desde la interceptación de las comunicaciones, sin que importe la posterior utilización de las grabaciones,
  7. sufren reducciones muy sustanciales el derecho a no declarar, el derecho al secreto profesional y el derecho a la intimidad,
  8. no es un derecho absoluto,
  9. incluso la mera sospecha fundada acerca de la existencia de escuchas generalizadas de las comunicaciones entre el imputado privado de libertad y su letrado asesor, anularía de manea general la confianza en una defensa con capacidad de efectividad, como elemento imprescindible para un proceso con igualdad de armas, un proceso, por tanto, equitativo,
  10. se pueden interceptar las comunicaciones telefónicas de los abogados que desbordan sus obligaciones y responsabilidades profesionales integrándose en una actividad delictiva, cosa diferente a la intervención específica de las comunicaciones interno-letrado.

Por otro lado, en el fundamento jurídico octavo se hace referencia al derecho de defensa de los imputados ya privados de libertad, indicando a tal efecto que:

  1. Cuando los imputados se encuentran en situación de prisión preventiva, el ejercicio del derecho de defensa mediante la relación con el letrado defensor solo puede tener lugar en el marco de la relación, calificada por una gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia, como de especial sujeción, que el interno mantiene con la Administración penitenciaria,
  2. el artículo 51.2 de la Ley orgánica general penitenciaria presenta una legitimación directa, si puede decirse así, desde la Constitución, para regular las posibles limitaciones al derecho a la asistencia letrada,
  3. la interpretación del artículo 51.2 de la Ley orgánica general presupuestaria, y su relación con el artículo 579 de la Ley de enjuiciamiento criminal, no ha sido, sin embargo, pacífica,
  4. la interpretación correcta del artículo 51 conduce a distinguir dos clases de comunicaciones, que son de muy distinta naturaleza y vienen, por ello, sometidas a regímenes legales claramente diferenciados, de una parte, las que llama generales, entre el interno y determinada clase de personas (art. 51.1 LOGP), de otro lado, las específicas, que son las que el interno mantiene con su abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales (art. 51.2 LOGP), habiendo declarado el Tribunal Constitucional (STC 183/1994) que las dos condiciones que contiene el artículo 51.2 –autorización judicial y casos de terrorismo-, no pueden interpretarse como exigencias alternativas, sino acumulativas,
  5. el Tribunal Supremo siguió de forma absoluta la anterior doctrina constitucional,
  6. la exigencia de ambas condiciones no solo supone que la intervención no puede ser acordada por el director del establecimiento, como al contrario ocurre con las comunicaciones llamadas generales, sino que, además, al ser acumulativas, la autoridad judicial solo podrá acordarlas en casos de terrorismo,
  7. aún en los casos de terrorismo el Juez que acuerda la intervención deberá basarla en la existencia de algunos indicios de que el ejercicio de la defensa y la condición de abogado están siendo utilizadas para la comisión de nuevos delitos, pues no cabe sostener que en esos casos, a pesar de que se trata de delitos muy graves, la restricción del derecho de defensa pudiera acordarse de forma fácticamente inmotivada o, dicho de otra forma, apoyándose exclusivamente en la gravedad del delito imputado, aunque no hubiera indicios de actuación criminal contra el letrado y aunque, por lo tanto, la materia de sus comunicaciones fuera, presumiblemente, solo atinente al derecho de defensa.

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Derecho de defensa
Tipo penal
Recurso de amparo
Conclusiones definitivas
Hecho delictivo
Derecho a ser informado de la acusación
Derechos fundamentales
Valoración de la prueba
Objeto del proceso penal
Práctica de la prueba
Conclusiones provisionales
Calificación de los hechos
Tipicidad
Indefensión
Inhabilitación especial
Autor responsable
Delito de prevaricación judicial
Principio de contradicción
Derecho a no declarar
Secreto profesional
Actividad delictiva
Derecho a la intimidad
Terrorismo
Responsabilidad profesional
Administración penitenciaria
Prisión preventiva
Autorización judicial

Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia

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