El sometimiento de la actuación administrativa al principio de legalidad

TIEMPO DE LECTURA:

  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 15/12/2020

La finalidad del principio de legalidad es consolidar un Estado de derecho que asegure el «imperio de la ley como expresión de la voluntad popular».

¿En qué consiste el principio de legalidad dentro del derecho administrativo?

El principio de legalidad es uno de los preceptos básicos más importantes de nuestra Constitución, ya que sobre él se asienta todo el ordenamiento jurídico. Ha sido definido como el principio que garantiza la primacía de la ley, superioridad o jerarquía de la misma con respecto de cualquier otra clase de norma. 

Este principio significa que toda actuación realizada por los poderes públicos ha de estar dentro de los límites que establecen las leyes y, en relación con las medidas punitivas, estas han de encontrarse previstas y reguladas en una norma legal para que puedan ser aplicadas, por lo que es también un principio básico en el procedimiento sancionador, que nace de la expresión nulla poena sine lege. En este sentido, se manifiesta el artículo 25 de la Constitución Española «nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».

Cobrando una especial relevancia en el ámbito administrativo, el artículo 103.1 de la Constitución Española señala que «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». Por tanto, la Administración se encuentra sometida a la ley en sentido formal, lo cual no significa otra cosa más que el sometimiento del poder ejecutivo y, por tanto, de la Administración, al poder legislativo.

En el concepto de legalidad se encuentra inherente, además de la ley en sentido estricto, las normas con fuerza de ley emanadas del Gobierno y, puesto que aquella se encuentra sometida también al derecho en general, ha de entenderse que ese sometimiento es más amplio y se refiere también a las demás fuentes del ordenamiento jurídico. En palabras de Garrido Falla (jurista español), «todo lo anterior significa, de un lado, la sumisión de los actos administrativos concretos a las disposiciones vigentes de carácter general, y de otro, la sumisión de los órganos que dictan disposiciones generales al ordenamiento jerárquico de las fuentes del Derecho».

Este principio cobra un especial significado en el ámbito de la Administración que se concreta en la sumisión a la ley de la actividad administrativa —artículo 103.1 CE— y que supone, en palabras de Garrido Falla, de un lado, «la sumisión de los actos administrativos concretos a las disposiciones vigentes de carácter general, y de otro, la sumisión de los órganos que dictan disposiciones generales al ordenamiento jerárquico de las fuentes del Derecho».

Por tanto, el principio de legalidad administrativa, es decir, el principio de legalidad en relación con la actuación realizada por las Administraciones públicas regulado en el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, indica que:

«La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril».

No hay versiones para este comentario

Principio de legalidad
Poderes públicos
Procedimiento sancionador
Infracciones administrativas
Fuentes del derecho
Actividad administrativa
Potestad sancionadora
Administración local

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • Los principios del Derecho tributario sancionador: Principio de legalidad

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 30/03/2020

    El principio de legalidad abarca la tipificación de las infracciones, la determinación de las sanciones y la correspondencia o correlación entre unas y otras.Dentro de las denominadas limitaciones al poder punitivo del Estado tenemos que hacer re...

  • Procedimiento administrativo sancionador y su proyección en el orden social

    Orden: Laboral Fecha última revisión: 31/08/2021

    La imposición de las sanciones por infracciones a la normativa de orden social le corresponde a la autoridad laboral competente, bien de la Administración General del Estado o bien de la Administración de la Comunidad Autónoma. Tales sanciones ...

  • La interpretación de la Ley Penal y la analogía

    Orden: Penal Fecha última revisión: 17/03/2020

    Cuando hablamos de interpretación hacemos referencia a averiguar el sentido que tiene una ley determinada, para poder aplicar la misma a los casos concretos que se producen en la realidad.Por tanto, la interpretación es totalmente necesaria desde ...

  • Garantías y prohibiciones derivadas del principio de legalidad en el orden penal

    Orden: Penal Fecha última revisión: 17/03/2020

    El principio de legalidad se entendería resumido en la expresión "nullum crimen, nulla poena sine lege" y hace referencia a que únicamente la ley, que con carácter previo, haya sido aprobada por el Parlamento estatal (no por el poder ejecutivo ...

  • Régimen jurídico del procedimiento administrativo sancionador

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 02/03/2021

    Actualmente, el procedimiento sancionador se regula como una especialidad del procedimiento administrativo, desarrollada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por la Ley 40/2...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados

Libros y cursos relacionados