El sometimiento de la actuación administrativa al principio de legalidad

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 04/01/2017

La Administración, además de encontrarse sometida a la Ley en sentido amplio (leyes y normas con fuerza de ley), tal y como se infiere del apartado 1 del Art. 103 ,Constitución Española, también se halla sujeta al Derecho en general, y por tanto, y como consecuencia, a las demás fuentes del ordenamiento jurídico.

El Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ ofrece la siguiente definición de legalidad: “Reglas y principios contenidos en las normas”. Por otra parte, y conectado con lo anterior, se refiere al principio de legalidad, en el ámbito administrativo, como aquel “ principio conectado con la idea de que los poderes públicos actúan dentro de los límites que las leyes establecen y, en particular, la Administración, en los términos concretos en que la ley se lo permite, parámetro del que se sirven los jueces y tribunales para controlar las decisiones de la Administración”.

Cobrando una especial relevancia en el ámbito Administrativo, el apartado 1 del Art. 103 ,Constitución Española señala que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. Por tanto, la Administración se encuentra sometida a la Ley en sentido formal, lo cual no significa otra cosa más que el sometimiento del Poder Ejecutivo y, por tanto, de la Administración, al Poder Legislativo. Pero en el concepto de legalidad parece que se encuentra inherente, además de la ley en sentido estricto, las normas con fuerza de ley emanadas del Gobierno y, puesto que aquélla se encuentra sometida también al Derecho en general, ha de entenderse que ese sometimiento es más amplio y se refiere también a las demás fuentes del ordenamiento jurídico. En palabras de Garrido Falla, todo lo anterior significa, “de un lado, la sumisión de los actos administrativos concretos a las disposiciones vigentes de carácter general, y de otro, la sumisión de los órganos que dictan disposiciones generales al ordenamiento jerárquico de las fuentes del Derecho”.

Por otro lado, además de tener en cuenta los Art. 9,Art. 103,Art. 106 ,Constitución Española; se pueden analizar diversos preceptos concretos de la Carta Magna de los que se derivan  los mecanismos necesarios para garantizar el respeto al referido principio de legalidad.  Estos mecanismos son, por ejemplo:

  •  La previsión de que la ley ha de regular el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos (Art. 105 ,Constitución Española).

  •  Una organización de la administración que habrá de servir con objetividad a los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación (apartado 2 del Art. 103 ,Constitución Española: “los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley”).

  •  Un sistema de revisión por medio de recursos.

  • Control previo de la actuación administrativa por parte de los Tribunales. Tal y como dispone el Art. 106 ,Constitución Española: “Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifica”.

En cuanto al alcance de dicho control por parte de los Tribunales, cabe recordar que el Art. 2 ,Ley 29/1998, de 13 de julio señala que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con:

  • La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.
  • Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.

  • Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.

  • Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente.

  • La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.

  • Las restantes materias que le atribuya expresamente una Ley.

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