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Principio de proporcionalidad en la LO 3/2018 (LOPDGDD) y en el Reglamento general de protección de datos (RGPD)

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 21/01/2019

El tratamiento de datos debe de ser proporcional al objetivo perseguido. Pues bien, tal como señala el articulo 5.1 d) del RGPD, los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados.

 

Los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados. Ello requiere, en particular, garantizar que se limite a un mínimo estricto su plazo de conservación. Dicho de otra forma, los datos personales solo deben tratarse si la finalidad del tratamiento no pudiera lograrse razonablemente por otros medios.

El Grupo de Trabajo del Articulo 29 ha señalado que cualquier tratamiento de datos personales, con independencia de cuál sea la base legal del mismo, conlleva la necesidad de realizar una evaluación de proporcionalidad para comprobar si el tratamiento es necesario para alcanzar dicho interés legítimo y si las medidas adoptadas son las adecuadas para asegurar que la intromisión en los derechos a la vida privada y al secreto es mínima.

La Sentencia Constitucional Nº 186/2000, TC, Sala Primera, Rec Recurso de amparo 2.662/1997, 10-07-2000, ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre la extensión del principio de proporcionalidad. Pues bien, de conformidad con la doctrina del alto tribunal: «la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que (como sintetizan las SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4 e), y 37/1998, de 17 de febrero, FJ 8) para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes:

  1. si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad);
  2. si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad);
  3. y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).»

El principio de proporcionalidad, referenciado en el RGPD en el apartado 1.d del artículo 5, -y a cuyo contenido se refiere también la norma como "minimización de datos"-, como vemos ya formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico con anterioridad, pero esta previa existencia no debe llevarnos a desdeñar la importancia de este principio que no solo limita el tratamiento de datos no solo en el sentido de adecuarlo a unos fines específicos sino que también impone la necesidad de adoptar las medidas técnicas y organizativas destinadas a minimizar el tratamiento de datos personales.

Además el RGPD indica que el derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales, con arreglo al principio de proporcionalidad.

 

Ya en la nueva LOPDGDD, no se hace una mención específica a este principio, salvo para remitir al Reglamento y en un par de artículos para remarcar su necesidad, en concreto en:

- el artículo 69.1 en cuanto a las medidas provisionales y de garantía de derechos en los procedimiento en caso de posible vulneración de la normativa, que establece que "Durante la realización de las actuaciones previas de investigación o iniciado un procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar motivadamente las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos y, en especial, las previstas en el artículo 66.1 del Reglamento (UE) 2016/679, el bloqueo cautelar de los datos y la obligación inmediata de atender el derecho solicitado", y en

- el artículo 89.3 en cuanto al derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo, en donde se indica que la utilización de sistemas para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores.

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Intervención mínima
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