El principio de taxatividad como fuente del derecho penal

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El principio de taxatividad, es aquel que hace referencia a la exigencia de certeza o determinación de la ley y por tanto, también se le va a conocer con la expresión nullum crimen sine lege stricta.

Este principio junto con el principio de retroactividad y el de reserva de ley, forman lo que se conoce como el principio de legalidad penal.

No está recogido de forma expresa en nuestra Constitución, pero la mayoría de la doctrina considera que el mismo se puede obtener del 25.1 ,Constitución Española, porque dicho artículo considera que es necesario que las acciones o bien las omisiones constituyan un delito para que pueda imponerse al sujeto que las realiza una condena, derivando de aquí el hecho de la necesidad de concreción del tipo para subsumir en el mismo los comportamientos que podrían ser delictivos según sus características.

 

 El principio de taxatividad pretende, que en la ley penal se describan con la mayor exactitud posible las conductas que están prohibidas, por constituir delito, y las sanciones aplicables a dichas conductas en caso de que un sujeto realice la misma aunque hay que tener en cuenta que en la práctica, en nuestro Código Penal, existen delitos que están más correctamente descritos que otros y esto depende de la precisión de la descripción, siendo en muchas ocasiones un ejemplo de ausencia de taxatividad.

Por tanto, el principio de taxatividad exige precisión a la hora de formular los supuestos de hecho de las normas penales. Y esta precisión viene dada por dos vías diferenciadas:

- Se pretende reducir la imprecisión de los conceptos que se utilizan para fijar comportamientos que se van a considerar como prohibidos, por considerarse que los mismos dan lugar a una conducta delictiva.

- Se pretende lograr la preponderancia de los conceptos descriptivos frente a los conceptos valorativos para la determinación de un delito concreto.

Si hacemos referencia ahora a la justificación del principio de taxatividad hay que decir que esta justificación se busca desde el ideal ilustrado de certeza del Derecho, que considera que sólo las leyes precisas pueden ser conocidas correctamente por sus destinatarios, evitando de este modo las conductas consideradas prohibidas. Si las leyes no son precisas, se considera que las personas van a tener mayores problemas a la hora de trazar sus planes de vida, y saber qué comportamientos pueden realizar y cuales no, incumpliendo muchas veces por desconocimiento dichas leyes.

De este modo, el principio de taxatividad no se va a entender solamente como un reflejo del principio de legalidad sino que también se entenderá como una de las garantías del Estado de Derecho, que entiende el derecho penal como aquel que marca los límites y las reglas a los comportamientos de las personas, consiguiendo la mejor convivencia entre las mismas.

Y por tanto, también viene justificado dicho principio en relación con la libertad, ya que de incumplirse el mismo, con leyes imprecisas, los sujetos tendrán también una libertad imprecisa, por no saber exactamente que conductas puede llevar a cabo y cuales no, y por tanto, por no conocer cuales son los límites impuestos a dicha libertad.

El principio de taxatividad, es importante desde tres puntos de vista, por considerar que el mismo es beneficioso para:

- los ciudadanos.

- la policía.

- los órganos que se encargan de aplicar las normas de derecho penal, es decir, los jueces y Tribunales.

Esto es así, ya que cuanto más cumplimiento se otorgue al principio de taxatividad, menor será la arbitrariedad que la policía y los órganos de aplicación del derecho penal pueden llevar a cabo y mayor autonomía tendrán los ciudadanos, que son totalmente conocedores de lo que pueden y no pueden hacer.

El principio de taxatividad está dirigido al legislador (al que le exige que cree normas claras y precisas), a la policía (para que lo tenga en cuenta cuando realice un arresto) y a los órganos de aplicación de las normas penales (para que juzguen de acuerdo a lo recogido expresamente en la ley, intentando evitar con esto que utilicen la analogía a la hora de realizar un enjuiciamiento).

Un claro ejemplo en el que se produce el incumplimiento del principio de taxatividad es el que viene dado por los denominados tipos penales abiertos.

Podrían definirse los tipos penales abiertos, como aquellos tipos minoritarios, que realmente no describen de forma precisa la acción considerada como prohibida, ya que los mismos a pesar de contener elementos del deber jurídico no recogen claramente cual consideran que es la materia prohibida. Por tanto, lo que hacen los tipos penales abiertos, es dejar libertad al juez, ya que este tendrá que interpretar la ley, y completar la descripción típica.

De este modo, el juez va a tener que remitirse a reglas generales, estén recogidas estas en una ley o no, debido justamente a que la ley no individualiza de forma completa la conducta prohibida, sino que la deja abierta para que el juez acuda a esas reglas generales extrapenales que pueden ubicarse:

- en el mismo ordenamiento.

- en ordenamientos distintos que tengan igual o inferior jerarquía que el ordenamiento penal.

- en reglas éticas, sociales o bien de costumbre.

Hay que tener en cuenta que los tipos penales abiertos nada tienen que ver con las leyes penales en blanco, porque en estas últimas la función del juez es la de buscar una parte del tipo, que sería el supuesto de hecho, que se recoge normalmente en otra norma, es decir, esa otra norma complementa a la primera que remite a ella, cosa que no sucede en los tipos penales abiertos, en los que no existe norma complementaria.

Realmente la mayoría de la doctrina considera que la existencia de tipos penales abiertos se debe a una imposibilidad técnica de no poder recoger dentro de un precepto determinado de la ley todos los casos de antijuridicidad que podrían producirse, o simplemente, existen los mismos debido a un defecto en lo que a la labor legislativa se refiere.

Y en este punto, hay que decir por tanto, que los tipos penales abiertos van en contra del principio de taxatividad y como consecuencia de ello, en contra del principio de legalidad penal y de la seguridad jurídica.

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