Los principios generales de actuación, funcionamiento e intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 04/01/2017

Los principios generales de actuación y funcionamiento de la Administración Pública se encuentran enumerados en el Art. 3 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre mientras que los principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad son los que establece el Art. 4 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Los principios generales que rigen la actuación y relaciones de las Administraciones Públicas son los establecidos en el Art. 3 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, que señala, además, que las mismas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho:

  • Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

  • Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.

  • Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.

  • Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.

  • Responsabilidad por la gestión pública.

  • Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.

  • Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

  • Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.

  • Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

  • Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

En cuanto a su funcionamiento, las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.

Cada una de las Administraciones Públicas del Art. 2 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre  actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.

Por su parte, los principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad son los establecidos en el Art. 4 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, que dispone, en concreto:

  • Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.

  • Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.

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