Principios generales del ordenamiento tributario

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    Órden: Civil Fecha: 03/11/2011 Tribunal: Ap - Malaga Ponente: Suarez-barcena Florencio, Maria Inmaculada Num. Sentencia: 566/2011 Num. Recurso: 901/2010

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    Órden: Civil Fecha: 23/03/2010 Tribunal: Ap - Castellon Ponente: Altares Medina, Pedro Javier Num. Sentencia: 16/2010 Num. Recurso: 149/2009

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Este reglamento, "Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos", regula la aplicación de los tributos en desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Lo dispuesto en el mismo, se entenderá sin perjuicio de lo previsto en la normativa propia de cada tributo.

 

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, contiene en su Titulo I los principios generales y preceptos relativos a las fuentes normativas y a la aplicación e interpretación de las normas tributarias y dentro de él, en Capítulo I enumera, como principios generales del ordenamiento tributario los siguientes:

  • Principio de capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos.
  • Principio de generalidad.
  • Principio de igualdad.
  • Principio de progresividad
  • Principio de equitativa distribución de la carga tributaria.
  • Principio de no confiscatoriedad.
  • Principios de proporcionalidad,
  • Principio de eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales
  • Respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.

Se enumeran a continuación los principios constitucionales en materia tributaria:

Principio de generalidad

La Constitución dispone que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

En el mismo sentido, el Art. 3 ,LGT establece que la ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

Principio de igualdad

El principio de igualdad se configura como un valor superior, no sólo del sistema tributario, sino de todo el ordenamiento en su conjunto, pues así lo proclama la Constitución en su artículo primero.

En el ámbito tributario, el principio de igualdad suele reconducirse a la capacidad económica.

La igualdad exige que situaciones económicamente iguales sean tratadas de la misma manera puesto que la capacidad económica que se manifiesta es la misma. Todos los sujetos son iguales para el legislador a la hora de establecer los tributos. Pero naturalmente la igualdad exige un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Cuanto mayor sea la riqueza de un individuo, mayor ha de ser la cantidad con la que ha de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

Sólo así se soportan de igual forma las cargas tributarias por los distintos contribuyentes.

Principio de capacidad económica

Viene establecido en el Art. 31 ,CONSTITUCION ESPAÑOLA apartado 1 y puede considerarse como el criterio básico y central en el reparto de la carga tributaria. En el ámbito de la legislación ordinaria, también el artículo tercero de la LGT dispone que la ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de los llamados a satisfacerlos.

Principio de progresividad y no confiscatoriedad

El Art. 31 ,CONSTITUCION ESPAÑOLA exige que la contribución de los ciudadanos al sostenimiento de los gastos públicos se realice a través de un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

La progresividad constituye una característica del sistema tributario mediante la cual, a medida que aumenta la riqueza de cada sujeto aumenta la contribución, pero en proporción superior al incremento de riqueza. Es decir, se trata de que quienes más tienen contribuyan en proporción superior a los que tienen menos. De hecho, la progresividad supone la articulación del sistema tributario de tal forma que permita conseguir, además de los fines estrictamente recaudatorios, la efectiva redistribución de la renta y de la riqueza.

De acuerdo con el texto constitucional el carácter progresivo afecta, no a cada tributo en particular, sino al conjunto del sistema tributario, por lo que nada impide que existan tributos proporcionales. Es suficiente, en suma, que se configuren como progresivos aquellos impuestos de mayor importancia dentro del sistema.

La progresividad tiene un límite infranqueable en la no confiscatoriedad. La prohibición constitucional es una especie de garantía frente a posibles abusos en la progresividad del sistema, pero, en rigor, la confiscación es un concepto que por su propia esencia queda extramuros del ordenamiento tributario.

El tributo constituye un instituto jurídico que está basado en la capacidad económica de quienes son llamados a satisfacerlo. La confiscación, en cambio, se inserta en la regulación del derecho de propiedad y, por ende, se sustenta en principios distintos.

Principio de legalidad

La regla básica sobre la producción normativa en el ámbito tributario la constituye el principio de legalidad o reserva de Ley, mediante el cual se excluye que la regulación de ciertas materias se realice por cauces distintos a la Ley.

En el ámbito tributario, el principio de legalidad se ha identificado tradicionalmente con la exigencia de autoimposición o consentimiento del impuesto a través de la representación de los contribuyentes, es decir, que sean los propios ciudadanos por medio de sus representantes quienes determinen el reparto de la carga tributaria y, en consecuencia, los tributos que a cada uno de ellos se le pueden exigir.

El principio de legalidad tributaria se encuentra reconocido en el Art. 31 ,CONSTITUCION ESPAÑOLA apartado 3, según el cual sólo podrán establecerse prestaciones personales y patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley.

 

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