Principios de la Ordenación del Territorio
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Fecha última revisión: 08/05/2017
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Resolución de TEAF Navarra, 040017, 05-10-2005
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- Núm. Resolución: 040017
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Resolución de 19 de mayo de 2012, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
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inscripción de una escritura de declaración de obra
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- Núm. Resolución: V2837-13
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ResumenAnulación de procedimiento de apremio por incorrecto procedimiento en sanción en materia de Protección y Gestión de la Fauna silvestre y sus Hábitats. La Resolución fue bien notificada, no así el acuerdo por el que se resolvía el Recurso de Alzada ante el Gobierno de Navarra. Falta exposición en Tablón de Anuncios. Deben anularse las actuaciones recaudatorias posteriores. SE ESTIMA.CuestiónProcedimiento de apremio con incorrecta notificación del acuerdo por el que se resolvía...
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ResumenEn Álava, los actos municipales de contenido tributario son revisables por el Organismo Jurídico Administrativo desde julio de 1989 hasta noviembre de 1996. El hecho imponible del tributo está constituido por la realización de obras para las que sea necesaria la licencia municipal, por lo cual, al ser de Ordenación del Territorio y no estar sometidas a dicho trámite las obras de canalización de cables de telecomunicaciones, no concurre el hecho imponible. DescripciónEn Vitoria-Gas...
- Estado: Redacción actual VIGENTE
- Orden: Administrativo
- Fecha última revisión: 02/03/2017
Según la Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983, la misma debe ser democrática, global, funcional y prospectiva, y sus objetivos fundamentales buscar el desarrollo socioecómico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, y la utilización racional del territorio.
Según la Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983, ésta debe ser democrática, global, funcional y prospectiva.
- Democrática, pues debe ser realizada de forma democrática para asegurar la participación de la población afectada y de sus representantes políticos.
- Global, ya que debe tratar de asegurar la coordinación de las distintas políticas sectoriales y su integración por medio de un enfoque global.
- Funcional, en tanto debe terse en cuenta la existencia de conciencias regionales basadas en unos valores, una cultura y unos intereses comunes, y estos a veces por encima de las fronteras administrativas y territoriales, teniendo en cuenta las realidades constitucionales de los distintos países.
- Prospectiva, pues debe analizar las tendencias y el desarrollo a largo plazo de los fenómenos y actuaciones económicos, ecológicos, sociales, culturales y medioambientales y tenerlos en cuenta en su aplicación.
En paralelo a la descripción de las anteriores características, el anterior documento señala como objetivos fundamentales de la Ordenación del Territorio, los siguientes:
-El desarrollo socioecómico equilibrado de las regiones.
-La mejora de la calidad de vida.
-La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.
-La utilización racional del territorio.
Desde el punto de vista legislativo, y dado que la legislación sobre la materia es competencia exclusiva, como se sabe, de las Comunidades Autónomas, las referencias a los principios de la Ordenación del territorio desde el ámbito estatal son, por decirlo así, de orden residual. No obstante, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Suelo y rehabilitación urbana, incorpora, a su modo, alguno de los enunciados transcritos con anterioridad.
De este modo, y por lo que concierne al principio de desarrollo sostenible, el Art. 3 ,Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre establece lo siguiente:
- Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes.
- En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo en particular a.
- La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje.
- La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
- La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas.
- La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del aire, el agua, el suelo y el subsuelo.
- Los poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas de su respectiva competencia, de acuerdo con los principios de competitividad y sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional, procurando que, esté suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe de manera eficiente, combinando los usos de forma funcional. En particular:
- Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e integrado socialmente, provisto del equipamiento, los servicios, los materiales y productos que eliminen o, en todo caso, minimicen, por aplicación de la mejor tecnología disponible en el mercado a precio razonable, las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, energía y la producción de residuos, y mejoren su gestión.
- Favorecerán y fomentarán la dinamización económica y social y la adaptación, la rehabilitación y la ocupación de las viviendas vacías o en desuso.
- Mejorarán la calidad y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y espacios públicos al servicio de todos los ciudadanos y fomentarán unos servicios generales más eficientes económica y ambientalmente.
- Favorecerán, con las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios que sean precisos, la localización de actividades económicas generadoras de empleo estable, especialmente aquéllas que faciliten el desarrollo de la investigación científica y de nuevas tecnologías, mejorando los tejidos productivos, por medio de una gestión inteligente.
- Garantizarán el acceso universal de los ciudadanos, de acuerdo con los requerimientos legales mínimos, a los edificios de uso privado y público y a las infraestructuras, dotaciones, equipamientos, transportes y servicios.
- Garantizarán la movilidad en coste y tiempo razonable, la cual se basará en un adecuado equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que, no obstante, otorgue preferencia al transporte público y colectivo y potencie los desplazamientos peatonales y en bicicleta.
- Integrarán en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial, para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales, favoreciendo la diversidad de usos, la aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la comunidad residente, así como la cohesión y la integración social.
- Fomentarán la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y tecnologías limpias que reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero del sector de la construcción, así como de materiales reutilizados y reciclados que contribuyan a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. También prevendrán y, en todo caso, minimizarán en la mayor medida posible, por aplicación de todos los sistemas y procedimientos legalmente previstos, los impactos negativos de los residuos urbanos y de la contaminación acústica.
- Priorizarán las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil y combatirán la pobreza energética, fomentando el ahorro energético y el uso eficiente de los recursos y de la energía, preferentemente de generación propia.
- Valorarán, en su caso, la perspectiva turística, y permitirán y mejorarán el uso turístico responsable.
- Favorecerán la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor histórico o cultural.
- Contribuirán a un uso racional del agua, fomentando una cultura de eficiencia en el uso de los recursos hídricos, basada en el ahorro y en la reutilización.
- La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en materia de ordenación territorial y urbanística.
- Los poderes públicos promoverán las condiciones para que los derechos y deberes de los ciudadanos establecidos en los artículos siguientes sean reales y efectivos, adoptando las medidas de ordenación territorial y urbanística que procedan para asegurar un resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y transformación del suelo.
- El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los términos que disponga la legislación en la materia.
En lo que respecta a su carácter de función pública el Art. 4 ,Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre dispone lo que se transcribe a continuación:
- La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes. El ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve.
- La legislación sobre la ordenación territorial y urbanística garantizará:
- La dirección y el control por las Administraciones Públicas competentes del proceso urbanístico en sus fases de ocupación, urbanización, construcción o edificación y utilización del suelo por cualesquiera sujetos, públicos y privados.
- La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción de los entes públicos en los términos previstos por esta ley y las demás que sean de aplicación.
- El derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana en la ordenación y gestión urbanísticas.
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- Procedimiento Administrativo
- Revisión de actos en vía administrativa
- Revisión judicial del acto administrativo: Derecho Procesal Contencioso-Administrativo
- Contratación del Sector Público
- Bienes de las Administraciones Públicas
- Expropiación forzosa
- Ordenación del territorio, Urbanismo, Vivienda y Medioambiente
- Derecho local
- Extranjería
- Tráfico, Seguridad Vial y Transporte
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RDLeg. 7/2015 de 30 de Oct (TR. de la ley de suelo y rehabilitación urbana) VIGENTE
- Boletín: Boletín Oficial del Estado
- Número: 261
- Fecha de Publicación: 31/10/2015
- Fecha de entrada en vigor: 31/10/2015
- Órgano Emisor: Ministerio De Fomento